Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2001-12-18
Categoría
Comunicado
Fichero Adjunto
República Mexicana, 18 de diciembre de 2001
AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
Históricamente, México ha sido un país en el que se han refugiado gran cantidad de perseguidos políticos. Gente que huye de la represión ejercida por regímenes de corte militarista y totalitario, que pretenden que las condiciones de vida de sus gobernados no cambie, que siga igual.
Mientras se daba asilo político a luchadores sociales de Centro y Sudamérica, a los luchadores nacionales se les secuestraba y desaparecía utilizando todas las fuerzas de seguridad y todos los medios al alcance del Estado.
Para México, las décadas de los años sesenta y setenta representan una época negra en cuanto a respeto a los derechos humanos se refiere. Las noticias sobre la forma y cantidad de personas desaparecidas nos permite ver con claridad qué tanto los "gobiernos democráticos" en México han sido candil de la calle y oscuridad de su casa.
La responsabilidad institucional no se puede negar. La mayor parte de las violaciones de los derechos humanos se produjo con conocimiento o por orden de las más altas autoridades del Estado. Existen evidencias que concuerdan en que los servicios de Inteligencia del ejército, obtenían información sobre toda clase de personas y organizaciones civiles, evaluaban el comportamiento de éstas en sus respectivos campos de actividad, elaboraban las listas de los que debían ser reprimidos por su carácter supuestamente subversivo y procedían, según los casos, a su captura, interrogatorio, tortura, desaparición forzada, o a su ejecución.
Definitivamente las responsabilidades de gran parte de estas violaciones alcanzan, en la línea de mando militar y de la responsabilidad política y administrativa, a los más altos grados del ejército y de los sucesivos gobiernos.
Argumentos como que los mandos subalternos actuaban con autonomía y descentralización, que explicaría que se cometieran "excesos" y "errores" que no fueron ordenados por la superioridad, constituye un ar-gumento sin sustento, corroborado por el hecho notorio de que ningún jefe, oficial o mando medio del ejército o de las fuerzas de seguridad del Estado fuera procesado ni condenado por sus acciones violatorias de los derechos humanos; esto confirma de manera contundente que la mayor parte de tales violaciones fueron resultado de una política de orden institucional, que aseguró una impenetrable impunidad, la cual persiste hasta ahora.
Conocer la verdad sobre el paradero de cada una las personas desaparecidas implica para la sociedad, no solamente conocer un aspecto fundamental de su historia de lucha reciente sino reconocer que cada una de las víctimas fue tratada desproporcionadamente y que su lucha es, ha sido y será legítima mientras las condiciones de vida sigan siendo las mismas.
La creación de una comisión de la verdad implica, desde luego, señalar tanto a los diferentes gobiernos y las fuerzas del Estado, como a las diferentes organizaciones en tanto que se cometen una serie de delitos que se catalogan de forma diferente, es decir, los cometidos por las fuerzas del Estado se consideran como violaciones a los derechos humanos y los de grupos "subversivos" como delitos.
Dicha comisión, aún cuando no fuera de carácter "penal", "judicial", "acusatoria", debe señalar de manera clara quiénes son los implicados en cada uno de los casos al menos como institución.
El informe sobre guerra sucia en Guerrero y que estuvo desaparecido durante varios años, es un elemento importante para iniciar un proceso de conocimiento de la verdad sobre lo sucedido durante las últimos 30 años en México.
Sin embargo la postura del Ejecutivo federal es la de no a la comisión de la verdad. Postura acorde a su política también represiva. Para muestra basta un botón (bueno varios en tan sólo 11 meses):
-Coyutla, Veracruz. Desalojo violento a campesinos que habían ocupado la ayudantía municipal.
-Ratificación de la sentencia a los ecologistas presos en la cárcel de Iguala. Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera opositores a la tala inmoderada de la Sierra de Petatlán, torturados y encarcelados por el estado de Guerrero. Paradojas del destino, la comunidad internacional les da a cambio reconocimiento como ejemplo de valentía y conciencia por la tierra.
-Faustino Jiménez de la comunidad El Depósito, municipio de Juan R. Escudero, detenido el 17 de junio por policías judiciales y hasta la fecha se desconoce su paradero.
-Máximo Mojica Delgado, director de una escuela primaria en Teloloapan, Gro. Fue visto por última vez el 31 de agosto en Iguala.
-Alejandro Martínez, de 26 años, y Jesús González, de 22, fueron detenidos en la capital de Colima por policías judiciales y hasta el momento desaparecidos.
-La detención de los presuntos responsables de las explosiones en las sucursales de Banamex, fabricando culpables.
-El asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido.
¿Es necesaria o no la Comisión de la Verdad?
La respuesta es sí.
¡Vivos se los llevaron… Vivos los queremos!
Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI)
República Mexicana a 18 de diciembre de 2001
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
Históricamente, México ha sido un país en el que se han refugiado gran cantidad de perseguidos políticos. Gente que huye de la represión ejercida por regímenes de corte militarista y totalitario, que pretenden que las condiciones de vida de sus gobernados no cambie, que siga igual.
Mientras se daba asilo político a luchadores sociales de Centro y Sudamérica, a los luchadores nacionales se les secuestraba y desaparecía utilizando todas las fuerzas de seguridad y todos los medios al alcance del Estado.
Para México, las décadas de los años sesenta y setenta representan una época negra en cuanto a respeto a los derechos humanos se refiere. Las noticias sobre la forma y cantidad de personas desaparecidas nos permite ver con claridad qué tanto los "gobiernos democráticos" en México han sido candil de la calle y oscuridad de su casa.
La responsabilidad institucional no se puede negar. La mayor parte de las violaciones de los derechos humanos se produjo con conocimiento o por orden de las más altas autoridades del Estado. Existen evidencias que concuerdan en que los servicios de Inteligencia del ejército, obtenían información sobre toda clase de personas y organizaciones civiles, evaluaban el comportamiento de éstas en sus respectivos campos de actividad, elaboraban las listas de los que debían ser reprimidos por su carácter supuestamente subversivo y procedían, según los casos, a su captura, interrogatorio, tortura, desaparición forzada, o a su ejecución.
Definitivamente las responsabilidades de gran parte de estas violaciones alcanzan, en la línea de mando militar y de la responsabilidad política y administrativa, a los más altos grados del ejército y de los sucesivos gobiernos.
Argumentos como que los mandos subalternos actuaban con autonomía y descentralización, que explicaría que se cometieran "excesos" y "errores" que no fueron ordenados por la superioridad, constituye un ar-gumento sin sustento, corroborado por el hecho notorio de que ningún jefe, oficial o mando medio del ejército o de las fuerzas de seguridad del Estado fuera procesado ni condenado por sus acciones violatorias de los derechos humanos; esto confirma de manera contundente que la mayor parte de tales violaciones fueron resultado de una política de orden institucional, que aseguró una impenetrable impunidad, la cual persiste hasta ahora.
Conocer la verdad sobre el paradero de cada una las personas desaparecidas implica para la sociedad, no solamente conocer un aspecto fundamental de su historia de lucha reciente sino reconocer que cada una de las víctimas fue tratada desproporcionadamente y que su lucha es, ha sido y será legítima mientras las condiciones de vida sigan siendo las mismas.
La creación de una comisión de la verdad implica, desde luego, señalar tanto a los diferentes gobiernos y las fuerzas del Estado, como a las diferentes organizaciones en tanto que se cometen una serie de delitos que se catalogan de forma diferente, es decir, los cometidos por las fuerzas del Estado se consideran como violaciones a los derechos humanos y los de grupos "subversivos" como delitos.
Dicha comisión, aún cuando no fuera de carácter "penal", "judicial", "acusatoria", debe señalar de manera clara quiénes son los implicados en cada uno de los casos al menos como institución.
El informe sobre guerra sucia en Guerrero y que estuvo desaparecido durante varios años, es un elemento importante para iniciar un proceso de conocimiento de la verdad sobre lo sucedido durante las últimos 30 años en México.
Sin embargo la postura del Ejecutivo federal es la de no a la comisión de la verdad. Postura acorde a su política también represiva. Para muestra basta un botón (bueno varios en tan sólo 11 meses):
-Coyutla, Veracruz. Desalojo violento a campesinos que habían ocupado la ayudantía municipal.
-Ratificación de la sentencia a los ecologistas presos en la cárcel de Iguala. Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera opositores a la tala inmoderada de la Sierra de Petatlán, torturados y encarcelados por el estado de Guerrero. Paradojas del destino, la comunidad internacional les da a cambio reconocimiento como ejemplo de valentía y conciencia por la tierra.
-Faustino Jiménez de la comunidad El Depósito, municipio de Juan R. Escudero, detenido el 17 de junio por policías judiciales y hasta la fecha se desconoce su paradero.
-Máximo Mojica Delgado, director de una escuela primaria en Teloloapan, Gro. Fue visto por última vez el 31 de agosto en Iguala.
-Alejandro Martínez, de 26 años, y Jesús González, de 22, fueron detenidos en la capital de Colima por policías judiciales y hasta el momento desaparecidos.
-La detención de los presuntos responsables de las explosiones en las sucursales de Banamex, fabricando culpables.
-El asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido.
¿Es necesaria o no la Comisión de la Verdad?
La respuesta es sí.
¡Vivos se los llevaron… Vivos los queremos!
Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI)
República Mexicana a 18 de diciembre de 2001