Tomando las informaciones conocidas y acopiadas hasta ahora, y basándonos en ellas como elementos de juicio, desde el ETCR “Aldemar Galán” alzamos nuestra dolorida voz de indignación. Nuestra voz de rechazo ante hechos macabros como el sucedido en San José de Tapaje, en la localidad de Isupí el pasado domingo 15 de octubre.
No puede pasar desapercibida la infame y cobarde masacre cometida por la banda encabezada por personajes con los nombres de Robinson Alirio Cuero Obando (Álvaro Galán) y Eliecer García Estupiñan (Marcos Arteaga) entre otros.
Ya en ocasiones anteriores estos mismos personajes, han realizado acciones hostiles contra las comunidades de las cuales hacemos parte las personas que, avanzando en el proceso de paz, honramos con los hechos la palabra empeñada.
Dejamos claro que a estas bandas no se les puede llamar “disidencias”, como alegremente pretenden denominarlos los medios tradicionales de comunicación. Si fuese así estarían planteando una lucha ideológica y de cambio social equivocada o no, pero lo que hacen es arremeter con violencia desenfrenada, no contra un estado o gobierno, sino literalmente contra sus propios hermanos de raza y de sangre, buscando alcanzar poder local para obtener beneficios económicos particulares. Y es ahí donde surgen las preguntas: ¿Quién o quiénes, en las instancias del poder del Estado y del gobierno, están detrás de semejantes acciones? ¿Quién está interesado en azuzar y permitir la eliminación física de las personas que somos portadoras de una larga y digna tradición de lucha popular? ¿Acaso no es la mejor coartada utilizar a estas bandas para que realicen actos de canibalismo social y político que solo favorece a los poderosos de siempre? O de qué otra manera se explica que no se realicen acciones contundentes contra semejantes manifestaciones, cuando todo el mundo sabe quiénes son los integrantes y por dónde se pasean.
La alerta de que esto se estaba fraguando, la elevamos ante la composición tripartita del mecanismo de monitoreo y verificación – donde tenía asiento representación del gobierno – desde el mismo momento en que se detectó cuando transcurrían los días de la ZVTN. Pero no pasó nada, y ahí están las consecuencias.
Plagiando al gigante de la literatura colombiana García Márquez, podemos decir que los hechos sucedidos el pasado 15 de octubre en Isupí, localidad de San José de Tapaje, del Charco Nariño, es una tragedia largamente anunciada.
Los nombres propios y seudónimos de los excombatientes de las FARC – EP vilmente asesinados allí, son los siguientes:
Duber Alberto Obando Vallecilla (Junior Velasquez)
José Alfredo García Estupiñan (Bruno Suarez)
Y Johan (No se logró determinar su nombre completo)
Nos solidarizamos con los familiares de estos 6 compañeros cobardemente asesinados a sangre fría, y compartimos su dolor. No se puede permitir que esto siga sucediendo, mientras intentamos a toda costa contra viento y marea, la construcción de un escenario en el cual la lucha política se de en una atmósfera de confrontación abierta de ideas, para que el uso de las armas sea algo innecesario.
Este hecho, sumado a la masacre de campesinos a manos de la misma Fuerza Pública Oficial, sucedida recientemente en la localidad de Tandil de Tumaco Nariño, y el asesinato el día de hoy – 17 de octubre – del dirigente José Jair Cortés integrante de la Junta del Consejo Comunitario del Alto Mira, en la vereda Restrepo de Tumaco, (solo para referenciar los hechos más recientes en el occidente del país), no contribuyen a reconstruir la confianza que las comunidades han perdido en las instituciones del Estado, por su descarada connivencia con el cáncer de la corrupción oficial en todas sus manifestaciones.
Exigimos del gobierno no solo la acción oportuna – que no se ve – ante estos terribles hechos, sino la presencia del Estado con inversión para el verdadero desarrollo social que garantice el mejor vivir de los colombianos en estas olvidadas zonas del país, donde las juventudes tengan mejores horizontes y posibilidades que les permita ver con claridad el camino correcto a seguir, en otras palabras: la implementación oportuna de los Acuerdos de La Habana. Aplicando la máxima martiana, hay que decir que “la mejor medicina es la que precave”. La desidia oficial puede dar al traste con el propósito de paz de las mayorías en este país. No queremos ni pensarlo.