Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2016-09-02
Categoría
Comunicado
¡Abajo el Plebiscito de Santos! ¡Exigimos la convocatoria de la Constituyente Popular!
¡ABAJO EL PLEBISCITO DE SANTOS!
¡EXIGIMOS LA CONVOCATORIA DE LA CONSTITUYENTE POPULAR!
Firmado el texto definitivo del Acuerdo entre la FARC-EP y el gobierno de Juan Manual Santos y convocado el Plebiscito para el 02 de octubre de este año, los marxistas-leninistas colombianos participamos del debate político conscientes de que en los diferentes rincones del país predomina la exclusión y estigmatización de las posiciones de quienes hemos sido críticos de un proceso en el que la participación ciudadana y la paz brillan de forma notable por su ausencia.
Desde el inicio la participación ciudadana fue limitada al llamamiento y consulta, en tanto el gobierno como las FARC-EP fueron siempre enfáticos en señalar como inconveniente para sus conversaciones el desarrollo de un amplio debate político nacional que recogiera las diversas alternativas y propuestas frente al conflicto económico, social, político y armado que vive el país.
La paz en igual manera apareció sin esencia pues predominó lo mediático y el concepto de que las causas del conflicto habían desaparecido acuñándose la tesis de la ausencia de normas o la degradación de las mismas y de la necesidad del orden para fortalecer la democracia establecida. En esa vía mientras el gobierno insistía en sacar adelante su política de sometimiento, las FARC-EP subrayaban que no estaban derrotadas para mostrar su decisión de cohabitar o coexistir en un orden que los reconociera como fuerza política. En contravía a la anhelada paz con justicia social el enfoque de paz que desarrolló la negociación y con ellas los acuerdos firmados comprenden, en el mejor de los casos, declaraciones de buenas intenciones combinadas con la negativa a los cambios estructurales, la ampliación de las libertades y el bienestar de las amplias masas trabajadoras del campo y la ciudad.
Los llamados insistentes del pueblo y sus organizaciones al gobierno a dar un alto a la aplicación de las políticas neoliberales que tanta exclusión y malestar social han generado en el país nunca fueron tenidos en cuenta; tampoco los pliegos que solicitaban aumento de salarios, un pare en la entrega de nuestros recursos naturales a los grandes monopolios, la tercerización, la privatización, así como soluciones reales a los problemas de empleo, salud y educación para el pueblo colombiano. Igual sucede con los bombardeos indiscriminados, el desalojo y desplazamiento, la criminalización de la protesta social, las desapariciones, asesinatos y violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, el desconocimiento de los derechos y demás expresiones del conflicto que continúan desarrollándose pese las denuncias reiteradas de las organizaciones populares.
Respecto a los Acuerdos firmados numerosas son las críticas de las organizaciones populares y tal como lo hemos expresado en variados espacios, estos Acuerdos no llenan las expectativas de un pueblo que lucha por la paz con justicia social y una apertura democrática en la que de manera real y sin esguinces se reconozca al pueblo sus derechos y soberanía en la definición de los destinos de la nación entera. Compartimos el análisis que realizan otras organizaciones y fuerzas políticas que señalan que unos acuerdos como los de La Habana donde se mantienen incólumes los cimientos del actual orden jurídico, económico y político distan mucho de su propósito y por el contrario al excluir la participación popular y el tratamiento político a toda la insurgencia se oponen a la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
De las incongruencias del Acuerdo suscrito por el gobierno y las FARC-EP destacamos entre muchas otras las siguientes:
- El espejismo de la Reforma Agraria Integral
La reforma rural integral que se propone para la transformación estructural del campo destaca como medidas la titulación de 7 millones de hectáreas, la entrega de 3 millones de hectáreas por parte del Fondo de Tierras, la constitución de varias zonas de reserva campesina, así como el desarrollo de programas y planes de desarrollo con enfoque territorial que permitan según el acuerdo superar la pobreza, lograr el bienestar del campo y asegurar la producción agropecuaria. Gran imaginación y locuacidad caracteriza esta parte de los Acuerdos que desconocen que el carácter y contenido de las medidas que se proponen dependen en grado sumo de quien aprueba y define el conjunto de la política económica y social del gobierno, así como el presupuesto para su implementación. La reforma rural integral en esos términos comprende un conjunto de recomendaciones al Presidente de la República y su equipo de gobierno que sólo podrán materializarse si el Estado colombiano modifica sustancialmente su política económica y social y especialmente su política agropecuaria de sujetar el campo a los parámetros de la inversión financiera y monopólica, así como a la globalización económica.
La reforma rural integral pactada olvida además los graves problemas de la concentración y expropiación de la tierra, la ausencia de soberanía alimentaria, la dependencia tecnológica, las definiciones internacionales en materia de precios e insumos agrícolas, así como los Tratados Económicos suscritos por el Estado colombiano que delinean en buena medida la legislación y la política agropecuaria en Colombia. Criticando el espejismo de la Reforma Rural Integral reiteramos nuestro apoyo a la lucha de masas por una reforma agraria democrática, así como la defensa del pliego petitorio presentado por la Cumbre Agraria al gobierno, y señalamos que la transformación del campo, el buen vivir y la eliminación de la pobreza definidas como ejes centrales de este Acuerdo seguirán siendo frases vacías mientras no se ataque verdaderamente la crisis, las causas de la violencia y los problemas estructurales del campo.
- Los subterfugios de la participación política
Los Acuerdos en materia de participación política comprenden un tema bastante controversial si tenemos en cuenta el alinderamiento y polarización que se tiene en el escenario político nacional. El gobierno y las FARC-EP sin embargo han decido terminar su conflicto uniendo sus voces en un llamamiento a ampliar y profundizar la democracia establecida.
Junto a muchos otros colombianos compartimos la esperanza de ampliar el régimen de derechos y libertades en el país pero consideramos que el llamamiento que nos hacen tanto el gobierno como las FARC-EP no deja der ser artificioso, además confunde y solicita defender las bases de un ordenamiento político hecho en beneficio de una clase dominante que históricamente ha utilizado miles de subterfugios para engañar al pueblo haciéndole creer que su democracia es una democracia de y para todos.
Participación política sin una Constitución que reconozca el poder soberano del pueblo como constituyente primario no sólo es una falacia, significa atar el pueblo a la defensa del modelo de democracia participativa de la Constitución del 91 en la que el pueblo sólo posa de legitimador de las políticas públicas. Plausible el reconocimiento de los partidos y fuerzas políticas, así como las garantías para la oposición pero poco creíble mientras predomine el régimen de partidos imperante, el umbral y la cifra repartidora y demás ventajismos antipopulares del antidemocrático sistema electoral colombiano.
La defensa de un modelo de democracia restringida al que se inclina el Acuerdo convierte la apertura democrática, que estrepitosamente dice defender, en un instrumento re-legitimador del sistema y los partidos políticos burgueses, opuesto en todas sus dimensiones a la definición por parte del pueblo de una nueva Constitución, así como a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.
- La justicia transicional en contravía al delito político y el derecho de rebelión
En el Acuerdo sobre víctimas y justicia llama la atención lo acordado en materia de justicia transicional con la creación de la Jurisdicción Especial de Paz.
Esta jurisdicción trae tres tipos de penas: una para quienes admiten su responsabilidad, otra para quienes lo hacen tardíamente y la última para quienes no lo hacen. Para los primeros habrá “restricción de libertades y derechos” de cinco a ocho años y además deberán realizar “trabajos, obras y actividades”. Penas privativas de la libertad de 5 a 8 años para los segundos. Y para los terceros habrá “pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias”.
El Acuerdo subraya que los rebeldes que pertenezcan a organizaciones que hayan suscrito un acuerdo final de paz, así como a aquellas personas que hayan sido acusadas o condenadas por delitos políticos o conexos mediante providencias proferidas por la justicia, se otorgará la más amplia amnistía posible. No serán objeto de amnistía ni indulto ni de beneficios equivalentes los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, el reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma. Tampoco serán amnistiables o indultables los delitos comunes que carecen de relación con la rebelión, conforme se determine por una ley de amnistía aprobada por el Congreso de la República.
Vistos los términos y reglas de la Jurisdicción Especial de Paz las críticas salen a la vista: Primero, porque el derecho de rebelión y el reconocimiento de la guerrilla como fuerza beligerante queda en veremos cuando bajo y con este acuerdo de connivencia se aceptan las competencias y el marco jurídico establecido por las leyes colombianas, el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional. Segundo, La Jurisdicción Especial vista como un mecanismo de justicia transicional difícilmente se podrá aplicar a los detentadores del poder y con fuero especial, responsables de graves violaciones a los derechos humanos, el paramilitarismo y el terrorismo de Estado. Tercero: El marco jurídico de la Jurisdicción Especial acordada no establece deslindes claros con la legislación y la jurisprudencia defendida por años por la Corte Constitucional en la que se niega sustancialmente el delito político. Cuarto: El diseño de la Jurisdicción Especial que se acuerda se asienta en el perdón y olvido a los criminales de guerra, militares, paramilitares, financiadores de la guerra, responsables de falsos positivos, desplazamiento y expropiación de tierras. Quinto: La amnistía y el indulto serán definidos por el Congreso de la República y estarán limitados a la desmovilización y entrega de las armas.
Y respecto de la desmovilización y entrega de la armas queda evidente que las FARC-EP asumiendo la defensa y embellecimiento de un modelo político como el colombiano que no deslinda con el fascistización han pasado al campo burgués declarando la lucha contra el crimen organizado, proscribiendo el uso de la violencia política contra el sistema antidemocrático e injusto que nos gobierna, condenando la rebeldía y la autodeterminación de un pueblo que lucha por su libertad. Las FARC-EP se han desmovilizado para engrosar las filas de los defensores del sistema político imperante y se disponen a entregar las armas para defender un Acuerdo –léase negociado- que sólo beneficia a los jefes políticos y no a esa base guerrillera que resiste y en múltiples campos demostró no haber sido derrotada en medio de la ofensiva aniquiladora y fascista del enemigo de clase.
- La refrendación e implementación del Acuerdo Final
Sin señalar los detalles se ha acordado un cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, un mecanismo verificador de la dejación de armas, la concentración de las FARC-EP en las 23 zonas verdales y 8 campamentos hasta la culminación del proceso de dejación de armas que será como máximo de 180 días después de la firma formal del Acuerdo Final.
El Congreso de la República en igual manera ha aprobado el Acto Legislativo 01 de 2016 que otorga al Presidente Santos facultades extraordinarias para implementar los acuerdos firmados con las FARC-EP, así como la ley que convoca el Plebiscito. Hechos que no descansaremos en repudiar pues acentúan al buen estilo fascista las facultades del Ejecutivo entregando a éste un cheque en blanco que le permite a su antojo modificar el orden institucional del país. Alertamos llamando la atención de todas las fuerzas democráticas y progresistas a desenmascarar la configuración de un nuevo “FRENTE NACIONAL” hoy en marcha que además de boicotear la propuesta de Constituyente Popular busca desde arriba blindar el actual modelo económico, satanizar la lucha por los cambios democráticos y profundizar la fascistización del país.
El Presidente de la República así mismo ya ha dado a conocer la ambigua pregunta que por espacio de un mes será un referente de las diferentes campañas y sobre la cual las diversas fuerzas políticas nos pronunciaremos.
En nuestro caso animaremos una importante campaña política de rechazo al Plebiscito llamando a las masas trabajadoras y al pueblo en general a la abstención activa, todo por cuanto los acuerdos firmados entre el gobierno y las FARC-EP no comprenden un paso adelante en la búsqueda de una paz estable y duradera. Además el plebiscito que se ha convocado con todas las mañas que se le han colgado no representa más que la refrendación de una política de sometimiento opuesta a la paz con justicia social por la cual luchan millones de colombianos.
Rechazando el plebiscito santista seguiremos llamando al pueblo colombiano a fortalecer la unidad de acción para la movilización y la lucha por la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente donde el pueblo de manera soberana defina una nueva Constitución que abra las compuertas a la apertura democrática y la paz con justicia social que hoy reclaman las grandes mayorías en el país.
La lucha por un Gobierno auténticamente democrático, comprometido con la causa y las aspiraciones populares seguirá perfilando la unidad de las organizaciones populares y de todas las fuerzas progresistas y revolucionarias. Los pasos que ese sentido se vertebren y que no descansaremos en promover y apoyar contribuirán de forma plena a la conquista de una Patria Nueva, Democrática y Soberana.
¡VIVA LA LUCHA DEL PUEBLO COLOMBIANO… VIVA, VIVA, VIVA!
¡ABAJO EL PLEBISCITO DE SANTOS… ABAJO, ABAJO, ABAJO!
¡EXIGIMOS LA CONVOCATORIA DE LA CONSTITUYENTE POPULAR!
Partido Comunista de Colombia (marxista-leninista)
Comité Ejecutivo Central
Septiembre 02 de 2016
¡EXIGIMOS LA CONVOCATORIA DE LA CONSTITUYENTE POPULAR!
Firmado el texto definitivo del Acuerdo entre la FARC-EP y el gobierno de Juan Manual Santos y convocado el Plebiscito para el 02 de octubre de este año, los marxistas-leninistas colombianos participamos del debate político conscientes de que en los diferentes rincones del país predomina la exclusión y estigmatización de las posiciones de quienes hemos sido críticos de un proceso en el que la participación ciudadana y la paz brillan de forma notable por su ausencia.
Desde el inicio la participación ciudadana fue limitada al llamamiento y consulta, en tanto el gobierno como las FARC-EP fueron siempre enfáticos en señalar como inconveniente para sus conversaciones el desarrollo de un amplio debate político nacional que recogiera las diversas alternativas y propuestas frente al conflicto económico, social, político y armado que vive el país.
La paz en igual manera apareció sin esencia pues predominó lo mediático y el concepto de que las causas del conflicto habían desaparecido acuñándose la tesis de la ausencia de normas o la degradación de las mismas y de la necesidad del orden para fortalecer la democracia establecida. En esa vía mientras el gobierno insistía en sacar adelante su política de sometimiento, las FARC-EP subrayaban que no estaban derrotadas para mostrar su decisión de cohabitar o coexistir en un orden que los reconociera como fuerza política. En contravía a la anhelada paz con justicia social el enfoque de paz que desarrolló la negociación y con ellas los acuerdos firmados comprenden, en el mejor de los casos, declaraciones de buenas intenciones combinadas con la negativa a los cambios estructurales, la ampliación de las libertades y el bienestar de las amplias masas trabajadoras del campo y la ciudad.
Los llamados insistentes del pueblo y sus organizaciones al gobierno a dar un alto a la aplicación de las políticas neoliberales que tanta exclusión y malestar social han generado en el país nunca fueron tenidos en cuenta; tampoco los pliegos que solicitaban aumento de salarios, un pare en la entrega de nuestros recursos naturales a los grandes monopolios, la tercerización, la privatización, así como soluciones reales a los problemas de empleo, salud y educación para el pueblo colombiano. Igual sucede con los bombardeos indiscriminados, el desalojo y desplazamiento, la criminalización de la protesta social, las desapariciones, asesinatos y violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, el desconocimiento de los derechos y demás expresiones del conflicto que continúan desarrollándose pese las denuncias reiteradas de las organizaciones populares.
Respecto a los Acuerdos firmados numerosas son las críticas de las organizaciones populares y tal como lo hemos expresado en variados espacios, estos Acuerdos no llenan las expectativas de un pueblo que lucha por la paz con justicia social y una apertura democrática en la que de manera real y sin esguinces se reconozca al pueblo sus derechos y soberanía en la definición de los destinos de la nación entera. Compartimos el análisis que realizan otras organizaciones y fuerzas políticas que señalan que unos acuerdos como los de La Habana donde se mantienen incólumes los cimientos del actual orden jurídico, económico y político distan mucho de su propósito y por el contrario al excluir la participación popular y el tratamiento político a toda la insurgencia se oponen a la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
De las incongruencias del Acuerdo suscrito por el gobierno y las FARC-EP destacamos entre muchas otras las siguientes:
- El espejismo de la Reforma Agraria Integral
La reforma rural integral que se propone para la transformación estructural del campo destaca como medidas la titulación de 7 millones de hectáreas, la entrega de 3 millones de hectáreas por parte del Fondo de Tierras, la constitución de varias zonas de reserva campesina, así como el desarrollo de programas y planes de desarrollo con enfoque territorial que permitan según el acuerdo superar la pobreza, lograr el bienestar del campo y asegurar la producción agropecuaria. Gran imaginación y locuacidad caracteriza esta parte de los Acuerdos que desconocen que el carácter y contenido de las medidas que se proponen dependen en grado sumo de quien aprueba y define el conjunto de la política económica y social del gobierno, así como el presupuesto para su implementación. La reforma rural integral en esos términos comprende un conjunto de recomendaciones al Presidente de la República y su equipo de gobierno que sólo podrán materializarse si el Estado colombiano modifica sustancialmente su política económica y social y especialmente su política agropecuaria de sujetar el campo a los parámetros de la inversión financiera y monopólica, así como a la globalización económica.
La reforma rural integral pactada olvida además los graves problemas de la concentración y expropiación de la tierra, la ausencia de soberanía alimentaria, la dependencia tecnológica, las definiciones internacionales en materia de precios e insumos agrícolas, así como los Tratados Económicos suscritos por el Estado colombiano que delinean en buena medida la legislación y la política agropecuaria en Colombia. Criticando el espejismo de la Reforma Rural Integral reiteramos nuestro apoyo a la lucha de masas por una reforma agraria democrática, así como la defensa del pliego petitorio presentado por la Cumbre Agraria al gobierno, y señalamos que la transformación del campo, el buen vivir y la eliminación de la pobreza definidas como ejes centrales de este Acuerdo seguirán siendo frases vacías mientras no se ataque verdaderamente la crisis, las causas de la violencia y los problemas estructurales del campo.
- Los subterfugios de la participación política
Los Acuerdos en materia de participación política comprenden un tema bastante controversial si tenemos en cuenta el alinderamiento y polarización que se tiene en el escenario político nacional. El gobierno y las FARC-EP sin embargo han decido terminar su conflicto uniendo sus voces en un llamamiento a ampliar y profundizar la democracia establecida.
Junto a muchos otros colombianos compartimos la esperanza de ampliar el régimen de derechos y libertades en el país pero consideramos que el llamamiento que nos hacen tanto el gobierno como las FARC-EP no deja der ser artificioso, además confunde y solicita defender las bases de un ordenamiento político hecho en beneficio de una clase dominante que históricamente ha utilizado miles de subterfugios para engañar al pueblo haciéndole creer que su democracia es una democracia de y para todos.
Participación política sin una Constitución que reconozca el poder soberano del pueblo como constituyente primario no sólo es una falacia, significa atar el pueblo a la defensa del modelo de democracia participativa de la Constitución del 91 en la que el pueblo sólo posa de legitimador de las políticas públicas. Plausible el reconocimiento de los partidos y fuerzas políticas, así como las garantías para la oposición pero poco creíble mientras predomine el régimen de partidos imperante, el umbral y la cifra repartidora y demás ventajismos antipopulares del antidemocrático sistema electoral colombiano.
La defensa de un modelo de democracia restringida al que se inclina el Acuerdo convierte la apertura democrática, que estrepitosamente dice defender, en un instrumento re-legitimador del sistema y los partidos políticos burgueses, opuesto en todas sus dimensiones a la definición por parte del pueblo de una nueva Constitución, así como a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.
- La justicia transicional en contravía al delito político y el derecho de rebelión
En el Acuerdo sobre víctimas y justicia llama la atención lo acordado en materia de justicia transicional con la creación de la Jurisdicción Especial de Paz.
Esta jurisdicción trae tres tipos de penas: una para quienes admiten su responsabilidad, otra para quienes lo hacen tardíamente y la última para quienes no lo hacen. Para los primeros habrá “restricción de libertades y derechos” de cinco a ocho años y además deberán realizar “trabajos, obras y actividades”. Penas privativas de la libertad de 5 a 8 años para los segundos. Y para los terceros habrá “pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias”.
El Acuerdo subraya que los rebeldes que pertenezcan a organizaciones que hayan suscrito un acuerdo final de paz, así como a aquellas personas que hayan sido acusadas o condenadas por delitos políticos o conexos mediante providencias proferidas por la justicia, se otorgará la más amplia amnistía posible. No serán objeto de amnistía ni indulto ni de beneficios equivalentes los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, el reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma. Tampoco serán amnistiables o indultables los delitos comunes que carecen de relación con la rebelión, conforme se determine por una ley de amnistía aprobada por el Congreso de la República.
Vistos los términos y reglas de la Jurisdicción Especial de Paz las críticas salen a la vista: Primero, porque el derecho de rebelión y el reconocimiento de la guerrilla como fuerza beligerante queda en veremos cuando bajo y con este acuerdo de connivencia se aceptan las competencias y el marco jurídico establecido por las leyes colombianas, el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional. Segundo, La Jurisdicción Especial vista como un mecanismo de justicia transicional difícilmente se podrá aplicar a los detentadores del poder y con fuero especial, responsables de graves violaciones a los derechos humanos, el paramilitarismo y el terrorismo de Estado. Tercero: El marco jurídico de la Jurisdicción Especial acordada no establece deslindes claros con la legislación y la jurisprudencia defendida por años por la Corte Constitucional en la que se niega sustancialmente el delito político. Cuarto: El diseño de la Jurisdicción Especial que se acuerda se asienta en el perdón y olvido a los criminales de guerra, militares, paramilitares, financiadores de la guerra, responsables de falsos positivos, desplazamiento y expropiación de tierras. Quinto: La amnistía y el indulto serán definidos por el Congreso de la República y estarán limitados a la desmovilización y entrega de las armas.
Y respecto de la desmovilización y entrega de la armas queda evidente que las FARC-EP asumiendo la defensa y embellecimiento de un modelo político como el colombiano que no deslinda con el fascistización han pasado al campo burgués declarando la lucha contra el crimen organizado, proscribiendo el uso de la violencia política contra el sistema antidemocrático e injusto que nos gobierna, condenando la rebeldía y la autodeterminación de un pueblo que lucha por su libertad. Las FARC-EP se han desmovilizado para engrosar las filas de los defensores del sistema político imperante y se disponen a entregar las armas para defender un Acuerdo –léase negociado- que sólo beneficia a los jefes políticos y no a esa base guerrillera que resiste y en múltiples campos demostró no haber sido derrotada en medio de la ofensiva aniquiladora y fascista del enemigo de clase.
- La refrendación e implementación del Acuerdo Final
Sin señalar los detalles se ha acordado un cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, un mecanismo verificador de la dejación de armas, la concentración de las FARC-EP en las 23 zonas verdales y 8 campamentos hasta la culminación del proceso de dejación de armas que será como máximo de 180 días después de la firma formal del Acuerdo Final.
El Congreso de la República en igual manera ha aprobado el Acto Legislativo 01 de 2016 que otorga al Presidente Santos facultades extraordinarias para implementar los acuerdos firmados con las FARC-EP, así como la ley que convoca el Plebiscito. Hechos que no descansaremos en repudiar pues acentúan al buen estilo fascista las facultades del Ejecutivo entregando a éste un cheque en blanco que le permite a su antojo modificar el orden institucional del país. Alertamos llamando la atención de todas las fuerzas democráticas y progresistas a desenmascarar la configuración de un nuevo “FRENTE NACIONAL” hoy en marcha que además de boicotear la propuesta de Constituyente Popular busca desde arriba blindar el actual modelo económico, satanizar la lucha por los cambios democráticos y profundizar la fascistización del país.
El Presidente de la República así mismo ya ha dado a conocer la ambigua pregunta que por espacio de un mes será un referente de las diferentes campañas y sobre la cual las diversas fuerzas políticas nos pronunciaremos.
En nuestro caso animaremos una importante campaña política de rechazo al Plebiscito llamando a las masas trabajadoras y al pueblo en general a la abstención activa, todo por cuanto los acuerdos firmados entre el gobierno y las FARC-EP no comprenden un paso adelante en la búsqueda de una paz estable y duradera. Además el plebiscito que se ha convocado con todas las mañas que se le han colgado no representa más que la refrendación de una política de sometimiento opuesta a la paz con justicia social por la cual luchan millones de colombianos.
Rechazando el plebiscito santista seguiremos llamando al pueblo colombiano a fortalecer la unidad de acción para la movilización y la lucha por la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente donde el pueblo de manera soberana defina una nueva Constitución que abra las compuertas a la apertura democrática y la paz con justicia social que hoy reclaman las grandes mayorías en el país.
La lucha por un Gobierno auténticamente democrático, comprometido con la causa y las aspiraciones populares seguirá perfilando la unidad de las organizaciones populares y de todas las fuerzas progresistas y revolucionarias. Los pasos que ese sentido se vertebren y que no descansaremos en promover y apoyar contribuirán de forma plena a la conquista de una Patria Nueva, Democrática y Soberana.
¡VIVA LA LUCHA DEL PUEBLO COLOMBIANO… VIVA, VIVA, VIVA!
¡ABAJO EL PLEBISCITO DE SANTOS… ABAJO, ABAJO, ABAJO!
¡EXIGIMOS LA CONVOCATORIA DE LA CONSTITUYENTE POPULAR!
Partido Comunista de Colombia (marxista-leninista)
Comité Ejecutivo Central
Septiembre 02 de 2016