Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2016-08-09
Categoría
Comunicado
Saludo a los integrantes de la comisión para definir los lineamientos del estatuto de oposición
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, agosto 9 de 2016.
Doctores:
Sergio de Zubiría, Pablo Cruz, Gustavo García y José Joaquín Vives.
Señores Plenipotenciarios del Gobierno Nacional.
Señores Garantes de la República de Cuba y del Reino de Noruega.
Reciban nuestro cordial saludo y los deseos por que el proceso de Paz para Colombia siga avanzando hacia el logro del Acuerdo Final.
Con ocasión de la firma del Acuerdo sobre participación política, las partes en la Mesa de Conversaciones concertaron en que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, serían convocados en una Comisión para definir los lineamientos del estatuto de garantías para los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición. Adicionalmente, se convocarían a este escenario de discusión otras agrupaciones políticas representativas de oposición, según el entender de las partes.
Se definió que la mencionada Comisión a través de un evento facilitaría la participación de voceros de las organizaciones y movimientos sociales más representativos, expertos y académicos, entre otros. Sobre la base de estos lineamientos el Gobierno Nacional elaboraría un proyecto de ley con el acompañamiento de delegados de la Comisión de partidos y movimientos políticos.
Hoy podemos decir que la Mesa con la participación ciudadana avanzan exitosamente hacia la materialización de estos objetivos.
Al respecto deseamos anotar que la Constitución Política de Colombia de 1991, consagró en el Capítulo 3 de su Título IV referido a la participación democrática y a los partidos políticos, una formulación y un mandato específicos que se refieren a la creación del Estatuto de la Oposición.
Originalmente, el texto constitucional brindaba esta garantía de participación política a los partidos y movimientos políticos que no participen en el Gobierno, los cuales podrían "ejercer libremente la función crítica frente a éste y plantear y desarrollar alternativas políticas". Para estos efectos, les garantizaría derechos como el acceso a la información y a la documentación oficiales; uso de los medios de comunicación social del Estado de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para Congreso inmediatamente anteriores; réplica en los medios de comunicación del Estado frente a tergiversaciones graves y evidentes o ataques públicos proferidos por altos funcionarios oficiales, y participación en los organismos electorales.
Agregaba el mandato constitucional que los partidos y movimientos minoritarios tendrían derecho a participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, según su representación en ellos. Y para que todo esto se hiciera efectivo se cerró expresando que una ley estatutaria regulará integralmente la materia.
Doce años después y aún sin la concreción de las mencionadas garantías, el art. 5, del Acto Legislativo 1 de 2003 modificó el artículo 112 de la Carta Constitucional refiriéndose ya no a los partidos y movimientos políticos que no participen en el Gobierno, sino a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en oposición al Gobierno, como los sujetos que podrán ejercer libremente la función crítica frente a este, y plantear y desarrollar alternativas políticas. Para estos efectos, se garantizaban los mismos derechos de la vieja redacción original, agregando al uso de los medios de comunicación social del Estado, los del conjunto del espectro electromagnético, también de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para Congreso inmediatamente anteriores.
El derecho a réplica a través de los medios que antes se especificaba indicando que se ejercía frente a tergiversaciones graves y evidentes o ataques públicos proferidos por altos funcionarios oficiales, simplemente quedó establecido con la expresión "réplica en los medios de comunicación". Se mantuvo el derecho a la participación en los organismos electorales, y la participación en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, según la representación en ellos, y quedó establecida respecto a los partidos con personería jurídica. Sobre todo, ello, se volvió a decir que una ley estatutaria reglamentaría íntegramente la materia.
Esta breve memoria de un derecho consagrado por los constituyentes de 1991 y luego ratificado en términos más o menos similares por los legisladores del 2003, la hacemos en gran medida para centrar la temática que hoy nos congrega, pero sobre todo para llamar la atención en torno a cuán cierto es aquello de que hay demasiada letra muerta en el ordenamiento normativo que rige a Colombia, comenzando por el ordenamiento constitucional, del cual lo mencionado, al lado del Estatuto del Trabajo o la ley orgánica del ordenamiento territorial, son solo unos poquísimos ejemplos que nos dan certeza de la negligencia o la decidía política del legislador y de los partidos frente a retos de tanto significado.
Y tal situación hace reflexionar sobre que, si esto ocurre con un mandato constitucional, qué puede estar ocurriendo con asuntos de menor rango, o qué podría ocurrir frente a compromisos que no tengan garantía diferente a la sola manifestación de la voluntad política y la palabra empeñada, en un escenario en el que día a día se constata el incumplimiento continuado a los más elementales acuerdos suscritos con el conjunto del movimiento social alrededor de sus necesidades y aspiraciones.
Por todo ello, este acontecimiento de debate con los partidos y movimientos políticos, abierto a instancia de la Mesa de Conversaciones de La Habana en el escenario político colombiano, es una oportunidad magnífica no solamente para hacer realidad por fin el Estatuto de la oposición, sino también para mostrarle al país que lo que se está pactando en La Habana dentro del propósito de alcanzar La Paz y la reconciliación, no quedará como letra muerta en el papel, para luego ser lanzado al basurero del olvido.
La actividad que ustedes emprenden, entonces, es sin duda uno de los primeros pasos hacia la implementación de los Acuerdos de Paz, contando con la participación ciudadana, sin que aún se llegue a la firma del Acuerdo Final; lo cual, al lado de otras acciones y determinaciones que están en marcha, como esa de descontaminar de restos explosivos de guerra varios sitios del territorio nacional, nos indican que si ciertamente es La Paz un derecho y un deber supremo, de obligatorio cumplimiento y de carácter contra mayoritario, nunca será demasiado temprano comenzar a dar solución a los problemas que la han impedido, más aún si de expandir la democracia y resolver las necesidades básicas insatisfechas se trata.
En un país cuya historia política ha estado signada por la guerra sucia y graves capítulos de intolerancia y terror institucional que obligaron al alzamiento armado; en un país que ha vivido terribles tragedias como el exterminio casi total de una fuerza política como la Unión Patriótica y que aún sufre el acontecer constante de asesinatos, desapariciones, represión y persecuciones por causas políticas, en momentos en que nos adentramos en una de las mejores posibilidades de alcanzar La Paz, plantearnos el diseño de un Estatuto de la Oposición que dé garantías a todos, pensando que cualquier partido puede estar en el gobierno o en la oposición, hace parte fundamental de la construcción de la democracia; es un paso trascendental en el andar de un proceso constituyente que permita la inclusión y le abra camino a viejas aspiraciones como aquella de que por lo menos los principales órganos de control, la Procuraduría y la Contraloría, sean ternados por los partidos de oposición, que existan programas de televisión, espacios radiales y en los medios impresos donde puedan expresar sus puntos de vista, etc. De igual manera, se le deben dar garantías a los partidos que se declaran independientes, y a las minorías étnicas y políticas.
Debemos recordar que, hacia mediados de 2014, durante las discusiones sobre el punto dos de la Agenda, referido a Participación política, entre los debates más contradictorios se presentaron aquellos en los que se hablaba de la definición de las garantías para la oposición. Insistió mucho la insurgencia en que estas debían brindarse no solo a los partidos y movimientos políticos sino al conjunto del movimiento social. Finalmente concertamos en distinguir entre la oposición política ejercida dentro del sistema político y de representación, y las actividades ejercidas por organizaciones o movimientos sociales y populares que pueden llegar a ejercer formas de oposición a políticas del Gobierno Nacional y de las autoridades departamentales y municipales. Así fue como se llegó, entonces a concluir que para los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición las garantías estarán consignadas en un Estatuto para su ejercicio, que es el que ustedes se aprestan a elaborar con el compromiso del gobierno en cuanto a que lo que ustedes produzcan será la base del proyecto de ley que presente para a su materialización; y por otro lado se expresó que para las organizaciones y movimientos sociales y populares era necesario, no sólo garantizar el pleno ejercicio de derechos y libertades, incluyendo el de hacer oposición, sino también promover y facilitar los espacios para que tramiten sus demandas. Al respecto, también se ha habilitado un espacio de participación democrática similar al que ahora tiene los partidos para sacar adelante el Estatuto de la Oposición. En este espacio las organizaciones y movimientos sociales más representativos, trazarán los lineamientos y elaborarán los insumos para que el Gobierno Nacional elabore un proyecto de ley de garantías y promoción de la participación ciudadana y de otras actividades que puedan realizar dichas organizaciones. Se trata de también garantizarles el derecho al acceso oportuno y libre a la información oficial, el derecho a réplica y rectificación, al uso de los medios de comunicación, el derecho a la asistencia legal y técnica, a ciertos tipos de financiación, a crear redes de organizaciones y movimientos sociales que hagan visibles los liderazgos y garanticen su capacidad de plena interlocución con los poderes públicos; que se pueda ampliar las instancias de participación ciudadana garantizando la representatividad de las organizaciones y los movimientos sociales, y se abra una posibilidad mayor de control ciudadano y de interlocución con las autoridades locales, municipales, departamentales y nacionales, a fin de que se atiendan de manera oportuna las peticiones y propuestas, para que las mismas sean resueltas de manera pronta y eficaz.
Tal como lo manifestamos en la parte introductoria del Acuerdo sobre participación política, apertura democrática para construir la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política. De tal manera que estos pasos que se van a dar apuntan a ese propósito de consolidar la paz, garantizando el pluralismo y facilitando la constitución de esos nuevos partidos y movimientos políticos que contribuyan al debate y al proceso democrático, y tengan suficientes garantías para el ejercicio de la oposición y sean verdaderas alternativas de poder.
Pero tales garantías suponen también, y así lo ha reconocido el gobierno en el Acuerdo, una distribución más equitativa de los recursos públicos destinados a los partidos y movimientos políticos y una mayor transparencia del proceso electoral. En tal sentido la tarea que ustedes ahora emprenden va de la mano de otra serie de medidas inmediatas encaminadas, entre otras cosas, a hacer efectiva, con la participación ciudadana, la revisión integral del régimen electoral y la conformación y las funciones de las autoridades electorales, propiciando la depuración, la modernización y la cobertura que brinden una mayor participación de la población en el campo y en la ciudad.
Finalmente, y con nuestro agradecimiento por su presencia en La Habana y por todo el empeño comprometido en el impulso a estas importantes transformaciones como al conjunto de los Acuerdos, debemos reiterar que para cumplir con todo lo anterior, se deberán hacer revisiones y ajustes institucionales con los cuales está comprometido el gobierno.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
Doctores:
Sergio de Zubiría, Pablo Cruz, Gustavo García y José Joaquín Vives.
Señores Plenipotenciarios del Gobierno Nacional.
Señores Garantes de la República de Cuba y del Reino de Noruega.
Reciban nuestro cordial saludo y los deseos por que el proceso de Paz para Colombia siga avanzando hacia el logro del Acuerdo Final.
Con ocasión de la firma del Acuerdo sobre participación política, las partes en la Mesa de Conversaciones concertaron en que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, serían convocados en una Comisión para definir los lineamientos del estatuto de garantías para los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición. Adicionalmente, se convocarían a este escenario de discusión otras agrupaciones políticas representativas de oposición, según el entender de las partes.
Se definió que la mencionada Comisión a través de un evento facilitaría la participación de voceros de las organizaciones y movimientos sociales más representativos, expertos y académicos, entre otros. Sobre la base de estos lineamientos el Gobierno Nacional elaboraría un proyecto de ley con el acompañamiento de delegados de la Comisión de partidos y movimientos políticos.
Hoy podemos decir que la Mesa con la participación ciudadana avanzan exitosamente hacia la materialización de estos objetivos.
Al respecto deseamos anotar que la Constitución Política de Colombia de 1991, consagró en el Capítulo 3 de su Título IV referido a la participación democrática y a los partidos políticos, una formulación y un mandato específicos que se refieren a la creación del Estatuto de la Oposición.
Originalmente, el texto constitucional brindaba esta garantía de participación política a los partidos y movimientos políticos que no participen en el Gobierno, los cuales podrían "ejercer libremente la función crítica frente a éste y plantear y desarrollar alternativas políticas". Para estos efectos, les garantizaría derechos como el acceso a la información y a la documentación oficiales; uso de los medios de comunicación social del Estado de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para Congreso inmediatamente anteriores; réplica en los medios de comunicación del Estado frente a tergiversaciones graves y evidentes o ataques públicos proferidos por altos funcionarios oficiales, y participación en los organismos electorales.
Agregaba el mandato constitucional que los partidos y movimientos minoritarios tendrían derecho a participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, según su representación en ellos. Y para que todo esto se hiciera efectivo se cerró expresando que una ley estatutaria regulará integralmente la materia.
Doce años después y aún sin la concreción de las mencionadas garantías, el art. 5, del Acto Legislativo 1 de 2003 modificó el artículo 112 de la Carta Constitucional refiriéndose ya no a los partidos y movimientos políticos que no participen en el Gobierno, sino a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en oposición al Gobierno, como los sujetos que podrán ejercer libremente la función crítica frente a este, y plantear y desarrollar alternativas políticas. Para estos efectos, se garantizaban los mismos derechos de la vieja redacción original, agregando al uso de los medios de comunicación social del Estado, los del conjunto del espectro electromagnético, también de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para Congreso inmediatamente anteriores.
El derecho a réplica a través de los medios que antes se especificaba indicando que se ejercía frente a tergiversaciones graves y evidentes o ataques públicos proferidos por altos funcionarios oficiales, simplemente quedó establecido con la expresión "réplica en los medios de comunicación". Se mantuvo el derecho a la participación en los organismos electorales, y la participación en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, según la representación en ellos, y quedó establecida respecto a los partidos con personería jurídica. Sobre todo, ello, se volvió a decir que una ley estatutaria reglamentaría íntegramente la materia.
Esta breve memoria de un derecho consagrado por los constituyentes de 1991 y luego ratificado en términos más o menos similares por los legisladores del 2003, la hacemos en gran medida para centrar la temática que hoy nos congrega, pero sobre todo para llamar la atención en torno a cuán cierto es aquello de que hay demasiada letra muerta en el ordenamiento normativo que rige a Colombia, comenzando por el ordenamiento constitucional, del cual lo mencionado, al lado del Estatuto del Trabajo o la ley orgánica del ordenamiento territorial, son solo unos poquísimos ejemplos que nos dan certeza de la negligencia o la decidía política del legislador y de los partidos frente a retos de tanto significado.
Y tal situación hace reflexionar sobre que, si esto ocurre con un mandato constitucional, qué puede estar ocurriendo con asuntos de menor rango, o qué podría ocurrir frente a compromisos que no tengan garantía diferente a la sola manifestación de la voluntad política y la palabra empeñada, en un escenario en el que día a día se constata el incumplimiento continuado a los más elementales acuerdos suscritos con el conjunto del movimiento social alrededor de sus necesidades y aspiraciones.
Por todo ello, este acontecimiento de debate con los partidos y movimientos políticos, abierto a instancia de la Mesa de Conversaciones de La Habana en el escenario político colombiano, es una oportunidad magnífica no solamente para hacer realidad por fin el Estatuto de la oposición, sino también para mostrarle al país que lo que se está pactando en La Habana dentro del propósito de alcanzar La Paz y la reconciliación, no quedará como letra muerta en el papel, para luego ser lanzado al basurero del olvido.
La actividad que ustedes emprenden, entonces, es sin duda uno de los primeros pasos hacia la implementación de los Acuerdos de Paz, contando con la participación ciudadana, sin que aún se llegue a la firma del Acuerdo Final; lo cual, al lado de otras acciones y determinaciones que están en marcha, como esa de descontaminar de restos explosivos de guerra varios sitios del territorio nacional, nos indican que si ciertamente es La Paz un derecho y un deber supremo, de obligatorio cumplimiento y de carácter contra mayoritario, nunca será demasiado temprano comenzar a dar solución a los problemas que la han impedido, más aún si de expandir la democracia y resolver las necesidades básicas insatisfechas se trata.
En un país cuya historia política ha estado signada por la guerra sucia y graves capítulos de intolerancia y terror institucional que obligaron al alzamiento armado; en un país que ha vivido terribles tragedias como el exterminio casi total de una fuerza política como la Unión Patriótica y que aún sufre el acontecer constante de asesinatos, desapariciones, represión y persecuciones por causas políticas, en momentos en que nos adentramos en una de las mejores posibilidades de alcanzar La Paz, plantearnos el diseño de un Estatuto de la Oposición que dé garantías a todos, pensando que cualquier partido puede estar en el gobierno o en la oposición, hace parte fundamental de la construcción de la democracia; es un paso trascendental en el andar de un proceso constituyente que permita la inclusión y le abra camino a viejas aspiraciones como aquella de que por lo menos los principales órganos de control, la Procuraduría y la Contraloría, sean ternados por los partidos de oposición, que existan programas de televisión, espacios radiales y en los medios impresos donde puedan expresar sus puntos de vista, etc. De igual manera, se le deben dar garantías a los partidos que se declaran independientes, y a las minorías étnicas y políticas.
Debemos recordar que, hacia mediados de 2014, durante las discusiones sobre el punto dos de la Agenda, referido a Participación política, entre los debates más contradictorios se presentaron aquellos en los que se hablaba de la definición de las garantías para la oposición. Insistió mucho la insurgencia en que estas debían brindarse no solo a los partidos y movimientos políticos sino al conjunto del movimiento social. Finalmente concertamos en distinguir entre la oposición política ejercida dentro del sistema político y de representación, y las actividades ejercidas por organizaciones o movimientos sociales y populares que pueden llegar a ejercer formas de oposición a políticas del Gobierno Nacional y de las autoridades departamentales y municipales. Así fue como se llegó, entonces a concluir que para los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición las garantías estarán consignadas en un Estatuto para su ejercicio, que es el que ustedes se aprestan a elaborar con el compromiso del gobierno en cuanto a que lo que ustedes produzcan será la base del proyecto de ley que presente para a su materialización; y por otro lado se expresó que para las organizaciones y movimientos sociales y populares era necesario, no sólo garantizar el pleno ejercicio de derechos y libertades, incluyendo el de hacer oposición, sino también promover y facilitar los espacios para que tramiten sus demandas. Al respecto, también se ha habilitado un espacio de participación democrática similar al que ahora tiene los partidos para sacar adelante el Estatuto de la Oposición. En este espacio las organizaciones y movimientos sociales más representativos, trazarán los lineamientos y elaborarán los insumos para que el Gobierno Nacional elabore un proyecto de ley de garantías y promoción de la participación ciudadana y de otras actividades que puedan realizar dichas organizaciones. Se trata de también garantizarles el derecho al acceso oportuno y libre a la información oficial, el derecho a réplica y rectificación, al uso de los medios de comunicación, el derecho a la asistencia legal y técnica, a ciertos tipos de financiación, a crear redes de organizaciones y movimientos sociales que hagan visibles los liderazgos y garanticen su capacidad de plena interlocución con los poderes públicos; que se pueda ampliar las instancias de participación ciudadana garantizando la representatividad de las organizaciones y los movimientos sociales, y se abra una posibilidad mayor de control ciudadano y de interlocución con las autoridades locales, municipales, departamentales y nacionales, a fin de que se atiendan de manera oportuna las peticiones y propuestas, para que las mismas sean resueltas de manera pronta y eficaz.
Tal como lo manifestamos en la parte introductoria del Acuerdo sobre participación política, apertura democrática para construir la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política. De tal manera que estos pasos que se van a dar apuntan a ese propósito de consolidar la paz, garantizando el pluralismo y facilitando la constitución de esos nuevos partidos y movimientos políticos que contribuyan al debate y al proceso democrático, y tengan suficientes garantías para el ejercicio de la oposición y sean verdaderas alternativas de poder.
Pero tales garantías suponen también, y así lo ha reconocido el gobierno en el Acuerdo, una distribución más equitativa de los recursos públicos destinados a los partidos y movimientos políticos y una mayor transparencia del proceso electoral. En tal sentido la tarea que ustedes ahora emprenden va de la mano de otra serie de medidas inmediatas encaminadas, entre otras cosas, a hacer efectiva, con la participación ciudadana, la revisión integral del régimen electoral y la conformación y las funciones de las autoridades electorales, propiciando la depuración, la modernización y la cobertura que brinden una mayor participación de la población en el campo y en la ciudad.
Finalmente, y con nuestro agradecimiento por su presencia en La Habana y por todo el empeño comprometido en el impulso a estas importantes transformaciones como al conjunto de los Acuerdos, debemos reiterar que para cumplir con todo lo anterior, se deberán hacer revisiones y ajustes institucionales con los cuales está comprometido el gobierno.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP