Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2017-10-02
Categoría
Comunicado
Partido FARC: Que la paz, no nos cueste un muerto más
QUE LA PAZ, NO NOS CUESTE UN MUERTO MÁS
El Consejo Político Nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, rechaza las amenazas contra la Fundación Legado y la organización Juventud Rebelde, enviadas por medios electrónicos a nombre de las Auto Defensas Unidas de Colombia, AUC.
La Fundación Legado, agrupa jóvenes, hijos e hijas y familiares, de combatientes de las FARC-EP, caídos o muertos, en el transcurso del largo conflicto que laceró nuestra patria por más de 50 años, y tiene como objetivo recuperar y mantener la memoria de estos colombianos y colombianas que dedicaron sus vidas a la noble causa de buscar una sociedad más justa para las nuevas generaciones.
Juventud Rebelde, es una organización amplia de jóvenes, comprometidos con la construcción de una patria en paz, democrática y con justicia social. En dicha organización militan integrantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia.
Toda vez que, desde la firma del Acuerdo de paz han sido asesinados 5 ex combatientes, 9 milicianos y 11 familiares de integrantes de las FARC-EP; para un total de 25 asesinatos, sin que hasta el momento haya sido aclarado uno solo de estos crímenes por la Fiscalía, ocupada en entorpecer la puesta en funcionamiento de la Unidad Especial para el desmantelamiento del paramilitarismo, en atacar el proceso de paz; y, en tapar los escándalos de corrupción que la afectan directamente, con trucos mediáticos.
Exigimos al Gobierno Nacional, plenas garantías para que, en el marco de los acuerdos de paz firmados, estas amenazas no queden en la impunidad, dada su gravedad; y las consecuencias que tiene para la sociedad, el hecho que se atente de esta forma contra el derecho de todos los colombianos a asociarse libremente.
Tal como reza en el Acuerdo: “…las garantías de seguridad son una condición necesaria para afianzar la construcción de la paz y la convivencia, y en particular para garantizar la implementación de los planes y programas aquí acordados, garantizar la protección de las comunidades y de líderes/as comunitarios, de defensores/as de derechos humanos, de los partidos y los movimientos políticos y sociales, y especialmente del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, así como de sus integrantes en proceso de reincorporación a la vida civil”.
Asimismo: “El Gobierno Nacional garantizará la implementación de las medidas necesarias para intensificar con efectividad y de forma integral, las acciones contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.
“Garantías de No Repetición: el Estado adoptará las medidas para garantizar el esclarecimiento del fenómeno paramilitar, evitar su repetición y garantizar el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, y violencia sistemática en particular contra las mujeres , o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que participan en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”.
En esas circunstancias, pedimos se convoque de manera inmediata una reunión extraordinaria de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, para que se informe de la gravedad de la situación de seguridad que afecta los combatientes en proceso de reincorporación, a sus familias, las comunidades y los territorios donde se encuentran los Espacios Territoriales de Reincorporación y Capacitación, así como aquellos donde históricamente hizo presencia las FARC-EP.
De la misma manera, instamos a las instancias internacionales de verificación: Los ex presidentes Pepe Mujica, Felipe González; a la Misión Política Especial de Verificación de Naciones Unidas, que tiene entre su mandato verificar la Reincorporación política, las garantías para el nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la vida política; además de la incorporación económica y social; a que tomen nota de esté pronunciamiento para lo que tenga que ver con las funciones que les asigna el Acuerdo.
Convocamos a todos los sectores de la sociedad, que anhelan la convivencia pacífica para nuestro país, a que nos pronunciemos y nos movilicemos en defensa de la vida, como premisa fundamental para que pueda haber paz estable y duradera.
Que la paz, no nos cueste un muerto más.
Consejo Político Nacional.
Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
Bogotá, octubre 2 de 2017.
El Consejo Político Nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, rechaza las amenazas contra la Fundación Legado y la organización Juventud Rebelde, enviadas por medios electrónicos a nombre de las Auto Defensas Unidas de Colombia, AUC.
La Fundación Legado, agrupa jóvenes, hijos e hijas y familiares, de combatientes de las FARC-EP, caídos o muertos, en el transcurso del largo conflicto que laceró nuestra patria por más de 50 años, y tiene como objetivo recuperar y mantener la memoria de estos colombianos y colombianas que dedicaron sus vidas a la noble causa de buscar una sociedad más justa para las nuevas generaciones.
Juventud Rebelde, es una organización amplia de jóvenes, comprometidos con la construcción de una patria en paz, democrática y con justicia social. En dicha organización militan integrantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia.
Toda vez que, desde la firma del Acuerdo de paz han sido asesinados 5 ex combatientes, 9 milicianos y 11 familiares de integrantes de las FARC-EP; para un total de 25 asesinatos, sin que hasta el momento haya sido aclarado uno solo de estos crímenes por la Fiscalía, ocupada en entorpecer la puesta en funcionamiento de la Unidad Especial para el desmantelamiento del paramilitarismo, en atacar el proceso de paz; y, en tapar los escándalos de corrupción que la afectan directamente, con trucos mediáticos.
Exigimos al Gobierno Nacional, plenas garantías para que, en el marco de los acuerdos de paz firmados, estas amenazas no queden en la impunidad, dada su gravedad; y las consecuencias que tiene para la sociedad, el hecho que se atente de esta forma contra el derecho de todos los colombianos a asociarse libremente.
Tal como reza en el Acuerdo: “…las garantías de seguridad son una condición necesaria para afianzar la construcción de la paz y la convivencia, y en particular para garantizar la implementación de los planes y programas aquí acordados, garantizar la protección de las comunidades y de líderes/as comunitarios, de defensores/as de derechos humanos, de los partidos y los movimientos políticos y sociales, y especialmente del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, así como de sus integrantes en proceso de reincorporación a la vida civil”.
Asimismo: “El Gobierno Nacional garantizará la implementación de las medidas necesarias para intensificar con efectividad y de forma integral, las acciones contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.
“Garantías de No Repetición: el Estado adoptará las medidas para garantizar el esclarecimiento del fenómeno paramilitar, evitar su repetición y garantizar el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, y violencia sistemática en particular contra las mujeres , o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que participan en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”.
En esas circunstancias, pedimos se convoque de manera inmediata una reunión extraordinaria de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, para que se informe de la gravedad de la situación de seguridad que afecta los combatientes en proceso de reincorporación, a sus familias, las comunidades y los territorios donde se encuentran los Espacios Territoriales de Reincorporación y Capacitación, así como aquellos donde históricamente hizo presencia las FARC-EP.
De la misma manera, instamos a las instancias internacionales de verificación: Los ex presidentes Pepe Mujica, Felipe González; a la Misión Política Especial de Verificación de Naciones Unidas, que tiene entre su mandato verificar la Reincorporación política, las garantías para el nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la vida política; además de la incorporación económica y social; a que tomen nota de esté pronunciamiento para lo que tenga que ver con las funciones que les asigna el Acuerdo.
Convocamos a todos los sectores de la sociedad, que anhelan la convivencia pacífica para nuestro país, a que nos pronunciemos y nos movilicemos en defensa de la vida, como premisa fundamental para que pueda haber paz estable y duradera.
Que la paz, no nos cueste un muerto más.
Consejo Político Nacional.
Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
Bogotá, octubre 2 de 2017.