Para precisar “quiénes se tiran la paz”, es indispensable remontarnos a la historia misma.
La clase dominante de Colombia ha gobernado desde los orígenes de la República, por medio de la violencia como manera de mantenerse en el poder; en contraste con los breves periodos, cuando las clases populares han alcanzado el poder por las vías legales, y han sido reprimidos y frustrados sus anhelos de cambio.
En el siglo pasado los hechos más trágicos los perpetraron con el asesinato de líder popular Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, y luego con el genocidio de los líderes de los partidos de izquierda Unión Patriótica, A Luchar y Frente Popular, en la década de los 80.
El pacto de paz firmado por las guerrillas liberales y el general Rojas Pinilla en los años 50, terminó en una cacería humana que desterró y sacrificó, a quienes desde el pueblo creyeron entonces en la paz de Colombia.
Al analizar las tragedias de la época llamada de La Violencia (1946-1957) y de la conformación del partido único de la oligarquía, al que nombraron Frente Nacional, concluyó el sacerdote y sociólogo Camilo Torres, que “están cerradas las vías legales en Colombia, para alcanzar el poder por el pueblo”.
Todos los procesos de paz que los sucesivos gobiernos han firmado con las guerrillas colombianas han terminado en fracaso, porque luego de la desmovilización y desarme de los insurgentes, no han logrado las demás reivindicaciones y acuerdos, salvo algunas gabelas entregadas a aquellos que mansamente se han asimilado al sistema dominante, lo que castra las aspiraciones de cambios, para superar las causas que originan la guerra en Colombia.
Las mismas FARC, el pasado 2 de mayo, denunciaron que:
“Del lado del Gobierno y el Estado colombiano no hemos recibido las mejores señales de cumplimiento. El texto del acuerdo firmado ha sido alterado en su esencia, a su paso por el Congreso y la Corte Constitucional; así como en varios Decretos presidenciales que pretenden dar desarrollo al mismo”.
El que hoy haya voces críticas hasta en el interior de los partidos tradicionales, por la avalancha reaccionaria que cercena los acuerdos firmados entre el Gobierno de Santos y las FARC, es la demostración fehaciente de que la oligarquía colombiana encabezada por sus fracciones más retardatarias, son quienes le están tirando duro a la paz.
Si los acuerdos firmados entre las FARC y el Gobierno de Santos, no amenazan, ni afectan la marcha del Estado colombiano, y aún así no logran prosperar, ante la soberbia y mentalidad excluyente de las elites dominantes; menos habrá voluntad del régimen para pactar un acuerdo, destinado a superar las causas que originan la guerra, en que vivimos desde fundada la República. Este tipo de acuerdo lo planteamos en la Mesa de conversaciones, y aunque al interlocutor no le merezca importancia, la Delegación de Diálogo del Ejército de Liberación Nacional tiene instrucciones de no levantarse de la Mesa.
Pese al ambiente adverso a los cambios, mantenido por las elites, diferentes expresiones de lucha democrática, emergen en Colombia; como la corriente electoral que se aparta de las posturas reaccionarias y levanta la bandera de reformas sustanciales, por lo que recibe un importante respaldo popular.
Lo anterior refuerza aquella verdad que dice que “no existe un solo camino para luchar por la justicia”, y que lo más importante es la unión, de quienes no nos resignamos a la exclusión violenta, ni a la desesperanza, en un país como Colombia, donde los excluidos y empobrecidos nos merecemos un futuro de paz auténtica, que sólo se alcanza con denodada lucha y así, se le cierra el paso a quienes “se tiran la paz”.
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