Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2018-01-13
Categoría
Comunicado
Intervención del CNR ante el Secretario General de Naciones Unidas
Señor Secretario General de las Naciones Unidas António Guterres, nuestro saludo cordial y de reconocimiento a los esfuerzos que realiza por la paz de Colombia y el mundo.
Concluido el primer año de implementación del Acuerdo Final, e inmersos en un nuevo año, complejo por estar atravesado por el calendario electoral, recibimos con grandes expectativas su visita, muestra efectiva del respaldo de la comunidad internacional al anhelo de construir la paz completa para Colombia, con justicia social, y hacer de este hemisferio, un territorio libre de conflictos armados.
De parte del jefe de la Misión de la ONU en Colombia, señor Jean Arnault, usted ha recibido un objetivo balance, entre otros temas, del proceso de reincorporación económica y social de la comunidad fariana a todas las actividades en el marco de la legalidad. Sin ánimo de ser reiterativos o controvertir lo informado, queremos aportar nuestra visión de la realidad que a la fecha viven miles de exintegrantes de las FARC-EP, sus familias y las comunidades que con esperanza han abrazado este proceso.
Queremos referirnos a tres aspectos claves y dos componentes transversales que, desde nuestra lectura, resultan indispensables para alcanzar una reincorporación exitosa, y con ello contribuir de manera certera a la construcción de una paz estable y duradera.
- Primero, nos referirmos a la seguridad jurídica de hombres y mujeres que integran la comunidad fariana. Inicialmente, la acreditación, como es de público conocimiento, constituye la puerta de entrada al proceso de reincorporación al hacer a los integrantes de la comunidad fariana acreedores de los derechos adquiridos por haber manifestado su voluntad colectiva de paz. La incertidumbre crece porque después de un año de firmado el Acuerdo Final, aun 2.428 no cuenten con la acreditación, lo que repercute en la obtención de la cedulación y posteriormente en el acceso a las garantías económicas y sociales.
Todas nuestras expectativas están centradas en que lo dispuesto en el Acuerdo Final en materia de acompañamiento internacional sea materializado, fundamentalmente la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, tarea en la cual la Segunda Misión tiene un papel determinante para que el Estado colombiano asuma el compromiso firmado. Más de 636 personas permanecen en cárceles colombianas y Simón Trinidad y cuatro compañeros más en las cárceles del mundo, expuestos a los vejámenes de los regímenes penitenciarios y excluidos de los derechos a los cuales son acreedores por ser parte del Acuerdo Final.
Es inadmisible que un año después de firmado el acuerdo las bases de datos de instituciones estatales no hayan sido actualizadas, ocasionando que muchos y muchas integrantes de la comunidad fariana sean requeridos e detenidos por la fuerza pública, desconociendo los desarrollos que en materia de amnistía e indulto se han acordado. A esto se le suman inhabilidades que restringen el derecho al trabajo, restringiendo las oportunidades laborales de los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación, y por último, la suspensión de derechos políticos que pone en entredicho la esencia del acuerdo que es la participación política.
- Segundo, la implementación del acuerdo en cuanto a seguridad física de la comunidad de excombatientes y liderazgos de organizaciones populares y defensoras de derechos en los territorios donde se desarrollo el conflicto. Al respecto valoramos los desarrollos que en esta materia se alcanzaron durante el primer año de implementación del Acuerdo Final. Sin duda, contar con una normatividad acorde a los desafíos que en materia de seguridad se le presentan a Colombia es un paso acertado en la dirección correcta. No obstante, nos preocupa sobre manera que a la fecha más de 140 líderes sociales y 47 integrantes de la comunidad fariana han sido asesinados (34 excombatientes y 13 familiares).
Nuestra preocupación y la de la ciudadanía en general crece ante la falta de medidas efectivas para desmontar la sistematica violación a los derechos humanos de la que también es víctima la población en proceso de reincorporación. Confiamos en que las Naciones Unidas fortalecerán sus acciones de acompañamiento a la comunidad en proceso de reincorporación y a los habitantes de las regiones victimas del conflicto, para que el Estado colombiano implemente los mecanismos que dispuso el acuerdos de La Habana, para que las comunidades en general puedan sentir que la paz no nos cueste perder la vida y sí el nacimiento de la esperanza.
- Tercero, la indispensable seguridad socioeconómica, quedó plasmada en el Acuerdo Final, como parte del fortalecimiento de las prácticas autónomas dirigidas a fortalecer la economía social y solidaria. Para esta practica hemos constituido ECOMUN con todas las dificultades que dicha tarea representa para un grupo social que no cuenta aún con la documentación necesaria para cumplir con los tramites que se exigen. Aun así, hemos sabido salir adelante, a la fecha se encuentran conformadas 42 cooperativas en los 26 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación y en los nuevos lugares de asentamiento colectivos de integrantes de esta nueva comunidad en proceso de reicorporación.
No obstante, como lo señaló el Informe Trimestral del Secretario General al Consejo de Seguridad sobre la Misión de Verificación, si bien en el Acuerdo Final se establecio el compromiso del acceso a la tierra para la ejecución de los proyectos productivos para la reincoporación económica, tambien es cierto que no se establecieron medidas específicas para el acceso a la ella, Resulta incoherente que en un proceso de reincorporación de miles de hombres y mujeres con una profunda vocación agraria y una intensa disposición por resignificar la vida campesina, no exista la voluntad política de viabilizar el acceso a tierras para proyectos productivos y vivienda. Hacemos énfasis en que el Acuerdo Final en términos generales precisó algunos elementos sobre el acceso a la tierra y posteriormente en el Decreto Ley 902 de 2017 se estableció una ruta concreta sobre el acceso a a ella para el proceso de reincorporación. Al compartir con la Organización de las Naciones Unidas la preocupación sobre esta problemática, también nos asiste la confianza que sus buenos oficios y recomendaciones permitiran que el gobierno y el Estado colombiano garantice de manera urgente el acceso y titularidad, a la tierra para el proceso de reincorporación.
La experiencia internacional, así como la nacional, evidencia que los asuntos relativos a la reincorporación de excombatientes a la vida civil reclaman ajustes y medidas adicionales a lo pactado en los acuerdos de paz, nuestra realidad así lo reclama.
Dado que el sustento económico no lo es todo, el acceso a los derechos fundamentales: salud, educación, vivienda, cultura, recreación y deporte, se erigen como un gran desafío en este proceso, ante todo, porque no somos ajenos a las realidades de las comunidades que habitan el campo colombiano, donde el Estado aun no llega. Con esto queremos señalar que en materia de educación los desarrollos han sido gracias al apoyo de la comunidad internacional, la salud es precaria y no se corresponde con las necesidades de una población que sale de un conflicto armado y que por lo tanto requiere atención especializada que es inexistente en la ruralidad. El derecho a la vivienda digna aún no ha sido abordado y lo mismo ocurre con la cultura, la recreación y el deporte.
Como garantes y promotores de los derechos humanos, les solicitamos respetuosamente que intercedan ante el Estado colombiano para que cumpla con sus obligaciones con estos nuevos ciudadanos.
Finalmente, compartimos los hallazgos de la Misión: Colombia no posee experiencia en materia de reincorporación colectiva y tampoco ha desarrollado estrategias acordes a las realidades de la ruralidad, epicentro del proceso actual. Compartimos plenamente una de las conclusiones enunciadas también por la Misión de que urge un Plan Nacional de Reincorporación y sus respectivos Planes Territoriales. Estos últimos, construidos de manera participativa, tanto por la comunidad fariana como por las comunidades con quienes cohabitan el territorio y las cuales han estado históricamente excluidas del goce efectivo de derechos. Para ello, estimamos indispensable elevar el nivel del Consejo Nacional de Reincorporación y hacer partícipes a las autoridades locales en los Consejos Territoriales de Reincorporación. La reincorporación, desde nuestra perspectiva, constituye una oportunidad, sin igual, para promover el desarrollo económico y profundizar la democracia reincorporando el Estado a los territorios marginados donde historicamente su presencia ha sido militar y policial; reconstruir el tejido social y reconciliar a la nación, garantizando sus derechos fundamentales y de vida digna.
Nuestro compromiso es por la paz de Colombia, el continente y el mundo. Somos optimista que en este nuevo campo de batalla en democracia y por la democracia se expresara una nueva ciudadania sujeta de derechos, movilizadora y garante de la no repetición. Netemos la confianza que Colombia cuenta con el apoyo de las Naciones Unidas y de usted señor Antonio Guterrez como Secretario General. Muchas gracias.
Bogotá enero 13 de 2018.
Concluido el primer año de implementación del Acuerdo Final, e inmersos en un nuevo año, complejo por estar atravesado por el calendario electoral, recibimos con grandes expectativas su visita, muestra efectiva del respaldo de la comunidad internacional al anhelo de construir la paz completa para Colombia, con justicia social, y hacer de este hemisferio, un territorio libre de conflictos armados.
De parte del jefe de la Misión de la ONU en Colombia, señor Jean Arnault, usted ha recibido un objetivo balance, entre otros temas, del proceso de reincorporación económica y social de la comunidad fariana a todas las actividades en el marco de la legalidad. Sin ánimo de ser reiterativos o controvertir lo informado, queremos aportar nuestra visión de la realidad que a la fecha viven miles de exintegrantes de las FARC-EP, sus familias y las comunidades que con esperanza han abrazado este proceso.
Queremos referirnos a tres aspectos claves y dos componentes transversales que, desde nuestra lectura, resultan indispensables para alcanzar una reincorporación exitosa, y con ello contribuir de manera certera a la construcción de una paz estable y duradera.
- Primero, nos referirmos a la seguridad jurídica de hombres y mujeres que integran la comunidad fariana. Inicialmente, la acreditación, como es de público conocimiento, constituye la puerta de entrada al proceso de reincorporación al hacer a los integrantes de la comunidad fariana acreedores de los derechos adquiridos por haber manifestado su voluntad colectiva de paz. La incertidumbre crece porque después de un año de firmado el Acuerdo Final, aun 2.428 no cuenten con la acreditación, lo que repercute en la obtención de la cedulación y posteriormente en el acceso a las garantías económicas y sociales.
Todas nuestras expectativas están centradas en que lo dispuesto en el Acuerdo Final en materia de acompañamiento internacional sea materializado, fundamentalmente la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, tarea en la cual la Segunda Misión tiene un papel determinante para que el Estado colombiano asuma el compromiso firmado. Más de 636 personas permanecen en cárceles colombianas y Simón Trinidad y cuatro compañeros más en las cárceles del mundo, expuestos a los vejámenes de los regímenes penitenciarios y excluidos de los derechos a los cuales son acreedores por ser parte del Acuerdo Final.
Es inadmisible que un año después de firmado el acuerdo las bases de datos de instituciones estatales no hayan sido actualizadas, ocasionando que muchos y muchas integrantes de la comunidad fariana sean requeridos e detenidos por la fuerza pública, desconociendo los desarrollos que en materia de amnistía e indulto se han acordado. A esto se le suman inhabilidades que restringen el derecho al trabajo, restringiendo las oportunidades laborales de los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación, y por último, la suspensión de derechos políticos que pone en entredicho la esencia del acuerdo que es la participación política.
- Segundo, la implementación del acuerdo en cuanto a seguridad física de la comunidad de excombatientes y liderazgos de organizaciones populares y defensoras de derechos en los territorios donde se desarrollo el conflicto. Al respecto valoramos los desarrollos que en esta materia se alcanzaron durante el primer año de implementación del Acuerdo Final. Sin duda, contar con una normatividad acorde a los desafíos que en materia de seguridad se le presentan a Colombia es un paso acertado en la dirección correcta. No obstante, nos preocupa sobre manera que a la fecha más de 140 líderes sociales y 47 integrantes de la comunidad fariana han sido asesinados (34 excombatientes y 13 familiares).
Nuestra preocupación y la de la ciudadanía en general crece ante la falta de medidas efectivas para desmontar la sistematica violación a los derechos humanos de la que también es víctima la población en proceso de reincorporación. Confiamos en que las Naciones Unidas fortalecerán sus acciones de acompañamiento a la comunidad en proceso de reincorporación y a los habitantes de las regiones victimas del conflicto, para que el Estado colombiano implemente los mecanismos que dispuso el acuerdos de La Habana, para que las comunidades en general puedan sentir que la paz no nos cueste perder la vida y sí el nacimiento de la esperanza.
- Tercero, la indispensable seguridad socioeconómica, quedó plasmada en el Acuerdo Final, como parte del fortalecimiento de las prácticas autónomas dirigidas a fortalecer la economía social y solidaria. Para esta practica hemos constituido ECOMUN con todas las dificultades que dicha tarea representa para un grupo social que no cuenta aún con la documentación necesaria para cumplir con los tramites que se exigen. Aun así, hemos sabido salir adelante, a la fecha se encuentran conformadas 42 cooperativas en los 26 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación y en los nuevos lugares de asentamiento colectivos de integrantes de esta nueva comunidad en proceso de reicorporación.
No obstante, como lo señaló el Informe Trimestral del Secretario General al Consejo de Seguridad sobre la Misión de Verificación, si bien en el Acuerdo Final se establecio el compromiso del acceso a la tierra para la ejecución de los proyectos productivos para la reincoporación económica, tambien es cierto que no se establecieron medidas específicas para el acceso a la ella, Resulta incoherente que en un proceso de reincorporación de miles de hombres y mujeres con una profunda vocación agraria y una intensa disposición por resignificar la vida campesina, no exista la voluntad política de viabilizar el acceso a tierras para proyectos productivos y vivienda. Hacemos énfasis en que el Acuerdo Final en términos generales precisó algunos elementos sobre el acceso a la tierra y posteriormente en el Decreto Ley 902 de 2017 se estableció una ruta concreta sobre el acceso a a ella para el proceso de reincorporación. Al compartir con la Organización de las Naciones Unidas la preocupación sobre esta problemática, también nos asiste la confianza que sus buenos oficios y recomendaciones permitiran que el gobierno y el Estado colombiano garantice de manera urgente el acceso y titularidad, a la tierra para el proceso de reincorporación.
La experiencia internacional, así como la nacional, evidencia que los asuntos relativos a la reincorporación de excombatientes a la vida civil reclaman ajustes y medidas adicionales a lo pactado en los acuerdos de paz, nuestra realidad así lo reclama.
Dado que el sustento económico no lo es todo, el acceso a los derechos fundamentales: salud, educación, vivienda, cultura, recreación y deporte, se erigen como un gran desafío en este proceso, ante todo, porque no somos ajenos a las realidades de las comunidades que habitan el campo colombiano, donde el Estado aun no llega. Con esto queremos señalar que en materia de educación los desarrollos han sido gracias al apoyo de la comunidad internacional, la salud es precaria y no se corresponde con las necesidades de una población que sale de un conflicto armado y que por lo tanto requiere atención especializada que es inexistente en la ruralidad. El derecho a la vivienda digna aún no ha sido abordado y lo mismo ocurre con la cultura, la recreación y el deporte.
Como garantes y promotores de los derechos humanos, les solicitamos respetuosamente que intercedan ante el Estado colombiano para que cumpla con sus obligaciones con estos nuevos ciudadanos.
Finalmente, compartimos los hallazgos de la Misión: Colombia no posee experiencia en materia de reincorporación colectiva y tampoco ha desarrollado estrategias acordes a las realidades de la ruralidad, epicentro del proceso actual. Compartimos plenamente una de las conclusiones enunciadas también por la Misión de que urge un Plan Nacional de Reincorporación y sus respectivos Planes Territoriales. Estos últimos, construidos de manera participativa, tanto por la comunidad fariana como por las comunidades con quienes cohabitan el territorio y las cuales han estado históricamente excluidas del goce efectivo de derechos. Para ello, estimamos indispensable elevar el nivel del Consejo Nacional de Reincorporación y hacer partícipes a las autoridades locales en los Consejos Territoriales de Reincorporación. La reincorporación, desde nuestra perspectiva, constituye una oportunidad, sin igual, para promover el desarrollo económico y profundizar la democracia reincorporando el Estado a los territorios marginados donde historicamente su presencia ha sido militar y policial; reconstruir el tejido social y reconciliar a la nación, garantizando sus derechos fundamentales y de vida digna.
Nuestro compromiso es por la paz de Colombia, el continente y el mundo. Somos optimista que en este nuevo campo de batalla en democracia y por la democracia se expresara una nueva ciudadania sujeta de derechos, movilizadora y garante de la no repetición. Netemos la confianza que Colombia cuenta con el apoyo de las Naciones Unidas y de usted señor Antonio Guterrez como Secretario General. Muchas gracias.
Bogotá enero 13 de 2018.