Señoras y Señores de las FF.AA. del Estado, con el ánimo de mantener esta comunicación, me dirijo de nuevo a ustedes, con temas de importancia para la vida del país y en particular a las FF.AA.
Por estos días los Medios de información dan cuenta, del asesinato de un joven colombiano, a manos de tres soldados y un suboficial que, cumpliendo órdenes superiores, contrataron a un humilde poblador y luego lo asesinaron y le colocaron prendas militares, presentándolo como un guerrillero N.N. dado de baja en una región de Boyacá.
El caso se presenta como “el último falso positivo” que salpica a un general de la república y a otros miembros de las FF.AA.
Este crimen atroz es uno más de un método criminal usado por un sin número de oficiales para ganar ascensos y otras prebendas, este caso como muchos otros, se han logrado dar a conocer a la opinión, gracias a las denuncias de los defensores de Derechos Humanos en Colombia, muchos de los cuales fueron muertos o son perseguidos por estas mismas bandas de militares, para que sus crímenes queden en la impunidad.
Estos casos son tan extendidos, al igual que otras actividades ilegales donde se asesina, destierra, roban bienes y se acusa con falsos testigos a inocentes pobladores. Se ha demostrado que no se trata de casos aislados sino de prácticas ilegales constantes y sistemáticas, por lo que se eleva a políticas de Estado.
De la misma manera, se ha comprobado las relaciones continuadas de oficiales y suboficiales de los distintos componentes de las FF.AA., auspiciando y desarrollando el accionar conjunto con las bandas paramilitares y su compromiso con los crímenes cometidos, reafirmando esta criminal práctica de los agentes del Estado.
En su dimensión ilegal no solamente se agenciaron estas prácticas, sino que además se enrolaron con el narcotráfico y cohonestaron con los parapolíticos y paraempresarios.
Muchos miembros de las FF.AA. responsables de diversos delitos, nunca fueron requeridos por la justicia y ahora a los pocos contra quienes actuó, los espera una ley de perdón y olvido, amparados por la llamada justicia transnacional, fruto de los acuerdos entre las FARC y el Gobierno.
De esa manera, se apagan las esperanzas de millones de víctimas de crímenes de Estado, de la tan anhelada verdad, justicia y reparación como expectativa generada en el proceso de paz y a la que se comprometió el gobierno colombiano al desarrollarse el proceso de paz.
Los militares y policías honestos, que están al interior de las FF.AA. sin permitirse este tipo de conductas criminales, deben reafirmarse en la institución y seguir en filas buscando su depuración.
Con todas y todos ellos el ELN ha tenido y tiene disposición de hablar independientemente de su nivel jerárquico, porque la paz que concebimos requiere del esfuerzo de todas y todos los colombianos honestos, que quieren un futuro de justicia social, democracia y soberanía.
La guerra que vivimos nos la impusieron los señores del poder y aunque en ella estamos en orillas opuestas, somos hijos del mismo pueblo con la inmensa mayoría de hombres y mujeres pertenecientes a las FF.AA. del Estado, por tanto, somos hermanos y hermanas para luchar juntos por un destino de paz y fraternidad.