Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2018-07-20
Categoría
Comunicado
Partido FARC: Llegamos al Congreso a defender la paz, la vida, la democracia, los derechos humanos
LLEGAMOS AL CONGRESO A DEFENDER LA PAZ, LA VIDA, LA DEMOCRACIA, LOS DERECHOS HUMANOS
La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, es consciente del significado que tiene para la vida política del país, nuestra presencia en el Congreso de la República. De alguna manera este hecho sintetiza lo nuevo que está aconteciendo en Colombia.
Llegamos a este escenario de debate político, luego de más de medio siglo de dura confrontación político-militar con el Estado. Se cuentan por millones las víctimas del conflicto que tuvo su origen en la exclusión política y la expropiación violenta de la tierra de los campesinos y pueblos étnicos, por parte del latifundio, amparado en la histeria anticomunista que invadió al hemisferio occidental, luego de la segunda guerra mundial y que encontró eco en los salones del Congreso, a través de las voces de algunos de los representantes de los partidos tradicionales, liberal y conservador.
Nadie en ese momento, pudo llegar a imaginarse que la tragedia desatada podría llegar a prolongarse tanto tiempo, y menos aún, que alcanzaría los niveles dantescos que todos conocemos; lección que deberían tener presente quienes, como una repetición irónica de la historia, hoy día se empeñan, en atizar la hoguera de los odios y los desencuentros.
Son incuantificables las consecuencias del conflicto social y armado en términos de vidas perdidas, de desgarramiento social; de deslegitimación y distanciamiento del Estado frente a la base social y los territorios, de pérdidas económicas. De alguna manera, todos los colombianos hemos sido víctimas en este drama.
Para fortuna nuestra y regocijo de la comunidad internacional, a menos de dos años de firmado el Acuerdo de Paz, son evidentes sus beneficios, Colombia ya no será la misma, pese al empeño con el que trabajan algunos sectores por lograr la deformación de lo acordado e impedir su implementación.
A la vez que reconocemos al presidente Juan Manuel Santos, su decidido aporte para lograr el fin del enfrentamiento armado, debemos señalar que siguen pendientes desarrollos normativos muy importantes del Acuerdo; además que, a su paso por el Congreso de la República y la Corte Constitucional, han sido introducidos cambios sustanciales que ponen en duda el carácter de política de Estado en materia tan importante para la sociedad como lo es el derecho a la paz.
No puede seguir sucediendo que intereses particulares se impongan por encima del interés general de los colombianos. Corresponde al conjunto de la sociedad, asumir la defensa de lo pactado, como algo que es patrimonio de todos, frente a los embates de los sectores más retardatarios del país, que ven en la continuidad del conflicto armado, la posibilidad de perpetuar sus privilegios.
No deja de preocupar la anunciada intención del presidente electo, de introducir cambios a un tratado de paz que es norma constitucional, que a la luz del Derecho Internacional Humanitario tiene carácter de Acuerdo Especial y que, en virtud de una declaración unilateral de Estado, ha sido incorporado como documento oficial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en una resolución de dicho Consejo.
Pretender aprovechar la circunstancia temporal de unas mayorías parlamentarias, para burlar los compromisos adquiridos por el Estado en el Acuerdo de paz, no solo refleja la mezquindad de quienes se oponen a su afianzamiento, sino que, además, expone al país ante la comunidad de naciones, que de seguro no entenderá que un Estado, pueda desconocer compromisos adquiridos bajo la tutela de las normas internacionales.
Convinimos con el Estado la conformación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR) que, hasta donde es posible en casos de conflictos como el colombiano, restablezca los derechos a las víctimas y fije responsabilidades por los hechos más graves ocurridos en el marco y en el contexto del conflicto, teniendo como base la verdad, condición necesaria para la reconciliación y la generación de nuevas condiciones de convivencia pacífica.
Utilizar el nombre de las víctimas para evadir las propias responsabilidades frente al SIVJRNR, además de un innoble propósito, constituye una afrenta contra sus familiares y su memoria. Llamamos a quienes pretenden desmantelar esta parte sustancial de los acuerdos a desistir de sus intenciones, que son semilla de futuros conflictos.
No puede concebirse una paz estable y duradera sin la necesaria seguridad jurídica, que ponga fuera de los alcances del odio y la venganza, a quienes, de buena fe, dejaron las armas para transitar el camino de la lucha política legal y abierta. Hoy, dos de nuestros voceros más destacados en la mesa de negociación, Iván Márquez y Jesús Santrich, firmantes de los acuerdos y parlamentarios electos, no podrán asumir como congresistas, como consecuencia de la incertidumbre y las celadas tendidas por quienes, dentro y fuera de Colombia, están empeñados en impedir la consolidación del proceso.
A lo anterior se agrega, la manifiesta incapacidad del Estado y el gobierno, para cumplir sus compromisos en materia de reincorporación socio-económica de los ex guerrilleros y poner en libertad la totalidad de los prisioneros de la insurgencia, pese a que hace más de año y medio fue sancionada la ley de amnistía, todo lo cual, también afecta la confianza necesaria en este tipo de procesos.
Pero que no quepa duda, con nuestros representantes en el Congreso de la República, seguiremos defendiendo la paz como el bien más preciado para todos los colombianos, la vida en todas sus expresiones y manifestaciones, la ampliación y la profundización de la democracia, y los derechos humanos, síntesis de la conciencia universal, del deber ser, en cuanto a condiciones mínimas de existencia digna para los pueblos.
Seguiremos luchando por materializar la Reforma Rural Integral y la sustitución voluntaria y concertada de los cultivos de uso ilícito; por hacer realidad las reformas política y electoral que acaben con la corrupción reinante; por plenas garantías para la movilización y la protesta social; para que cese la violencia que cobra la vida de los mejores hombres y mujeres, que asumen liderazgo en sus comunidades; por mejorar las condiciones de vida material y espiritual de los millones de colombianos excluidos; por una paz completa e integral que ponga fin a toda expresión armada del conflicto social y político, lo que implica la culminación exitosa de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el acogimiento a la justicia de las denominadas bandas sucesoras del paramilitarismo.
Teniendo como bandera estos objetivos, sumados a nuestro programa político, haremos utilización del derecho a declararnos oposición al gobierno que inicia funciones el próximo 7 de agosto, y alternativa de cambio frente al sistema económico y político que representa el presidente electo.
La salida a la crisis económica, política, social, ambiental y cultural, que afecta la sociedad colombiana, y que golpea duramente de manera especial los millones de colombianos del común, no está en el programa de gobierno neoliberal, que presentó en su momento el candidato Iván Duque.
Nos reconocemos como parte de la Convergencia de la Esperanza que agrupa las bancadas del Partido Alianza Verde, Polo Democrático Alternativo, Decentes, MAIS. Nuestras curules y todo el esfuerzo político y organizativo de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, estarán en función de consolidar esta convergencia por la paz y la vida, materializada en una agenda legislativa común y otras iniciativas que acordemos, sin detrimento de nuestras propias iniciativas e identidad.
Fieles a lo que ha sido nuestra historia, estaremos presentes en toda forma de resistencia y movilización de masas por la defensa de los intereses de los más humildes.
No podemos dejar de mencionar y agradecer el aporte decidido de los gobiernos y los pueblos de Cuba y Noruega, como garantes del proceso; de Venezuela y Chile, como acompañantes; al igual que a la Organización de las Naciones Unidas y el conjunto de la comunidad internacional, para que el proceso de paz sea una realidad.
Consejo Político Nacional, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC.
20 de julio de 2018.
La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, es consciente del significado que tiene para la vida política del país, nuestra presencia en el Congreso de la República. De alguna manera este hecho sintetiza lo nuevo que está aconteciendo en Colombia.
Llegamos a este escenario de debate político, luego de más de medio siglo de dura confrontación político-militar con el Estado. Se cuentan por millones las víctimas del conflicto que tuvo su origen en la exclusión política y la expropiación violenta de la tierra de los campesinos y pueblos étnicos, por parte del latifundio, amparado en la histeria anticomunista que invadió al hemisferio occidental, luego de la segunda guerra mundial y que encontró eco en los salones del Congreso, a través de las voces de algunos de los representantes de los partidos tradicionales, liberal y conservador.
Nadie en ese momento, pudo llegar a imaginarse que la tragedia desatada podría llegar a prolongarse tanto tiempo, y menos aún, que alcanzaría los niveles dantescos que todos conocemos; lección que deberían tener presente quienes, como una repetición irónica de la historia, hoy día se empeñan, en atizar la hoguera de los odios y los desencuentros.
Son incuantificables las consecuencias del conflicto social y armado en términos de vidas perdidas, de desgarramiento social; de deslegitimación y distanciamiento del Estado frente a la base social y los territorios, de pérdidas económicas. De alguna manera, todos los colombianos hemos sido víctimas en este drama.
Para fortuna nuestra y regocijo de la comunidad internacional, a menos de dos años de firmado el Acuerdo de Paz, son evidentes sus beneficios, Colombia ya no será la misma, pese al empeño con el que trabajan algunos sectores por lograr la deformación de lo acordado e impedir su implementación.
A la vez que reconocemos al presidente Juan Manuel Santos, su decidido aporte para lograr el fin del enfrentamiento armado, debemos señalar que siguen pendientes desarrollos normativos muy importantes del Acuerdo; además que, a su paso por el Congreso de la República y la Corte Constitucional, han sido introducidos cambios sustanciales que ponen en duda el carácter de política de Estado en materia tan importante para la sociedad como lo es el derecho a la paz.
No puede seguir sucediendo que intereses particulares se impongan por encima del interés general de los colombianos. Corresponde al conjunto de la sociedad, asumir la defensa de lo pactado, como algo que es patrimonio de todos, frente a los embates de los sectores más retardatarios del país, que ven en la continuidad del conflicto armado, la posibilidad de perpetuar sus privilegios.
No deja de preocupar la anunciada intención del presidente electo, de introducir cambios a un tratado de paz que es norma constitucional, que a la luz del Derecho Internacional Humanitario tiene carácter de Acuerdo Especial y que, en virtud de una declaración unilateral de Estado, ha sido incorporado como documento oficial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en una resolución de dicho Consejo.
Pretender aprovechar la circunstancia temporal de unas mayorías parlamentarias, para burlar los compromisos adquiridos por el Estado en el Acuerdo de paz, no solo refleja la mezquindad de quienes se oponen a su afianzamiento, sino que, además, expone al país ante la comunidad de naciones, que de seguro no entenderá que un Estado, pueda desconocer compromisos adquiridos bajo la tutela de las normas internacionales.
Convinimos con el Estado la conformación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR) que, hasta donde es posible en casos de conflictos como el colombiano, restablezca los derechos a las víctimas y fije responsabilidades por los hechos más graves ocurridos en el marco y en el contexto del conflicto, teniendo como base la verdad, condición necesaria para la reconciliación y la generación de nuevas condiciones de convivencia pacífica.
Utilizar el nombre de las víctimas para evadir las propias responsabilidades frente al SIVJRNR, además de un innoble propósito, constituye una afrenta contra sus familiares y su memoria. Llamamos a quienes pretenden desmantelar esta parte sustancial de los acuerdos a desistir de sus intenciones, que son semilla de futuros conflictos.
No puede concebirse una paz estable y duradera sin la necesaria seguridad jurídica, que ponga fuera de los alcances del odio y la venganza, a quienes, de buena fe, dejaron las armas para transitar el camino de la lucha política legal y abierta. Hoy, dos de nuestros voceros más destacados en la mesa de negociación, Iván Márquez y Jesús Santrich, firmantes de los acuerdos y parlamentarios electos, no podrán asumir como congresistas, como consecuencia de la incertidumbre y las celadas tendidas por quienes, dentro y fuera de Colombia, están empeñados en impedir la consolidación del proceso.
A lo anterior se agrega, la manifiesta incapacidad del Estado y el gobierno, para cumplir sus compromisos en materia de reincorporación socio-económica de los ex guerrilleros y poner en libertad la totalidad de los prisioneros de la insurgencia, pese a que hace más de año y medio fue sancionada la ley de amnistía, todo lo cual, también afecta la confianza necesaria en este tipo de procesos.
Pero que no quepa duda, con nuestros representantes en el Congreso de la República, seguiremos defendiendo la paz como el bien más preciado para todos los colombianos, la vida en todas sus expresiones y manifestaciones, la ampliación y la profundización de la democracia, y los derechos humanos, síntesis de la conciencia universal, del deber ser, en cuanto a condiciones mínimas de existencia digna para los pueblos.
Seguiremos luchando por materializar la Reforma Rural Integral y la sustitución voluntaria y concertada de los cultivos de uso ilícito; por hacer realidad las reformas política y electoral que acaben con la corrupción reinante; por plenas garantías para la movilización y la protesta social; para que cese la violencia que cobra la vida de los mejores hombres y mujeres, que asumen liderazgo en sus comunidades; por mejorar las condiciones de vida material y espiritual de los millones de colombianos excluidos; por una paz completa e integral que ponga fin a toda expresión armada del conflicto social y político, lo que implica la culminación exitosa de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el acogimiento a la justicia de las denominadas bandas sucesoras del paramilitarismo.
Teniendo como bandera estos objetivos, sumados a nuestro programa político, haremos utilización del derecho a declararnos oposición al gobierno que inicia funciones el próximo 7 de agosto, y alternativa de cambio frente al sistema económico y político que representa el presidente electo.
La salida a la crisis económica, política, social, ambiental y cultural, que afecta la sociedad colombiana, y que golpea duramente de manera especial los millones de colombianos del común, no está en el programa de gobierno neoliberal, que presentó en su momento el candidato Iván Duque.
Nos reconocemos como parte de la Convergencia de la Esperanza que agrupa las bancadas del Partido Alianza Verde, Polo Democrático Alternativo, Decentes, MAIS. Nuestras curules y todo el esfuerzo político y organizativo de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, estarán en función de consolidar esta convergencia por la paz y la vida, materializada en una agenda legislativa común y otras iniciativas que acordemos, sin detrimento de nuestras propias iniciativas e identidad.
Fieles a lo que ha sido nuestra historia, estaremos presentes en toda forma de resistencia y movilización de masas por la defensa de los intereses de los más humildes.
No podemos dejar de mencionar y agradecer el aporte decidido de los gobiernos y los pueblos de Cuba y Noruega, como garantes del proceso; de Venezuela y Chile, como acompañantes; al igual que a la Organización de las Naciones Unidas y el conjunto de la comunidad internacional, para que el proceso de paz sea una realidad.
Consejo Político Nacional, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC.
20 de julio de 2018.