Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2017-09-25
Categoría
Comunicado
¡A la carga!
¡A LA CARGA!
La lucha por alcanzar la Presidencia de la República en el 2018 comenzó. Ningún partido u organización en el país resulta indiferente a las diversas opiniones y propuestas que se abren paso con el lanzamiento de precandidatos y candidatos que aspiran a convertirse en el Primer Mandatario de los colombianos.
El partidor identifica a 28 precandidatos y candidatos pertenecientes a las más diversas facciones y corrientes políticas, que desde hace varios meses recorren el país buscando ganar el respaldo de los electores. El contenido y las características de esta puja electoral sigue sin embargo preocupando a quienes desde los más diferentes ángulos propugnamos porque se desarrolle un amplio debate, con garantías y reglas claras que animen la participación de los colombianos en la definición del futuro nacional. La estigmatización y las múltiples talanqueras a un debate de fondo de los problemas nacionales, además de reflejar la antidemocracia que carcome este régimen, advierte la negativa del Estado, el poder judicial, el Congreso, los organismos de control, los partidos y organizaciones políticas que se han desenvuelto y usufrutuado la institucionalidad a concretar los cambios que reclama las mayorías nacionales.
A un año de firmados los acuerdos de La Habana y manifiesta en los más diversos escenarios la necesidad de una reforma política y electoral, que destaque reglas claras y democráticas para la justa que se realizara en marzo y mayo de 2018, el país sigue expectante frente a sí el Congreso define mediante ley, la continuidad o no del voto preferente, el umbral, los requisitos de participación, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y demás elementos que vertebran el sistema electoral colombiano. Con dicha conducta, propia de un Legislativo clientelar, hincado al Ejecutivo y de espaldas al querer nacional, que insistimos reclama una reforma política y electoral democrática, las elecciones que se desarrollarán el próximo año seguirán careciendo de la legitimidad y transparencia que siempre se le ha criticado a este tipo de procesos, reduciendo la participación a una simple función y no a un derecho ciudadano.
Pero la cuestión no es sólo de reglas y garantías, las angustias resultan mayores cuando se examinan los programas y políticas que se plantean. Siguiendo lo propuesto por los partidos que componen la Unidad Nacional, así como por el Centro Democrático resulta evidente que la burguesía colombiana de la mano y con la ayuda de su socio el imperialismo norteamericano mantiene firme su propósito de mantener la gobernanza, enfrentando como un peligro para su sistema político y económico los reclamos democráticos de los trabajadores y el pueblo colombiano.
Industrialización, empleo, inversión social y productiva, cuidado del medio ambiente, salud, vivienda, educación y demás reivindicaciones populares resultan en ese sentido la antinomia a la pretensión burguesa e imperialista de mantener en Colombia la aplicación de las políticas neoliberales y profundizar el modelo extractivista en un marco que permita mayores garantías y seguridad a los capitales e inversión extrajera.
Sin salidas a la creciente injusticia social, sin una apertura democrática que posibilite el ejercicio vivo de las libertades y derechos, sin políticas que permitan encausar el país en la senda del desarrollo tecnológico y productivo, sin disposiciones que afirmen la soberanía y aseguren la no participación del país en tratados y acuerdos inequitativos y antinacionales los llamados permanentes del gobierno y las clases dominantes a apoyar el desarrollo, la paz, la unidad y reconciliación nacional resultan espurios y demagógicos, dibujando por el contrario, además de las artimañas y estrategias de alienación de las gentes, la tozudez de un régimen que afirma día a día sus políticas de confrontación y contención de los conflictos y lides populares. Siendo una verdad de a puño la exacerbación de las contradicciones sociales, la extensión y elevación de la confrontación política, los factores económicos, sociales y políticas que alimentan la injusticia, la desigualdad y la exclusión seguirán ampliándose y siendo fuente de un conflicto armado que no termina a pesar de los grandes reclamos sociales, la voluntad de paz expresa en la insurgencia y los esfuerzos de la mayoría de la nación.
Las grandes angustias nacionales que se ventilan a diario por los medios de comunicación, el aumento de la delincuencia, los homicidios, la extorsión, la corrupción que campea en todas las esferas del Estado complejizan el panorama, resaltan la grave situación por la que atraviesan la inmensa mayoría de los colombianos y demuestran la fantasiosa paz pregonada por el gobierno. Sin transformaciones que declaren un devenir mejor para los colombianos, la paz que hoy múltiples sectores sociales denuncian y rechazan muestran además de la más grosera renegociación de los acuerdos de La Habana, la manguala del Congreso, las Cortes Judiciales, el Ejecutivo y los partidos tradicionales para no aprobar ni siquiera las reformas que sugieren dichos acuerdos. Inimaginable y aterradora resulta también, la censurable y sumisa actitud de unas FARC convertidas en partido político legal, a la que sólo le preocupa ganar los aplausos santistas, por el cumplimiento irrestricto de su traición y antagonismo a la rebelión popular. El fracaso del señor Santos y su política de paz, pisoteada por él y todos sus áulicos, incluyendo al partido de las FARC, siguen señalando que el logro y conquista de la paz con justicia social además de continuar siendo una bandera y aspiración sentida del pueblo colombiano, es y seguirá siendo la principal discusión de una campaña que poco anima a las mayorías nacionales.
Persistir en la lucha por el cambio
La grave crisis que afecta hoy al país, obliga a las fuerzas progresistas y democráticas, a los revolucionarios que persistimos en la lucha por el cambio, a pensar en las alternativas y salidas que reclama el país. Conectados con las esperanzas y el sentir de la patria y sus gentes, proponemos a las organizaciones sociales y políticas comprometidas con el progreso de la nación, el desarrollo de una gran cruzada política que trascendiendo incluso los marcos electorales del 2018, llame a incrementar las lides por la conquista de un gobierno democrático-popular que realice la paz con justicia social, concrete las transformaciones que requiere el país, suprima el modelo neoliberal, reconozca y amplié los derechos y libertades.
Recordando las palabras del político liberal Jorge Eliecer Gaitán cuando reclamaba restauración democrática y denunciaba los vejámenes de la oligarquía colombiana, todos los amantes de la patria y el cambio agitaremos la consigna de ¡a la carga!, y en foros, plazas, parques, en todas las calles del país, no descasaremos en señalar que el oprobioso y antidemocrático régimen colombiano no va más, que ha llegado la hora de que las mayorías nacionales hagamos soberanía popular instaurando un gobierno que le preocupe el sentir y aspiración popular.
Sin descanso seguiremos sustentando lo imperioso que representa para el país, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, con raigambre y contenido democrático y popular, en la que se decida de una vez por todas una Nueva Constitución Política, que reemplace la desvencijada y hecha añicos Constitución del 91. Un pueblo erigido en constituyente primario, en ejercicio pleno de su soberanía hará posible la apertura democrática y la paz con justicia social que añoramos los colombianos.
Comprometido con la paz con justicia social el nuevo gobierno que proponemos alcanzar, promoverá con ese objetivo un amplio diálogo nacional, en el que sobresalga la participación de los más diversos sectores y organizaciones populares, que incluya a los partidos políticos, a la insurgencia y a todos los luchadores populares. Los resultados del diálogo servirán para clarificar el camino, presentar las propuestas y potenciar la participación por el cambio del país y sus instituciones.
El amplio ejercicio de campaña deberá servir igualmente para desenmascarar a los amigos de la guerra, al gobierno santista y los enemigos de la paz, que insisten en el inútil camino de imponerle al insurgencia colombiana un cese unilateral de fuegos y hostilidades, desmovilización y el desarme como la vía más expedita para la “reconciliación” nacional. Seguiremos insistiendo en la denuncia y rechazo a esa falsa paz que pregona el gobierno y bajo la cual mantiene los bombardeos indiscriminados, la militarización de los campos y ciudades, el paramilitarismo como estrategia de muerte, el asesinato, la violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, las recompensas y falsos positivos, la criminalización de la protesta social, la cárcel y muerte para quienes persisten en su lucha por el cambio.
Uniremos nuestras voces al reclamo de la insurgencia por un cese bilateral de fuegos y hostilidades donde las garantías para el diálogo y la participación social sean plenas, así como claros y verificables los compromisos del gobierno a no continuar con sus planes y acciones de guerra contra las masas y el conjunto de los combatientes populares.
Conocido el calendario electoral, llamamos a todos los luchadores populares a coordinar y definir en un marco de unidad y en eventos democráticos los candidatos populares que representarán y enarbolarán las banderas populares, tanto hacia el Congreso como a la Presidencia de la República.
Comprometidos con el cambio, animaremos la campaña impulsando acciones de denuncia y rechazo al gobierno, al régimen y sus políticas, y en especial insistiremos en preparar y realizar un gran Paro Cívico Nacional que además de exaltar las reivindicaciones y aspiraciones populares, declare la necesidad de marchar hacia un gobierno democrático-popular.
¡Por apertura democrática! ….. ¡Gobierno democrático y popular!
¡Exigimos la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente Popular!
¡Preparar, impulsar Paro Cívico Nacional!
COMITÉ EJECUTIVO CENTRAL
PARTIDO COMUNISTA DE COLOMBIA (MARXISTA-LENINISTA)
Septiembre 25 de 2017
La lucha por alcanzar la Presidencia de la República en el 2018 comenzó. Ningún partido u organización en el país resulta indiferente a las diversas opiniones y propuestas que se abren paso con el lanzamiento de precandidatos y candidatos que aspiran a convertirse en el Primer Mandatario de los colombianos.
El partidor identifica a 28 precandidatos y candidatos pertenecientes a las más diversas facciones y corrientes políticas, que desde hace varios meses recorren el país buscando ganar el respaldo de los electores. El contenido y las características de esta puja electoral sigue sin embargo preocupando a quienes desde los más diferentes ángulos propugnamos porque se desarrolle un amplio debate, con garantías y reglas claras que animen la participación de los colombianos en la definición del futuro nacional. La estigmatización y las múltiples talanqueras a un debate de fondo de los problemas nacionales, además de reflejar la antidemocracia que carcome este régimen, advierte la negativa del Estado, el poder judicial, el Congreso, los organismos de control, los partidos y organizaciones políticas que se han desenvuelto y usufrutuado la institucionalidad a concretar los cambios que reclama las mayorías nacionales.
A un año de firmados los acuerdos de La Habana y manifiesta en los más diversos escenarios la necesidad de una reforma política y electoral, que destaque reglas claras y democráticas para la justa que se realizara en marzo y mayo de 2018, el país sigue expectante frente a sí el Congreso define mediante ley, la continuidad o no del voto preferente, el umbral, los requisitos de participación, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y demás elementos que vertebran el sistema electoral colombiano. Con dicha conducta, propia de un Legislativo clientelar, hincado al Ejecutivo y de espaldas al querer nacional, que insistimos reclama una reforma política y electoral democrática, las elecciones que se desarrollarán el próximo año seguirán careciendo de la legitimidad y transparencia que siempre se le ha criticado a este tipo de procesos, reduciendo la participación a una simple función y no a un derecho ciudadano.
Pero la cuestión no es sólo de reglas y garantías, las angustias resultan mayores cuando se examinan los programas y políticas que se plantean. Siguiendo lo propuesto por los partidos que componen la Unidad Nacional, así como por el Centro Democrático resulta evidente que la burguesía colombiana de la mano y con la ayuda de su socio el imperialismo norteamericano mantiene firme su propósito de mantener la gobernanza, enfrentando como un peligro para su sistema político y económico los reclamos democráticos de los trabajadores y el pueblo colombiano.
Industrialización, empleo, inversión social y productiva, cuidado del medio ambiente, salud, vivienda, educación y demás reivindicaciones populares resultan en ese sentido la antinomia a la pretensión burguesa e imperialista de mantener en Colombia la aplicación de las políticas neoliberales y profundizar el modelo extractivista en un marco que permita mayores garantías y seguridad a los capitales e inversión extrajera.
Sin salidas a la creciente injusticia social, sin una apertura democrática que posibilite el ejercicio vivo de las libertades y derechos, sin políticas que permitan encausar el país en la senda del desarrollo tecnológico y productivo, sin disposiciones que afirmen la soberanía y aseguren la no participación del país en tratados y acuerdos inequitativos y antinacionales los llamados permanentes del gobierno y las clases dominantes a apoyar el desarrollo, la paz, la unidad y reconciliación nacional resultan espurios y demagógicos, dibujando por el contrario, además de las artimañas y estrategias de alienación de las gentes, la tozudez de un régimen que afirma día a día sus políticas de confrontación y contención de los conflictos y lides populares. Siendo una verdad de a puño la exacerbación de las contradicciones sociales, la extensión y elevación de la confrontación política, los factores económicos, sociales y políticas que alimentan la injusticia, la desigualdad y la exclusión seguirán ampliándose y siendo fuente de un conflicto armado que no termina a pesar de los grandes reclamos sociales, la voluntad de paz expresa en la insurgencia y los esfuerzos de la mayoría de la nación.
Las grandes angustias nacionales que se ventilan a diario por los medios de comunicación, el aumento de la delincuencia, los homicidios, la extorsión, la corrupción que campea en todas las esferas del Estado complejizan el panorama, resaltan la grave situación por la que atraviesan la inmensa mayoría de los colombianos y demuestran la fantasiosa paz pregonada por el gobierno. Sin transformaciones que declaren un devenir mejor para los colombianos, la paz que hoy múltiples sectores sociales denuncian y rechazan muestran además de la más grosera renegociación de los acuerdos de La Habana, la manguala del Congreso, las Cortes Judiciales, el Ejecutivo y los partidos tradicionales para no aprobar ni siquiera las reformas que sugieren dichos acuerdos. Inimaginable y aterradora resulta también, la censurable y sumisa actitud de unas FARC convertidas en partido político legal, a la que sólo le preocupa ganar los aplausos santistas, por el cumplimiento irrestricto de su traición y antagonismo a la rebelión popular. El fracaso del señor Santos y su política de paz, pisoteada por él y todos sus áulicos, incluyendo al partido de las FARC, siguen señalando que el logro y conquista de la paz con justicia social además de continuar siendo una bandera y aspiración sentida del pueblo colombiano, es y seguirá siendo la principal discusión de una campaña que poco anima a las mayorías nacionales.
Persistir en la lucha por el cambio
La grave crisis que afecta hoy al país, obliga a las fuerzas progresistas y democráticas, a los revolucionarios que persistimos en la lucha por el cambio, a pensar en las alternativas y salidas que reclama el país. Conectados con las esperanzas y el sentir de la patria y sus gentes, proponemos a las organizaciones sociales y políticas comprometidas con el progreso de la nación, el desarrollo de una gran cruzada política que trascendiendo incluso los marcos electorales del 2018, llame a incrementar las lides por la conquista de un gobierno democrático-popular que realice la paz con justicia social, concrete las transformaciones que requiere el país, suprima el modelo neoliberal, reconozca y amplié los derechos y libertades.
Recordando las palabras del político liberal Jorge Eliecer Gaitán cuando reclamaba restauración democrática y denunciaba los vejámenes de la oligarquía colombiana, todos los amantes de la patria y el cambio agitaremos la consigna de ¡a la carga!, y en foros, plazas, parques, en todas las calles del país, no descasaremos en señalar que el oprobioso y antidemocrático régimen colombiano no va más, que ha llegado la hora de que las mayorías nacionales hagamos soberanía popular instaurando un gobierno que le preocupe el sentir y aspiración popular.
Sin descanso seguiremos sustentando lo imperioso que representa para el país, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, con raigambre y contenido democrático y popular, en la que se decida de una vez por todas una Nueva Constitución Política, que reemplace la desvencijada y hecha añicos Constitución del 91. Un pueblo erigido en constituyente primario, en ejercicio pleno de su soberanía hará posible la apertura democrática y la paz con justicia social que añoramos los colombianos.
Comprometido con la paz con justicia social el nuevo gobierno que proponemos alcanzar, promoverá con ese objetivo un amplio diálogo nacional, en el que sobresalga la participación de los más diversos sectores y organizaciones populares, que incluya a los partidos políticos, a la insurgencia y a todos los luchadores populares. Los resultados del diálogo servirán para clarificar el camino, presentar las propuestas y potenciar la participación por el cambio del país y sus instituciones.
El amplio ejercicio de campaña deberá servir igualmente para desenmascarar a los amigos de la guerra, al gobierno santista y los enemigos de la paz, que insisten en el inútil camino de imponerle al insurgencia colombiana un cese unilateral de fuegos y hostilidades, desmovilización y el desarme como la vía más expedita para la “reconciliación” nacional. Seguiremos insistiendo en la denuncia y rechazo a esa falsa paz que pregona el gobierno y bajo la cual mantiene los bombardeos indiscriminados, la militarización de los campos y ciudades, el paramilitarismo como estrategia de muerte, el asesinato, la violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, las recompensas y falsos positivos, la criminalización de la protesta social, la cárcel y muerte para quienes persisten en su lucha por el cambio.
Uniremos nuestras voces al reclamo de la insurgencia por un cese bilateral de fuegos y hostilidades donde las garantías para el diálogo y la participación social sean plenas, así como claros y verificables los compromisos del gobierno a no continuar con sus planes y acciones de guerra contra las masas y el conjunto de los combatientes populares.
Conocido el calendario electoral, llamamos a todos los luchadores populares a coordinar y definir en un marco de unidad y en eventos democráticos los candidatos populares que representarán y enarbolarán las banderas populares, tanto hacia el Congreso como a la Presidencia de la República.
Comprometidos con el cambio, animaremos la campaña impulsando acciones de denuncia y rechazo al gobierno, al régimen y sus políticas, y en especial insistiremos en preparar y realizar un gran Paro Cívico Nacional que además de exaltar las reivindicaciones y aspiraciones populares, declare la necesidad de marchar hacia un gobierno democrático-popular.
¡Por apertura democrática! ….. ¡Gobierno democrático y popular!
¡Exigimos la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente Popular!
¡Preparar, impulsar Paro Cívico Nacional!
COMITÉ EJECUTIVO CENTRAL
PARTIDO COMUNISTA DE COLOMBIA (MARXISTA-LENINISTA)
Septiembre 25 de 2017