Santos y sus trampas en Quito

SANTOS Y SUS TRAMPAS EN QUITO

Las dificultades que puso el gobierno desde 2016 para instalar la mesa de Quito, al hacer exigencias unilaterales al ELN en el tema de las retenciones y negar la libertad a varios de sus voceros, los repetidos intentos de incumplir la agenda divulgada en Caracas, las violaciones al cese de fuego pactado por cuatro meses que culminaron con una gran militarización del país que alimenta una barbarie al estilo de Álvaro Uribe, indican que Juan Manuel Santos y sus ministros vienen jugado y actuando en contravía a los anhelos de paz de muchos colombianos.

El Fiscal General y la Procuraduría han secundado estas tretas contrainsurgentes.

La unilateralidad militar que reclama el gobierno al ELN es inadmisible y violatoria de lo pactado antes de iniciar la mesa de Quito. Un verdadero cese de fuego debe incluir compromisos simétricos de las partes enfrentadas para lograr parar las acciones militares ofensivas.

Es decir, con esas exigencias Santos busca allanar el camino a la rendición mientras el ELN plantea diálogo y negociación sin perder su carácter de fuerza beligerante. Los incumplimientos gubernamentales se han tratado de justificar de distintas formas, incluyendo la utilización de cartas de sectores de la llamada “sociedad civil” que, en no pocas veces, impregnadas de voluntarismo pretenden que la mesa continúe sin el lleno de las condiciones políticas y militares que demanda un diálogo constructivo en favor de un salida política al conflicto armado y social.

Sigue planteado el problema de cómo debe ser la participación popular en la mesa de Quito como expresión de la lucha popular por la paz con justicia social. Urge la necesidad de establecer mecanismos decisorios que generen cambios de fondo en la vida del país y superen la recolección de propuestas de los diálogos del Caguán con el gobierno de Pastrana y los foros auspiciados desde La Habana con las desmovilizadas FARC, al igual que descartar salidas como el fracasado plebiscito de Santos.

El tiempo político de la reaccionaria paz de Santos ha pasado, a pesar del “fast track” y otras facultades extraordinarias, la falta de gobernabilidad se hizo evidente en el segundo semestre del 2017 cuando no funcionó la coalición de gobierno en el Congreso y se hundieron o aplazaron proyectos de Ley establecidos como esenciales. Esa debilidad se ha profundizado con las luchas intestinas entre oligarcas generadas por el avance la crisis económica y el debate electoral que los obliga a ventilarlas públicamente.

Otro factor que mengua fuertemente las expectativas en la mesa de Quito es la desestimulante “paz mal hecha” con las desmovilizadas FARC, su fracaso se manifiesta en el incremento de las muertes de líderes populares y desmovilizados, incremento de las violaciones de los derechos humanos, recortes de libertades y derechos sociales, sumadas a la negativa a dialogar con el EPL y la permanente renegociación en que se ha convertido la implementación de los acuerdos del Teatro Colón resultantes de la renegociación de lo acordado en La Habana. Desde distintas formas de medir lo ejecutado luego de un año de firmados el cumplimiento no llegó al 18% dejando de lado asuntos esenciales. Sin embargo, es clara la intención gubernamental de imponer esos resultados a las fuerzas elenas que con razón han salido al combate en campos y ciudades.

Vistos estos elementos gruesos de la realidad, el gobierno trata de distraer para hacer trampa al cambiar la comisión negociadora y enviar comisiones especiales para activar los diálogos de Quito sin modificar su política guerrerista estimulada desde el departamento de estado de Washington para dejar sin futuro promisorio ese intento por la salida política al conflicto.

Llamamos a todas las fuerzas democráticas y progresistas apoyar con tesón las actividades en pro de una salida política al conflicto rechazando la parafernalia y el guerrerismo tanto del actual gobierno como de quienes se oponen al logro de una verdadera paz con justicia social.

Comité Ejecutivo Central
Partido Comunista de Colombia (marxista-leninista)

Bogotá, febrero 20 de 2018