Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2018-01-04
Categoría
Comunicado
Carta de los gobiernos de Cuba y Noruega al gobierno nacional y FARC
La Comisión de Seguimiento,
Impulso y Verificación de la Implementación
del Acuerdo Final (CSIVI)
A los Representantes del gobierno nacional y FARC en la CSIVI
Cuba y Noruega, países Garantes de la Mesa de Conversaciones entre el Gobierno de la República de Colombia, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), dirigimos esta carta a las Partes para expresar nuestra preocupación sobre el estado actual del proceso de paz, y hacer un llamado sobre la necesidad de agilizar la implementación de lo pactado en el Acuerdo Final.
No es el propósito de los Garantes hacer un análisis exhaustivo de todos los temas que enfrentan dificultades para su implementación, sino recurrir a la confianza que hemos construido con las dos Partes, a lo largo de estos años, para hacer un llamamiento en favor de identificar con urgencia posibles medidas, en el corto plazo, que permitan desarrollar avances en la implementación del Acuerdo.
Reconocemos que se han alcanzado hasta el momento importantes logros. Las FARC-EP dejaron sus armas, en un proceso reconocido como uno de los más exitosos en esa materia en el mundo. Se estableció como un partido político, tal como se acordó, y adquieren el derecho de participar en política. El gobierno ha impulsado avances importantes en la agenda legislativa.
Este proceso de paz ha despertado la esperanza en la comunidad internacional con la finalización de un conflicto de más de 50 años. El respaldo mundial ha sido unánime. En este momento se determina si la implementación seguirá siendo un ejemplo para la resolución de otros conflictos del planeta.
El estado actual de la implementación del Acuerdo Final tiene desafíos importantes. Ambas Partes tienen la responsabilidad de reafirmar la confianza en el proceso. Consideramos que el nuevo partido FARC debe redoblar sus esfuerzos para que los ex guerrilleros se mantengan dentro del proceso, mientras que el gobierno tiene la responsabilidad de hacer cumplir lo pactado, en especial en los próximos meses, para la implementación de los acuerdos.
A este propósito nos permitimos recordar el fallo de la Corte Constitucional en el que declara exequible el Acto Legislativo 02 de 2017, según el cual: "Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final.”
Conocemos de los resultados del proceso que conllevó a las modificaciones de diversas normas legislativas que forman parte de los acuerdos de La Habana, en particular de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), uno de los ejes del andamiaje de todo el Acuerdo Final, donde se establecen inhabilidades a magistrados que hayan estado vinculado a la denuncia de violaciones de derechos humanos o litigado contra el Estado, al tiempo que exime a terceros, vinculados al conflicto, de presentarse a la propia JEP, como si establecía el Acuerdo Final.
Además, no se aprobaron otros acuerdos de relevancia, como la reforma política, otros referidos a los temas de tierra, e incluso la del otorgamiento de las curules a representantes de las víctimas, la cual aún está en un litigio jurídico.
Esto crea un nuevo escenario para esas leyes primordiales, que son vitales para la implementación del Acuerdo, por lo que urgimos al Gobierno Nacional a que adopte acciones que permitan retomar la letra y el espíritu de dichos compromisos, y hacer aprobar las importantes leyes que no se alcanzaron, o quedaron pendientes.
Algunos de los desafíos actuales en la implementación tienen que ver con los considerables retrasos en el ámbito jurídico, con la falta de seguridad en las áreas de habitual presencia de las FARC, y con el lento proceso de reincorporación socio-económica de los ex combatientes, que recae en la responsabilidad del Gobierno Nacional.
Consideramos positiva la decisión de extender el apoyo logístico y económico a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) hasta finales de marzo del próximo año.
Un grupo de excombatientes han optado por abandonar a los ETCR. Parte de este movimiento es resultado de un proceso normal de reintegración a la sociedad. Pensamos que existe una gran frustración entre muchos de ellos, por lo que es necesario adoptar urgentes medidas que puedan restablecer en este colectivo la confianza en el proceso.
Expresamos preocupación por el incremento de los asesinatos de defensores de derechos humanos, líderes sociales y de excombatientes, o personas con vinculación familiar. La falta de seguridad es un factor de desestabilización del proceso de paz, como lo demuestran los recientes hechos de Tumaco y otras regiones del posconflicto, afectados por la lucha de control sobre economías ilegales.
Sugerimos una priorización de los siguientes temas:
Acciones de incidencia concretas para lograr la inmediata excarcelación de los miembros de FARC que han sido acreditados por la OACP y la toma de decisiones urgentes sobre los miembros de FARC que aún no han sido objeto de acreditación por parte de la OACP.
Esfuerzos redoblados para que el número significativo de miembros de FARC, verificados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), que aún no tiene su cédula de ciudadanía cuenten lo antes posible con sus documentos de identificación.
El deterioro de la situación de seguridad en las áreas abandonadas por FARC es preocupante ante el incremento de la presencia de bandas criminales, por lo que alentamos a que el Gobierno tome medidas que fortalezcan la seguridad de las comunidades y de los ex combatientes de las FARC.
El acceso a la tierra para dar inicio a pequeños proyectos productivos de impacto inmediato es un factor clave. Sugerimos la compra expedita de predios identificados por la Agencia Nacional de Tierra (ANT), identificados como viables en términos jurídicos y productivos para este fin. Resulta esencial que la adjudicación individual o colectiva de esos predios garantice una seguridad jurídica suficiente para una actividad económica sostenible a largo plazo. Es urgente implementar proyectos productivos en los ETCR.
Algunas iniciativas de la cooperación internacional relativas a la reincorporación ya han iniciado en dichos espacios, a pesar de las restricciones relacionadas con el acceso a la tierra. Animamos a las Partes, y en particular al gobierno, a hacer un esfuerzo coordinado hacia los países donantes con el fin de acelerar la implementación de tales proyectos.
La lucha contra los cultivos ilícitos es un compromiso común entre las Partes. Se han hecho avances importantes, pero la falta de coordinación entre actividades de sustitución como lo consigna el acuerdo, así como los retos de un diálogo eficaz con las comunidades, ha generado tensiones en los territorios, lo que amenaza la estabilidad del proceso. Es de suma importancia que las Partes avancen de forma conjunta en este esfuerzo.
Creemos que estas medidas pueden ser relevantes también respecto al debate del informe al Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas sobre la implementación del acuerdo – en cuanto a lo pactado en el ámbito de seguridad y reincorporación de ex combatientes – que está programado para el día 10 de enero de 2018.
Los Garantes resaltan la urgencia y necesidad del respaldo de la comunidad internacional en este especial momento para el proceso de paz en Colombia, por lo cual solicitamos a las Partes que desplieguen acciones con el propósito de convocarlo.
El Acuerdo Final tiene un componente importante de seguimiento internacional, en las funciones asignadas a los ex presidentes Felipe González y José Mujica, como Notables dentro del Mecanismo de Verificación de la Implementación del Acuerdo Final, por lo cual como Garantes alentaremos los esfuerzos que este Mecanismo realice. Estamos remitiéndoles copia a los Notables de la presente carta.
Para Cuba y Noruega es un honor apoyar y acompañar a las Partes en el proceso de paz y la implementación de los acuerdos de La Habana. Nuestra condición de países Garantes del proceso nos obliga, a plantear estas preocupaciones, con todo respeto, confianza y, ante todo, con la intención sincera de respaldar la implementación del Acuerdo Final. Sepan que nuestro compromiso con la paz en Colombia seguirá siendo firme, aún frente a los desafíos futuros por venir.
Atentamente,
Por la República de Cuba Sr. Jorge Iván Mora Godoy, Embajador y Jefe del Equipo de Garantes
Por el Reino de Noruega Sra. Anne Heidi Kvalsøren, Enviada Especial y Garante para el Proceso de Paz en Colombia
Impulso y Verificación de la Implementación
del Acuerdo Final (CSIVI)
A los Representantes del gobierno nacional y FARC en la CSIVI
Cuba y Noruega, países Garantes de la Mesa de Conversaciones entre el Gobierno de la República de Colombia, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), dirigimos esta carta a las Partes para expresar nuestra preocupación sobre el estado actual del proceso de paz, y hacer un llamado sobre la necesidad de agilizar la implementación de lo pactado en el Acuerdo Final.
No es el propósito de los Garantes hacer un análisis exhaustivo de todos los temas que enfrentan dificultades para su implementación, sino recurrir a la confianza que hemos construido con las dos Partes, a lo largo de estos años, para hacer un llamamiento en favor de identificar con urgencia posibles medidas, en el corto plazo, que permitan desarrollar avances en la implementación del Acuerdo.
Reconocemos que se han alcanzado hasta el momento importantes logros. Las FARC-EP dejaron sus armas, en un proceso reconocido como uno de los más exitosos en esa materia en el mundo. Se estableció como un partido político, tal como se acordó, y adquieren el derecho de participar en política. El gobierno ha impulsado avances importantes en la agenda legislativa.
Este proceso de paz ha despertado la esperanza en la comunidad internacional con la finalización de un conflicto de más de 50 años. El respaldo mundial ha sido unánime. En este momento se determina si la implementación seguirá siendo un ejemplo para la resolución de otros conflictos del planeta.
El estado actual de la implementación del Acuerdo Final tiene desafíos importantes. Ambas Partes tienen la responsabilidad de reafirmar la confianza en el proceso. Consideramos que el nuevo partido FARC debe redoblar sus esfuerzos para que los ex guerrilleros se mantengan dentro del proceso, mientras que el gobierno tiene la responsabilidad de hacer cumplir lo pactado, en especial en los próximos meses, para la implementación de los acuerdos.
A este propósito nos permitimos recordar el fallo de la Corte Constitucional en el que declara exequible el Acto Legislativo 02 de 2017, según el cual: "Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final.”
Conocemos de los resultados del proceso que conllevó a las modificaciones de diversas normas legislativas que forman parte de los acuerdos de La Habana, en particular de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), uno de los ejes del andamiaje de todo el Acuerdo Final, donde se establecen inhabilidades a magistrados que hayan estado vinculado a la denuncia de violaciones de derechos humanos o litigado contra el Estado, al tiempo que exime a terceros, vinculados al conflicto, de presentarse a la propia JEP, como si establecía el Acuerdo Final.
Además, no se aprobaron otros acuerdos de relevancia, como la reforma política, otros referidos a los temas de tierra, e incluso la del otorgamiento de las curules a representantes de las víctimas, la cual aún está en un litigio jurídico.
Esto crea un nuevo escenario para esas leyes primordiales, que son vitales para la implementación del Acuerdo, por lo que urgimos al Gobierno Nacional a que adopte acciones que permitan retomar la letra y el espíritu de dichos compromisos, y hacer aprobar las importantes leyes que no se alcanzaron, o quedaron pendientes.
Algunos de los desafíos actuales en la implementación tienen que ver con los considerables retrasos en el ámbito jurídico, con la falta de seguridad en las áreas de habitual presencia de las FARC, y con el lento proceso de reincorporación socio-económica de los ex combatientes, que recae en la responsabilidad del Gobierno Nacional.
Consideramos positiva la decisión de extender el apoyo logístico y económico a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) hasta finales de marzo del próximo año.
Un grupo de excombatientes han optado por abandonar a los ETCR. Parte de este movimiento es resultado de un proceso normal de reintegración a la sociedad. Pensamos que existe una gran frustración entre muchos de ellos, por lo que es necesario adoptar urgentes medidas que puedan restablecer en este colectivo la confianza en el proceso.
Expresamos preocupación por el incremento de los asesinatos de defensores de derechos humanos, líderes sociales y de excombatientes, o personas con vinculación familiar. La falta de seguridad es un factor de desestabilización del proceso de paz, como lo demuestran los recientes hechos de Tumaco y otras regiones del posconflicto, afectados por la lucha de control sobre economías ilegales.
Sugerimos una priorización de los siguientes temas:
Acciones de incidencia concretas para lograr la inmediata excarcelación de los miembros de FARC que han sido acreditados por la OACP y la toma de decisiones urgentes sobre los miembros de FARC que aún no han sido objeto de acreditación por parte de la OACP.
Esfuerzos redoblados para que el número significativo de miembros de FARC, verificados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), que aún no tiene su cédula de ciudadanía cuenten lo antes posible con sus documentos de identificación.
El deterioro de la situación de seguridad en las áreas abandonadas por FARC es preocupante ante el incremento de la presencia de bandas criminales, por lo que alentamos a que el Gobierno tome medidas que fortalezcan la seguridad de las comunidades y de los ex combatientes de las FARC.
El acceso a la tierra para dar inicio a pequeños proyectos productivos de impacto inmediato es un factor clave. Sugerimos la compra expedita de predios identificados por la Agencia Nacional de Tierra (ANT), identificados como viables en términos jurídicos y productivos para este fin. Resulta esencial que la adjudicación individual o colectiva de esos predios garantice una seguridad jurídica suficiente para una actividad económica sostenible a largo plazo. Es urgente implementar proyectos productivos en los ETCR.
Algunas iniciativas de la cooperación internacional relativas a la reincorporación ya han iniciado en dichos espacios, a pesar de las restricciones relacionadas con el acceso a la tierra. Animamos a las Partes, y en particular al gobierno, a hacer un esfuerzo coordinado hacia los países donantes con el fin de acelerar la implementación de tales proyectos.
La lucha contra los cultivos ilícitos es un compromiso común entre las Partes. Se han hecho avances importantes, pero la falta de coordinación entre actividades de sustitución como lo consigna el acuerdo, así como los retos de un diálogo eficaz con las comunidades, ha generado tensiones en los territorios, lo que amenaza la estabilidad del proceso. Es de suma importancia que las Partes avancen de forma conjunta en este esfuerzo.
Creemos que estas medidas pueden ser relevantes también respecto al debate del informe al Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas sobre la implementación del acuerdo – en cuanto a lo pactado en el ámbito de seguridad y reincorporación de ex combatientes – que está programado para el día 10 de enero de 2018.
Los Garantes resaltan la urgencia y necesidad del respaldo de la comunidad internacional en este especial momento para el proceso de paz en Colombia, por lo cual solicitamos a las Partes que desplieguen acciones con el propósito de convocarlo.
El Acuerdo Final tiene un componente importante de seguimiento internacional, en las funciones asignadas a los ex presidentes Felipe González y José Mujica, como Notables dentro del Mecanismo de Verificación de la Implementación del Acuerdo Final, por lo cual como Garantes alentaremos los esfuerzos que este Mecanismo realice. Estamos remitiéndoles copia a los Notables de la presente carta.
Para Cuba y Noruega es un honor apoyar y acompañar a las Partes en el proceso de paz y la implementación de los acuerdos de La Habana. Nuestra condición de países Garantes del proceso nos obliga, a plantear estas preocupaciones, con todo respeto, confianza y, ante todo, con la intención sincera de respaldar la implementación del Acuerdo Final. Sepan que nuestro compromiso con la paz en Colombia seguirá siendo firme, aún frente a los desafíos futuros por venir.
Atentamente,
Por la República de Cuba Sr. Jorge Iván Mora Godoy, Embajador y Jefe del Equipo de Garantes
Por el Reino de Noruega Sra. Anne Heidi Kvalsøren, Enviada Especial y Garante para el Proceso de Paz en Colombia