Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2005-06-27
Categoría
Comunicado
Fichero Adjunto
Comunicado 10 (Comité Estatal de Guerrero)
Comunicado numero 10.
EJERCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO INSURGENTE.
AL PUEBLO DE GUERRERO.
A 10 AÑOS DE LA MASACRE.
Este 28 de junio se cumplen 10 años del artero asesinato de 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) a manos de la fuerza policíaca del gobierno del estado encabezado por el tristemente célebre Rubén Figueroa Alcocer. Diez años durante los cuales los responsables intelectuales han gozado de la más escandalosa impunidad. Tiempo en el cual muchos luchadores sociales han sido asesinados, reprimidos y desaparecidos, todo con el objetivo de detener el avance del movimiento social. En este tiempo la guerra de baja intensidad ha provocado el resquebrajamiento del tejido social, una mayor pobreza, emigración del campo a la ciudad y descomposición social
La impunidad en que actúan los poderosos demuestra que el tan mentado estado de derecho es solo una justificación para reprimir, encarcelar y perseguir todo descontento social. Es por eso que todos los gobiernos, del color que sean ejercen el mismo trato a los movimientos sociales, y su relación con los gobernados.
En el pueblo existe el descontento social, la insurgencia cívica y armada debido a la creciente pobreza de grandes sectores de mexicanos. Ante ello el Estado alienta una recomposición en las bandas que controlan la producción, traslado y comercialización de estupefacientes. En esta guerra subterránea el Estado permite el crecimiento de bandas de narcotraficantes, lo que ha provocado una serie de asesinatos y enfrentamientos en diferentes partes del país. Lo anterior genera en la opinión pública el sentimiento de inseguridad y muchas voces exigen la militarización en las tareas de seguridad, una mayor penalización de los delitos, más inversión para la compra de armas, y la construcción de cárceles de máxima seguridad. Es así como el régimen justifica la militarización de numerosas estructuras del poder en el país, buscando ante todo garantizar la permanencia de la clase en el poder.
El gobierno de Zeferino Torreblanca no representa un avance de las fuerzas populares del pueblo de Guerrero, más bien es un retroceso. Zeferino no es un demócrata sino un autócrata neoliberal que defiende los intereses de las empresas transnacionales aún a costa de los intereses de los guerrerenses. Como el acoso y estigmatización de su gobierno a los campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, así como de los comuneros de la zona rural de Acapulco que no aceptan que en sus tierras se construya la presa La Parota. Por su cerrazón e insensibilidad ante los señalamientos hechos a su gobierno de parte de ONGs nacionales e internacionales cuestionando la violación sistemática de los derechos humanos. Por su desprecio a la vida ante la huelga de hambre de los presos políticos. Por los actos represivos en contra de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Por la protección que brinda a los caciques enemigos del pueblo. Por su visión de criminalizar a la lucha social. Por su desprecio manifiesto a los pobres. Por la profundización del proceso de militarización de las estructuras de poder del estado. Por su apoyo declarado para que el ejército federal aumente su presencia en los pueblos indígenas y marginados con el objetivo de mantener el control social. Y por mantener a la misma estructura de poder del régimen anterior. O sea que no existe transición democrática alguna. Todo es una pantomima.
En otro renglón, hacemos un llamado a la memoria histórica para no olvidar que en los años sesenta, setentas y ochenta el régimen llevó a cabo la guerra sucia como política de Estado para reprimir, asesinar y desaparecer a luchadores sociales y al pueblo descontento. Herida que sigue abierta en el corazón de las familias afectadas. Y aunque han pasado décadas los desaparecidos siguen desaparecidos, los muertos siguen sin justicia y los asesinos permanecen impunes y con más poder. Los hijos siguen esperando a sus padres, las esposas a sus maridos. Los caciques y el estado siguen asesinando.
Los problemas fundamentales del pueblo de Guerrero no tienen visos de solución. Tal es el caso de la demanda de justicia de los deudos y sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas, El Charco y otros. Donde los afectados por una decisión gubernamental en lugar de recibir justicia sufren el desprecio, persecución y muerte. Mientras los responsables siguen gozando de privilegios y de la protección jurídica, política y económica del gobierno. No debemos olvidar que la impunidad es una característica del Estado que gobierna para unos cuantos en detrimento de la mayoría. Debe quedarnos claro que solo un gobierno que realmente represente los intereses del pueblo traerá justicia para los gobernados.
Ante esta situación exhortamos a las diversas organizaciones sociales y políticas a hacer a un lado sus diferencias y unificarse para enfrentar el embate del gobierno estatal y federal, a sumarse en la exigencia de justicia y castigo a los responsables de la guerra sucia del pasado y del presente. Al pueblo excluido a organizarse y luchar y ante la represión a ejercer la autodefensa bajo múltiples formas producto de su creatividad. Al pueblo en general a inmiscuirse en las tareas comunitarias de gobierno. A construir el poder popular ahora, desde abajo y hasta sus últimas consecuencias.
¡CON EL PODER POPULAR, EL PUEBLO UNIDO VENCERA!
EJERCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO INSURGENTE.
Comité Estatal de Guerrero
27 de junio de 2005
EJERCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO INSURGENTE.
AL PUEBLO DE GUERRERO.
A 10 AÑOS DE LA MASACRE.
Este 28 de junio se cumplen 10 años del artero asesinato de 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) a manos de la fuerza policíaca del gobierno del estado encabezado por el tristemente célebre Rubén Figueroa Alcocer. Diez años durante los cuales los responsables intelectuales han gozado de la más escandalosa impunidad. Tiempo en el cual muchos luchadores sociales han sido asesinados, reprimidos y desaparecidos, todo con el objetivo de detener el avance del movimiento social. En este tiempo la guerra de baja intensidad ha provocado el resquebrajamiento del tejido social, una mayor pobreza, emigración del campo a la ciudad y descomposición social
La impunidad en que actúan los poderosos demuestra que el tan mentado estado de derecho es solo una justificación para reprimir, encarcelar y perseguir todo descontento social. Es por eso que todos los gobiernos, del color que sean ejercen el mismo trato a los movimientos sociales, y su relación con los gobernados.
En el pueblo existe el descontento social, la insurgencia cívica y armada debido a la creciente pobreza de grandes sectores de mexicanos. Ante ello el Estado alienta una recomposición en las bandas que controlan la producción, traslado y comercialización de estupefacientes. En esta guerra subterránea el Estado permite el crecimiento de bandas de narcotraficantes, lo que ha provocado una serie de asesinatos y enfrentamientos en diferentes partes del país. Lo anterior genera en la opinión pública el sentimiento de inseguridad y muchas voces exigen la militarización en las tareas de seguridad, una mayor penalización de los delitos, más inversión para la compra de armas, y la construcción de cárceles de máxima seguridad. Es así como el régimen justifica la militarización de numerosas estructuras del poder en el país, buscando ante todo garantizar la permanencia de la clase en el poder.
El gobierno de Zeferino Torreblanca no representa un avance de las fuerzas populares del pueblo de Guerrero, más bien es un retroceso. Zeferino no es un demócrata sino un autócrata neoliberal que defiende los intereses de las empresas transnacionales aún a costa de los intereses de los guerrerenses. Como el acoso y estigmatización de su gobierno a los campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, así como de los comuneros de la zona rural de Acapulco que no aceptan que en sus tierras se construya la presa La Parota. Por su cerrazón e insensibilidad ante los señalamientos hechos a su gobierno de parte de ONGs nacionales e internacionales cuestionando la violación sistemática de los derechos humanos. Por su desprecio a la vida ante la huelga de hambre de los presos políticos. Por los actos represivos en contra de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Por la protección que brinda a los caciques enemigos del pueblo. Por su visión de criminalizar a la lucha social. Por su desprecio manifiesto a los pobres. Por la profundización del proceso de militarización de las estructuras de poder del estado. Por su apoyo declarado para que el ejército federal aumente su presencia en los pueblos indígenas y marginados con el objetivo de mantener el control social. Y por mantener a la misma estructura de poder del régimen anterior. O sea que no existe transición democrática alguna. Todo es una pantomima.
En otro renglón, hacemos un llamado a la memoria histórica para no olvidar que en los años sesenta, setentas y ochenta el régimen llevó a cabo la guerra sucia como política de Estado para reprimir, asesinar y desaparecer a luchadores sociales y al pueblo descontento. Herida que sigue abierta en el corazón de las familias afectadas. Y aunque han pasado décadas los desaparecidos siguen desaparecidos, los muertos siguen sin justicia y los asesinos permanecen impunes y con más poder. Los hijos siguen esperando a sus padres, las esposas a sus maridos. Los caciques y el estado siguen asesinando.
Los problemas fundamentales del pueblo de Guerrero no tienen visos de solución. Tal es el caso de la demanda de justicia de los deudos y sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas, El Charco y otros. Donde los afectados por una decisión gubernamental en lugar de recibir justicia sufren el desprecio, persecución y muerte. Mientras los responsables siguen gozando de privilegios y de la protección jurídica, política y económica del gobierno. No debemos olvidar que la impunidad es una característica del Estado que gobierna para unos cuantos en detrimento de la mayoría. Debe quedarnos claro que solo un gobierno que realmente represente los intereses del pueblo traerá justicia para los gobernados.
Ante esta situación exhortamos a las diversas organizaciones sociales y políticas a hacer a un lado sus diferencias y unificarse para enfrentar el embate del gobierno estatal y federal, a sumarse en la exigencia de justicia y castigo a los responsables de la guerra sucia del pasado y del presente. Al pueblo excluido a organizarse y luchar y ante la represión a ejercer la autodefensa bajo múltiples formas producto de su creatividad. Al pueblo en general a inmiscuirse en las tareas comunitarias de gobierno. A construir el poder popular ahora, desde abajo y hasta sus últimas consecuencias.
¡CON EL PODER POPULAR, EL PUEBLO UNIDO VENCERA!
EJERCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO INSURGENTE.
Comité Estatal de Guerrero
27 de junio de 2005