Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2017-01-30
Categoría
Comunicado
Acuerdo para implementación de Zona Veredal Caño Indio y Plan Piloto de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL, LAS FARC-EP Y LAS COMUNIDADES DE CAÑO INDIO, EL PROGRESO 2, CHIQUINQUIRÁ Y PALMERAS MIRADOR, DEL MUNICIPIO DE TIBÚ; EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ZONA VEREDAL TRANSITORIA DE NORMALIZACIÓN Y EN EL IMPULSO DEL PILOTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO 4 DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA.
Con el objetivo de Contribuir en la implementación de la Zona Veredal Transitoria de Normalización a través de un piloto de sustitución de cultivos de uso ilícito en las veredas Caño Indio, Palmeras Mirador, El progreso 2 y Chiquinquirá, que garantice los derechos de las comunidades allí asentadas y que aporte a los escenarios de la construcción de una paz estable, duradera y con justicia social, acordamos:
Durante el primer año el gobierno entregara a las comunidades
- Un millón de pesos mensuales de remuneración por actividades de sustitución de cultivos, preparación de tierras para siembras legales o trabajo en obras públicas de interés comunitario, hasta por 12 meses para campesinos con cultivos o sin cultivos de uso ilícito.
- Un millón 800.000 mil pesos para la implementación de proyectos de autosostenimiento y seguridad alimentaria por una sola vez, tales como cultivos de pancoger y cría de especies menores.
- Nueve millones de pesos por una sola vez, para adecuación y ejecución de proyectos de ciclo corto e ingreso rápido como piscicultura, avicultura, entre otros.
A partir del segundo año, para asegurar a las familias mejores ingresos y condiciones de vida dignas, el Gobierno Nacional invertirá por familia, hasta diez millones de pesos en proyectos productivos y sufragar mano de obra. Adicional se creará una línea de crédito especial.
Adicionalmente, se contará con asistencia técnica durante todo el proceso, con un costo aproximado de tres millones 200.000 mil pesos por familia. Se estima que más de 660 técnicos y profesionales agropecuarios se movilizarán para acompañar a las comunidades.
La inversión en sustitución voluntaria produce resultados sostenibles, genera oportunidades territoriales e incide en la calidad de vida. Sin renunciar a la erradicación forzosa, el Gobierno Nacional aspira a que esta alternativa, por su costo-eficiencia, sea el instrumento predominante de reducción de cultivos de uso ilícito.
De esta manera, el PNIS, en cabeza del Gobierno Nacional, con el firme compromiso de las FARC-EP y con la participación directa y activa de las comunidades de los territorios afectados por cultivos de uso ilícito, dan el primer paso para la transformación estructural del campo, condición necesaria para la construcción de una Paz Estable y Duradera.
Con el objetivo de Contribuir en la implementación de la Zona Veredal Transitoria de Normalización a través de un piloto de sustitución de cultivos de uso ilícito en las veredas Caño Indio, Palmeras Mirador, El progreso 2 y Chiquinquirá, que garantice los derechos de las comunidades allí asentadas y que aporte a los escenarios de la construcción de una paz estable, duradera y con justicia social, acordamos:
Durante el primer año el gobierno entregara a las comunidades
- Un millón de pesos mensuales de remuneración por actividades de sustitución de cultivos, preparación de tierras para siembras legales o trabajo en obras públicas de interés comunitario, hasta por 12 meses para campesinos con cultivos o sin cultivos de uso ilícito.
- Un millón 800.000 mil pesos para la implementación de proyectos de autosostenimiento y seguridad alimentaria por una sola vez, tales como cultivos de pancoger y cría de especies menores.
- Nueve millones de pesos por una sola vez, para adecuación y ejecución de proyectos de ciclo corto e ingreso rápido como piscicultura, avicultura, entre otros.
A partir del segundo año, para asegurar a las familias mejores ingresos y condiciones de vida dignas, el Gobierno Nacional invertirá por familia, hasta diez millones de pesos en proyectos productivos y sufragar mano de obra. Adicional se creará una línea de crédito especial.
Adicionalmente, se contará con asistencia técnica durante todo el proceso, con un costo aproximado de tres millones 200.000 mil pesos por familia. Se estima que más de 660 técnicos y profesionales agropecuarios se movilizarán para acompañar a las comunidades.
La inversión en sustitución voluntaria produce resultados sostenibles, genera oportunidades territoriales e incide en la calidad de vida. Sin renunciar a la erradicación forzosa, el Gobierno Nacional aspira a que esta alternativa, por su costo-eficiencia, sea el instrumento predominante de reducción de cultivos de uso ilícito.
De esta manera, el PNIS, en cabeza del Gobierno Nacional, con el firme compromiso de las FARC-EP y con la participación directa y activa de las comunidades de los territorios afectados por cultivos de uso ilícito, dan el primer paso para la transformación estructural del campo, condición necesaria para la construcción de una Paz Estable y Duradera.