Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2017-07-09
Categoría
Comunicado
Comunicado Estatal # 22
COMUNICADO ESTATAL # 22.
A los medios de comunicación.
A la opinión pública.
El próximo 20 de agosto se cumplen 8 años del asesinato de Armando Chavarría Barrera, diputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que fue ejecutado en Chilpancingo en un contexto político de enfrentamiento con el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo en la disputa de la candidatura del PRD al ejecutivo estatal.
Torreblanca Galindo señalado por la opinión pública de ser el autor intelectual del asesinato del dirigente perredista trató de desviar la atención filtrando información a la prensa sobre una línea pasional y otra que señalaba al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente ERPI como responsable del homicidio.
En lo que corresponde a la línea de la guerrilla, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), actualmente Fiscalía General del Estado, y el CISEN armaron una mala novela policiaca integrada por la declaración de Raúl Jiménez García el “miliciano Pedro” supuesto ex guerrillero, notas periodísticas, informantes anónimos y comunicados del ERPI publicados en la página del Centro de Documentación de los Movimientos Armados (Cedema).
Según la narrativa del supuesto ex guerrillero Jiménez García, se habría planeado el asesinato de Armando Chavarría en una reunión del ERPI que se llevó a cabo en Tlapa en la casa de Roberto Ángel García, encabezada por el comandante Ramiro, el 19 de agosto de 2009 (un día antes del crimen) a la que supuestamente asistieron miembros del ERPI, políticos del PRD, así como Dolores Padierna y René Bejarano.
De acuerdo con esta mentira, antes de retirarse de la reunión el Comandante Ramiro encargó la ejecución de Armando Chavarría a Miguel Ángel Serafín identificado como “el comandante Beto” y a Roberto Ángel García. En el expediente de la declaración, el “miliciano Pedro” dice que los autores materiales fueron Camerino Florentino Cayetano y Miguel Díaz Escobar, originarios de Tepecoacuilco y Quechultenango respectivamente.
Además, “el miliciano Pedro” -supuesto informante del CISEN- refiere que al día siguiente, el 20 de agosto acompañó a Miguel Ángel Serafín a un recorrido por varios municipios de la región de la Montaña y que escuchó cuando durante la mañana de ese día le informaron vía telefónica al “comandante Beto” que ya había sido ejecutado Chavarría Barrera en la capital del estado.
En otros capítulos del expediente se acusa al ex comandante Antonio del ERPI de tener un viejo conflicto desde cuando eran estudiantes, versión que el mismo refutó en entrevistas.
El testimonio del “miliciano Pedro” que acusa al ERPI del asesinato de Armando Chavarría fue desestimado por el Poder Judicial de la Federación mediante el Juzgado Séptimo de Distrito que no concedió las órdenes de aprehensión contra Miguel Ángel Serafín “comandante Beto”, Camerino Florentino, Roberto Ángel García y Miguel Díaz Escobar.
Esta versión de febrero de 2010 desechada por el Poder Judicial de la Federación ha sido retomada una y otra vez en los gobiernos de Zeferino Torreblanca, Ángel Aguirre y Héctor Astudillo para desviar la atención de la opinión pública y proteger al mismo Torreblanca Galindo en un pacto de silencio e impunidad.
Esta historia es falsa incluso a los ojos del Poder Judicial de la Federación, este testimonio y toda la trama ideada para culpar al ERPI se ha convertido en una herramienta útil al gobierno del estado para criminalizar al movimiento social y a políticos del PRD, al acusarlos de tener relación con la guerrilla y de estar involucrados en el asesinato del líder perredista.
En fechas recientes el fiscal general del estado, Javier Olea Peláez dijo en su comparecencia ante el Congreso local que ya sabía quiénes son los responsables del homicidio del diputado Armando Chavarría Barrera y que pronto daría más datos. En este contexto se hace preciso decir nuestra verdad.
1.- Rechazamos que el ERPI estuvo involucrado en el asesinato del diputado Armando Chavarría, esa reunión entre guerrilleros y políticos del PRD jamás existió. El Comandante Ramiro fue ampliamente reconocido como uno de nuestros militantes, pero nunca estableció algún tipo de relación ni personal ni política con el diputado asesinado.
2.- Rechazamos contundentemente que Raúl Jiménez García, “miliciano Pedro”, haya sido miembro de nuestra organización. Él se identifica con credencial del IFE JMGRRL85033012H80, es originario de Zacacoyuca, pero con domicilio en Iguala y cuya fotografía se aprecia en el expediente.
3.- Tampoco militan en nuestras filas Miguel Ángel Serafín “comandante Beto”, Roberto Ángel García, Miguel Díaz Escobar, Camerino Florentino, Demetrio Rosendo y una larga lista de personas que se mencionan en el expediente. Nos deslindamos y alertamos al movimiento social, a las organizaciones que defienden los derechos humanos a estar pendientes de las acciones de hostigamiento y represión que pueda llevar a cabo el gobierno fascista de Héctor Astudillo en su intento de encubrir a Zeferino Torreblanca y culpar a mujeres y hombres inocentes.
4.-En lo que se refiere a Jacobo Silva Nogales conocido como ex comandante Antonio cabe decir que tras su detención en las calles de la CDMX el 19 de octubre de 1999 y su posterior encarcelamiento a la fecha no participa en actividad alguna del ERPI por lo que tampoco pudo haber planeado ni haber participado de forma alguna en ese homicidio.
5.- Si Héctor Astudillo quiere reivindicarse que su fiscal Javier Olea Peláez detenga a Zeferino Torreblanca, Ignacio Rendón Romero y Carlos Álvarez Reyes entre otros, así como a los autores materiales, es decir, policías ministeriales según la versión del comandante Trinidad Zamora Rojo ante Alberto López Rosas, entonces procurador de la PGJE.
Exigimos que el gobierno de Héctor Astudillo no continúe con la versión en la que se acusa a la guerrilla del asesinato de Chavarría Barrera para engañar a la opinión pública. Afirmamos que el asesinato del entonces diputado es un crimen de Estado, como las masacres de Aguas Blancas, El Charco, Acteal y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
¡Libertad a los presos políticos del país!
“CON EL PODER POPULAR EL PUEBLO UNIDO VENCERÁ”
COMITÉ ESTATAL DE GUERRERO DEL EJERCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO INSURGENTE ERPI.
9 DE JULIO DEL 2017.
A los medios de comunicación.
A la opinión pública.
El próximo 20 de agosto se cumplen 8 años del asesinato de Armando Chavarría Barrera, diputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que fue ejecutado en Chilpancingo en un contexto político de enfrentamiento con el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo en la disputa de la candidatura del PRD al ejecutivo estatal.
Torreblanca Galindo señalado por la opinión pública de ser el autor intelectual del asesinato del dirigente perredista trató de desviar la atención filtrando información a la prensa sobre una línea pasional y otra que señalaba al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente ERPI como responsable del homicidio.
En lo que corresponde a la línea de la guerrilla, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), actualmente Fiscalía General del Estado, y el CISEN armaron una mala novela policiaca integrada por la declaración de Raúl Jiménez García el “miliciano Pedro” supuesto ex guerrillero, notas periodísticas, informantes anónimos y comunicados del ERPI publicados en la página del Centro de Documentación de los Movimientos Armados (Cedema).
Según la narrativa del supuesto ex guerrillero Jiménez García, se habría planeado el asesinato de Armando Chavarría en una reunión del ERPI que se llevó a cabo en Tlapa en la casa de Roberto Ángel García, encabezada por el comandante Ramiro, el 19 de agosto de 2009 (un día antes del crimen) a la que supuestamente asistieron miembros del ERPI, políticos del PRD, así como Dolores Padierna y René Bejarano.
De acuerdo con esta mentira, antes de retirarse de la reunión el Comandante Ramiro encargó la ejecución de Armando Chavarría a Miguel Ángel Serafín identificado como “el comandante Beto” y a Roberto Ángel García. En el expediente de la declaración, el “miliciano Pedro” dice que los autores materiales fueron Camerino Florentino Cayetano y Miguel Díaz Escobar, originarios de Tepecoacuilco y Quechultenango respectivamente.
Además, “el miliciano Pedro” -supuesto informante del CISEN- refiere que al día siguiente, el 20 de agosto acompañó a Miguel Ángel Serafín a un recorrido por varios municipios de la región de la Montaña y que escuchó cuando durante la mañana de ese día le informaron vía telefónica al “comandante Beto” que ya había sido ejecutado Chavarría Barrera en la capital del estado.
En otros capítulos del expediente se acusa al ex comandante Antonio del ERPI de tener un viejo conflicto desde cuando eran estudiantes, versión que el mismo refutó en entrevistas.
El testimonio del “miliciano Pedro” que acusa al ERPI del asesinato de Armando Chavarría fue desestimado por el Poder Judicial de la Federación mediante el Juzgado Séptimo de Distrito que no concedió las órdenes de aprehensión contra Miguel Ángel Serafín “comandante Beto”, Camerino Florentino, Roberto Ángel García y Miguel Díaz Escobar.
Esta versión de febrero de 2010 desechada por el Poder Judicial de la Federación ha sido retomada una y otra vez en los gobiernos de Zeferino Torreblanca, Ángel Aguirre y Héctor Astudillo para desviar la atención de la opinión pública y proteger al mismo Torreblanca Galindo en un pacto de silencio e impunidad.
Esta historia es falsa incluso a los ojos del Poder Judicial de la Federación, este testimonio y toda la trama ideada para culpar al ERPI se ha convertido en una herramienta útil al gobierno del estado para criminalizar al movimiento social y a políticos del PRD, al acusarlos de tener relación con la guerrilla y de estar involucrados en el asesinato del líder perredista.
En fechas recientes el fiscal general del estado, Javier Olea Peláez dijo en su comparecencia ante el Congreso local que ya sabía quiénes son los responsables del homicidio del diputado Armando Chavarría Barrera y que pronto daría más datos. En este contexto se hace preciso decir nuestra verdad.
1.- Rechazamos que el ERPI estuvo involucrado en el asesinato del diputado Armando Chavarría, esa reunión entre guerrilleros y políticos del PRD jamás existió. El Comandante Ramiro fue ampliamente reconocido como uno de nuestros militantes, pero nunca estableció algún tipo de relación ni personal ni política con el diputado asesinado.
2.- Rechazamos contundentemente que Raúl Jiménez García, “miliciano Pedro”, haya sido miembro de nuestra organización. Él se identifica con credencial del IFE JMGRRL85033012H80, es originario de Zacacoyuca, pero con domicilio en Iguala y cuya fotografía se aprecia en el expediente.
3.- Tampoco militan en nuestras filas Miguel Ángel Serafín “comandante Beto”, Roberto Ángel García, Miguel Díaz Escobar, Camerino Florentino, Demetrio Rosendo y una larga lista de personas que se mencionan en el expediente. Nos deslindamos y alertamos al movimiento social, a las organizaciones que defienden los derechos humanos a estar pendientes de las acciones de hostigamiento y represión que pueda llevar a cabo el gobierno fascista de Héctor Astudillo en su intento de encubrir a Zeferino Torreblanca y culpar a mujeres y hombres inocentes.
4.-En lo que se refiere a Jacobo Silva Nogales conocido como ex comandante Antonio cabe decir que tras su detención en las calles de la CDMX el 19 de octubre de 1999 y su posterior encarcelamiento a la fecha no participa en actividad alguna del ERPI por lo que tampoco pudo haber planeado ni haber participado de forma alguna en ese homicidio.
5.- Si Héctor Astudillo quiere reivindicarse que su fiscal Javier Olea Peláez detenga a Zeferino Torreblanca, Ignacio Rendón Romero y Carlos Álvarez Reyes entre otros, así como a los autores materiales, es decir, policías ministeriales según la versión del comandante Trinidad Zamora Rojo ante Alberto López Rosas, entonces procurador de la PGJE.
Exigimos que el gobierno de Héctor Astudillo no continúe con la versión en la que se acusa a la guerrilla del asesinato de Chavarría Barrera para engañar a la opinión pública. Afirmamos que el asesinato del entonces diputado es un crimen de Estado, como las masacres de Aguas Blancas, El Charco, Acteal y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
¡Libertad a los presos políticos del país!
“CON EL PODER POPULAR EL PUEBLO UNIDO VENCERÁ”
COMITÉ ESTATAL DE GUERRERO DEL EJERCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO INSURGENTE ERPI.
9 DE JULIO DEL 2017.