Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2000-06-16
Categoría
Comunicado
Fichero Adjunto
Posición del ERPI con relación al Diálogo: ¿Hacia un diálogo o una mala paz?
POSICIÓN DEL ERPI CON RELACIÓN AL DIÁLOGO:
¿HACIA UN DIÁLOGO O UNA MALA PAZ?
"Una mala paz es todavía peor que la guerra"
Cayo Cornelio Tácito
Por medio de este documento el ERPI, Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, da a conocer tanto a los participantes en el coloquio como al pueblo de México su posición sobre el diálogo en el momento actual. El documento se divide en cuatro partes.
Primero, examinamos los conceptos paz y justicia social, discutiendo los distintos significados que adquieren, la relación que pueden tener entre sí y las posibilidades de sus aplicaciones concretas dadas las condiciones sociales y políticas. Habiendo establecido estas bases conceptuales, pasamos a revisar los antecedentes del diálogo entre los movimientos armados y los gobiernos en turno, tanto en América Latina (en los países centroamericanos específicamente) como en México. Luego, se hace un análisis de las posibilidades de un diálogo en la coyuntura actual, haciendo hincapié en la naturaleza del neoliberalismo, y concluyendo que el diálogo no sería lo correcto dadas las condiciones existentes. Finalmente, presentamos algunos de nuestros planteamientos básicos (plasmados en nuestras tesis) que sí pueden servir de base para que en algún futuro un posible diálogo pueda desembocar en una verdadera paz con justicia social. Se trata del poder popular y la democracia, profunda y completa. Solo se podrá alcanzar la paz con justicia social a la medida que el poder popular y la democracia se vayan construyendo.
La mayor conclusión que sacamos es que en las condiciones actuales, el diálogo no nos llevaría a solucionar los problemas del país, los agravaría. Es imposible que un diálogo con un gobierno neoliberal y autoritario conlleve a una auténtica paz tan deseada por el pueblo. En cambio, pensamos que el camino por el cual nosotros y otras organizaciones revolucionarias hemos optado, los movimientos emprendidos por distintas agrupaciones sociales, e incluso las luchas electorales que expresan la voluntad del pueblo, en su conjunto, sí irán construyendo un poder popular con la fuerza suficiente para garantizar la construcción de la paz con justicia social
Algunos conceptos básicos: Paz y Justicia Social
Hace unos días en la ciudad de Alcalá de Henares los participantes en una conferencia internacional sobre la pacificación de Colombia declaraban que se buscaba para este país la paz con justicia social. Pero ¿Qué es la paz?, ¿Qué es la justicia social? En las respuestas a estas interrogantes desde luego encontraremos varios matices dependiendo de quien y desde que posición social en la relación de opresor-oprimido se trate y encuentre.
En relación con la pregunta de ¿Qué es la paz? algunos podrán decir que es la ausencia de violencia, o también que es la ausencia de conflicto armado entre dos partes beligerantes. Otros dirán que es la armonía política, económica y social entre países o dentro de un país. Pero si tomáramos sólo alguna de éstas definiciones simplistas estaríamos perdiendo de vista los múltiples factores que impiden experimentar la paz: hablamos de la existencia de las injusticias sociales, la impunidad, los crímenes de lesa humanidad, la corrupción y la terrible miseria en la que el capitalismo tiene sumida a la mayor parte de la población del mundo. Estos factores, verdaderas agresiones contra la humanidad, son los que durante cientos de años han impedido lograr la paz. Asimismo provocan la continuidad de una guerra, es decir "la continuación de la política por medios violentos", como dijo Clausewitz, ya que violentamente imponen sus políticas lesivas. Creemos que en México como en muchos otros países no existe la paz idealizada por muchos políticos e ideólogos del sistema. Así nos vamos acercando a una primera conclusión: los conflictos sociales no son el resultado de una violencia revolucionaria fortuita; al contrario son causados por la guerra que las clases dominantes emprenden contra el pueblo.
Durante los conflictos armados internos los gobiernos han tratado de negar que la violencia revolucionaria es una respuesta justa de los pueblos ante la violencia que el Estado ejerce para mantener su dominio y proteger los intereses oligárquicos. De igual forma tratan de detener la organización y movilización populares aplicando el terror de Estado que se expresa en masacres, desapariciones, torturas y más ataques a la población civil. Estos se perpetran no sólo en los momentos de mayor confrontación sino que éstas son ejecutadas con regularidad dentro del marco de la estrategia contrainsurgente de Guerra de Baja Intensidad. Son hechos que en nuestro país están sucediendo desde hace años; recordemos solamente Aguas Blancas, Acteal, El Charco y el Bosque como las más recientes. Dicho esto, una segunda conclusión sería: la violencia revolucionaria existe y existirá mientras persista la violencia de Estado en contra del pueblo y que no podrá haber paz mientras no se trasciendan las causas que dan origen a las expresiones revolucionarias.
Otro aspecto que consideramos es de que la violencia no es sólo la que se expresa en una lucha armada o en los enfrentamientos físicos, sino además la violencia social y estructural de un sistema desigual e injusto. Es el hecho de mantener miserable, con hambre, sin trabajo, sin vivienda, sin educacion en violencia que se ejerce contra los pueblos como violencia institucionalizada y estructural. Esta realidad nos lleva a hacer la siguiente pregunta: ¿Qué diferencia hay entre la muerte de insurgentes y población civil por la vía de las armas y el matar de hambre y enfermedades al pueblo, en especial los niños? Vaya un ilustrativo dato: en México mueren más de 50,000 niños cada año por enfermedades prevenibles y curables. (En el mundo la figura alcanza el millón.) ¿Acaso no es eso un crimen? Se trata quizá de una cantidad similar a las víctimas de varios años de guerra en una nación de menores dimensiones a la nuestra. Una tercera conclusión entonces sería: la auténtica paz no es posible mientras los regímenes ejerzan la violencia institucionalizada y estructural.
Como veremos más adelante, en el ERPI creemos que no todos los procesos de pacificación culminan en una verdadera paz. Experiencias históricas demuestran que la firma de un acuerdo de paz en condiciones desventajosas no garantiza la justicia social. Es demasiado común que la conclusión de los enfrentamientos armados sea seguida de más violencia estructural. Por ello concluimos finalmente que la paz sin justicia social no es una auténtica paz, ya que la paz y la justicia social son fenómenos que están indisoluble e inevitablemente ligadas.
Las grandes conclusiones a las que llegamos, por tanto, son las siguientes: No puede haber paz sin justicia social; y los oprimidos luchan constantemente de la manera necesaria para defenderse de las agresiones en su contra y por alcanzar cada vez mejores condiciones de justicia social, es decir por alcanzar la verdadera paz.
Nuestra meta como sociedad por tanto ha de ser no simplemente una paz estrechamente concebida sino la paz con dignidad y justicia social. ¿Difícil de alcanzar? ¡Por supuesto! Pero como dicen por acá: "la lucha hay que hacerle..." Para mejor entender los problemas y dificultades que implica el camino hacia la paz, nos preguntamos: ¿Qué papel juega el diálogo en la conquista de la paz? ¿Otros procesos alcanzaron la paz con justicia social? ¿Puede alcanzarse en México? ¿Cómo y en que condiciones? Para responder a estos cuestionamientos es necesario analizar los antecedentes y experiencias en otros países y las condiciones actuales en México y definir cuales son los requisitos para que se lleve a cabo.
Antecedentes
Aquí vamos a tratar la historia reciente en América Latina con respecto a los diálogos que han conducido a negociaciones y posteriormente a acuerdos de paz. Con mucha modestia y mas respeto comentaremos sobre todo los procesos de paz en que participaron los compañeros centroamericanos y sacaremos algunas conclusiones. A lo largo de los procesos centroamericanos, estas luchas fueron para nosotros fuentes de inspiración y de lecciones. Una de las grandes lecciones que asimilamos tiene que ver con el papel que jugaron las negociaciones.
En Centroamérica, vemos con mucha tristeza y preocupación el hecho que los acuerdos no se han respetado. ¿Valió la pena tanto sufrimiento y destrucción y el alto costo humano para llegar a las situaciones actuales, situaciones directamente vinculadas a los resultados de los procesos de paz?
No conocemos con exactitud las razones por las que los movimientos revolucionarios en aquellos países emprendieron un diálogo y, teniendo en cuenta los heroicos combates de Estelí, los legendarios esfuerzos por mantener Radio Venceremos en el aire y la épica defensa del Volcán Tajumulco, experiencias que tanto nos conmovieron y motivaron, sabemos que estas decisiones se hicieron con las mejores intenciones y luego de cuidadosos análisis de la realidad de entonces. Se supone que fue por la destrucción (humana y material) y la insostenibilidad (es decir la opinión de que ya no se podía seguir avanzando por este camino) y el desgaste de la guerra. En Nicaragua la repudiada agresión imperialista había llevado a la población a sus limites físicos y psíquicos. En El Salvador la ofensiva del 89 no logro tomarse el poder. Finalmente, en Guatemala imperaba una situación de empate técnico sin posibilidades de avances. Quizás esto, junto con la coyuntura regional e internacional a finales de los años 80 con la caída del bloque ‘socialista’ y el fin de la guerra fría, influyó mucho en la decisión de empezar un diálogo con los gobiernos en el poder. Además, en cierto sentido, los distintos movimientos revolucionarios tenían ya una impresionante acumulación de fuerzas y un peso importante en la vida política de sus respectivos países y por ello, un diálogo podría traer resultados beneficiosos.
No podemos especular más sobre las razones por que dialogaron pues seguramente ellos allí en el coloquio explicarán más a fondo los motivos. Pero lo cierto es que en todas las experiencias en Centroamérica muchas de las causas que originaron los conflictos permanecen intactas y hasta exacerbadas hoy en día. Las negociaciones concluyeron todas a favor de las oligarquías pues ellas y sus representantes se encuentran actualmente en el poder: el FRG, partido del genocida Rios Montt, en Guatemala, ARENA, fundado por creadores de los escuadrones de la muerte, en El Salvador, y los Liberales somocistas en Nicaragua.
Si bien resultaría irresponsable y parcial no mencionar los últimos avances, específicamente electorales, de los movimientos centroamericanos (hablamos sobre todo de los FSLN y FMLN), opinamos que todos entraron a los procesos de negociación en claras condiciones de desventaja. Creemos que en los casos de Guatemala y El Salvador los diálogos y posteriormente los acuerdos de paz se desarrollaron con base en condiciones favorables a la oligarquía, impuestos por los gobiernos en turno y el imperialismo. Nicaragua se vio obligada a tratar con los Contras y el imperialismo; estos últimos, a pesar de los acuerdos de Contadora, continuaron destruyendo el país y no se satisficieron hasta no ver la oposición oligárquica reasumir el poder (para ellos solamente hay democracia cuando los ricos mandan).
Empero, estimamos además que los movimientos centroamericanos manejaron conceptos y decisiones inadecuadas en las negociaciones. En primer lugar, no contaban con o no aprovecharon una alta capacidad de presión militar; si no estaban francamente a la defensiva o al menos ya no se encontraban a la ofensiva. Es más, ceses al fuego fueron pactados y desarmes prosiguieron, los movimientos perdiendo así una eficaz palanca para el proceso de diálogo. Lamentablemente, al negociar con regímenes autoritarios y anti-populares, la presión militar es indispensable. El caso Colombiano nos muestra que manteniendo la ofensiva y la eficacia de un aparato militar activo, se entra al proceso en condiciones más favorables, obteniendo de partida concesiones necesarias para la construcción de un sistema más democrático y socialmente justo. (Queda claro que además hay que buscar las mejores formas de efectuar esta presión militar de manera que se evite en lo posible el escalamiento de la guerra sucia paramilitar y la consecuente perdida humana, se trata nada menos que de la humanización del conflicto planteada por el ELN colombiano.)
En segundo lugar, los diálogos se realizaron de forma bastante cupular, sin la participación activa y masiva del pueblo. (De nuevo hay que reconocer algunas iniciativas interesantes, aunque no hayan logrado su potencial, como la Asamblea de la Sociedad Civil en Guatemala.) Mientras que las dirigencias negociaban en condiciones dificilísimas, el pueblo organizado se quedó al margen, haciendo que muchos se confundieran y desactivaran. Así, a la hora de las firmas finales, el pueblo estaba menos organizado y bastante desmovilizado (ya no hablamos de la desmovilización militar sino social), sin la suficiente fuerza para participar autónomamente en la nueva etapa del proceso. Un pueblo activo, organizado, autónomo y poderoso es justamente el ingrediente indispensable para hacer valer los acuerdos de paz.
Para nosotros, las tres experiencias son ilustradoras en el sentido que las negociaciones no lograron cambios sustantivos ni en el desarrollo democrático ni en la muy concentrada distribución económica en sus países. Nos damos cuenta que para que los acuerdos de paz desemboquen en profundos cambios políticos y sociales, se requiere de dos condiciones básicas: un Estado dispuesto a avanzar hacia transformaciones democráticas y, conversamente, un pueblo organizado, activo y autónomo que no sólo acompañe el proceso sino que lo conduzca, asegurando que se pacten profundos cambios en materia política, económica y social.
Negociaciones en el Contexto Mexicano Actual
En México, para no ir muy lejos, podemos observar acontecimientos recientes como las negociaciones entre el Estado y los Zapatistas y los movimientos sociales de los últimos años.
Las negociaciones del EZLN que culminaron con los Acuerdos de San Andrés Larraínzar, en un principio, eran prometedoras. Al cumplirse los acuerdos, los pueblos indígenas de México por vez primera tendrían garantías legales para desarrollar sus propios sistemas de gobierno, haciendo palpable una verdadera autonomía política y cultural. Instrumentos de diálogo como la CONAI y la COCOPA habrían facilitado un continuo acercamiento entre las partes y así un progreso en las negociaciones. Pero lamentable y quizá previsiblemente por razones históricas de nuestro país, el gobierno optó por obstaculizar el proceso hasta que se interrumpió en febrero de 1996.
El gobierno negoció no con la intención de resolver la pobreza y marginación en Chiapas sino con el fin de neutralizar a una organización armada y acabar con un movimiento social masivo. Es más, la CONAI se disolvió y la COCOPA tiene poca o una casi nula incidencia porque ni siquiera ha podido lograr que la administración de Zedillo cumpla los acuerdos ya suscritos y siga negociando de buena fe. Ahora, mientras Zedillo y su equipo le mienten al pueblo de México con la obscena declaración de que ‘no hay guerra’ en Chiapas, la militarización se incrementa aún más y el gobierno, según el EZLN en su comunicado de 9/VI/2000, está dejando "todo listo para una acción policiaco-militar de gran envergadura". No obstante, el EZLN sigue teniendo fuerza.
Por otro lado, el gobierno ni siquiera se compromete a realmente dialogar con los movimientos sociales. Más bien, el régimen opta por coptar movimientos o desgastarlos y en muchos casos, reprimirlos. Claros ejemplos son la huelga estudiantil del CGH en la UNAM y la movilización nacional magisterial de la CNTE. En Guerrero, los gobernadores han optado por reprimir y hostigar sistemáticamente a los movimientos sociales, encarcelando, torturando, secuestrando y hasta desapareciendo a activistas y dirigentes como en los casos de Benigno Guzmán de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, de los internacionalmente reconocidos presos de conciencia, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, miembros de la Organización de Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, y de muchas otras organizaciones. En lugar de dialogar con estos movimientos democrático-populares, se busca desactivar y aniquilarlos. Por ejemplo, como respuesta a demandas sociales más que justas, el gobierno cometió las masacres de Aguas Blancas, Acteal, el Bosque y El Charco. En vez de atender a las necesidades más elementales como son la salud y la educación, el gobierno aumenta el presupuesto militar e intensifica la militarización. Entonces se puede decir que el malgobierno ya está llevando a cabo una guerra de exterminio contra el pueblo y su forma de dialogar es reprimir y encarcelar.
Análisis
Para nosotros, lo expuesto anteriormente es suficiente razón para desconfiar de cualquier diálogo con un gobierno represor y autoritario. Si el gobierno ni siquiera busca solucionar los problemas sociales y dialogar con las agrupaciones civiles y movimientos sociales que luchan sin armas, mucho menos lo hará de buena fe con movimientos armados.
Actualmente no existen condiciones para el diálogo. Esto se debe esencialmente al dominio del modelo neoliberal en nuestros países. El régimen neoliberal busca implementar sus "reformas" o "ajustes" ante la resistencia del pueblo. Cada vez más, a lo largo de América Latina, el pueblo exige alternativas y los movimientos sociales se amplían. Ya que no encuentra el consentimiento de las grandes mayorías, el régimen se ve obligado a gobernar autoritariamente. Para imponer y administrar los dictámenes anti-populares del imperialismo multinacional y sus agencias internacionales como el FMI, el BM y el BID, el régimen neoliberal recurre obligadamente a la fuerza y la represión. Es por esta razón que se dice que los gobiernos neoliberales, aunque sean de "centro-izquierda", son por su misma naturaleza neoautoritarios.
Aquí en México vemos que el avance del neoliberalismo ha empeorado la situación socioeconómica para la mayoría del pueblo. La ‘normalidad democrática’ o la ‘transición democrática’ que tanto se ha ensalzado en los medios de comunicación realmente significa un horror para el pueblo. Para resumir, en lo económico, los paquetazos, incluyendo las privatizaciones, la flexibilidad laboral, las recesiones y devaluaciones han golpeado fuertemente a la población. El crecimiento actual, con la inflación y tasa de interés a la baja, no es más que coyuntural y, como quedó al descubierto con la última mini-devaluación, en cualquier momento puede venir un nuevo shock económico que nos retroceda unas cuantas décadas más dejando en ridículo el presunto blindaje. En lo social esto se traduce en mayor desempleo, salarios cada día más bajos, un recorte drástico en el presupuesto social, cada vez más frecuentes "desastres naturales" por corrupción y planeación inadecuada y mayor endeudamiento por los fraudes astronómicos como el FOBAPROA. Naturalmente, esto tiene en lo político el resultado que ya mencionamos: un régimen neoautoritario. La represión se suma a una participación cada vez más reducida y controlada. Las organizaciones sociales e incluso las organizaciones defensoras de derechos humanos sufren hostigamientos, mientras que en las áreas rurales de país se vive constantemente un clima de zozobra por la militarización. En Guerrero los campesinos e indígenas ya ni pueden trabajar sus parcelas con tranquilidad por temor al hostigamiento del ejército. También hay un claro deterioro en la situación de los derechos humanos en el país. La ‘normalidad democrática’ bajo el gobierno zedillista incluye torturas, desapariciones y masacres. La creación y acción de nuevos cuerpos represivos como la PFP y la proliferación de grupos paramilitares financiados y armados por el Estado hace ver que el régimen no piensa cambiar esta situación.
Es evidente que el método de gobernar bajo esta ‘democracia’ neoliberal es esencialmente autoritario. Algunos dirían que al menos ha habido una ‘apertura democrática’ con la participación de otros partidos aparte del PRI en la política nacional. Pero la existencia de múltiples partidos no se traduce automáticamente en una verdadera y libre oposición. Se reduce la democracia al simple hecho de que haya elecciones dejando al pueblo a un lado en la toma de las grandes decisiones políticas, económicas y sociales. Por lo demás, las elecciones resultan poco justas por el fraude, la compra y coacción del voto y el uso desigual de los medios de comunicación. Así se concentra el poder y la toma de decisiones en la oligarquía financiera, que actúa en colusión con el FMI y el Banco Mundial; para ellos, el pueblo es dispensable. Parece ser que el régimen tiene más compromiso con los organismos financieros internacionales y con Wall Street que con el pueblo mexicano.
Con esto, se observa que lo que se está desarrollando es un sistema de gobierno neoliberal que utiliza dos tácticas nefastas: por un lado, una guerra de baja intensidad -- una creciente militarización con tácticas contrainsurgentes y aspectos de una guerra sucia. Por otro lado, una democracia de baja intensidad: elecciones regulares caracterizadas por una participación atomizada, pocas alternativas y alto índice de abstencionismo, concentrando así el poder en la oligarquía y sistemáticamente excluyendo y empobreciendo al pueblo. La idea es implantar un sistema que combine la vietnamización en términos de represión y la norteamericanización en términos de (no) participación.
Entonces, como hemos señalado, el modelo neoliberal (y su aplicación en nuestro país) además de castigar económica y socialmente al pueblo, consiste obligadamente en la creación de un sistema político por naturaleza anti-democrático y anti-popular para permitir su reproducción. Es un sistema en que la organización del pueblo se enfrenta a la violencia de un Estado cada vez más militarizado. Al pedir pan y justicia, al pueblo se le da plomo y muerte. Cuando se alzan las voces defensoras de los derechos humanos, estas también son calladas. Bajo estas condiciones políticas, es menester preguntarnos ¿Qué podría el pueblo conseguir por medio de un diálogo y qué tipo de diálogo podría darse?
Conclusión
Lo anterior expone las contradicciones y falacias de la ‘normalidad democrática’ en México. Queda claro que ésta no existe; lo que tenemos en México es un régimen autoritario que solamente opera dentro de los parámetros del neoliberalismo. Hay suficientes antecedentes en nuestro país para creer que el diálogo bajo estas condiciones no conduciría automáticamente a una paz con justicia y democracia. Es más, arrojaría obstáculos en nuestro camino hacia estas metas.
Queremos dejar en claro que no nos oponemos a la negociación y el diálogo. Es más, creemos que estas prácticas son fundamentales para una sana y plena vida política democrática. Pero, entre desapariciones de disidentes políticos, torturas a luchadores sociales y un constante hostigamiento al movimiento social y al pueblo no se puede dialogar. Además, ¿cómo es posible abrir un espacio de diálogo efectivo cuando el régimen sentencia que el modelo socioeconómico actual no es negociable? ¿Cuándo el gobierno sólo obedece los dictámenes del FMI y el Departamento del Tesoro de EEUU y se niega repetidamente a escuchar los justos reclamos del pueblo?
Reiteramos también nuestra creencia en la paz. La paz es sobre todo por lo que luchamos. Pero ¿de qué tipo de paz estamos hablando? ¿Una en donde el malgobierno siga mintiendo, masacrando, reprimiendo y empobreciendo al pueblo o una paz digna en donde haya una justicia y una participación profunda del pueblo? Repetimos que la paz que anhelamos es la paz con dignidad, la paz con justicia social.
Quedando claras las nulas posibilidades de un sustancioso diálogo en el momento actual, nos quedamos con la siguiente gran interrogante: ¿bajo que condiciones pudiera lograrse una paz con dignidad y justicia social por medio del diálogo?
Como señalan las conclusiones de nuestro repaso de las experiencias centroamericanas, pensamos que son dos las condiciones necesarias para que se dé tal diálogo: un estado dispuesto a avanzar hacia transformaciones democráticas y, conversamente, un pueblo organizado, activo y autónomo que no solo acompañe el proceso sino que lo conduzca. Ya que el Estado mexicano actual, como estado autoritario neoliberal, no cumple con la primera condición, opinamos que la segunda ha de fortalecerse. Es decir que el pueblo ha de robustecerse, elevar su grado de organización, y emprender el ejercicio de su soberanía y auto-gobierno en todos los ámbitos antes de que se pueda dar un diálogo fructífero. A este proceso le llamamos y conocemos como la construcción del poder popular.
En nuestras Tesis para el Cambio, nuestros principios políticos y éticos básicos (ver nuestra página de internet http://burn.ucsd.edu/erpi/), planteamos que nuestro principal compromiso es con el pueblo. Para lograr un verdadero cambio y acabar con esta situación precaria del pueblo mexicano, nosotros proponemos la construcción del poder popular. A diferencia del modelo actual que reduce el concepto de democracia, se propone ampliar el sentido y el ejercicio de la democracia, con participación popular masiva, en todos los ámbitos sociales. La construcción del poder popular, por tanto, implica el autogobierno del pueblo que toma sus propias decisiones sobre su política, economía, proyectos sociales, etc., y contempla verdaderas autonomía y soberanía populares. Pensamos que un pueblo organizado, que establece mecanismos realmente democráticos y de alta participación política, es la mejor garantía contra un sistema autoritario y anti-democrático.
Por lo tanto, la primera y principal tarea en el momento actual es la de seguir construyendo el poder popular. Actualmente, se está desarrollando en las comunidades, en los barrios, en las escuelas y universidades, en los centros de trabajo, etc. Solamente cuando el poder popular haya alcanzado un grado y una extensión mas elevados y generalizados, se podrá considerar un verdadero diálogo. Es la única forma en que el pueblo podrá sentarse a negociar una transformación de fondo del país con una base de poder suficiente para ejercer una presión efectiva. Sólo así se podrá garantizar además el cumplimiento de cualquier acuerdo que se suscriba.
Tal proceso de negociación se manifestará, según nuestra visión, de dos formas alternativas. Primero, podría ser la culminación de múltiples esfuerzos revolucionarios que ya hayan desembocado en cambios estructurales en términos políticos y económicos. Es decir, se daría cuando el pueblo, a través de sus luchas ya haya conquistado importantes espacios y ya haya impuesto el poder popular en áreas claves de la sociedad. Se daría, por ejemplo, cuando a través de la lucha electoral lleguen al poder sectores que obedezcan los mandatos y reflejen los sentimientos del pueblo. En este caso, sería cuando el gobierno realmente mande obedeciendo. Para que tal escenario se vuelva realidad, hace falta una total y profunda reconceptualización del ejercicio de la lucha electoral. También podría darse cuando la lucha de masas haya alcanzado tal nivel y fuerza que el pueblo logre una transformación política por media de la presión masiva como expresión del ejercicio de la soberanía popular. En términos sencillos, hablamos de una situación en que las estructuras políticas se democraticen y que el pueblo participe efectivamente en las decisiones que afectan a nuestra sociedad. Tal cambio, dentro de los parámetros excluyentes del neoliberalismo, sólo se conseguirá por medio de una intensa lucha popular.
Segundo, un diálogo que permita alcanzar una paz digna puede realizarse dentro de otro conjunto de condiciones. Aquí, hablamos de una situación en que el régimen mantenga "intacta" sus fuerzas pero que paralelamente se haya construido un poder popular de tal magnitud que los auténticos representantes del pueblo (no presumimos de ningún modo ser los únicos) puedan sentarse a dialogar en condiciones de equidad. Es obvio que el momento actual no reúne estas condiciones. Para hacer de estas un hecho, es necesario que el pueblo siga organizándose y fortaleciéndose. Esto requiere de la creación, ampliación y consolidación de varias estructuras populares que se enfrenten a las estructuras anti-democráticas y hasta represivas del estado neoliberal.
Lo que el régimen actualmente muestra son actas de guerra contra el pueblo. Ante las agresiones criminales del gobierno como por ejemplo el paramilitarismo, hostigamiento y violencia contra el pueblo, tenemos el derecho de defendernos activamente. En este sentido, reivindicamos el uso de la autodefensa, es un derecho ante las agresiones del Estado. Por tanto, una de las áreas en que el pueblo tiene que organizar y fortalecerse es la autodefensa armada. Si el régimen no agrediera al pueblo, tratándolo simplemente como enemigo, estos esfuerzos no serían necesarios. Sin embargo, dado que el neo-autoritarismo neoliberal sólo sabe responder a los reclamos de justicia con violencia y terror del Estado, la autodefensa armada se convierte en una necesidad innegable. Como demuestra el ejemplo Colombiano, al sentarse a negociar con un gobierno por naturaleza anti-democrático y anti-popular, es necesario mantener esta capacidad. De ninguna manera puede considerarse un cese al fuego o un desarme como precondición para el diálogo puesto que esta decisión sólo minaría la fuerza del pueblo, favoreciendo así el proyecto excluyente neoliberal.
De todas formas, pensamos que la organización y participación activa del pueblo es el factor más importante. A la par de una estructura de autodefensa armada, el pueblo debe de entrar a una situación de diálogo con sólidas estructuras de participación social y política. De esta forma, la mesa de diálogo sería equilibrada y el pueblo logrará negociar con el gobierno entre iguales. Iniciar un diálogo antes de que se cumpla esta condición fundamental sería políticamente suicida. No se puede esperar profundos cambios del régimen neoliberal sin la presión de una masiva fuerza popular. Este poder popular (o poderes populares) no sólo obligaría al gobierno a que negocie de buena fe y acepte auténticos cambios, sino además vigilaría que los acuerdos derivados se cumplan. Un pueblo que no participe en un diálogo como protagonista principal y con la suficiente fuerza que lo respalde y con plena autonomía no logrará la paz con dignidad y con justicia social, como ya hemos visto, los resultados mínimos de cualquier diálogo.
En fin, decimos que para la construcción de la paz por medio del diálogo, es fundamental la construcción del poder popular. Y no hablamos de un lema vacío, caudillista y demagógico, donde el "poder sirva a la gente" (¿cuándo se ha preocupado la oligarquía por el pueblo?), sino de un México donde el poder popular asegure la construcción de la paz y una verdadera democracia social y política. En una negociación con el régimen neoliberal, sólo la plena participación del pueblo a través de sus estructuras de poder popular garantizará estos resultados. Esto es así porque, por las restricciones y agresiones del estado neoliberal, únicamente el poder popular puede hacer valer una auténtica democracia. Hasta que no se den estas condiciones para el ejercicio de la democracia y soberanía del pueblo, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente sostiene que no es el momento de dialogar.
Para ilustrar este punto, podemos volver al caso de Centroamérica. Aunque en cierta forma las negociaciones pusieron contra la pared a los movimientos revolucionarios, desactivaron a los movimientos sociales, ahora, luego de largos años durante los que estos se reorganizaron y volvieron a manifestarse, hay nuevas y combativas manifestaciones. Creemos que los movimientos sociales actuales en aquellos países, por ejemplo los estudiantes en Nicaragua, los trabajadores de salud en El Salvador, los pueblos indígenas y el pueblo guatemalteco en general movilizándose contra la impunidad de los ex-dictadores asesinos, no han sido frutos de los diálogos ni de las negociaciones sino se han logrado a pesar de las desfavorables condiciones de estos. Cualquier logro de estos movimientos se deberán al hecho de que, afortunadamente, las expresiones combativas de los pueblos organizados pudieron volver a articularse.
Asimismo sucederá en nuestro país. Los logros que alcancemos en nuestro difícil camino hacia la paz con dignidad y justicia social serán los resultados de la fuerza que adquiera el pueblo en la construcción del poder popular. Con o sin diálogo (esperamos sinceramente que sea con), será el pueblo, como actor principal y autónomo, quien imponga la democracia y ejerza la soberanía para así decidir su porvenir.
¡CON EL PODER POPULAR, EL PUEBLO UNIDO VENCERÁ!
EJÉRCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO INSURGENTE
República Mexicana a 16 de junio de 2000.
¿HACIA UN DIÁLOGO O UNA MALA PAZ?
"Una mala paz es todavía peor que la guerra"
Cayo Cornelio Tácito
Por medio de este documento el ERPI, Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, da a conocer tanto a los participantes en el coloquio como al pueblo de México su posición sobre el diálogo en el momento actual. El documento se divide en cuatro partes.
Primero, examinamos los conceptos paz y justicia social, discutiendo los distintos significados que adquieren, la relación que pueden tener entre sí y las posibilidades de sus aplicaciones concretas dadas las condiciones sociales y políticas. Habiendo establecido estas bases conceptuales, pasamos a revisar los antecedentes del diálogo entre los movimientos armados y los gobiernos en turno, tanto en América Latina (en los países centroamericanos específicamente) como en México. Luego, se hace un análisis de las posibilidades de un diálogo en la coyuntura actual, haciendo hincapié en la naturaleza del neoliberalismo, y concluyendo que el diálogo no sería lo correcto dadas las condiciones existentes. Finalmente, presentamos algunos de nuestros planteamientos básicos (plasmados en nuestras tesis) que sí pueden servir de base para que en algún futuro un posible diálogo pueda desembocar en una verdadera paz con justicia social. Se trata del poder popular y la democracia, profunda y completa. Solo se podrá alcanzar la paz con justicia social a la medida que el poder popular y la democracia se vayan construyendo.
La mayor conclusión que sacamos es que en las condiciones actuales, el diálogo no nos llevaría a solucionar los problemas del país, los agravaría. Es imposible que un diálogo con un gobierno neoliberal y autoritario conlleve a una auténtica paz tan deseada por el pueblo. En cambio, pensamos que el camino por el cual nosotros y otras organizaciones revolucionarias hemos optado, los movimientos emprendidos por distintas agrupaciones sociales, e incluso las luchas electorales que expresan la voluntad del pueblo, en su conjunto, sí irán construyendo un poder popular con la fuerza suficiente para garantizar la construcción de la paz con justicia social
Algunos conceptos básicos: Paz y Justicia Social
Hace unos días en la ciudad de Alcalá de Henares los participantes en una conferencia internacional sobre la pacificación de Colombia declaraban que se buscaba para este país la paz con justicia social. Pero ¿Qué es la paz?, ¿Qué es la justicia social? En las respuestas a estas interrogantes desde luego encontraremos varios matices dependiendo de quien y desde que posición social en la relación de opresor-oprimido se trate y encuentre.
En relación con la pregunta de ¿Qué es la paz? algunos podrán decir que es la ausencia de violencia, o también que es la ausencia de conflicto armado entre dos partes beligerantes. Otros dirán que es la armonía política, económica y social entre países o dentro de un país. Pero si tomáramos sólo alguna de éstas definiciones simplistas estaríamos perdiendo de vista los múltiples factores que impiden experimentar la paz: hablamos de la existencia de las injusticias sociales, la impunidad, los crímenes de lesa humanidad, la corrupción y la terrible miseria en la que el capitalismo tiene sumida a la mayor parte de la población del mundo. Estos factores, verdaderas agresiones contra la humanidad, son los que durante cientos de años han impedido lograr la paz. Asimismo provocan la continuidad de una guerra, es decir "la continuación de la política por medios violentos", como dijo Clausewitz, ya que violentamente imponen sus políticas lesivas. Creemos que en México como en muchos otros países no existe la paz idealizada por muchos políticos e ideólogos del sistema. Así nos vamos acercando a una primera conclusión: los conflictos sociales no son el resultado de una violencia revolucionaria fortuita; al contrario son causados por la guerra que las clases dominantes emprenden contra el pueblo.
Durante los conflictos armados internos los gobiernos han tratado de negar que la violencia revolucionaria es una respuesta justa de los pueblos ante la violencia que el Estado ejerce para mantener su dominio y proteger los intereses oligárquicos. De igual forma tratan de detener la organización y movilización populares aplicando el terror de Estado que se expresa en masacres, desapariciones, torturas y más ataques a la población civil. Estos se perpetran no sólo en los momentos de mayor confrontación sino que éstas son ejecutadas con regularidad dentro del marco de la estrategia contrainsurgente de Guerra de Baja Intensidad. Son hechos que en nuestro país están sucediendo desde hace años; recordemos solamente Aguas Blancas, Acteal, El Charco y el Bosque como las más recientes. Dicho esto, una segunda conclusión sería: la violencia revolucionaria existe y existirá mientras persista la violencia de Estado en contra del pueblo y que no podrá haber paz mientras no se trasciendan las causas que dan origen a las expresiones revolucionarias.
Otro aspecto que consideramos es de que la violencia no es sólo la que se expresa en una lucha armada o en los enfrentamientos físicos, sino además la violencia social y estructural de un sistema desigual e injusto. Es el hecho de mantener miserable, con hambre, sin trabajo, sin vivienda, sin educacion en violencia que se ejerce contra los pueblos como violencia institucionalizada y estructural. Esta realidad nos lleva a hacer la siguiente pregunta: ¿Qué diferencia hay entre la muerte de insurgentes y población civil por la vía de las armas y el matar de hambre y enfermedades al pueblo, en especial los niños? Vaya un ilustrativo dato: en México mueren más de 50,000 niños cada año por enfermedades prevenibles y curables. (En el mundo la figura alcanza el millón.) ¿Acaso no es eso un crimen? Se trata quizá de una cantidad similar a las víctimas de varios años de guerra en una nación de menores dimensiones a la nuestra. Una tercera conclusión entonces sería: la auténtica paz no es posible mientras los regímenes ejerzan la violencia institucionalizada y estructural.
Como veremos más adelante, en el ERPI creemos que no todos los procesos de pacificación culminan en una verdadera paz. Experiencias históricas demuestran que la firma de un acuerdo de paz en condiciones desventajosas no garantiza la justicia social. Es demasiado común que la conclusión de los enfrentamientos armados sea seguida de más violencia estructural. Por ello concluimos finalmente que la paz sin justicia social no es una auténtica paz, ya que la paz y la justicia social son fenómenos que están indisoluble e inevitablemente ligadas.
Las grandes conclusiones a las que llegamos, por tanto, son las siguientes: No puede haber paz sin justicia social; y los oprimidos luchan constantemente de la manera necesaria para defenderse de las agresiones en su contra y por alcanzar cada vez mejores condiciones de justicia social, es decir por alcanzar la verdadera paz.
Nuestra meta como sociedad por tanto ha de ser no simplemente una paz estrechamente concebida sino la paz con dignidad y justicia social. ¿Difícil de alcanzar? ¡Por supuesto! Pero como dicen por acá: "la lucha hay que hacerle..." Para mejor entender los problemas y dificultades que implica el camino hacia la paz, nos preguntamos: ¿Qué papel juega el diálogo en la conquista de la paz? ¿Otros procesos alcanzaron la paz con justicia social? ¿Puede alcanzarse en México? ¿Cómo y en que condiciones? Para responder a estos cuestionamientos es necesario analizar los antecedentes y experiencias en otros países y las condiciones actuales en México y definir cuales son los requisitos para que se lleve a cabo.
Antecedentes
Aquí vamos a tratar la historia reciente en América Latina con respecto a los diálogos que han conducido a negociaciones y posteriormente a acuerdos de paz. Con mucha modestia y mas respeto comentaremos sobre todo los procesos de paz en que participaron los compañeros centroamericanos y sacaremos algunas conclusiones. A lo largo de los procesos centroamericanos, estas luchas fueron para nosotros fuentes de inspiración y de lecciones. Una de las grandes lecciones que asimilamos tiene que ver con el papel que jugaron las negociaciones.
En Centroamérica, vemos con mucha tristeza y preocupación el hecho que los acuerdos no se han respetado. ¿Valió la pena tanto sufrimiento y destrucción y el alto costo humano para llegar a las situaciones actuales, situaciones directamente vinculadas a los resultados de los procesos de paz?
No conocemos con exactitud las razones por las que los movimientos revolucionarios en aquellos países emprendieron un diálogo y, teniendo en cuenta los heroicos combates de Estelí, los legendarios esfuerzos por mantener Radio Venceremos en el aire y la épica defensa del Volcán Tajumulco, experiencias que tanto nos conmovieron y motivaron, sabemos que estas decisiones se hicieron con las mejores intenciones y luego de cuidadosos análisis de la realidad de entonces. Se supone que fue por la destrucción (humana y material) y la insostenibilidad (es decir la opinión de que ya no se podía seguir avanzando por este camino) y el desgaste de la guerra. En Nicaragua la repudiada agresión imperialista había llevado a la población a sus limites físicos y psíquicos. En El Salvador la ofensiva del 89 no logro tomarse el poder. Finalmente, en Guatemala imperaba una situación de empate técnico sin posibilidades de avances. Quizás esto, junto con la coyuntura regional e internacional a finales de los años 80 con la caída del bloque ‘socialista’ y el fin de la guerra fría, influyó mucho en la decisión de empezar un diálogo con los gobiernos en el poder. Además, en cierto sentido, los distintos movimientos revolucionarios tenían ya una impresionante acumulación de fuerzas y un peso importante en la vida política de sus respectivos países y por ello, un diálogo podría traer resultados beneficiosos.
No podemos especular más sobre las razones por que dialogaron pues seguramente ellos allí en el coloquio explicarán más a fondo los motivos. Pero lo cierto es que en todas las experiencias en Centroamérica muchas de las causas que originaron los conflictos permanecen intactas y hasta exacerbadas hoy en día. Las negociaciones concluyeron todas a favor de las oligarquías pues ellas y sus representantes se encuentran actualmente en el poder: el FRG, partido del genocida Rios Montt, en Guatemala, ARENA, fundado por creadores de los escuadrones de la muerte, en El Salvador, y los Liberales somocistas en Nicaragua.
Si bien resultaría irresponsable y parcial no mencionar los últimos avances, específicamente electorales, de los movimientos centroamericanos (hablamos sobre todo de los FSLN y FMLN), opinamos que todos entraron a los procesos de negociación en claras condiciones de desventaja. Creemos que en los casos de Guatemala y El Salvador los diálogos y posteriormente los acuerdos de paz se desarrollaron con base en condiciones favorables a la oligarquía, impuestos por los gobiernos en turno y el imperialismo. Nicaragua se vio obligada a tratar con los Contras y el imperialismo; estos últimos, a pesar de los acuerdos de Contadora, continuaron destruyendo el país y no se satisficieron hasta no ver la oposición oligárquica reasumir el poder (para ellos solamente hay democracia cuando los ricos mandan).
Empero, estimamos además que los movimientos centroamericanos manejaron conceptos y decisiones inadecuadas en las negociaciones. En primer lugar, no contaban con o no aprovecharon una alta capacidad de presión militar; si no estaban francamente a la defensiva o al menos ya no se encontraban a la ofensiva. Es más, ceses al fuego fueron pactados y desarmes prosiguieron, los movimientos perdiendo así una eficaz palanca para el proceso de diálogo. Lamentablemente, al negociar con regímenes autoritarios y anti-populares, la presión militar es indispensable. El caso Colombiano nos muestra que manteniendo la ofensiva y la eficacia de un aparato militar activo, se entra al proceso en condiciones más favorables, obteniendo de partida concesiones necesarias para la construcción de un sistema más democrático y socialmente justo. (Queda claro que además hay que buscar las mejores formas de efectuar esta presión militar de manera que se evite en lo posible el escalamiento de la guerra sucia paramilitar y la consecuente perdida humana, se trata nada menos que de la humanización del conflicto planteada por el ELN colombiano.)
En segundo lugar, los diálogos se realizaron de forma bastante cupular, sin la participación activa y masiva del pueblo. (De nuevo hay que reconocer algunas iniciativas interesantes, aunque no hayan logrado su potencial, como la Asamblea de la Sociedad Civil en Guatemala.) Mientras que las dirigencias negociaban en condiciones dificilísimas, el pueblo organizado se quedó al margen, haciendo que muchos se confundieran y desactivaran. Así, a la hora de las firmas finales, el pueblo estaba menos organizado y bastante desmovilizado (ya no hablamos de la desmovilización militar sino social), sin la suficiente fuerza para participar autónomamente en la nueva etapa del proceso. Un pueblo activo, organizado, autónomo y poderoso es justamente el ingrediente indispensable para hacer valer los acuerdos de paz.
Para nosotros, las tres experiencias son ilustradoras en el sentido que las negociaciones no lograron cambios sustantivos ni en el desarrollo democrático ni en la muy concentrada distribución económica en sus países. Nos damos cuenta que para que los acuerdos de paz desemboquen en profundos cambios políticos y sociales, se requiere de dos condiciones básicas: un Estado dispuesto a avanzar hacia transformaciones democráticas y, conversamente, un pueblo organizado, activo y autónomo que no sólo acompañe el proceso sino que lo conduzca, asegurando que se pacten profundos cambios en materia política, económica y social.
Negociaciones en el Contexto Mexicano Actual
En México, para no ir muy lejos, podemos observar acontecimientos recientes como las negociaciones entre el Estado y los Zapatistas y los movimientos sociales de los últimos años.
Las negociaciones del EZLN que culminaron con los Acuerdos de San Andrés Larraínzar, en un principio, eran prometedoras. Al cumplirse los acuerdos, los pueblos indígenas de México por vez primera tendrían garantías legales para desarrollar sus propios sistemas de gobierno, haciendo palpable una verdadera autonomía política y cultural. Instrumentos de diálogo como la CONAI y la COCOPA habrían facilitado un continuo acercamiento entre las partes y así un progreso en las negociaciones. Pero lamentable y quizá previsiblemente por razones históricas de nuestro país, el gobierno optó por obstaculizar el proceso hasta que se interrumpió en febrero de 1996.
El gobierno negoció no con la intención de resolver la pobreza y marginación en Chiapas sino con el fin de neutralizar a una organización armada y acabar con un movimiento social masivo. Es más, la CONAI se disolvió y la COCOPA tiene poca o una casi nula incidencia porque ni siquiera ha podido lograr que la administración de Zedillo cumpla los acuerdos ya suscritos y siga negociando de buena fe. Ahora, mientras Zedillo y su equipo le mienten al pueblo de México con la obscena declaración de que ‘no hay guerra’ en Chiapas, la militarización se incrementa aún más y el gobierno, según el EZLN en su comunicado de 9/VI/2000, está dejando "todo listo para una acción policiaco-militar de gran envergadura". No obstante, el EZLN sigue teniendo fuerza.
Por otro lado, el gobierno ni siquiera se compromete a realmente dialogar con los movimientos sociales. Más bien, el régimen opta por coptar movimientos o desgastarlos y en muchos casos, reprimirlos. Claros ejemplos son la huelga estudiantil del CGH en la UNAM y la movilización nacional magisterial de la CNTE. En Guerrero, los gobernadores han optado por reprimir y hostigar sistemáticamente a los movimientos sociales, encarcelando, torturando, secuestrando y hasta desapareciendo a activistas y dirigentes como en los casos de Benigno Guzmán de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, de los internacionalmente reconocidos presos de conciencia, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, miembros de la Organización de Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, y de muchas otras organizaciones. En lugar de dialogar con estos movimientos democrático-populares, se busca desactivar y aniquilarlos. Por ejemplo, como respuesta a demandas sociales más que justas, el gobierno cometió las masacres de Aguas Blancas, Acteal, el Bosque y El Charco. En vez de atender a las necesidades más elementales como son la salud y la educación, el gobierno aumenta el presupuesto militar e intensifica la militarización. Entonces se puede decir que el malgobierno ya está llevando a cabo una guerra de exterminio contra el pueblo y su forma de dialogar es reprimir y encarcelar.
Análisis
Para nosotros, lo expuesto anteriormente es suficiente razón para desconfiar de cualquier diálogo con un gobierno represor y autoritario. Si el gobierno ni siquiera busca solucionar los problemas sociales y dialogar con las agrupaciones civiles y movimientos sociales que luchan sin armas, mucho menos lo hará de buena fe con movimientos armados.
Actualmente no existen condiciones para el diálogo. Esto se debe esencialmente al dominio del modelo neoliberal en nuestros países. El régimen neoliberal busca implementar sus "reformas" o "ajustes" ante la resistencia del pueblo. Cada vez más, a lo largo de América Latina, el pueblo exige alternativas y los movimientos sociales se amplían. Ya que no encuentra el consentimiento de las grandes mayorías, el régimen se ve obligado a gobernar autoritariamente. Para imponer y administrar los dictámenes anti-populares del imperialismo multinacional y sus agencias internacionales como el FMI, el BM y el BID, el régimen neoliberal recurre obligadamente a la fuerza y la represión. Es por esta razón que se dice que los gobiernos neoliberales, aunque sean de "centro-izquierda", son por su misma naturaleza neoautoritarios.
Aquí en México vemos que el avance del neoliberalismo ha empeorado la situación socioeconómica para la mayoría del pueblo. La ‘normalidad democrática’ o la ‘transición democrática’ que tanto se ha ensalzado en los medios de comunicación realmente significa un horror para el pueblo. Para resumir, en lo económico, los paquetazos, incluyendo las privatizaciones, la flexibilidad laboral, las recesiones y devaluaciones han golpeado fuertemente a la población. El crecimiento actual, con la inflación y tasa de interés a la baja, no es más que coyuntural y, como quedó al descubierto con la última mini-devaluación, en cualquier momento puede venir un nuevo shock económico que nos retroceda unas cuantas décadas más dejando en ridículo el presunto blindaje. En lo social esto se traduce en mayor desempleo, salarios cada día más bajos, un recorte drástico en el presupuesto social, cada vez más frecuentes "desastres naturales" por corrupción y planeación inadecuada y mayor endeudamiento por los fraudes astronómicos como el FOBAPROA. Naturalmente, esto tiene en lo político el resultado que ya mencionamos: un régimen neoautoritario. La represión se suma a una participación cada vez más reducida y controlada. Las organizaciones sociales e incluso las organizaciones defensoras de derechos humanos sufren hostigamientos, mientras que en las áreas rurales de país se vive constantemente un clima de zozobra por la militarización. En Guerrero los campesinos e indígenas ya ni pueden trabajar sus parcelas con tranquilidad por temor al hostigamiento del ejército. También hay un claro deterioro en la situación de los derechos humanos en el país. La ‘normalidad democrática’ bajo el gobierno zedillista incluye torturas, desapariciones y masacres. La creación y acción de nuevos cuerpos represivos como la PFP y la proliferación de grupos paramilitares financiados y armados por el Estado hace ver que el régimen no piensa cambiar esta situación.
Es evidente que el método de gobernar bajo esta ‘democracia’ neoliberal es esencialmente autoritario. Algunos dirían que al menos ha habido una ‘apertura democrática’ con la participación de otros partidos aparte del PRI en la política nacional. Pero la existencia de múltiples partidos no se traduce automáticamente en una verdadera y libre oposición. Se reduce la democracia al simple hecho de que haya elecciones dejando al pueblo a un lado en la toma de las grandes decisiones políticas, económicas y sociales. Por lo demás, las elecciones resultan poco justas por el fraude, la compra y coacción del voto y el uso desigual de los medios de comunicación. Así se concentra el poder y la toma de decisiones en la oligarquía financiera, que actúa en colusión con el FMI y el Banco Mundial; para ellos, el pueblo es dispensable. Parece ser que el régimen tiene más compromiso con los organismos financieros internacionales y con Wall Street que con el pueblo mexicano.
Con esto, se observa que lo que se está desarrollando es un sistema de gobierno neoliberal que utiliza dos tácticas nefastas: por un lado, una guerra de baja intensidad -- una creciente militarización con tácticas contrainsurgentes y aspectos de una guerra sucia. Por otro lado, una democracia de baja intensidad: elecciones regulares caracterizadas por una participación atomizada, pocas alternativas y alto índice de abstencionismo, concentrando así el poder en la oligarquía y sistemáticamente excluyendo y empobreciendo al pueblo. La idea es implantar un sistema que combine la vietnamización en términos de represión y la norteamericanización en términos de (no) participación.
Entonces, como hemos señalado, el modelo neoliberal (y su aplicación en nuestro país) además de castigar económica y socialmente al pueblo, consiste obligadamente en la creación de un sistema político por naturaleza anti-democrático y anti-popular para permitir su reproducción. Es un sistema en que la organización del pueblo se enfrenta a la violencia de un Estado cada vez más militarizado. Al pedir pan y justicia, al pueblo se le da plomo y muerte. Cuando se alzan las voces defensoras de los derechos humanos, estas también son calladas. Bajo estas condiciones políticas, es menester preguntarnos ¿Qué podría el pueblo conseguir por medio de un diálogo y qué tipo de diálogo podría darse?
Conclusión
Lo anterior expone las contradicciones y falacias de la ‘normalidad democrática’ en México. Queda claro que ésta no existe; lo que tenemos en México es un régimen autoritario que solamente opera dentro de los parámetros del neoliberalismo. Hay suficientes antecedentes en nuestro país para creer que el diálogo bajo estas condiciones no conduciría automáticamente a una paz con justicia y democracia. Es más, arrojaría obstáculos en nuestro camino hacia estas metas.
Queremos dejar en claro que no nos oponemos a la negociación y el diálogo. Es más, creemos que estas prácticas son fundamentales para una sana y plena vida política democrática. Pero, entre desapariciones de disidentes políticos, torturas a luchadores sociales y un constante hostigamiento al movimiento social y al pueblo no se puede dialogar. Además, ¿cómo es posible abrir un espacio de diálogo efectivo cuando el régimen sentencia que el modelo socioeconómico actual no es negociable? ¿Cuándo el gobierno sólo obedece los dictámenes del FMI y el Departamento del Tesoro de EEUU y se niega repetidamente a escuchar los justos reclamos del pueblo?
Reiteramos también nuestra creencia en la paz. La paz es sobre todo por lo que luchamos. Pero ¿de qué tipo de paz estamos hablando? ¿Una en donde el malgobierno siga mintiendo, masacrando, reprimiendo y empobreciendo al pueblo o una paz digna en donde haya una justicia y una participación profunda del pueblo? Repetimos que la paz que anhelamos es la paz con dignidad, la paz con justicia social.
Quedando claras las nulas posibilidades de un sustancioso diálogo en el momento actual, nos quedamos con la siguiente gran interrogante: ¿bajo que condiciones pudiera lograrse una paz con dignidad y justicia social por medio del diálogo?
Como señalan las conclusiones de nuestro repaso de las experiencias centroamericanas, pensamos que son dos las condiciones necesarias para que se dé tal diálogo: un estado dispuesto a avanzar hacia transformaciones democráticas y, conversamente, un pueblo organizado, activo y autónomo que no solo acompañe el proceso sino que lo conduzca. Ya que el Estado mexicano actual, como estado autoritario neoliberal, no cumple con la primera condición, opinamos que la segunda ha de fortalecerse. Es decir que el pueblo ha de robustecerse, elevar su grado de organización, y emprender el ejercicio de su soberanía y auto-gobierno en todos los ámbitos antes de que se pueda dar un diálogo fructífero. A este proceso le llamamos y conocemos como la construcción del poder popular.
En nuestras Tesis para el Cambio, nuestros principios políticos y éticos básicos (ver nuestra página de internet http://burn.ucsd.edu/erpi/), planteamos que nuestro principal compromiso es con el pueblo. Para lograr un verdadero cambio y acabar con esta situación precaria del pueblo mexicano, nosotros proponemos la construcción del poder popular. A diferencia del modelo actual que reduce el concepto de democracia, se propone ampliar el sentido y el ejercicio de la democracia, con participación popular masiva, en todos los ámbitos sociales. La construcción del poder popular, por tanto, implica el autogobierno del pueblo que toma sus propias decisiones sobre su política, economía, proyectos sociales, etc., y contempla verdaderas autonomía y soberanía populares. Pensamos que un pueblo organizado, que establece mecanismos realmente democráticos y de alta participación política, es la mejor garantía contra un sistema autoritario y anti-democrático.
Por lo tanto, la primera y principal tarea en el momento actual es la de seguir construyendo el poder popular. Actualmente, se está desarrollando en las comunidades, en los barrios, en las escuelas y universidades, en los centros de trabajo, etc. Solamente cuando el poder popular haya alcanzado un grado y una extensión mas elevados y generalizados, se podrá considerar un verdadero diálogo. Es la única forma en que el pueblo podrá sentarse a negociar una transformación de fondo del país con una base de poder suficiente para ejercer una presión efectiva. Sólo así se podrá garantizar además el cumplimiento de cualquier acuerdo que se suscriba.
Tal proceso de negociación se manifestará, según nuestra visión, de dos formas alternativas. Primero, podría ser la culminación de múltiples esfuerzos revolucionarios que ya hayan desembocado en cambios estructurales en términos políticos y económicos. Es decir, se daría cuando el pueblo, a través de sus luchas ya haya conquistado importantes espacios y ya haya impuesto el poder popular en áreas claves de la sociedad. Se daría, por ejemplo, cuando a través de la lucha electoral lleguen al poder sectores que obedezcan los mandatos y reflejen los sentimientos del pueblo. En este caso, sería cuando el gobierno realmente mande obedeciendo. Para que tal escenario se vuelva realidad, hace falta una total y profunda reconceptualización del ejercicio de la lucha electoral. También podría darse cuando la lucha de masas haya alcanzado tal nivel y fuerza que el pueblo logre una transformación política por media de la presión masiva como expresión del ejercicio de la soberanía popular. En términos sencillos, hablamos de una situación en que las estructuras políticas se democraticen y que el pueblo participe efectivamente en las decisiones que afectan a nuestra sociedad. Tal cambio, dentro de los parámetros excluyentes del neoliberalismo, sólo se conseguirá por medio de una intensa lucha popular.
Segundo, un diálogo que permita alcanzar una paz digna puede realizarse dentro de otro conjunto de condiciones. Aquí, hablamos de una situación en que el régimen mantenga "intacta" sus fuerzas pero que paralelamente se haya construido un poder popular de tal magnitud que los auténticos representantes del pueblo (no presumimos de ningún modo ser los únicos) puedan sentarse a dialogar en condiciones de equidad. Es obvio que el momento actual no reúne estas condiciones. Para hacer de estas un hecho, es necesario que el pueblo siga organizándose y fortaleciéndose. Esto requiere de la creación, ampliación y consolidación de varias estructuras populares que se enfrenten a las estructuras anti-democráticas y hasta represivas del estado neoliberal.
Lo que el régimen actualmente muestra son actas de guerra contra el pueblo. Ante las agresiones criminales del gobierno como por ejemplo el paramilitarismo, hostigamiento y violencia contra el pueblo, tenemos el derecho de defendernos activamente. En este sentido, reivindicamos el uso de la autodefensa, es un derecho ante las agresiones del Estado. Por tanto, una de las áreas en que el pueblo tiene que organizar y fortalecerse es la autodefensa armada. Si el régimen no agrediera al pueblo, tratándolo simplemente como enemigo, estos esfuerzos no serían necesarios. Sin embargo, dado que el neo-autoritarismo neoliberal sólo sabe responder a los reclamos de justicia con violencia y terror del Estado, la autodefensa armada se convierte en una necesidad innegable. Como demuestra el ejemplo Colombiano, al sentarse a negociar con un gobierno por naturaleza anti-democrático y anti-popular, es necesario mantener esta capacidad. De ninguna manera puede considerarse un cese al fuego o un desarme como precondición para el diálogo puesto que esta decisión sólo minaría la fuerza del pueblo, favoreciendo así el proyecto excluyente neoliberal.
De todas formas, pensamos que la organización y participación activa del pueblo es el factor más importante. A la par de una estructura de autodefensa armada, el pueblo debe de entrar a una situación de diálogo con sólidas estructuras de participación social y política. De esta forma, la mesa de diálogo sería equilibrada y el pueblo logrará negociar con el gobierno entre iguales. Iniciar un diálogo antes de que se cumpla esta condición fundamental sería políticamente suicida. No se puede esperar profundos cambios del régimen neoliberal sin la presión de una masiva fuerza popular. Este poder popular (o poderes populares) no sólo obligaría al gobierno a que negocie de buena fe y acepte auténticos cambios, sino además vigilaría que los acuerdos derivados se cumplan. Un pueblo que no participe en un diálogo como protagonista principal y con la suficiente fuerza que lo respalde y con plena autonomía no logrará la paz con dignidad y con justicia social, como ya hemos visto, los resultados mínimos de cualquier diálogo.
En fin, decimos que para la construcción de la paz por medio del diálogo, es fundamental la construcción del poder popular. Y no hablamos de un lema vacío, caudillista y demagógico, donde el "poder sirva a la gente" (¿cuándo se ha preocupado la oligarquía por el pueblo?), sino de un México donde el poder popular asegure la construcción de la paz y una verdadera democracia social y política. En una negociación con el régimen neoliberal, sólo la plena participación del pueblo a través de sus estructuras de poder popular garantizará estos resultados. Esto es así porque, por las restricciones y agresiones del estado neoliberal, únicamente el poder popular puede hacer valer una auténtica democracia. Hasta que no se den estas condiciones para el ejercicio de la democracia y soberanía del pueblo, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente sostiene que no es el momento de dialogar.
Para ilustrar este punto, podemos volver al caso de Centroamérica. Aunque en cierta forma las negociaciones pusieron contra la pared a los movimientos revolucionarios, desactivaron a los movimientos sociales, ahora, luego de largos años durante los que estos se reorganizaron y volvieron a manifestarse, hay nuevas y combativas manifestaciones. Creemos que los movimientos sociales actuales en aquellos países, por ejemplo los estudiantes en Nicaragua, los trabajadores de salud en El Salvador, los pueblos indígenas y el pueblo guatemalteco en general movilizándose contra la impunidad de los ex-dictadores asesinos, no han sido frutos de los diálogos ni de las negociaciones sino se han logrado a pesar de las desfavorables condiciones de estos. Cualquier logro de estos movimientos se deberán al hecho de que, afortunadamente, las expresiones combativas de los pueblos organizados pudieron volver a articularse.
Asimismo sucederá en nuestro país. Los logros que alcancemos en nuestro difícil camino hacia la paz con dignidad y justicia social serán los resultados de la fuerza que adquiera el pueblo en la construcción del poder popular. Con o sin diálogo (esperamos sinceramente que sea con), será el pueblo, como actor principal y autónomo, quien imponga la democracia y ejerza la soberanía para así decidir su porvenir.
¡CON EL PODER POPULAR, EL PUEBLO UNIDO VENCERÁ!
EJÉRCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO INSURGENTE
República Mexicana a 16 de junio de 2000.