Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2017-09-28
Categoría
Comunicado
Partido FARC: Las discrepancias se resuelven en la CSIVI, no en la prensa
LAS DISCREPANCIAS SE RESUELVEN EN LA CSIVI, NO EN LA PRENSA
Para alcanzar un acuerdo final de paz entre actores que llevaban mas de 50 años en guerra, fue imprescindible generar una mínima confianza en la mesa de conversaciones y establecer mecanismos de trabajo eficaces, alejados de la polémica y el escándalo mediático, método de trabajo bastante diferente del que viene caracterizando al Señor Rivera, habituado a comunicar sus preocupaciones o críticas a la prensa antes que a sus interlocutores. Entre otros factores de preocupación para las FARC EP, desde la llegada al cargo de Rivera la CSIVI ha ralentizado su trabajo hasta su práctica parálisis, además de no haber accedido el Alto Comisionado a mantener ni una sola reunión de trabajo bilateral con los representantes de las FARC en dicho órgano de implementación, metodología imprescindible para resolver los muchos problemas que afectan a la construcción de la paz en estos momentos.
En estos días asistimos sorprendidos al escándalo mediático organizado por las sucesivas declaraciones a la prensa del Señor Rivera relativas a los supuestos “colados” en el proceso de paz, escándalo que incluye claramente la construcción de una matriz mediática que parece destinada no a arreglar problemas y discrepancias, sino únicamente a judicializar a los representantes de las FARC o convertirlos en “blanco de alto valor estratégico”, como cuando ejercía de Ministro de Defensa. Esa confusión entre las competencias de antiguas y actuales responsabilidades políticas no ayudan en absoluto a construir la paz. Sugerimos respetuosamente a Rodrigo Rivera que traslade a las FARC sus puntos de vista en reuniones de trabajo, no a través de los medios de comunicación.
En las listas de integrantes de las FARC elaboradas conjuntamente por los equipos de trabajo del Gobierno Nacional y las FARC, que incluyen a fecha de hoy más de 14.000 personas, no hay ningún “colado” por la sencilla razón de que esas listas no están concluidas ni cerradas, sino inmersas en un proceso complejo de elaboración y comprobaciones que comenzó cuando aún existía la Mesa de Conversaciones y que no concluirá “hasta que se hayan terminado de examinar por la Sala de Amnistía e indulto de la JEP la situación legal de todos los integrantes de las FARC EP”, tal y como se establece literalmente en la página 296 del Acuerdo Final y en el artículo 26 de la ley 1820 de 2016.
Las partes en el proceso de paz siempre fueron conscientes del inmenso reto que suponía organizar un listado detallado y fiel de todos los integrantes de una organización que ha existido en clandestinidad y compartimentada durante más de 50 años, en la que por motivos obvios no ha existido un fichero centralizado de integrantes, sino que los vínculos de cualquier persona con la organización se establecían a través de una extensa red de cuadros intermedios en cada frente o bloque, muchos de los cuales han muerto durante la guerra que ahora hemos terminado. Por ello, de mutuo acuerdo se estableció un Comité Técnico con la misión de analizar cualquier duda que surgiera antes de la inclusión definitiva de cualquier persona en el listado. Es en ese Comité Técnico y en la CSIVI, y no ante la prensa, donde deben ser solventadas las dudas y discrepancias que existan sobre las personas incluidas en los listados, lo contrario es simplemente mala fe. Si lo que pretende Rivera es convertir el complejo proceso de elaboración de los listados en un acta de acusación ante una Fiscalía habituada a entorpecer el proceso de paz, debería ser consciente que en la legislación colombiana existe responsabilidad civil y penal tanto por acción como por omisión, en este caso omisión de verificación por la parte que tiene a su disposición los inmensos recursos de un Estado bien nutrido de organismos y funcionarios de inteligencia e información.
Desde mucho antes que Rivera llegara a la Oficina del Alto Comisionado hasta hoy, las FARC por iniciativa propia y tras verificaciones internas complejas, han excluido de los listados en elaboración a más de 1.100 personas, el 80% de los casos sin que previamente el Gobierno hubiera formulado objeción alguna sobre su inclusión. Además, en cualquier supuesto en el que el Gobierno ha manifestado dudas sobre la inclusión de alguna persona, las FARC han procedido a analizar detalladamente las objeciones gubernamentales y a poner en común con el Gobierno la información que les llevaban a pensar que la persona cuestionada era parte de la organización, contrastando así con la información existente en otro sentido. Es decir, un método de colaboración mutua, trasparencia y rigurosidad, basado en la confianza bilateral, que el Señor Rivera está dinamitando día a día con una forma de trabajar carente de toda discreción a la hora de tratar situaciones complejas. Una forma de trabajo que no ayuda a crear confianza a la ciudadanía en el proceso de paz y que constantemente sitúa en los titulares de los medios de comunicación la acusación, el reproche y la desconfianza en lugar de hacer énfasis en los escasos avances habidos en el proceso de implementación. ¿Por qué el Gobierno Nacional actúa objetivamente desacreditando el proceso de paz y por tanto en contra de los intereses de todo el país?
Si el señor Rivera opina que cada nombre en estudio en la Comisión Técnica o por las partes es un “colado”, la conclusión lógica es que es mejor disolver la citada comisión de trabajo y recurrir a otros métodos de verificación exentos de polémicas y reproches, como por ejemplo la constitución de una comisión independiente que analice las alegaciones de cada parte sobre la inclusión o exclusión de una persona en el listado y resuelva en equidad. Esta propuesta ya ha sido formulada por las FARC-EP en distintas ocasiones a la OACP sin que haya sido aceptada a fecha de hoy.
Queremos enviar un mensaje de tranquilidad a la sociedad colombiana. A diferencia de lo que ocurrió en el proceso de desmovilización de las AUC, donde se vendieron y compraron al narcotráfico y la delincuencia organizada bloques enteros de paramilitares ante la mirada complaciente y permisiva del Estado, son las FARC la parte mas interesada en despejar la más mínima sombra de duda sobre la credibilidad de todas las personas que finalmente resulten incluidas en el listado. Nadie mas que las FARC EP se opone a que exista un solo “colado” en los listados. Pedimos al Gobierno Nacional que actúe de forma seria y profesional y que evite provocar polémicas estériles que dañan la imagen del proceso de paz y que no ayudan ni a la reconciliación ni a la normalización de un país hastiado de conflictos y corruptelas.
CSIVI-FARC
Para alcanzar un acuerdo final de paz entre actores que llevaban mas de 50 años en guerra, fue imprescindible generar una mínima confianza en la mesa de conversaciones y establecer mecanismos de trabajo eficaces, alejados de la polémica y el escándalo mediático, método de trabajo bastante diferente del que viene caracterizando al Señor Rivera, habituado a comunicar sus preocupaciones o críticas a la prensa antes que a sus interlocutores. Entre otros factores de preocupación para las FARC EP, desde la llegada al cargo de Rivera la CSIVI ha ralentizado su trabajo hasta su práctica parálisis, además de no haber accedido el Alto Comisionado a mantener ni una sola reunión de trabajo bilateral con los representantes de las FARC en dicho órgano de implementación, metodología imprescindible para resolver los muchos problemas que afectan a la construcción de la paz en estos momentos.
En estos días asistimos sorprendidos al escándalo mediático organizado por las sucesivas declaraciones a la prensa del Señor Rivera relativas a los supuestos “colados” en el proceso de paz, escándalo que incluye claramente la construcción de una matriz mediática que parece destinada no a arreglar problemas y discrepancias, sino únicamente a judicializar a los representantes de las FARC o convertirlos en “blanco de alto valor estratégico”, como cuando ejercía de Ministro de Defensa. Esa confusión entre las competencias de antiguas y actuales responsabilidades políticas no ayudan en absoluto a construir la paz. Sugerimos respetuosamente a Rodrigo Rivera que traslade a las FARC sus puntos de vista en reuniones de trabajo, no a través de los medios de comunicación.
En las listas de integrantes de las FARC elaboradas conjuntamente por los equipos de trabajo del Gobierno Nacional y las FARC, que incluyen a fecha de hoy más de 14.000 personas, no hay ningún “colado” por la sencilla razón de que esas listas no están concluidas ni cerradas, sino inmersas en un proceso complejo de elaboración y comprobaciones que comenzó cuando aún existía la Mesa de Conversaciones y que no concluirá “hasta que se hayan terminado de examinar por la Sala de Amnistía e indulto de la JEP la situación legal de todos los integrantes de las FARC EP”, tal y como se establece literalmente en la página 296 del Acuerdo Final y en el artículo 26 de la ley 1820 de 2016.
Las partes en el proceso de paz siempre fueron conscientes del inmenso reto que suponía organizar un listado detallado y fiel de todos los integrantes de una organización que ha existido en clandestinidad y compartimentada durante más de 50 años, en la que por motivos obvios no ha existido un fichero centralizado de integrantes, sino que los vínculos de cualquier persona con la organización se establecían a través de una extensa red de cuadros intermedios en cada frente o bloque, muchos de los cuales han muerto durante la guerra que ahora hemos terminado. Por ello, de mutuo acuerdo se estableció un Comité Técnico con la misión de analizar cualquier duda que surgiera antes de la inclusión definitiva de cualquier persona en el listado. Es en ese Comité Técnico y en la CSIVI, y no ante la prensa, donde deben ser solventadas las dudas y discrepancias que existan sobre las personas incluidas en los listados, lo contrario es simplemente mala fe. Si lo que pretende Rivera es convertir el complejo proceso de elaboración de los listados en un acta de acusación ante una Fiscalía habituada a entorpecer el proceso de paz, debería ser consciente que en la legislación colombiana existe responsabilidad civil y penal tanto por acción como por omisión, en este caso omisión de verificación por la parte que tiene a su disposición los inmensos recursos de un Estado bien nutrido de organismos y funcionarios de inteligencia e información.
Desde mucho antes que Rivera llegara a la Oficina del Alto Comisionado hasta hoy, las FARC por iniciativa propia y tras verificaciones internas complejas, han excluido de los listados en elaboración a más de 1.100 personas, el 80% de los casos sin que previamente el Gobierno hubiera formulado objeción alguna sobre su inclusión. Además, en cualquier supuesto en el que el Gobierno ha manifestado dudas sobre la inclusión de alguna persona, las FARC han procedido a analizar detalladamente las objeciones gubernamentales y a poner en común con el Gobierno la información que les llevaban a pensar que la persona cuestionada era parte de la organización, contrastando así con la información existente en otro sentido. Es decir, un método de colaboración mutua, trasparencia y rigurosidad, basado en la confianza bilateral, que el Señor Rivera está dinamitando día a día con una forma de trabajar carente de toda discreción a la hora de tratar situaciones complejas. Una forma de trabajo que no ayuda a crear confianza a la ciudadanía en el proceso de paz y que constantemente sitúa en los titulares de los medios de comunicación la acusación, el reproche y la desconfianza en lugar de hacer énfasis en los escasos avances habidos en el proceso de implementación. ¿Por qué el Gobierno Nacional actúa objetivamente desacreditando el proceso de paz y por tanto en contra de los intereses de todo el país?
Si el señor Rivera opina que cada nombre en estudio en la Comisión Técnica o por las partes es un “colado”, la conclusión lógica es que es mejor disolver la citada comisión de trabajo y recurrir a otros métodos de verificación exentos de polémicas y reproches, como por ejemplo la constitución de una comisión independiente que analice las alegaciones de cada parte sobre la inclusión o exclusión de una persona en el listado y resuelva en equidad. Esta propuesta ya ha sido formulada por las FARC-EP en distintas ocasiones a la OACP sin que haya sido aceptada a fecha de hoy.
Queremos enviar un mensaje de tranquilidad a la sociedad colombiana. A diferencia de lo que ocurrió en el proceso de desmovilización de las AUC, donde se vendieron y compraron al narcotráfico y la delincuencia organizada bloques enteros de paramilitares ante la mirada complaciente y permisiva del Estado, son las FARC la parte mas interesada en despejar la más mínima sombra de duda sobre la credibilidad de todas las personas que finalmente resulten incluidas en el listado. Nadie mas que las FARC EP se opone a que exista un solo “colado” en los listados. Pedimos al Gobierno Nacional que actúe de forma seria y profesional y que evite provocar polémicas estériles que dañan la imagen del proceso de paz y que no ayudan ni a la reconciliación ni a la normalización de un país hastiado de conflictos y corruptelas.
CSIVI-FARC