Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2017-04-26
Categoría
Comunicado
Nueva masacre contra familiares de guerrillero de las FARC-EP
NUEVA MASACRE CONTRA FAMILIARES DE GUERRILLERO DE LAS FARC-EP
El Estado Mayor de las FARC-EP se permite denunciar ante la opinión pública nacional e internacional los siguientes hechos ocurridos en contra de familiares de integrantes de nuestra organización:
1. El 24 de abril de 2017, siendo aproximadamente las 8:30 pm en Taraza – Antioquia barrio María Gaín, fueron encontrados sin vida los cuerpos de: Kellys Henao de 20 años de edad, Alberto Osorio de 33 años y la menor Marcela Osorio de 14 años, los cuales fueron brutalmente masacrados al interior de su vivienda. Todos ellos son familiares de Guillermo León Osorio, integrante de las FARC-EP quien se encuentra ubicado en una Zona Veredal Transitoria de Normalización “Juan Carlos Castañeda”.
2. Hasta el momento los familiares sobrevivientes de estos terribles hechos manifiestan que los autores son presuntos integrantes de grupos paramilitares que operan en la zona, quienes manifestaron que “hasta que no terminaran de matar a toda esa familia no paraban”.
3. Este caso fue puesto en conocimiento por parte de los mecanismos de monitoreo y seguimiento dispuestos en el Acuerdo Final de Paz a las autoridades competentes a objeto de prestar las medidas de seguridad a familiares y conocidos sobrevivientes. Las autoridades manifestaron que “no pueden prestar seguridad a las familias porque no existe presupuesto por parte de la Policía de Taraza y que esta solo puede hacer el levantamiento de los cadáveres y no más”.
4. Hasta los momentos familiares de Willson Adrian Tapias integrante de las FARC-EP en la Zona Veredal en Carrizal y sobrevivientes continúan en Taraza recibiendo amenazas por dichos grupos, no contando con la oportuna y debida protección por parte del Gobierno Nacional y Departamental. Consecuencialmente no se han realizado las medidas de persecución e investigación con el fin de judicializar los autores materiales y determinadores de estas conductas.
5. Los hechos anteriores estuvieron precedidos por la circulación de panfletos amenazantes en el municipio de Taraza de acuerdo a información proporcionada por los familiares y vecinos sobrevivientes, en los cuales se mencionaba y amenazaba a los integrantes de las FARC-EP y sus familias.
ANTECEDENTES.
1. El día 24 de noviembre de 2016 el Gobierno Nacional y la Guerrilla de las FARC-EP suscribieron el Acuerdo Final Para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
2. Que en el punto 3.4 del Acuerdo Final existe un deber por parte del Estado Colombiano de proporcionar garantías plenas de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas ocasionadas por las organizaciones consideradas como sucesoras del Paramilitarismo.
3. Que hasta el momento el Estado Colombiano a pesar de requerirse un organismo autónomo e independiente para investigar los graves crímenes cometidos por parte de las organizaciones paramilitares, no se ha implementado la Unidad Especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos, entre otras.
4. En las últimas semanas han sido secuestrados, torturados y degollados por grupos paramilitares que operan en el Chocho los hermanos Dalmiro Cárdenas y Anselmo Cárdenas, hermanos del guerrillero de las Farc Robinson Victorio recluido en la Cárcel de Chiquinquirá. Estos hechos estuvieron precedidos por el asesinato en el Departamento de Nariño de Luis Alberto Ortiz, miembro activo de las FARC-EP y beneficiario de la Ley Amnistía, quien una vez recupera su libertad fue atacado con arma de fuego, que le causó de manera inmediata la muerte.
SOLICITUDES
1. De manera urgente e inmediata se garanticen los derechos a la Vida e integridad física de los familiares y víctimas sobrevivientes que se encuentran en el Municipio de Taraza y que continúan sin ningún tipo de protección por parte de las autoridades nacionales y departamentales.
2. A la Fiscalía General de la Nación y a las demás autoridades competentes que se investigue de manera eficiente, pronta e imparcial estos graves hechos que dan cuenta de la ocurrencia de una masacre.
3. A la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación, Personería y demás entes pertinentes, verifiquen los hechos descritos e impulsen las solicitudes de garantías y protección de los derechos de las víctimas afectadas.
4. A los organismos de monitoreo, verificación y seguimiento dispuestos en el Acuerdo Final, de manera especial a la Organización De Naciones Unidas a que investigue en el marco de lo establecido para tales efectos en el Acuerdo Final, por ser estos hechos constitutivos de una afectación grave al Cese al Fuego, Bilateral y Definitivo suscrito entre el Gobierno Nacional y la Guerrilla de las FARC-EP.
5. Al Gobierno Nacional a poner en marcha de manera urgente los mecanismos de garantías, protección y seguridad dispuestos en el Acuerdo Final de Paz.
Invitamos a las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, fuerzas vivas de la sociedad civil, a los diversos sectores políticos y económicos a desarrollar el más amplio pacto que nos movilice en defensa de la vida de todos los y las colombianas.
El Estado Mayor de las FARC-EP se permite denunciar ante la opinión pública nacional e internacional los siguientes hechos ocurridos en contra de familiares de integrantes de nuestra organización:
1. El 24 de abril de 2017, siendo aproximadamente las 8:30 pm en Taraza – Antioquia barrio María Gaín, fueron encontrados sin vida los cuerpos de: Kellys Henao de 20 años de edad, Alberto Osorio de 33 años y la menor Marcela Osorio de 14 años, los cuales fueron brutalmente masacrados al interior de su vivienda. Todos ellos son familiares de Guillermo León Osorio, integrante de las FARC-EP quien se encuentra ubicado en una Zona Veredal Transitoria de Normalización “Juan Carlos Castañeda”.
2. Hasta el momento los familiares sobrevivientes de estos terribles hechos manifiestan que los autores son presuntos integrantes de grupos paramilitares que operan en la zona, quienes manifestaron que “hasta que no terminaran de matar a toda esa familia no paraban”.
3. Este caso fue puesto en conocimiento por parte de los mecanismos de monitoreo y seguimiento dispuestos en el Acuerdo Final de Paz a las autoridades competentes a objeto de prestar las medidas de seguridad a familiares y conocidos sobrevivientes. Las autoridades manifestaron que “no pueden prestar seguridad a las familias porque no existe presupuesto por parte de la Policía de Taraza y que esta solo puede hacer el levantamiento de los cadáveres y no más”.
4. Hasta los momentos familiares de Willson Adrian Tapias integrante de las FARC-EP en la Zona Veredal en Carrizal y sobrevivientes continúan en Taraza recibiendo amenazas por dichos grupos, no contando con la oportuna y debida protección por parte del Gobierno Nacional y Departamental. Consecuencialmente no se han realizado las medidas de persecución e investigación con el fin de judicializar los autores materiales y determinadores de estas conductas.
5. Los hechos anteriores estuvieron precedidos por la circulación de panfletos amenazantes en el municipio de Taraza de acuerdo a información proporcionada por los familiares y vecinos sobrevivientes, en los cuales se mencionaba y amenazaba a los integrantes de las FARC-EP y sus familias.
ANTECEDENTES.
1. El día 24 de noviembre de 2016 el Gobierno Nacional y la Guerrilla de las FARC-EP suscribieron el Acuerdo Final Para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
2. Que en el punto 3.4 del Acuerdo Final existe un deber por parte del Estado Colombiano de proporcionar garantías plenas de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas ocasionadas por las organizaciones consideradas como sucesoras del Paramilitarismo.
3. Que hasta el momento el Estado Colombiano a pesar de requerirse un organismo autónomo e independiente para investigar los graves crímenes cometidos por parte de las organizaciones paramilitares, no se ha implementado la Unidad Especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos, entre otras.
4. En las últimas semanas han sido secuestrados, torturados y degollados por grupos paramilitares que operan en el Chocho los hermanos Dalmiro Cárdenas y Anselmo Cárdenas, hermanos del guerrillero de las Farc Robinson Victorio recluido en la Cárcel de Chiquinquirá. Estos hechos estuvieron precedidos por el asesinato en el Departamento de Nariño de Luis Alberto Ortiz, miembro activo de las FARC-EP y beneficiario de la Ley Amnistía, quien una vez recupera su libertad fue atacado con arma de fuego, que le causó de manera inmediata la muerte.
SOLICITUDES
1. De manera urgente e inmediata se garanticen los derechos a la Vida e integridad física de los familiares y víctimas sobrevivientes que se encuentran en el Municipio de Taraza y que continúan sin ningún tipo de protección por parte de las autoridades nacionales y departamentales.
2. A la Fiscalía General de la Nación y a las demás autoridades competentes que se investigue de manera eficiente, pronta e imparcial estos graves hechos que dan cuenta de la ocurrencia de una masacre.
3. A la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación, Personería y demás entes pertinentes, verifiquen los hechos descritos e impulsen las solicitudes de garantías y protección de los derechos de las víctimas afectadas.
4. A los organismos de monitoreo, verificación y seguimiento dispuestos en el Acuerdo Final, de manera especial a la Organización De Naciones Unidas a que investigue en el marco de lo establecido para tales efectos en el Acuerdo Final, por ser estos hechos constitutivos de una afectación grave al Cese al Fuego, Bilateral y Definitivo suscrito entre el Gobierno Nacional y la Guerrilla de las FARC-EP.
5. Al Gobierno Nacional a poner en marcha de manera urgente los mecanismos de garantías, protección y seguridad dispuestos en el Acuerdo Final de Paz.
Invitamos a las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, fuerzas vivas de la sociedad civil, a los diversos sectores políticos y económicos a desarrollar el más amplio pacto que nos movilice en defensa de la vida de todos los y las colombianas.