Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2018-02-16
Categoría
Comunicado
Partido FARC: Palabras de Rodrigo Londoño en reunión con el ministro del Interior
Reciban todos los presentes, en especial usted, señor ministro Guillermo Rivera Flórez, el abrazo patriótico y esperanzado de nuestro partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
Acudimos ante el alto gobierno, una vez más, como consecuencia de las difíciles condiciones en las que se halla el pleno ejercicio de nuestros derechos políticos, garantía fundamental pactada en los Acuerdos de La Habana, y columna más que necesaria para la construcción de una nación verdaderamente democrática, propósito que animó las dos partes en la Mesa de Conversaciones.
Si algún mérito hubiese de serme reconocido un día con relación a la firma del Acuerdo Final, y en general con relación a todo este asunto de la paz para nuestro país, quisiera que fuera el de registrar que he permanecido siempre optimista en medio de las enormes dificultades y obstáculos que rodearon desde un comienzo los diálogos con el gobierno nacional.
Aún firmados los Acuerdos e iniciada la implementación, fueron apareciendo una tras otras nubes tempestuosas en el horizonte y hechos repetidos, que nos fueron indicando que había incrustados dentro del Estado, personajes y hasta instituciones muy poco interesadas en que el cumplimiento de lo acordado se materializara en actos legislativos, leyes, decretos y realidades.
Pese a ello, ni una sola vez mi voz se ha levantado en público o en reuniones privadas para llevar pesimismo o desaliento a los nuestros y al pueblo de Colombia. He sido un convencido de que lo pactado puede convertirse en realidad, y no me he cansado de invitar a nuestra militancia y al resto de los colombianos a que nos acompañen sin desfallecer en este empeño.
Por eso, contra advertencias y voces pregoneras del desastre, he sido un defensor incansable de las posibilidades que se abren para nosotros y los excluidos de Colombia. Apoyé la conformación de listas nuestras al Congreso de la República y acepté la nominación de mi nombre a la candidatura presidencial. En todo ello, he de reconocerlo, han jugado un papel determinante las posturas del gobierno nacional al ofrecernos el máximo de garantías.
Sin embargo, y aunque mi ánimo no decaiga, sí me veo obligado a manifestar, que el grado de nuestras preocupaciones ha llegado a tal nivel, de hacerme pensar si he obrado con demasiada buena fe en este proceso. Es un hecho público que nos hemos visto obligados a suspender el proselitismo abierto de nuestra campaña, ante la ola de acciones violentas que se ha desatado por parte de personeros de la extrema derecha. Nunca creímos que eso sucediera.
Durante muchísimos años se nos repitió por distintos gobiernos, particularmente por el del doctor Uribe, que las instituciones colombianas nos invitaban a dejar las armas y poner fin al conflicto, a cambio de permitirnos la participación abierta en política. A cambiar las balas por los votos, se nos dijo mil veces. Creímos en el Estado que lo garantizó firmando un Acuerdo en el que se nos rodeó de garantías. Que además no eran sólo para nosotros, sino para todos los excluidos.
Hemos creído en la posibilidad de construir un país diferente, la firma del señor Presidente fue nuestra prenda de garantía. Varios medios se empeñan en sumarse a la discriminación contra nosotros, desconociendo el carácter concertado y violento de las manifestaciones de odio convocadas por las redes sociales en contra nuestra. Se intenta hacer creer al país que como fuimos sembradores de vientos, ahora nos corresponde recoger tempestades.
Hemos sido protagonistas y por ende testigos de primera línea, del modo como se presentan a nuestros actos políticos abiertos, individuos vestidos de camisa negra o incluso vistiendo camisetas de partidos que nos adversan, con la única intención de lanzar toda clase de improperios, incitando a los transeúntes a ejercer la violencia, y terminando por arrojar toda clase de objetos contundentes contra los lugares y personas presentes.
Son varios los heridos, los vehículos de la Unidad Nacional de Protección seriamente afectados, así como los recintos destruidos por los violentos. No deja de causarnos sorpresa la pasividad que hemos observado por parte de la fuerza policial presente, como sucedió en Quimbaya y Yumbo. No pedimos sino respeto a nuestros derechos políticos. Conocemos que la legislación penal prevé sanciones serias para los responsables de ese tipo de conductas.
Pero es que no se trata solo de quienes por las redes citan a nuestro linchamiento. Es que ya suman casi medio centenar los guerrilleros reincorporados asesinados por sicarios en diferentes lugares del país. Un hecho vergonzoso para un Estado que ofreció toda clase de garantías, y que se encubre con los más diversos pretextos, en medio de una oleada criminal que suma más de doscientos dirigentes sociales y populares cobardemente victimizados desde la firma de los Acuerdos de Paz. Se nos pide creer mientras la sangre inunda la tierra patria.
Y eso mientras permanecen en las cárceles del país varios centenares de ex guerrilleros beneficiados por amnistías y decretos que ordenan su libertad, pero que no la consiguen ante la posición absurda de jueces de la república, que no han merecido siquiera el menor reproche de la Procuraduría General de la Nación.
Hemos expresado nuestras preocupaciones e inquietudes por la forma tan paquidérmica como se cumple el proceso de implementación de los Acuerdos de La Habana. Me haría supremamente extenso si volviera a referirme a cada una de las trabas. Usted bien las conoce, señor ministro. Las contradictorias sentencias de la Corte que desconfiguraron la JEP, las normas emitidas por el Congreso variando lo acordado, así como las que perecieron en su trámite por falta de voluntad política. Todo ello no deja de ser una repetida violación a la palabra empeñada por el Estado.
Despierta hilaridad la argumentación esgrimida por ejemplo, para no entregarnos materialmente los recursos necesarios para la existencia real de nuestro partido y la realización de la campaña. Nos sentimos como aquel coronel del que escribía García Márquez, esperando la carta en que se nos diga que podemos acercarnos a retirar los fondos prometidos. Siempre aparece el funcionario que se ocupa de impedir el giro oportuno, pese a las determinaciones superiores.
Ya comienza a repetirse demasiadas veces, que existe hoy una situación semejante a la vivida en los años ochenta y noventa con el genocidio de la Unión Patriótica. Los crímenes de Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Teófilo Forero, Carlos Pizarro y demás fueron todos anunciados y esperados con expectación por el país. Gobiernos como el del doctor Barco, también negaron la existencia del paramilitarismo y de planes criminales. Que no vaya Colombia a repetirlo.
El solo hecho de que este recuerdo esté tomando el pensamiento de muchísimos colombianos, que comienzan a decepcionarse y a esperar lo peor para nuestra nación, debe ser indicativo del grado que alcanzan las preocupaciones por el proceso de paz en curso. Vivimos una crisis muy aguda, quizás la más grave desde su comienzo. Es necesario que las fuerzas que logramos el Acuerdo de Paz, concitemos el respaldo de los demócratas, de la gente de bien en nuestro país, de quienes no están por la guerra y los odios, de quienes no aceptan que el camino sea el de la violencia, para salvar el proceso y hacer realidad las posibilidades de una nueva Colombia.
Por eso acudimos aquí, como estuvimos ya con la Misión de Monitoreo de las Naciones Unidas y los representantes de los países garantes; y como acudiremos a todos los sectores, personalidades y organizaciones que sea necesario, para recabar del gobierno nacional el apoyo a una convocatoria de todos los partidos, fuerzas, movimientos y organizaciones políticas, sociales, religiosas, femeninas y demás, para converger en un gran pacto nacional en contra de la violencia en la campaña política y en la vida política nacional. Creemos aún que los Acuerdos pueden salvarse, queremos ver una actitud firme en ese sentido por parte del gobierno que luchó tantos años por lograrlos.
La Fuerza del Común cree en la reconciliación nacional, en el entendimiento civilizado, en la tolerancia y el respeto a la diferencia. No compartimos y por eso condenamos cualquier acción violenta en contra de cualquier candidato, dirigente, partido, movimiento u organización política. Estamos contra cualquier tipo de discriminación. La Constitución colombiana y las leyes lo establecen así, por eso consideramos que el gobierno nacional debe implementar los esfuerzos que considere necesarios, para evitar que los pregoneros del odio devuelvan a nuestro país sesenta o más años atrás, al baño de sangre del que podemos salir definitivamente si nos lo proponemos ahora con seriedad. Nos lo reconocerá la historia.
Salvado este momento, también deseamos hacer un llamado al gobierno del Presidente Santos, a acelerar a fondo la implementación de lo acordado en La Habana. De ello depende el futuro de la nación colombiana. Los últimos meses de una administración de ocho años, en los cuales la paz fue preocupación constante, no pueden transcurrir como un triste capítulo de la impotencia o la resignación. Son muchas las acciones que pueden cumplirse si la voluntad lo desea. De eso vinimos a conversar, señor ministro, esperamos soluciones satisfactorias. Nadie podrá nunca acusar a las FARC de no haber cumplido su palabra. Ojalá ocurra igual con ustedes.
Bogotá, 16 de febrero de 2018.
Acudimos ante el alto gobierno, una vez más, como consecuencia de las difíciles condiciones en las que se halla el pleno ejercicio de nuestros derechos políticos, garantía fundamental pactada en los Acuerdos de La Habana, y columna más que necesaria para la construcción de una nación verdaderamente democrática, propósito que animó las dos partes en la Mesa de Conversaciones.
Si algún mérito hubiese de serme reconocido un día con relación a la firma del Acuerdo Final, y en general con relación a todo este asunto de la paz para nuestro país, quisiera que fuera el de registrar que he permanecido siempre optimista en medio de las enormes dificultades y obstáculos que rodearon desde un comienzo los diálogos con el gobierno nacional.
Aún firmados los Acuerdos e iniciada la implementación, fueron apareciendo una tras otras nubes tempestuosas en el horizonte y hechos repetidos, que nos fueron indicando que había incrustados dentro del Estado, personajes y hasta instituciones muy poco interesadas en que el cumplimiento de lo acordado se materializara en actos legislativos, leyes, decretos y realidades.
Pese a ello, ni una sola vez mi voz se ha levantado en público o en reuniones privadas para llevar pesimismo o desaliento a los nuestros y al pueblo de Colombia. He sido un convencido de que lo pactado puede convertirse en realidad, y no me he cansado de invitar a nuestra militancia y al resto de los colombianos a que nos acompañen sin desfallecer en este empeño.
Por eso, contra advertencias y voces pregoneras del desastre, he sido un defensor incansable de las posibilidades que se abren para nosotros y los excluidos de Colombia. Apoyé la conformación de listas nuestras al Congreso de la República y acepté la nominación de mi nombre a la candidatura presidencial. En todo ello, he de reconocerlo, han jugado un papel determinante las posturas del gobierno nacional al ofrecernos el máximo de garantías.
Sin embargo, y aunque mi ánimo no decaiga, sí me veo obligado a manifestar, que el grado de nuestras preocupaciones ha llegado a tal nivel, de hacerme pensar si he obrado con demasiada buena fe en este proceso. Es un hecho público que nos hemos visto obligados a suspender el proselitismo abierto de nuestra campaña, ante la ola de acciones violentas que se ha desatado por parte de personeros de la extrema derecha. Nunca creímos que eso sucediera.
Durante muchísimos años se nos repitió por distintos gobiernos, particularmente por el del doctor Uribe, que las instituciones colombianas nos invitaban a dejar las armas y poner fin al conflicto, a cambio de permitirnos la participación abierta en política. A cambiar las balas por los votos, se nos dijo mil veces. Creímos en el Estado que lo garantizó firmando un Acuerdo en el que se nos rodeó de garantías. Que además no eran sólo para nosotros, sino para todos los excluidos.
Hemos creído en la posibilidad de construir un país diferente, la firma del señor Presidente fue nuestra prenda de garantía. Varios medios se empeñan en sumarse a la discriminación contra nosotros, desconociendo el carácter concertado y violento de las manifestaciones de odio convocadas por las redes sociales en contra nuestra. Se intenta hacer creer al país que como fuimos sembradores de vientos, ahora nos corresponde recoger tempestades.
Hemos sido protagonistas y por ende testigos de primera línea, del modo como se presentan a nuestros actos políticos abiertos, individuos vestidos de camisa negra o incluso vistiendo camisetas de partidos que nos adversan, con la única intención de lanzar toda clase de improperios, incitando a los transeúntes a ejercer la violencia, y terminando por arrojar toda clase de objetos contundentes contra los lugares y personas presentes.
Son varios los heridos, los vehículos de la Unidad Nacional de Protección seriamente afectados, así como los recintos destruidos por los violentos. No deja de causarnos sorpresa la pasividad que hemos observado por parte de la fuerza policial presente, como sucedió en Quimbaya y Yumbo. No pedimos sino respeto a nuestros derechos políticos. Conocemos que la legislación penal prevé sanciones serias para los responsables de ese tipo de conductas.
Pero es que no se trata solo de quienes por las redes citan a nuestro linchamiento. Es que ya suman casi medio centenar los guerrilleros reincorporados asesinados por sicarios en diferentes lugares del país. Un hecho vergonzoso para un Estado que ofreció toda clase de garantías, y que se encubre con los más diversos pretextos, en medio de una oleada criminal que suma más de doscientos dirigentes sociales y populares cobardemente victimizados desde la firma de los Acuerdos de Paz. Se nos pide creer mientras la sangre inunda la tierra patria.
Y eso mientras permanecen en las cárceles del país varios centenares de ex guerrilleros beneficiados por amnistías y decretos que ordenan su libertad, pero que no la consiguen ante la posición absurda de jueces de la república, que no han merecido siquiera el menor reproche de la Procuraduría General de la Nación.
Hemos expresado nuestras preocupaciones e inquietudes por la forma tan paquidérmica como se cumple el proceso de implementación de los Acuerdos de La Habana. Me haría supremamente extenso si volviera a referirme a cada una de las trabas. Usted bien las conoce, señor ministro. Las contradictorias sentencias de la Corte que desconfiguraron la JEP, las normas emitidas por el Congreso variando lo acordado, así como las que perecieron en su trámite por falta de voluntad política. Todo ello no deja de ser una repetida violación a la palabra empeñada por el Estado.
Despierta hilaridad la argumentación esgrimida por ejemplo, para no entregarnos materialmente los recursos necesarios para la existencia real de nuestro partido y la realización de la campaña. Nos sentimos como aquel coronel del que escribía García Márquez, esperando la carta en que se nos diga que podemos acercarnos a retirar los fondos prometidos. Siempre aparece el funcionario que se ocupa de impedir el giro oportuno, pese a las determinaciones superiores.
Ya comienza a repetirse demasiadas veces, que existe hoy una situación semejante a la vivida en los años ochenta y noventa con el genocidio de la Unión Patriótica. Los crímenes de Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Teófilo Forero, Carlos Pizarro y demás fueron todos anunciados y esperados con expectación por el país. Gobiernos como el del doctor Barco, también negaron la existencia del paramilitarismo y de planes criminales. Que no vaya Colombia a repetirlo.
El solo hecho de que este recuerdo esté tomando el pensamiento de muchísimos colombianos, que comienzan a decepcionarse y a esperar lo peor para nuestra nación, debe ser indicativo del grado que alcanzan las preocupaciones por el proceso de paz en curso. Vivimos una crisis muy aguda, quizás la más grave desde su comienzo. Es necesario que las fuerzas que logramos el Acuerdo de Paz, concitemos el respaldo de los demócratas, de la gente de bien en nuestro país, de quienes no están por la guerra y los odios, de quienes no aceptan que el camino sea el de la violencia, para salvar el proceso y hacer realidad las posibilidades de una nueva Colombia.
Por eso acudimos aquí, como estuvimos ya con la Misión de Monitoreo de las Naciones Unidas y los representantes de los países garantes; y como acudiremos a todos los sectores, personalidades y organizaciones que sea necesario, para recabar del gobierno nacional el apoyo a una convocatoria de todos los partidos, fuerzas, movimientos y organizaciones políticas, sociales, religiosas, femeninas y demás, para converger en un gran pacto nacional en contra de la violencia en la campaña política y en la vida política nacional. Creemos aún que los Acuerdos pueden salvarse, queremos ver una actitud firme en ese sentido por parte del gobierno que luchó tantos años por lograrlos.
La Fuerza del Común cree en la reconciliación nacional, en el entendimiento civilizado, en la tolerancia y el respeto a la diferencia. No compartimos y por eso condenamos cualquier acción violenta en contra de cualquier candidato, dirigente, partido, movimiento u organización política. Estamos contra cualquier tipo de discriminación. La Constitución colombiana y las leyes lo establecen así, por eso consideramos que el gobierno nacional debe implementar los esfuerzos que considere necesarios, para evitar que los pregoneros del odio devuelvan a nuestro país sesenta o más años atrás, al baño de sangre del que podemos salir definitivamente si nos lo proponemos ahora con seriedad. Nos lo reconocerá la historia.
Salvado este momento, también deseamos hacer un llamado al gobierno del Presidente Santos, a acelerar a fondo la implementación de lo acordado en La Habana. De ello depende el futuro de la nación colombiana. Los últimos meses de una administración de ocho años, en los cuales la paz fue preocupación constante, no pueden transcurrir como un triste capítulo de la impotencia o la resignación. Son muchas las acciones que pueden cumplirse si la voluntad lo desea. De eso vinimos a conversar, señor ministro, esperamos soluciones satisfactorias. Nadie podrá nunca acusar a las FARC de no haber cumplido su palabra. Ojalá ocurra igual con ustedes.
Bogotá, 16 de febrero de 2018.