Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2017-11-24
Categoría
Comunicado
Partido FARC: Palabras de Rodrigo Londoño en el acto de conmemoración a un año de la firma del Acuerdo Final
Hace un año, el 24 de Noviembre del 2016, el señor Presidente Juan Manuel Santos, y yo, por entonces comandante en jefe de las FARC-EP, firmamos en este mismo recinto el Acuerdo Final de Paz, que delegados plenipotenciarios de ambas partes habían alcanzado en la ciudad de La Habana, tras cinco años de intensas conversaciones fueron inmensas las expectativas e ilusiones que con hechos sembramos en el alma de nuestros compatriotas.
El alma Nacional vibró de emoción porque estábamos abriendo las puertas a una Nueva Colombia. El histórico problema de la tenencia de la tierra, que todos ubicamos entre las fuentes del desangre patrio, tuvo por fin una debida atención y las comunidades rurales, campesinas, indígenas y afros se llenaron de esperanzas. La democracia prometía abrirse a todos los excluidos y perseguidos en el país, se consagraron para ellos la participación política y las garantías plenas.
Por primera vez en nuestros campos, sus habitantes contaron con la posibilidad de renunciar definitivamente a cualquier actividad ilícita para sobrevivir, porque el Estado abría las compuertas al desarrollo de sus regiones, con planes en los que las voces de los eternamente olvidados serían escuchadas. El tratamiento represivo a sus viejos problemas había llegado a su fin. El estado se comprometía a llegar con un sentido social hasta las regiones más distantes.
La guerrilla que dejaba las armas y se transformaba en partido político, adquiría para sus ex integrantes la ciudadanía plena. Contaría con un número fijo de congresistas en las dos cámaras y podría presentarse a los certámenes electorales con sus propuestas de cambio. Ella y los demás actores del largo conflicto quedaban sujetos a un sistema integral de verdad, justicia, reparación, y no repetición, que dignificaba a las víctimas y les reconocía sus derechos conculcados.
El Acuerdo Final que se solemnizó entonces , estableció las reglas para desterrar definitivamente la impunidad reinante en Colombia, y con ese propósito fundamental incorporó la Jurisdicción Especial para la Paz, que se proponía la investigación y sanción de los mas graves crímenes, cometidos por todos los actores de la confrontación, integrado por magistrados de las más altas calidades morales y jurídicas, y ajeno a cualquier tipo de manipulación.
La tolerancia y el respeto quedaron consagrados para cualquier tipo de diferencias, incluidas las de género, y el Estado colombiano se obligaba a garantizar la vida, la integridad personal y el ejercicio político a las más diversas formas de pensamiento y oposición. Para cumplir con tal propósito, se crearon múltiples mecanismos e instancias, que apuntaban a la persecución y extinción de las múltiples formas de criminalidad, que asediaban el disenso a lo establecido.
A los guerrilleros que dejaban las armas se les garantizaba la reincorporación a la vida civil e institucional del país, en materias económica, social y política según sus propios intereses. Una amnistía lo más amplia posible los beneficiaría a todos, y aquellos que se encontraran privados de su libertad, la obtendrían de manera inmediata. Todos quedaron comprometidos a comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz por los delitos más graves no amnistiables.
Las FARC hablamos entonces como ahora del perdón, lo pedimos ante el país y el mundo por cualquier daño ocurrido como consecuencia de nuestras actuaciones. Y también se lo ofrecimos a todos aquellos que nos causaron graves perjuicios durante los años de confrontación. Dijimos no solo adiós a las armas, sinó adiós a los odios, a los resentimientos, a los deseos de venganza. Expresamos nuestro más ferviente deseo de convivir en paz en una nación reconciliada.
La Corte Constitucional había señalado en sentencia previa, la forma como debía refrendarse el Acuerdo en sujeción a la Carta Magna, y apenas unos días después el Congreso de la República, en un acto que lo honró para la historia, lo refrendó por mayoría abrumadora con el aplauso entusiasmado de la nación entera. La comunidad internacional colmo de elogios la forma civilizada y ejemplar como los colombianos habíamos conseguido solucionar nuestras diferencias.
Un años después, en este mismo recinto, transformados en partido político legal, habiendo cumplido completamente con la dejación de armas y con la satisfacción plena de haber honrado la palabra empeñada en cada uno de los compromisos adquiridos, nos presentamos ante la sociedad civil que convoca este acto, para reiterar nuestro compromiso con la paz y la justicia social. Somos un partido serio, no daremos marcha atrás en ninguno de los términos pactados.
Estamos seguros de que nos acompañan millones de Colombianos que soñaron con la terminación del conflicto, que lucharon por la solución política en todos los escenarios, que entienden que la paz es un bien alcanzable con perseverancia y lucha. La convocatoria de este acto así lo comprueba. Es a esa Colombia a la que invitamos a sumarse a la justa brega por la implementación del Acuerdo Final, tal y como se suscribió y refrendó.
Presenciamos hoy el más sorpréndete espectáculo. El mismo congreso que refrendó el acuerdo final, que aprobó los acuerdos legislativos que incorporan a la Constitución Nacional capítulos esenciales del mismo, parece empeñado de modo vergonzoso en hacerlo trizas hoy, en una conducta que envilece al estado colombiano ante propios y extraños. Más aún, la propia corte que blindó los Acuerdos y conminó a todos los poderes a cumplirlos, falla ahora contra ellos.
A un país de históricos montajes policiales y judiciales, pretende el Fiscal Martínez establecer, que el ex combatiente de las FARC que sea acusado de cometer el más mínimo delito con posterioridad a la firma del Acuerdo, perderá de modo automático todos los beneficios y garantías obtenidos, entre ellos la prohibición de ser acreditado. La justicia ordinaria en Colombia, siempre fue un arma más en la guerra, ahora se le quiere usar como tal en la era de la paz.
Corre una voz en el país que debe tornarse en eco, capaz de movilizar el conjunto de las fuerzas que luchan por la paz y la justicia social. Lo que nos están implementando, no es el Acuerdo que se firmó hace un año aquí. No sólo porque se lo pervierta, para continuar persiguiendo a los alzados que dejamos las armas, sino porque en buena parte las leyes en trámite burlan las expectativas e ilusiones de las comunidades, que confiaron en que el Acuerdo transformaría para bien su vida.
No solo lo afirmamos desde el nuevo partido FARC. Lo plantea abiertamente el señor Jeffrey Feltman, Secretario General Adjunto para Asuntos Políticos de las Naciones Unidas. Lo asegura el señor Jean Arnault, Jefe de Misión Política de la ONU, cuyas palabras recientes despertaron las iras del Alto Comisionado. Lo dice sin tapujos el señor Christian Visnes, director del Consejo Noruego de Refugiados. Lo repiten las comunidades desengañadas.
EL fin del conflicto armado es un hecho. Lo demuestran las cifras de entes especializados. Pero también, las cifras crecientes de ex combatientes y sus familiares muertos, de dirigentes sociales asesinados, de comunidades amenazadas y desplazadas, ponen de presente cuánto falta al Estado para cumplir su palabra. Planes y recursos, presencia económica y social, combate abierto a la criminalidad. No se entiende que gente nuestra sea obligada a abandonar los espacios.
Por eso nuestro llamado a la sociedad civil. No podemos fijar que cada 24 de noviembre sea la conmemoración feliz de la firma del Acuerdo Final, como si este documento histórico se hubiera convertido en realidad. Por el contrario, esta fecha ha de representar un clamor nacional, el aliento a una gigantesca movilización de colombianos y colombianas porque se cumpla sin burlas lo pactado. Llenemos de vida el Acuerdo, limpiemos de cizaña el futuro. Muchas Gracias.
Rodrigo Echeverry Londoño
Bogotá, 24 de noviembre de 2017.
El alma Nacional vibró de emoción porque estábamos abriendo las puertas a una Nueva Colombia. El histórico problema de la tenencia de la tierra, que todos ubicamos entre las fuentes del desangre patrio, tuvo por fin una debida atención y las comunidades rurales, campesinas, indígenas y afros se llenaron de esperanzas. La democracia prometía abrirse a todos los excluidos y perseguidos en el país, se consagraron para ellos la participación política y las garantías plenas.
Por primera vez en nuestros campos, sus habitantes contaron con la posibilidad de renunciar definitivamente a cualquier actividad ilícita para sobrevivir, porque el Estado abría las compuertas al desarrollo de sus regiones, con planes en los que las voces de los eternamente olvidados serían escuchadas. El tratamiento represivo a sus viejos problemas había llegado a su fin. El estado se comprometía a llegar con un sentido social hasta las regiones más distantes.
La guerrilla que dejaba las armas y se transformaba en partido político, adquiría para sus ex integrantes la ciudadanía plena. Contaría con un número fijo de congresistas en las dos cámaras y podría presentarse a los certámenes electorales con sus propuestas de cambio. Ella y los demás actores del largo conflicto quedaban sujetos a un sistema integral de verdad, justicia, reparación, y no repetición, que dignificaba a las víctimas y les reconocía sus derechos conculcados.
El Acuerdo Final que se solemnizó entonces , estableció las reglas para desterrar definitivamente la impunidad reinante en Colombia, y con ese propósito fundamental incorporó la Jurisdicción Especial para la Paz, que se proponía la investigación y sanción de los mas graves crímenes, cometidos por todos los actores de la confrontación, integrado por magistrados de las más altas calidades morales y jurídicas, y ajeno a cualquier tipo de manipulación.
La tolerancia y el respeto quedaron consagrados para cualquier tipo de diferencias, incluidas las de género, y el Estado colombiano se obligaba a garantizar la vida, la integridad personal y el ejercicio político a las más diversas formas de pensamiento y oposición. Para cumplir con tal propósito, se crearon múltiples mecanismos e instancias, que apuntaban a la persecución y extinción de las múltiples formas de criminalidad, que asediaban el disenso a lo establecido.
A los guerrilleros que dejaban las armas se les garantizaba la reincorporación a la vida civil e institucional del país, en materias económica, social y política según sus propios intereses. Una amnistía lo más amplia posible los beneficiaría a todos, y aquellos que se encontraran privados de su libertad, la obtendrían de manera inmediata. Todos quedaron comprometidos a comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz por los delitos más graves no amnistiables.
Las FARC hablamos entonces como ahora del perdón, lo pedimos ante el país y el mundo por cualquier daño ocurrido como consecuencia de nuestras actuaciones. Y también se lo ofrecimos a todos aquellos que nos causaron graves perjuicios durante los años de confrontación. Dijimos no solo adiós a las armas, sinó adiós a los odios, a los resentimientos, a los deseos de venganza. Expresamos nuestro más ferviente deseo de convivir en paz en una nación reconciliada.
La Corte Constitucional había señalado en sentencia previa, la forma como debía refrendarse el Acuerdo en sujeción a la Carta Magna, y apenas unos días después el Congreso de la República, en un acto que lo honró para la historia, lo refrendó por mayoría abrumadora con el aplauso entusiasmado de la nación entera. La comunidad internacional colmo de elogios la forma civilizada y ejemplar como los colombianos habíamos conseguido solucionar nuestras diferencias.
Un años después, en este mismo recinto, transformados en partido político legal, habiendo cumplido completamente con la dejación de armas y con la satisfacción plena de haber honrado la palabra empeñada en cada uno de los compromisos adquiridos, nos presentamos ante la sociedad civil que convoca este acto, para reiterar nuestro compromiso con la paz y la justicia social. Somos un partido serio, no daremos marcha atrás en ninguno de los términos pactados.
Estamos seguros de que nos acompañan millones de Colombianos que soñaron con la terminación del conflicto, que lucharon por la solución política en todos los escenarios, que entienden que la paz es un bien alcanzable con perseverancia y lucha. La convocatoria de este acto así lo comprueba. Es a esa Colombia a la que invitamos a sumarse a la justa brega por la implementación del Acuerdo Final, tal y como se suscribió y refrendó.
Presenciamos hoy el más sorpréndete espectáculo. El mismo congreso que refrendó el acuerdo final, que aprobó los acuerdos legislativos que incorporan a la Constitución Nacional capítulos esenciales del mismo, parece empeñado de modo vergonzoso en hacerlo trizas hoy, en una conducta que envilece al estado colombiano ante propios y extraños. Más aún, la propia corte que blindó los Acuerdos y conminó a todos los poderes a cumplirlos, falla ahora contra ellos.
A un país de históricos montajes policiales y judiciales, pretende el Fiscal Martínez establecer, que el ex combatiente de las FARC que sea acusado de cometer el más mínimo delito con posterioridad a la firma del Acuerdo, perderá de modo automático todos los beneficios y garantías obtenidos, entre ellos la prohibición de ser acreditado. La justicia ordinaria en Colombia, siempre fue un arma más en la guerra, ahora se le quiere usar como tal en la era de la paz.
Corre una voz en el país que debe tornarse en eco, capaz de movilizar el conjunto de las fuerzas que luchan por la paz y la justicia social. Lo que nos están implementando, no es el Acuerdo que se firmó hace un año aquí. No sólo porque se lo pervierta, para continuar persiguiendo a los alzados que dejamos las armas, sino porque en buena parte las leyes en trámite burlan las expectativas e ilusiones de las comunidades, que confiaron en que el Acuerdo transformaría para bien su vida.
No solo lo afirmamos desde el nuevo partido FARC. Lo plantea abiertamente el señor Jeffrey Feltman, Secretario General Adjunto para Asuntos Políticos de las Naciones Unidas. Lo asegura el señor Jean Arnault, Jefe de Misión Política de la ONU, cuyas palabras recientes despertaron las iras del Alto Comisionado. Lo dice sin tapujos el señor Christian Visnes, director del Consejo Noruego de Refugiados. Lo repiten las comunidades desengañadas.
EL fin del conflicto armado es un hecho. Lo demuestran las cifras de entes especializados. Pero también, las cifras crecientes de ex combatientes y sus familiares muertos, de dirigentes sociales asesinados, de comunidades amenazadas y desplazadas, ponen de presente cuánto falta al Estado para cumplir su palabra. Planes y recursos, presencia económica y social, combate abierto a la criminalidad. No se entiende que gente nuestra sea obligada a abandonar los espacios.
Por eso nuestro llamado a la sociedad civil. No podemos fijar que cada 24 de noviembre sea la conmemoración feliz de la firma del Acuerdo Final, como si este documento histórico se hubiera convertido en realidad. Por el contrario, esta fecha ha de representar un clamor nacional, el aliento a una gigantesca movilización de colombianos y colombianas porque se cumpla sin burlas lo pactado. Llenemos de vida el Acuerdo, limpiemos de cizaña el futuro. Muchas Gracias.
Rodrigo Echeverry Londoño
Bogotá, 24 de noviembre de 2017.