Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2017-10-02
Categoría
Comunicado
Partido FARC: Estado de implementación
Octubre 2 de 2017
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN
Hemos venido hasta el Capitolio Nacional a hacer escuchar ante la nación y el mundo la voz de inconformidad y de protesta de los integrantes de las FARC, que han dado el paso a la legalidad, que sobreviven en las zonas y espacios territoriales, esperanzados en la paz a pesar del incumplimiento o el cumplimiento a medias de los compromisos del gobierno en todos los planos de la implementación; especialmente en materia de seguridad jurídica, física o personal, y seguridad socio económica. Subrayando que en este último aspecto, no hay tierra donde adelantar los proyectos productivos necesarios para la subsistencia.
Hemos cumplido los compromisos y solo hace falta que el gobierno cumpla los suyos plenamente. Hemos obrado de buena fe y cada vez que damos pasos significativos no deja el Fiscal General de la Nación de amenazar, como sabe hacerlo, con acciones de judicialización, para que todo el mundo tiemble, y esto lo hace evidentemente en concierto con la embajada de los Estados Unidos y seguramente con la aquiescencia de sectores de la coalición de gobierno.
Quisiera en este escenario afirmar que Colombia tiene obligaciones internacionales que cumplir derivadas de la firma del tratado de paz de La Habana. Permítanme recordar en ese sentido que al depositar tan importante documento ante el Consejo de la Federación Suiza en Berna, este adquiere connotación de Acuerdo Especial en el plano del DIH y del derecho de los derechos humanos, porque nada resulta más humanitario que parar un guerra. Y por ser este asunto fundamental para definir el destino de Colombia elevaremos a la Oficina jurídica del CICR en Suiza la pregunta sobre cuál es el alcance de los acuerdos especiales y cuál debe ser la actitud de los gobiernos que lo han signado. Y por otra parte y en el mismo sentido recordemos que el mencionado Acuerdo de La Habana fue presentado por el Gobierno de Colombia ante el Secretario General de NNUU mediante el instrumento de una Declaración unilateral de Estado, en el que este se obliga al cumplimiento de lo convenido.
Señoras y señores, realmente estamos ante a una obligación internacional del Estado, pero pareciera que esto no es relevante para muchos integrantes de la institucionalidad.
Dese hace un año cuando se firmó el acuerdo se ha utilizado su desarrollo normativo para renegociar lo pactado en La Habana, para cambiar el sentido de lo convenido. Pacta Sunt Servanda! Basta ya de esas pretensiones. Lo acordado es para cumplirlo.
Negociamos en La Habana con el gobierno, quien se supone lo hizo a nombre de Estado; entonces lo que debe seguir es la coordinación armónica de los poderes para que no se siga atentando contra el espíritu de lo pactado. Aquí todos le han metido la mano a los acuerdos, más para mal que para bien: no solamente algunos congresistas que llegan con nocivas ocurrencias de última hora, sino también magistrados, representantes del ejecutivo y el Fiscal, que por ejemplo, no ha permitido el despegue de la Unidad especial de lucha contra el paramilitarismo del punto 74 de la JEP. Esa unidad es subsidiaria, solo actúa si no lo hace la Fiscalía y esta tiene en su poder durmiendo el sueño de justos 15 mil compulsas de copia contra el paramilitarismo. No queremos que terceros involucrados en el conflicto sigan eternamente resguardados bajo el manto de la impunidad. Ellos también están obligados a aportar verdad. La reforma constitucional para lograr la cabal materialización de esta unidad es un compromiso que el Gobierno no pude dejar de lado.
Algunos empiezan a hablar ya de engaño y estafa del gobierno a su contraparte. Todo el tiempo el Fiscal anda buscando nuestra caída y empapelamiento jurídico para hacer inviable la reconciliación de Colombia. Que pare, que deje de extender la enredadera judicial en la que pretende atrapar e inmovilizar los sueños colectivos de paz.
Ante crisis del Ius Puniendi o capacidad del Estado para juzgar y sancionar, y ante el desprestigio generalizado del ente acusador y de la rama judicial del poder púbico, es tiempo de la JEP y es el momento de las transformaciones, para que las instituciones sean conducidas por gente honrada y proba que devuelva al país la confianza en el Estado.
En este camino debemos establecer las causas y los responsables del duro calvario de la confrontación. No hay que temerle a la verdad. La verdad cura la heridas del alma ocasionadas por el largo conflicto, y sin esta sanación no será posible encontrar la reconciliación. De ahí la importancia de abrirle paso a instancias como la comisión de esclarecimiento y a la Jurisdicción Especial para la Paz que está diseñadas en una perspectiva de justicia sin venganza y de restauración del tejido social.
Alegremente algunos en el Congreso han asumido el boicoteo a la ley estatutaria de la JEP, sin darse cuenta que le están abriendo las puertas a la CPI cuando ya habíamos dado prelación al Margen Nacional de Apreciación, para que sobre la base de nuestra historia, costumbres, geografía, por conocimiento del origen del conflicto, buscáramos salidas que aseguraran nuestro futuro de paz.
Pero los problemas no son solamente con la JEP. Pese a que el congreso en pleno y por amplia mayoría refrendó los acuerdos y activó las posibilidades para su implementación normativa como constituyente derivado en representación del pueblo, hay hoy sectores del congreso que pretenden bloquear y obstaculizar las justas aspiraciones planteadas en los acuerdos. Podemos señalar algunos ejemplos preponderantes
Hay congresistas que aspiran a hundir la reforma política que es aspecto cardinal de la reincorporación y a limitar al máximo las normas de participación ciudadana y de garantías a la protesta social. No puede revictimizarse a la gente de los territorios eliminando las cabeceras municipales de las circunscripciones especiales de paz.
La titulación de tierras a los campesinos se convirtió en un cuento y ha permanecido obstruida por el santanderismo inveterado e irracional que utiliza la norma no para solucionar los problemas sino para empeorarlos y por una burocracia pesada y adormilada que a tiempo que beneficia al latifundio, solo sabe rendirle culto y pleitesía a los poderes de facto y a los tramites y los papeleos interminables cuando de atender a los campesinos y población rural se trata. La sustitución de cultivos de uso ilícito, a pesar del acompañamiento a fondo de las FARC en la difícil tarea de persuadir y de hacer pedagogía de sustitución, no ha rendido los frutos esperados porque se les ha ocurrido a las autoridades conjugar en mal momento y de manera inoportuna la sustitución con la erradicación forzosa, la cual, además de contradictoria, resulta más costosa y onerosa que la misma sustitución. Estamos seguros que la ejecución de programas de sustitución consensuada con los campesinos, reforzada con el respeto a los derechos conculcados a los labriegos desde la fundación de la república, que le ha negado vida digna al campo, pueden señalar la ruta de la terminación de un fenómeno originado en causas sociales y económicas y que tiene que ver con la ausencia de una reforma rural Integral verdadera.
Pero como habíamos dicho, no solo en el Congreso le tiran palos a la rueda de la paz, porque para el caso de la reincorporación, aunque se han dado normas que facilitarían este proceso, como la de la amnistía, la personería jurídica para el nuevo partido, en la Corte Constitucional todo sigue en estado de indefinición y en el escenario institucional en general tenemos dificultades muy delicadas.
Los incumplimientos son los siguientes:
320 ex guerrilleros acreditados siguen en prisión. Mas de 700 siguen encarcelados sin acreditación. Las suspensiones de las órdenes de captura contra integrantes de FARC que han dejado las armas, no se han materializado y siguen siendo detenidos en los puestos de control policial por que los casos no han sido y trasladados a las bases de datos correspondientes. De los 540 guerrilleros trasladados a zona, a fecha de hoy solo 140 han sido puestos en libertad condicional. Aunque ya se expidió la última decreto presidencial de Amnistía de Iure hay muchos excombatientes en las zonas que no han sido incluidos, y no han sido expedidas las resoluciones individualizadas que deben ser entregadas a los amnistiados. Durante el proceso de elaboración del borrador de ley estatutaria JEP ya ha habido una renegociación de hecho con la Fiscalía. El proyecto presentado al Congreso el pasado día 26 septiembre incluye varios cambios introducidos por la Fiscalía, no acordados con las FARC sobre presupuestos, sobre “disidencias” solo referidas a las FARC; incorporación de cierre listados a fecha 15 agosto en contra de lo establecido en el Acuerdo Final; El Min Interior declara que no hay mayoría para aprobar la ley estatutaria en el Senado. El compromiso del Gobierno es no admitir modificaciones contrarias al borrador aprobado en CSIVI. El estatus jurídico de las zonas está en veremos.
No solamente no se ha cumplido con la suspensión de órdenes de captura con fines de extradición, sino que se han detenido mas personas con fundamento en esas solicitudes. Y así pudiéramos señalar un sinnúmero de incumplimientos como los que se dan en materia de seguridad, de información, de reivindicación de las víctimas, de diferenciación de tratamiento penal a los incursos en delitos de pobreza, como es el caso de los campesinos cultivadores de hoja de coca, o de activación del acompañamiento internacional, el cual no se termina de convocar.
A todo este panorama se agrega la incertidumbre que genera la desfinanciación de los planes y programas derivados del acuerdo final. Habría que decir que es lamentable que el Gobierno no se comprometa a un esfuerzo fiscal serio que garantice recursos suficientes para la implementación. En el Plan Marco proyectado por el establecimiento no se compromete más del 0.7% del PIB a 15 años.
Porque la implementación es un verdadero campo en disputa que no se cierra con la culminación del fast track, ahora más que nunca, frente a las dificultades y los retos debemos reafirmar que la única garantía para que no se frustren los anhelos de paz, está en la unidad del pueblo haciendo suyo el Acuerdo de La Habana.
En medio de estas dificultades nos hemos transformado en una fuerza política dispuesta a recoger los sueños de paz y también la inconformidad acumulada tras sucesivos gobierno que le dieron la espalda a los más débiles. Desde esta posición, a un año de la extraordinaria defensa que del proceso de paz hicieron las muchedumbres del común en las calles de Colombia llamamos ahora a la defensa de su implementación y a trabajar juntos por el gran Acuerdo político Nacional que impida que las trompetas de la guerra vuelvan a romper la calma de la concordia nacional.
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN
Hemos venido hasta el Capitolio Nacional a hacer escuchar ante la nación y el mundo la voz de inconformidad y de protesta de los integrantes de las FARC, que han dado el paso a la legalidad, que sobreviven en las zonas y espacios territoriales, esperanzados en la paz a pesar del incumplimiento o el cumplimiento a medias de los compromisos del gobierno en todos los planos de la implementación; especialmente en materia de seguridad jurídica, física o personal, y seguridad socio económica. Subrayando que en este último aspecto, no hay tierra donde adelantar los proyectos productivos necesarios para la subsistencia.
Hemos cumplido los compromisos y solo hace falta que el gobierno cumpla los suyos plenamente. Hemos obrado de buena fe y cada vez que damos pasos significativos no deja el Fiscal General de la Nación de amenazar, como sabe hacerlo, con acciones de judicialización, para que todo el mundo tiemble, y esto lo hace evidentemente en concierto con la embajada de los Estados Unidos y seguramente con la aquiescencia de sectores de la coalición de gobierno.
Quisiera en este escenario afirmar que Colombia tiene obligaciones internacionales que cumplir derivadas de la firma del tratado de paz de La Habana. Permítanme recordar en ese sentido que al depositar tan importante documento ante el Consejo de la Federación Suiza en Berna, este adquiere connotación de Acuerdo Especial en el plano del DIH y del derecho de los derechos humanos, porque nada resulta más humanitario que parar un guerra. Y por ser este asunto fundamental para definir el destino de Colombia elevaremos a la Oficina jurídica del CICR en Suiza la pregunta sobre cuál es el alcance de los acuerdos especiales y cuál debe ser la actitud de los gobiernos que lo han signado. Y por otra parte y en el mismo sentido recordemos que el mencionado Acuerdo de La Habana fue presentado por el Gobierno de Colombia ante el Secretario General de NNUU mediante el instrumento de una Declaración unilateral de Estado, en el que este se obliga al cumplimiento de lo convenido.
Señoras y señores, realmente estamos ante a una obligación internacional del Estado, pero pareciera que esto no es relevante para muchos integrantes de la institucionalidad.
Dese hace un año cuando se firmó el acuerdo se ha utilizado su desarrollo normativo para renegociar lo pactado en La Habana, para cambiar el sentido de lo convenido. Pacta Sunt Servanda! Basta ya de esas pretensiones. Lo acordado es para cumplirlo.
Negociamos en La Habana con el gobierno, quien se supone lo hizo a nombre de Estado; entonces lo que debe seguir es la coordinación armónica de los poderes para que no se siga atentando contra el espíritu de lo pactado. Aquí todos le han metido la mano a los acuerdos, más para mal que para bien: no solamente algunos congresistas que llegan con nocivas ocurrencias de última hora, sino también magistrados, representantes del ejecutivo y el Fiscal, que por ejemplo, no ha permitido el despegue de la Unidad especial de lucha contra el paramilitarismo del punto 74 de la JEP. Esa unidad es subsidiaria, solo actúa si no lo hace la Fiscalía y esta tiene en su poder durmiendo el sueño de justos 15 mil compulsas de copia contra el paramilitarismo. No queremos que terceros involucrados en el conflicto sigan eternamente resguardados bajo el manto de la impunidad. Ellos también están obligados a aportar verdad. La reforma constitucional para lograr la cabal materialización de esta unidad es un compromiso que el Gobierno no pude dejar de lado.
Algunos empiezan a hablar ya de engaño y estafa del gobierno a su contraparte. Todo el tiempo el Fiscal anda buscando nuestra caída y empapelamiento jurídico para hacer inviable la reconciliación de Colombia. Que pare, que deje de extender la enredadera judicial en la que pretende atrapar e inmovilizar los sueños colectivos de paz.
Ante crisis del Ius Puniendi o capacidad del Estado para juzgar y sancionar, y ante el desprestigio generalizado del ente acusador y de la rama judicial del poder púbico, es tiempo de la JEP y es el momento de las transformaciones, para que las instituciones sean conducidas por gente honrada y proba que devuelva al país la confianza en el Estado.
En este camino debemos establecer las causas y los responsables del duro calvario de la confrontación. No hay que temerle a la verdad. La verdad cura la heridas del alma ocasionadas por el largo conflicto, y sin esta sanación no será posible encontrar la reconciliación. De ahí la importancia de abrirle paso a instancias como la comisión de esclarecimiento y a la Jurisdicción Especial para la Paz que está diseñadas en una perspectiva de justicia sin venganza y de restauración del tejido social.
Alegremente algunos en el Congreso han asumido el boicoteo a la ley estatutaria de la JEP, sin darse cuenta que le están abriendo las puertas a la CPI cuando ya habíamos dado prelación al Margen Nacional de Apreciación, para que sobre la base de nuestra historia, costumbres, geografía, por conocimiento del origen del conflicto, buscáramos salidas que aseguraran nuestro futuro de paz.
Pero los problemas no son solamente con la JEP. Pese a que el congreso en pleno y por amplia mayoría refrendó los acuerdos y activó las posibilidades para su implementación normativa como constituyente derivado en representación del pueblo, hay hoy sectores del congreso que pretenden bloquear y obstaculizar las justas aspiraciones planteadas en los acuerdos. Podemos señalar algunos ejemplos preponderantes
Hay congresistas que aspiran a hundir la reforma política que es aspecto cardinal de la reincorporación y a limitar al máximo las normas de participación ciudadana y de garantías a la protesta social. No puede revictimizarse a la gente de los territorios eliminando las cabeceras municipales de las circunscripciones especiales de paz.
La titulación de tierras a los campesinos se convirtió en un cuento y ha permanecido obstruida por el santanderismo inveterado e irracional que utiliza la norma no para solucionar los problemas sino para empeorarlos y por una burocracia pesada y adormilada que a tiempo que beneficia al latifundio, solo sabe rendirle culto y pleitesía a los poderes de facto y a los tramites y los papeleos interminables cuando de atender a los campesinos y población rural se trata. La sustitución de cultivos de uso ilícito, a pesar del acompañamiento a fondo de las FARC en la difícil tarea de persuadir y de hacer pedagogía de sustitución, no ha rendido los frutos esperados porque se les ha ocurrido a las autoridades conjugar en mal momento y de manera inoportuna la sustitución con la erradicación forzosa, la cual, además de contradictoria, resulta más costosa y onerosa que la misma sustitución. Estamos seguros que la ejecución de programas de sustitución consensuada con los campesinos, reforzada con el respeto a los derechos conculcados a los labriegos desde la fundación de la república, que le ha negado vida digna al campo, pueden señalar la ruta de la terminación de un fenómeno originado en causas sociales y económicas y que tiene que ver con la ausencia de una reforma rural Integral verdadera.
Pero como habíamos dicho, no solo en el Congreso le tiran palos a la rueda de la paz, porque para el caso de la reincorporación, aunque se han dado normas que facilitarían este proceso, como la de la amnistía, la personería jurídica para el nuevo partido, en la Corte Constitucional todo sigue en estado de indefinición y en el escenario institucional en general tenemos dificultades muy delicadas.
Los incumplimientos son los siguientes:
320 ex guerrilleros acreditados siguen en prisión. Mas de 700 siguen encarcelados sin acreditación. Las suspensiones de las órdenes de captura contra integrantes de FARC que han dejado las armas, no se han materializado y siguen siendo detenidos en los puestos de control policial por que los casos no han sido y trasladados a las bases de datos correspondientes. De los 540 guerrilleros trasladados a zona, a fecha de hoy solo 140 han sido puestos en libertad condicional. Aunque ya se expidió la última decreto presidencial de Amnistía de Iure hay muchos excombatientes en las zonas que no han sido incluidos, y no han sido expedidas las resoluciones individualizadas que deben ser entregadas a los amnistiados. Durante el proceso de elaboración del borrador de ley estatutaria JEP ya ha habido una renegociación de hecho con la Fiscalía. El proyecto presentado al Congreso el pasado día 26 septiembre incluye varios cambios introducidos por la Fiscalía, no acordados con las FARC sobre presupuestos, sobre “disidencias” solo referidas a las FARC; incorporación de cierre listados a fecha 15 agosto en contra de lo establecido en el Acuerdo Final; El Min Interior declara que no hay mayoría para aprobar la ley estatutaria en el Senado. El compromiso del Gobierno es no admitir modificaciones contrarias al borrador aprobado en CSIVI. El estatus jurídico de las zonas está en veremos.
No solamente no se ha cumplido con la suspensión de órdenes de captura con fines de extradición, sino que se han detenido mas personas con fundamento en esas solicitudes. Y así pudiéramos señalar un sinnúmero de incumplimientos como los que se dan en materia de seguridad, de información, de reivindicación de las víctimas, de diferenciación de tratamiento penal a los incursos en delitos de pobreza, como es el caso de los campesinos cultivadores de hoja de coca, o de activación del acompañamiento internacional, el cual no se termina de convocar.
A todo este panorama se agrega la incertidumbre que genera la desfinanciación de los planes y programas derivados del acuerdo final. Habría que decir que es lamentable que el Gobierno no se comprometa a un esfuerzo fiscal serio que garantice recursos suficientes para la implementación. En el Plan Marco proyectado por el establecimiento no se compromete más del 0.7% del PIB a 15 años.
Porque la implementación es un verdadero campo en disputa que no se cierra con la culminación del fast track, ahora más que nunca, frente a las dificultades y los retos debemos reafirmar que la única garantía para que no se frustren los anhelos de paz, está en la unidad del pueblo haciendo suyo el Acuerdo de La Habana.
En medio de estas dificultades nos hemos transformado en una fuerza política dispuesta a recoger los sueños de paz y también la inconformidad acumulada tras sucesivos gobierno que le dieron la espalda a los más débiles. Desde esta posición, a un año de la extraordinaria defensa que del proceso de paz hicieron las muchedumbres del común en las calles de Colombia llamamos ahora a la defensa de su implementación y a trabajar juntos por el gran Acuerdo político Nacional que impida que las trompetas de la guerra vuelvan a romper la calma de la concordia nacional.