Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2016-06-06
Categoría
Comunicado
Gobiernos que no cumplen... la historia colombiana
GOBIERNOS QUE NO CUMPLEN... LA HISTORIA COLOMBIANA*
Se inició el 30 de mayo en Colombia un paro nacional, donde los convocantes exigen del gobierno nacional, el cumplimiento de lo acordado en el pliego de ocho puntos firmado en 2014, que ha sufrido un proceso de desgaste, burla y pocas realizaciones.
Los grandes medios de comunicación se han dedicado a estigmatizar e invisibilizar estas marchas, con la excusa de estar infiltradas por la guerrilla, para manipular la opinión y tapar los motivos que originan el paro. Y, como es costumbre, el gobierno recurre a esta calumnia, para justificar los asesinatos, heridos y detenidos que la fuerza pública realiza contra la población movilizada.
Los incumplimientos de los acuerdos hechos entre la oligarquía y los pobres, son una constante en nuestra historia colombiana.
En 1781, los Comuneros de Galán y Alcantúz, firmaron con los gobernantes españoles un acuerdo, que juraron cumplir biblia en mano, en medio de una misa campal; para de inmediato desatar una horrenda persecución y asesinatos de los líderes insurrectos.
En el año de 1948, es asesinado Jorge Eliecer Gaitán, quien lideraba marchas y manifestaciones contra el régimen oligárquico, denunciando los crímenes y el despojo que se cometían en Colombia. Esto obliga a la resistencia guerrillera de los liberales por todo el país.
En 1953, Guadalupe Salcedo, el comandante de las guerrillas liberales de los llanos orientales, firma un pacto de paz y se desmoviliza, pero cuatro años más tarde es asesinado por la policía y la misma suerte corrieron la gran mayoría de jefes guerrilleros que se amnistiaron.
El sacerdote Camilo Torres Restrepo, lideró denuncias, manifestaciones y encuentros, sobre la crítica situación de los pobres. Ante la orden de la oligarquía para eliminarlo, decidió vincularse a la guerrilla del E.L.N, muriendo en combate en 1966.
Innumerables han sido en los últimos cincuenta años, los acuerdos y promesas incumplidas a los colombianos por todos los gobiernos de turno, así como el asesinato de dirigentes, liquidación de organizaciones, masacres, desapariciones, desplazamientos de población, la inmensa mayoría de estos crímenes de Estado siguen en la total impunidad.
No es nuevo que este gobierno no haya cumplido los acuerdos firmados el martes 18 de marzo del año 2014. y en justa reclamación vuelvan las organizaciones populares a exigir las reivindicaciones políticas y sociales firmadas y no cumplidas.
Este Paro agrario, étnico y popular, en sus más de 100 sitios de concentración, en 27 departamentos y con más de cien mil participantes, debería ser garantizado y protegido por las fuerzas estatales como lo manda la Constitución, pero en cambio, viene siendo bárbaramente reprimido.
El gobierno de Santos debe responder por el asesinato de los indígenas en el Chocó y Cauca, así como los cerca de 150 heridos, de los cuales hay un porcentaje alto de heridos de bala. Además, el derecho a la protesta es legítimo y legal, y se deben poner en libertad a las decenas de judicializados en este Paro y los anteriores.
Los generales, ministros y el presidente de la república, no pueden seguir señalando y acusando en forma irresponsable a los participantes de las movilizaciones, de estar infiltrados por la guerrilla, pues estas declaraciones son la orden para que las fuerzas estatales arremetan contra los marchistas. Esto lo complementan con las amenazas y agresiones de los paramilitares, como ya está sucediendo en diferentes sitios donde están concentrados los manifestantes.
Mientras el gobierno habla de paz, para que se desmovilicen las guerrillas y le acepta a la insurgencia sacar las armas de la política ; simultáneamente, le da un tratamiento de guerra a las demandas sociales de los pobres. Esto es un contrasentido y despierta grandes dudas, frente a las intenciones que tiene el gobierno y el Estado, de cumplir los compromisos que pacte con las guerrillas.
Esto también se evidencia con el Ejército de Liberación Nacional, pues el 30 de marzo de 2016, se hacen públicos los acuerdos de una Agenda para desarrollar la Fase Pública de diálogos, sin embargo, luego sale el presidente y sus ministros a hacer exigencias unilaterales que no se han pactado y a congelar la fase pública.
Lo correspondiente a un contexto de paz, sería responder con el diálogo y las soluciones a los pactos sociales y políticos y no con la represión. La paz comienza con el cumplimiento de los acuerdos que se firman a nombre del gobierno y del Estado. La violencia oficial y los incumplimientos gubernamentales, son los que han originado en Colombia el levantamiento armado, la lucha guerrillera, las protestas y movilizaciones populares.
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* Editorial de la Revista Insurrección Nº 532
Se inició el 30 de mayo en Colombia un paro nacional, donde los convocantes exigen del gobierno nacional, el cumplimiento de lo acordado en el pliego de ocho puntos firmado en 2014, que ha sufrido un proceso de desgaste, burla y pocas realizaciones.
Los grandes medios de comunicación se han dedicado a estigmatizar e invisibilizar estas marchas, con la excusa de estar infiltradas por la guerrilla, para manipular la opinión y tapar los motivos que originan el paro. Y, como es costumbre, el gobierno recurre a esta calumnia, para justificar los asesinatos, heridos y detenidos que la fuerza pública realiza contra la población movilizada.
Los incumplimientos de los acuerdos hechos entre la oligarquía y los pobres, son una constante en nuestra historia colombiana.
En 1781, los Comuneros de Galán y Alcantúz, firmaron con los gobernantes españoles un acuerdo, que juraron cumplir biblia en mano, en medio de una misa campal; para de inmediato desatar una horrenda persecución y asesinatos de los líderes insurrectos.
En el año de 1948, es asesinado Jorge Eliecer Gaitán, quien lideraba marchas y manifestaciones contra el régimen oligárquico, denunciando los crímenes y el despojo que se cometían en Colombia. Esto obliga a la resistencia guerrillera de los liberales por todo el país.
En 1953, Guadalupe Salcedo, el comandante de las guerrillas liberales de los llanos orientales, firma un pacto de paz y se desmoviliza, pero cuatro años más tarde es asesinado por la policía y la misma suerte corrieron la gran mayoría de jefes guerrilleros que se amnistiaron.
El sacerdote Camilo Torres Restrepo, lideró denuncias, manifestaciones y encuentros, sobre la crítica situación de los pobres. Ante la orden de la oligarquía para eliminarlo, decidió vincularse a la guerrilla del E.L.N, muriendo en combate en 1966.
Innumerables han sido en los últimos cincuenta años, los acuerdos y promesas incumplidas a los colombianos por todos los gobiernos de turno, así como el asesinato de dirigentes, liquidación de organizaciones, masacres, desapariciones, desplazamientos de población, la inmensa mayoría de estos crímenes de Estado siguen en la total impunidad.
No es nuevo que este gobierno no haya cumplido los acuerdos firmados el martes 18 de marzo del año 2014. y en justa reclamación vuelvan las organizaciones populares a exigir las reivindicaciones políticas y sociales firmadas y no cumplidas.
Este Paro agrario, étnico y popular, en sus más de 100 sitios de concentración, en 27 departamentos y con más de cien mil participantes, debería ser garantizado y protegido por las fuerzas estatales como lo manda la Constitución, pero en cambio, viene siendo bárbaramente reprimido.
El gobierno de Santos debe responder por el asesinato de los indígenas en el Chocó y Cauca, así como los cerca de 150 heridos, de los cuales hay un porcentaje alto de heridos de bala. Además, el derecho a la protesta es legítimo y legal, y se deben poner en libertad a las decenas de judicializados en este Paro y los anteriores.
Los generales, ministros y el presidente de la república, no pueden seguir señalando y acusando en forma irresponsable a los participantes de las movilizaciones, de estar infiltrados por la guerrilla, pues estas declaraciones son la orden para que las fuerzas estatales arremetan contra los marchistas. Esto lo complementan con las amenazas y agresiones de los paramilitares, como ya está sucediendo en diferentes sitios donde están concentrados los manifestantes.
Mientras el gobierno habla de paz, para que se desmovilicen las guerrillas y le acepta a la insurgencia sacar las armas de la política ; simultáneamente, le da un tratamiento de guerra a las demandas sociales de los pobres. Esto es un contrasentido y despierta grandes dudas, frente a las intenciones que tiene el gobierno y el Estado, de cumplir los compromisos que pacte con las guerrillas.
Esto también se evidencia con el Ejército de Liberación Nacional, pues el 30 de marzo de 2016, se hacen públicos los acuerdos de una Agenda para desarrollar la Fase Pública de diálogos, sin embargo, luego sale el presidente y sus ministros a hacer exigencias unilaterales que no se han pactado y a congelar la fase pública.
Lo correspondiente a un contexto de paz, sería responder con el diálogo y las soluciones a los pactos sociales y políticos y no con la represión. La paz comienza con el cumplimiento de los acuerdos que se firman a nombre del gobierno y del Estado. La violencia oficial y los incumplimientos gubernamentales, son los que han originado en Colombia el levantamiento armado, la lucha guerrillera, las protestas y movilizaciones populares.
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* Editorial de la Revista Insurrección Nº 532