Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2018-02-28
Categoría
Comunicado
La paz no es solo el silenciamiento de los fusiles de la insurgencia
Colombia, 28 de febrero de 2018
Señores:
Equipo de Apoyo al Trabajo de Paz
Desde Caracas y Tlaxcala en 1991, hasta la actual mesa de Quito, en el Ejército de Liberación Nacional siempre hemos acudido a los diálogos con sincera voluntad y convicción de encontrar una solución política al conflicto social y armado que padece Colombia, desde hace más de medio siglo.
En esa búsqueda nos hemos encontrado con unas élites gobernantes, a quienes lo único que les interesa es el desarme y la desmovilización de la insurgencia y que no se toquen las causas estructurales que hacen que el conflicto armado persista; por ello imponen condiciones como “líneas rojas”, con lo que se niegan a transformar las causas económicas, políticas y sociales, que dan origen al alzamiento armado.
La paz que ellos se proponen no es la que las mayorías anhelan, ello explica por qué todos los procesos de paz, que se han dado en Colombia hasta hoy han fracasado, y está grabado en el imaginario colectivo colombiano las tragedias sufridas, desde la gesta de Manuela Beltrán y José Antonio Galán, los Comuneros, hasta lo que está ocurriendo hoy con las FARC. La oligarquía colombiana sólo admite en su entorno a quienes se vuelven funcionales al sistema y, a quienes persisten en la lucha por cambios, son cuando menos estigmatizados y en los casos más extremos, son asesinados, desterrados, encarcelados u obligados a abandonar la tierra donde nacieron y lucharon.
Las clases dominantes se niegan a abordar la Doctrina de seguridad nacional, justificando que ya no existe, mientras continúan una política de exterminio al opositor político; con este fin desarrollan de manera cíclica y sistemática genocidios políticos, como el perpetrado contra el Movimiento Gaitanista en la década de los 40; el de la Unión Patriótica, A Luchar y el Frente Popular en la década del 80 y 90, todos en el pasado siglo. Matanzas realizadas con una estrategia paramilitar, lo que es una clara muestra de no poseer una voluntad de acordar unos cambios básicos urgentes, para que la opción de un país en paz sea viable.
Lo que ocurre hoy con el trágico asesinato, atentados, encarcelamiento, amenazas y otras expresiones de persecución contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y opositores políticos, es otro genocidio, uno más, que demuestra su nula voluntad para dejar prosperar una fuerza política del pueblo, que les ponga en cuestión su poder oligárquico.
En pleno desarrollo de los acuerdos de La Habana, empezó un crecimiento vertiginoso de esta persecución política, registrándose en 2016 un asesinato cada tres días, en 2017 pasó a uno cada dos días y en el pasado enero, creció a uno cada día. Este genocidio político en curso, es negado por el gobierno de Santos, llegando al extremo de la burla, cuando el pasado diciembre, el ministro de defensa afirmó que estos asesinatos de líderes se producen por “líos de faldas”.
Desde 1962 el Estado colombiano incorporó en los Manuales de sus fuerzas armadas la concepción de enemigo interno, desarrollada en el contexto de la Guerra fría; desde entonces el tal enemigo, han sido los movimientos políticos y sociales alternativos. Recuérdese que por esos años una comisión de asesores militares de los Estados Unidos, encabezados por el general Yarborough, visitó Colombia para instruir a los militares, en cómo crear grupos clandestinos paramilitares, para desarrollar acciones terroristas contra los opositores de izquierda.
Desde ese tiempo la organización, prácticas y accionar paramilitar lo han ido perfeccionando, con estrechas relaciones entre narcoparamilitares, políticos, empresarios y multinacionales, todo de un amplio conocimiento público.
Entonces, cabe preguntar, ¿Quiénes han degradado la guerra? ¿El paramilitarismo no es crudo terrorismo de Estado?
Desde el gobierno de Gaviria (1990-1994) hasta la fecha, el Estado sólo ha tenido una estrategia de pacificación, basada en imponer el fin del conflicto armado por la vía militar, para ello ha ensayado varios planes de guerra a lo largo de estos 54 años, llámense Plan Laso, Estatuto de seguridad, Guerra integral, Seguridad democrática, etc. En el presente pretenden consolidar un supuesto triunfo militar sobre las guerrillas, las cuales son llamadas a una negociación, para que entreguen las armas y se desmovilicen sin que les cumplan lo acordado, sumándose a ello una pérfida campaña mediática en su contra, que tiene como fin inexorable su eliminación como actor político.
Con la excusa de luchar contra el tráfico de drogas, los EEUU impusieron el Plan Colombia, con este en paralelo extremaron la guerra sucia paramilitar, usando a los carteles de las drogas como aliados, para después, en la época de Uribe (2002-2010) indultarlos con la Ley de justicia y paz. Inundaron de sangre del pueblo los campos de Colombia, extraditaron a los capos mafiosos, con quienes terminaron partiendo ganancias, mientras el tal enemigo interno quedó degollado.
Nuestros Congresos han ratificado la política de deslinde categórico con el narcotráfico y podemos afirmar sin duda, que hemos sido severos con quienes han transgredido esta política. Somos una organización revolucionaria con limitaciones económicas, es lo normal, porque las revoluciones las han hecho los pueblos con modestos recursos y con la solidaridad de otros pueblos del mundo.
Los cultivos de uso ilícito son un fenómeno social, al que el mismo Estado empujó a millares de familias ante su incapacidad para resolver los grandes problemas del campesinado. Su solución debe ser concertada y no impuesta con medidas represivas.
La piedra angular para llegar a una convivencia en Colombia, donde los conflictos no tengan que dirimirse por la vía de la fuerza, es buscando la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición para las millones de víctimas del conflicto interno; esta solución para el ELN es un asunto esencial, es asunto de la estrategia, por lo que un acuerdo de paz no depende sólo de la voluntad del ELN, sino también de la voluntad que tenga la contraparte para cambiar, para reconocer a los contradictores políticos y aceptar lo que significa hacer la lucha política en democracia. Sin duda el pueblo juega un papel determinante en esta batalla.
Camilo Torres hace medio siglo dijo que en Colombia están cerradas las vías democráticas para que el pueblo acceda al poder, por ello es necesaria la lucha armada revolucionaria.
Nunca hemos dicho que la guerra es el camino, pero es la vía que le han impuesto al pueblo de Colombia para luchar y resistir, con todo lo difícil que reconocemos que es, y si alguien lo duda, el último ejemplo está en los incumplidos acuerdos hechos con las FARC, en el asesinato de decenas de quienes creyeron en él, además de la pérfida campaña de los grandes medios, contra quienes confiaron en ese camino, que tiene el claro propósito de sacarlos del juego político.
Y agregamos, que cuando el pueblo pueda luchar efectivamente por el poder por las vías democráticas, las armas sobrarán y se volverán obsoletas para la lucha, y por el contrario si las razones para usarlas son negadas por quienes las empuñan, otros contingentes de revolucionarios estarán dispuestos a usarlas.
El ELN se mantendrá y continuará en lucha y resistencia, en el corazón de los pobres que han soportado la política de terror del régimen, así lo han ratificado sus eventos democráticos.
Fraternalmente,
Comando Central
Ejército de Liberación Nacional
Señores:
Equipo de Apoyo al Trabajo de Paz
Desde Caracas y Tlaxcala en 1991, hasta la actual mesa de Quito, en el Ejército de Liberación Nacional siempre hemos acudido a los diálogos con sincera voluntad y convicción de encontrar una solución política al conflicto social y armado que padece Colombia, desde hace más de medio siglo.
En esa búsqueda nos hemos encontrado con unas élites gobernantes, a quienes lo único que les interesa es el desarme y la desmovilización de la insurgencia y que no se toquen las causas estructurales que hacen que el conflicto armado persista; por ello imponen condiciones como “líneas rojas”, con lo que se niegan a transformar las causas económicas, políticas y sociales, que dan origen al alzamiento armado.
La paz que ellos se proponen no es la que las mayorías anhelan, ello explica por qué todos los procesos de paz, que se han dado en Colombia hasta hoy han fracasado, y está grabado en el imaginario colectivo colombiano las tragedias sufridas, desde la gesta de Manuela Beltrán y José Antonio Galán, los Comuneros, hasta lo que está ocurriendo hoy con las FARC. La oligarquía colombiana sólo admite en su entorno a quienes se vuelven funcionales al sistema y, a quienes persisten en la lucha por cambios, son cuando menos estigmatizados y en los casos más extremos, son asesinados, desterrados, encarcelados u obligados a abandonar la tierra donde nacieron y lucharon.
Las clases dominantes se niegan a abordar la Doctrina de seguridad nacional, justificando que ya no existe, mientras continúan una política de exterminio al opositor político; con este fin desarrollan de manera cíclica y sistemática genocidios políticos, como el perpetrado contra el Movimiento Gaitanista en la década de los 40; el de la Unión Patriótica, A Luchar y el Frente Popular en la década del 80 y 90, todos en el pasado siglo. Matanzas realizadas con una estrategia paramilitar, lo que es una clara muestra de no poseer una voluntad de acordar unos cambios básicos urgentes, para que la opción de un país en paz sea viable.
Lo que ocurre hoy con el trágico asesinato, atentados, encarcelamiento, amenazas y otras expresiones de persecución contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y opositores políticos, es otro genocidio, uno más, que demuestra su nula voluntad para dejar prosperar una fuerza política del pueblo, que les ponga en cuestión su poder oligárquico.
En pleno desarrollo de los acuerdos de La Habana, empezó un crecimiento vertiginoso de esta persecución política, registrándose en 2016 un asesinato cada tres días, en 2017 pasó a uno cada dos días y en el pasado enero, creció a uno cada día. Este genocidio político en curso, es negado por el gobierno de Santos, llegando al extremo de la burla, cuando el pasado diciembre, el ministro de defensa afirmó que estos asesinatos de líderes se producen por “líos de faldas”.
Desde 1962 el Estado colombiano incorporó en los Manuales de sus fuerzas armadas la concepción de enemigo interno, desarrollada en el contexto de la Guerra fría; desde entonces el tal enemigo, han sido los movimientos políticos y sociales alternativos. Recuérdese que por esos años una comisión de asesores militares de los Estados Unidos, encabezados por el general Yarborough, visitó Colombia para instruir a los militares, en cómo crear grupos clandestinos paramilitares, para desarrollar acciones terroristas contra los opositores de izquierda.
Desde ese tiempo la organización, prácticas y accionar paramilitar lo han ido perfeccionando, con estrechas relaciones entre narcoparamilitares, políticos, empresarios y multinacionales, todo de un amplio conocimiento público.
Entonces, cabe preguntar, ¿Quiénes han degradado la guerra? ¿El paramilitarismo no es crudo terrorismo de Estado?
Desde el gobierno de Gaviria (1990-1994) hasta la fecha, el Estado sólo ha tenido una estrategia de pacificación, basada en imponer el fin del conflicto armado por la vía militar, para ello ha ensayado varios planes de guerra a lo largo de estos 54 años, llámense Plan Laso, Estatuto de seguridad, Guerra integral, Seguridad democrática, etc. En el presente pretenden consolidar un supuesto triunfo militar sobre las guerrillas, las cuales son llamadas a una negociación, para que entreguen las armas y se desmovilicen sin que les cumplan lo acordado, sumándose a ello una pérfida campaña mediática en su contra, que tiene como fin inexorable su eliminación como actor político.
Con la excusa de luchar contra el tráfico de drogas, los EEUU impusieron el Plan Colombia, con este en paralelo extremaron la guerra sucia paramilitar, usando a los carteles de las drogas como aliados, para después, en la época de Uribe (2002-2010) indultarlos con la Ley de justicia y paz. Inundaron de sangre del pueblo los campos de Colombia, extraditaron a los capos mafiosos, con quienes terminaron partiendo ganancias, mientras el tal enemigo interno quedó degollado.
Nuestros Congresos han ratificado la política de deslinde categórico con el narcotráfico y podemos afirmar sin duda, que hemos sido severos con quienes han transgredido esta política. Somos una organización revolucionaria con limitaciones económicas, es lo normal, porque las revoluciones las han hecho los pueblos con modestos recursos y con la solidaridad de otros pueblos del mundo.
Los cultivos de uso ilícito son un fenómeno social, al que el mismo Estado empujó a millares de familias ante su incapacidad para resolver los grandes problemas del campesinado. Su solución debe ser concertada y no impuesta con medidas represivas.
La piedra angular para llegar a una convivencia en Colombia, donde los conflictos no tengan que dirimirse por la vía de la fuerza, es buscando la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición para las millones de víctimas del conflicto interno; esta solución para el ELN es un asunto esencial, es asunto de la estrategia, por lo que un acuerdo de paz no depende sólo de la voluntad del ELN, sino también de la voluntad que tenga la contraparte para cambiar, para reconocer a los contradictores políticos y aceptar lo que significa hacer la lucha política en democracia. Sin duda el pueblo juega un papel determinante en esta batalla.
Camilo Torres hace medio siglo dijo que en Colombia están cerradas las vías democráticas para que el pueblo acceda al poder, por ello es necesaria la lucha armada revolucionaria.
Nunca hemos dicho que la guerra es el camino, pero es la vía que le han impuesto al pueblo de Colombia para luchar y resistir, con todo lo difícil que reconocemos que es, y si alguien lo duda, el último ejemplo está en los incumplidos acuerdos hechos con las FARC, en el asesinato de decenas de quienes creyeron en él, además de la pérfida campaña de los grandes medios, contra quienes confiaron en ese camino, que tiene el claro propósito de sacarlos del juego político.
Y agregamos, que cuando el pueblo pueda luchar efectivamente por el poder por las vías democráticas, las armas sobrarán y se volverán obsoletas para la lucha, y por el contrario si las razones para usarlas son negadas por quienes las empuñan, otros contingentes de revolucionarios estarán dispuestos a usarlas.
El ELN se mantendrá y continuará en lucha y resistencia, en el corazón de los pobres que han soportado la política de terror del régimen, así lo han ratificado sus eventos democráticos.
Fraternalmente,
Comando Central
Ejército de Liberación Nacional