Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2017-07-24
Categoría
Comunicado
El cese al fuego debe ser acompañado por garantías al movimiento social
EL CESE AL FUEGO DEBE SER ACOMPAÑADO POR GARANTÍAS AL MOVIMIENTO SOCIAL*
El Derecho Internacional Humanitario brinda elementos de referencia para este tercer ciclo de Diálogos que se inicia en Quito, ya que busca proteger a la población civil.
El Estado colombiano ha considerado al movimiento social como aliado, cómplice o parte activa de la guerrilla, de ahí el tratamiento de guerra desplegado contra éste, buscando su anulación en el marco de la lucha contrainsurgente.
Las Fuerzas Armadas de Colombia, los organismos de Inteligencia, las autoridades civiles como fiscales y procuradores, y sectores privados (ganaderos, terratenientes, empresarios), han adoptado una concepción de la guerra derivada de la doctrina de Seguridad Nacional, que implica la identificación de un “enemigo interno”. De esta manera han considerado a muchos sectores sociales: comunidades campesinas, étnicas, sindicalistas, estudiantiles, defensores de derechos humanos, opositores políticos, comunales, a quienes han llamado “brazo político de la subversión”, “cajas de resonancia de la guerrilla”, “subversión desarmada”, “organizaciones de fachada de la insurgencia” o “población civil insurgente”.
El Estado creó y fortaleció los grupos paramilitares; estos, al igual que las Fuerzas Armadas, recibieron formación de profesores de la Escuela Superior de Guerra: allí reafirmaron la concepción del enemigo interno. Un caso de muchos es el del asesor de las Fuerzas Militares y profesor de la Escuela Superior de Guerra, José Miguel Narváez, quien dictaba cátedras también a los paramilitares, una de ellas denominada “¿Por qué es lícito matar comunistas en Colombia?”. Luego fue subdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en el año 2002, desde donde se recrudecieron estrategias de persecución contra el movimiento social. En la Revista de las Fuerzas Armadas N° 162, en 1997, Narváez afirma que:
“El trabajo de la subversión desarmada ha logrado en este proceso colombiano de conflicto interno más resultados en contra del Estado como un todo, que el trabajo del ente subversivo cargado de fusiles y ametralladoras”
A partir de esa concepción las Fuerzas Armadas, entidades civiles y paramilitares fueron encasillando a las organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos como actores de la guerra política, ideológica o psicológica. Con ese discurso han legitimado el tratamiento militar y la sistemática violencia estatal contra el movimiento social a través de la estigmatización, la deslegitimación de su labor, apelando a encarcelamientos, amenazas, asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamiento y exilio (Ver el documento oficial “Texto especial. Acción integral como concepto de estrategia integral e integrada del Ejército”).
Eso explica el tratamiento dado a la protesta social, huelgas u otras manifestaciones públicas. Estos derechos han sido negados por las autoridades civiles y militares quienes, pública y reiteradamente, señalan que las protestas están infiltradas o convocadas por la guerrilla. Por ello las Fuerzas Armadas y de Policía conciben la protesta social como un problema de orden público y no como un derecho; por ello le dan tratamiento militar; para ello crearon el ESMAD y envían al Ejército a los territorios a disparar contra los manifestantes.
El Estado colombiano no puede afirmar que todo esto son sucesos del pasado o de gobiernos anteriores. En primer lugar, no se han efectuado las transformaciones estructurales necesarias para que ello deje de ocurrir; en segundo lugar, el tratamiento a la protesta social y el fortalecimiento del paramilitarismo son muestra de la persistente concepción de guerra contra el movimiento social.
Dicha estrategia está anunciada en el documento antes mencionado. Allí las Fuerzas Armadas consideran como objetivo de la guerra política y jurídica al movimiento social. Por ejemplo, en ese texto indican que existen “organizaciones de fachada”, que:
“sirven para disfrazar frentes guerrilleros en varias regiones que hacen gala de objetivos nobles y altruistas. Estas organizaciones se pueden presentar en formas de asociación, comités, juntas, tiendas, cooperativas, talleres, aunque en ocasiones no las crean, pero sí las infiltran o penetran.”
Para el Estado que aun sostiene esa doctrina, las distintas acciones que el movimiento social hace, incluso en aspectos relacionados con los diálogos de paz, son parte de esa guerra política, que incluye, por ejemplo, las siguientes acciones (que serían funcionales a las “fachadas” que construiría la insurgencia): a) el “Fortalecimiento, consolidación y creación de consejos, comisiones permanentes de paz y verificación; b) Solicitud de nombramiento de un comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, para el manejo de la problemática de los desplazados. c) Informes tendenciosos sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia dirigidos a la Unión Europea y al Departamento de Estado de los Estados Unidos. d) Propuestas de paz y planteamientos de condiciones para Iniciar contactos con el alto Gobierno, exigiendo despejes, desmilitarización de amplias zonas geográficas y la implementación de los diálogos regionales; e) Ampliar el concepto de no deliberantes de las fuerzas armadas; f) Prohibición del servicio militar obligatorio y su sustitución por un servicio social o ecológico.
Gran parte de los asesinatos y agresiones a los líderes, lideresas sociales pertenecientes a juntas de acción comunal, movimientos campesinos, afrodescendientes e indígenas fundamentalmente, y a defensores de derechos humanos, tienen sustento en esa doctrina que aún se sigue sosteniendo desde las más altas instituciones del Estado.
Por eso el ELN reitera la necesidad de cesar las agresiones contra el movimiento popular, y tomar medidas concretas contra el paramilitarismo y la connivencia con funcionarios del Estado, respetar y proteger la protesta social, así como cumplirle los acuerdos al movimiento social y de derechos humanos.
Ello implica necesariamente la revisión y remoción de la doctrina del “enemigo interno” que persiste en el país, abarcando a quienes expresan un pensamiento diferente.
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* Editorial de la Revista Insurrección Nº 591.
El Derecho Internacional Humanitario brinda elementos de referencia para este tercer ciclo de Diálogos que se inicia en Quito, ya que busca proteger a la población civil.
El Estado colombiano ha considerado al movimiento social como aliado, cómplice o parte activa de la guerrilla, de ahí el tratamiento de guerra desplegado contra éste, buscando su anulación en el marco de la lucha contrainsurgente.
Las Fuerzas Armadas de Colombia, los organismos de Inteligencia, las autoridades civiles como fiscales y procuradores, y sectores privados (ganaderos, terratenientes, empresarios), han adoptado una concepción de la guerra derivada de la doctrina de Seguridad Nacional, que implica la identificación de un “enemigo interno”. De esta manera han considerado a muchos sectores sociales: comunidades campesinas, étnicas, sindicalistas, estudiantiles, defensores de derechos humanos, opositores políticos, comunales, a quienes han llamado “brazo político de la subversión”, “cajas de resonancia de la guerrilla”, “subversión desarmada”, “organizaciones de fachada de la insurgencia” o “población civil insurgente”.
El Estado creó y fortaleció los grupos paramilitares; estos, al igual que las Fuerzas Armadas, recibieron formación de profesores de la Escuela Superior de Guerra: allí reafirmaron la concepción del enemigo interno. Un caso de muchos es el del asesor de las Fuerzas Militares y profesor de la Escuela Superior de Guerra, José Miguel Narváez, quien dictaba cátedras también a los paramilitares, una de ellas denominada “¿Por qué es lícito matar comunistas en Colombia?”. Luego fue subdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en el año 2002, desde donde se recrudecieron estrategias de persecución contra el movimiento social. En la Revista de las Fuerzas Armadas N° 162, en 1997, Narváez afirma que:
“El trabajo de la subversión desarmada ha logrado en este proceso colombiano de conflicto interno más resultados en contra del Estado como un todo, que el trabajo del ente subversivo cargado de fusiles y ametralladoras”
A partir de esa concepción las Fuerzas Armadas, entidades civiles y paramilitares fueron encasillando a las organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos como actores de la guerra política, ideológica o psicológica. Con ese discurso han legitimado el tratamiento militar y la sistemática violencia estatal contra el movimiento social a través de la estigmatización, la deslegitimación de su labor, apelando a encarcelamientos, amenazas, asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamiento y exilio (Ver el documento oficial “Texto especial. Acción integral como concepto de estrategia integral e integrada del Ejército”).
Eso explica el tratamiento dado a la protesta social, huelgas u otras manifestaciones públicas. Estos derechos han sido negados por las autoridades civiles y militares quienes, pública y reiteradamente, señalan que las protestas están infiltradas o convocadas por la guerrilla. Por ello las Fuerzas Armadas y de Policía conciben la protesta social como un problema de orden público y no como un derecho; por ello le dan tratamiento militar; para ello crearon el ESMAD y envían al Ejército a los territorios a disparar contra los manifestantes.
El Estado colombiano no puede afirmar que todo esto son sucesos del pasado o de gobiernos anteriores. En primer lugar, no se han efectuado las transformaciones estructurales necesarias para que ello deje de ocurrir; en segundo lugar, el tratamiento a la protesta social y el fortalecimiento del paramilitarismo son muestra de la persistente concepción de guerra contra el movimiento social.
Dicha estrategia está anunciada en el documento antes mencionado. Allí las Fuerzas Armadas consideran como objetivo de la guerra política y jurídica al movimiento social. Por ejemplo, en ese texto indican que existen “organizaciones de fachada”, que:
“sirven para disfrazar frentes guerrilleros en varias regiones que hacen gala de objetivos nobles y altruistas. Estas organizaciones se pueden presentar en formas de asociación, comités, juntas, tiendas, cooperativas, talleres, aunque en ocasiones no las crean, pero sí las infiltran o penetran.”
Para el Estado que aun sostiene esa doctrina, las distintas acciones que el movimiento social hace, incluso en aspectos relacionados con los diálogos de paz, son parte de esa guerra política, que incluye, por ejemplo, las siguientes acciones (que serían funcionales a las “fachadas” que construiría la insurgencia): a) el “Fortalecimiento, consolidación y creación de consejos, comisiones permanentes de paz y verificación; b) Solicitud de nombramiento de un comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, para el manejo de la problemática de los desplazados. c) Informes tendenciosos sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia dirigidos a la Unión Europea y al Departamento de Estado de los Estados Unidos. d) Propuestas de paz y planteamientos de condiciones para Iniciar contactos con el alto Gobierno, exigiendo despejes, desmilitarización de amplias zonas geográficas y la implementación de los diálogos regionales; e) Ampliar el concepto de no deliberantes de las fuerzas armadas; f) Prohibición del servicio militar obligatorio y su sustitución por un servicio social o ecológico.
Gran parte de los asesinatos y agresiones a los líderes, lideresas sociales pertenecientes a juntas de acción comunal, movimientos campesinos, afrodescendientes e indígenas fundamentalmente, y a defensores de derechos humanos, tienen sustento en esa doctrina que aún se sigue sosteniendo desde las más altas instituciones del Estado.
Por eso el ELN reitera la necesidad de cesar las agresiones contra el movimiento popular, y tomar medidas concretas contra el paramilitarismo y la connivencia con funcionarios del Estado, respetar y proteger la protesta social, así como cumplirle los acuerdos al movimiento social y de derechos humanos.
Ello implica necesariamente la revisión y remoción de la doctrina del “enemigo interno” que persiste en el país, abarcando a quienes expresan un pensamiento diferente.
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* Editorial de la Revista Insurrección Nº 591.