Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2016-06-20
Categoría
Comunicado
Los llamados de atención de la comunidad internacional
LOS LLAMADOS DE ATENCIÓN DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL*
La conmoción generada en el país a raíz del bloqueo de vías, que implicó el último paro de los movimientos sociales, condujo a un entramado de aseveraciones y reclamaciones que comprometen la paz de Colombia. No sólo por dar cuenta de la pervivencia del conflicto social al margen de la suspensión del enfrentamiento armado, cuestionando la idea difundida de post conflicto, sino también por la proliferación de métodos coercitivos, que pretenden suprimir dicho conflicto bajo un tratamiento de guerra.
Conforme el Gobierno ha aclamado la paz, ha reprimido el movimiento social, generando un contrasentido a su consecución. En efecto, la viabilidad de un post acuerdo queda cuestionada si la valoración criminal sobre el movimiento social es la que se reclama como verdad.
Si la insurgencia encuentra en el movimiento social un camino de actuación viable una vez conquiste un acuerdo final en las negociaciones, su represión imposibilitaría la supresión del vinculo entre violencia y política, como lo obliga una solución al enfrentamiento armado del país, lo cual, en pocas palabras, significaría la continuación del ciclo de violencia.
El precedente inmediato es claro. Con motivo del último paro adelantado en razón de los incumplimientos del Gobierno Nacional con el movimiento social, el señor Alejandro Ordoñez, Procurador General de la Nación, en una misiva dirigida al presidente Santos, le exigió medidas jurídicas y actuación de la fuerza pública para despejar vías en el suroccidente colombiano, arguyendo que “una negociación indefinida con quienes están violando la ley y afectando los derechos de los ciudadanos, con el disfraz de la protesta, estimula nuevos brotes de violencia en el país”.
Pero, ¿por qué el señor Ordoñez, como representante de los intereses de la sociedad civil, no le exige al Ejecutivo cumplimiento con lo pactado en lugar de represión a la protesta?, o, mejor, ¿acaso la represión no es una forma de violencia a una situación que pudo haberse evitado si el Gobierno le cumpliera a los manifestantes?
El paro, sin embargo, fue reprimido. Según cifras de su dirigencia, tuvo un saldo de tres muertos y un número superior a 240 heridos con una cantidad equivalente de detenidos; además de las amenazas de agentes paramilitares que hostigaron las concentraciones y movilizaciones en varias regiones del país.
Muchos de los que desde el Gobierno vociferan por la paz, efectúan hoy la represión; además, aquellos que abiertamente se oponen a los procesos de diálogo con las guerrillas, arguyendo una presunta impunidad, reclaman un aumento de la “mano dura”. Sin duda, la insistencia de estos últimos en la violencia, se explica en que su idea de paz es la pacificación y la neutralización de las posibilidades de actuación política de los rebeldes.
Pronunciamientos de la comunidad internacional, controvierten las políticas autoritarias del régimen. El pasado 6 de junio, 51 senadores del Partido Demócrata estadounidense dirigieron una misiva al Secretario de Estado John Kerry, en la que le solicitaron facilitar el proceso de paz en Colombia, atendiendo a las especificidades y a los acuerdos pactados entre las Partes; a su vez, tres días más tarde, 33 Diputados del Parlamento Europeo enviaron una carta al presidente Santos en la que le exigían garantías, para el desarrollo de la protesta adelantada en el país, atendiendo a que tratamientos violentos tendrían repercusiones, sobre lo que se espera pactar con las guerrillas.
Si la promesa de paz es auténtica, debe implicar transformaciones en la vida de los colombianos, no la prolongación deliberada del conflicto social. La represión al movimiento social debe detenerse para abrir caminos de democracia y participación; sólo así la sociedad será protagonista del cambio y constructora de paz.
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* Editorial de la Revista Insurrección Nº 534.
La conmoción generada en el país a raíz del bloqueo de vías, que implicó el último paro de los movimientos sociales, condujo a un entramado de aseveraciones y reclamaciones que comprometen la paz de Colombia. No sólo por dar cuenta de la pervivencia del conflicto social al margen de la suspensión del enfrentamiento armado, cuestionando la idea difundida de post conflicto, sino también por la proliferación de métodos coercitivos, que pretenden suprimir dicho conflicto bajo un tratamiento de guerra.
Conforme el Gobierno ha aclamado la paz, ha reprimido el movimiento social, generando un contrasentido a su consecución. En efecto, la viabilidad de un post acuerdo queda cuestionada si la valoración criminal sobre el movimiento social es la que se reclama como verdad.
Si la insurgencia encuentra en el movimiento social un camino de actuación viable una vez conquiste un acuerdo final en las negociaciones, su represión imposibilitaría la supresión del vinculo entre violencia y política, como lo obliga una solución al enfrentamiento armado del país, lo cual, en pocas palabras, significaría la continuación del ciclo de violencia.
El precedente inmediato es claro. Con motivo del último paro adelantado en razón de los incumplimientos del Gobierno Nacional con el movimiento social, el señor Alejandro Ordoñez, Procurador General de la Nación, en una misiva dirigida al presidente Santos, le exigió medidas jurídicas y actuación de la fuerza pública para despejar vías en el suroccidente colombiano, arguyendo que “una negociación indefinida con quienes están violando la ley y afectando los derechos de los ciudadanos, con el disfraz de la protesta, estimula nuevos brotes de violencia en el país”.
Pero, ¿por qué el señor Ordoñez, como representante de los intereses de la sociedad civil, no le exige al Ejecutivo cumplimiento con lo pactado en lugar de represión a la protesta?, o, mejor, ¿acaso la represión no es una forma de violencia a una situación que pudo haberse evitado si el Gobierno le cumpliera a los manifestantes?
El paro, sin embargo, fue reprimido. Según cifras de su dirigencia, tuvo un saldo de tres muertos y un número superior a 240 heridos con una cantidad equivalente de detenidos; además de las amenazas de agentes paramilitares que hostigaron las concentraciones y movilizaciones en varias regiones del país.
Muchos de los que desde el Gobierno vociferan por la paz, efectúan hoy la represión; además, aquellos que abiertamente se oponen a los procesos de diálogo con las guerrillas, arguyendo una presunta impunidad, reclaman un aumento de la “mano dura”. Sin duda, la insistencia de estos últimos en la violencia, se explica en que su idea de paz es la pacificación y la neutralización de las posibilidades de actuación política de los rebeldes.
Pronunciamientos de la comunidad internacional, controvierten las políticas autoritarias del régimen. El pasado 6 de junio, 51 senadores del Partido Demócrata estadounidense dirigieron una misiva al Secretario de Estado John Kerry, en la que le solicitaron facilitar el proceso de paz en Colombia, atendiendo a las especificidades y a los acuerdos pactados entre las Partes; a su vez, tres días más tarde, 33 Diputados del Parlamento Europeo enviaron una carta al presidente Santos en la que le exigían garantías, para el desarrollo de la protesta adelantada en el país, atendiendo a que tratamientos violentos tendrían repercusiones, sobre lo que se espera pactar con las guerrillas.
Si la promesa de paz es auténtica, debe implicar transformaciones en la vida de los colombianos, no la prolongación deliberada del conflicto social. La represión al movimiento social debe detenerse para abrir caminos de democracia y participación; sólo así la sociedad será protagonista del cambio y constructora de paz.
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* Editorial de la Revista Insurrección Nº 534.