Partido FARC: Sobre el uso de los recursos provistos por el Estado para la financiación de nuestro campaña

Frente a informaciones de prensa sobre una indagación preliminar por parte del Consejo Nacional Electoral sobre el uso de los recursos provistos por el Estado para la financiación de la campaña electoral del Partido al Senado de la República.

DECLARAMOS:

1.- A las dificultades conocidas para la apertura de la cuenta bancaria y la transferencia de los recursos de ley, se le agregaron disposiciones arbitrarias y restrictivas de la Superintendencia Financiera y del Banco Agrario que vulneraron nuestros derechos como usuarios del sistema financiero y nos colocaron en una situación de asimetría frente a los demás partidos políticos que participaron en la contienda electoral. Además de la prohibición expresa de acceder a recursos distintos a los estatales, se impusieron condiciones del manejo de la cuenta en las que el Banco Agrario cumplió una función de auditoría externa preventiva frente a cada uno de los gastos realizados por la campaña. Todo pago a realizar debió contar con su visto bueno, previa presentación de la documentación del beneficiario y debió hacerse con cheque de gerencia.

2.- El gasto de los recursos estatales se habilitó el 1º. de marzo. Al día 8 de marzo se habían girado por el Banco 151 cheques para el pago de honorarios y proveedores por la suma de $3.466.442.783. Ante la imposibilidad de que el Banco revisara y pagara las obligaciones ya contraídas y que faltaban por pagar, el 9 de marzo y considerando que a la terminación de ese día bancario la cuenta queda inhabilitada para pagos posteriores, se tomó la decisión –después de consultas con funcionarios del alto gobierno- de solicitar el giro de un cheque equivalente al saldo en cuenta por $5.548.342.960 a nombre del Gerente de la Campaña, quien además por disposiciones de ley es corresponsable del manejo de los recursos.

3. Después de varias horas de análisis y consultas jurídicas conjuntas, la Junta Directiva del Banco autorizó hacia las 8.30 p.m. del 9 de marzo, la elaboración de un cheque de gerencia por la cifra ya anotada, teniendo en cuenta -como lo señala el propio Presidente, Luis Enrique Dussán López, en comunicación del 13 de marzo dirigida al CNE- “todas las razones y argumentos sobre el particular y en la medida en que no se encontró impedimento de orden legal”. Los recursos del cheque en mención no tenían otra destinación que el pago de obligaciones ya contraídas antes del cierre bancario de ese día. La advertencia posterior del Presidente del Banco al CNE sobre el manejo de recursos de campaña dispuesto en la Ley 1475 de 2011, inusual por cierto y derivada de su propia actuación, la quisiéramos entender en los términos de un funcionario público que quiere salvar toda responsabilidad, y no como una acción que busca poner un manto de duda sobre el manejo transparente de los recursos nuestra parte.

4.- Todos los gastos de campaña que realizamos, atendieron las normas legales y contables sobre la materia. Todos los recursos fueron comprometidos contractualmente atendiendo las regulaciones correspondientes. Toda la información de gasto está siendo subida según las disposiciones legales a la aplicación “Cuentas claras”, que es financiada por la USAID. Es decir, estará para consulta en línea a más tardar el 19 de marzo a las 12.00 de la noche. Tal y como lo tendrán que hacer todas las campañas, presentaremos dentro de los siguientes sesenta (60) a la realización de las elecciones del 11 de marzo, nuestra rendición de cuentas en los términos que obliga el ordenamiento jurídico, para que ésta sea sometida al examen correspondiente por parte del CNE.

5. Aunque no hemos sido requeridos formalmente por el CNE, manifestamos nuestra disposición de entregar toda la información que sea necesaria para producir las claridades que se le deban brindar a las autoridades y a la opinión pública en general. Somos los más interesados en la más transparente rendición de cuentas, no solo por las consecuencias derivadas de actuaciones contrarias a la ley; sobre todo, porque hemos llegado a la vida política legal para contribuir a combatir las prácticas clientelistas y corruptas que caracterizan de manera esencial el sistema electoral de nuestro país.

CONSEJO POLÍTICO NACIONAL

Bogotá, 16 de marzo de 2018.