República mexicana, 20 de septiembre de 2018

AL PUEBLO DE MÉXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POPULARES Y REVOLUCIONARIAS

¡HERMANOS, HERMANAS, CAMARADAS!

El gobierno de Enrique Peña Nieto está en la recta final, durante estos seis años confirmó en cada uno de sus actos, decisiones y política su carácter antipopular, represivo, prooligarca y servil al imperialismo; su arribo y permanencia como junta administrativa fue con el puntal del aparato represivo y la dictadura de opinión.

Su condición antipopular parte de su falta de legitimidad e imposición como administrador de los intereses de la oligarquía, su envestidura como jefe del Ejecutivo se la otorgaron la cúpula policíaco militar y lo más representativo de la burguesía, la cúpula eclesiástica, los politicastros que firmaron el Pacto por México, todos verdugos del pueblo; su toma de posesión estuvo marcada por la violencia criminal de Estado, desde el primer día de su administración los cuerpos policíaco militares se ensañaron con el pueblo, muestra de su política represiva que ejerció durante todo el sexenio.

Los intereses de la oligarquía fueron garantizados desde antes de entrar en funciones al signar el Pacto por México que se tradujo en la imposición violenta de las reformas neoliberales y de políticas que profundizaron la explotación económica y opresión política, lo que agudizó la pobreza y miseria de la mayoría de los mexicanos.

Toda su gestión estuvo lacrada por el repudio popular, en la medida que se impusieron las reformas neoliberales y se reprimía, éste se generalizó expresándose de diferente forma, la protesta popular se convirtió en crítica política al régimen.

Lo que comenzó con un operativo policíaco militar para garantizar su toma de protesta se constituyó en el rasgo distintivo de su gestión, sistematizó y generalizó el terrorismo de Estado como política de gobierno para garantizar la imposición y defensa de los intereses de una minoría oligarca y el poder imperialista.

Las prácticas profascistas se inscriben en dicha política que se traduce en violencia sistemática y generalizada contra el pueblo, las víctimas del terrorismo de Estado en este sexenio se exponenciaron al grado que hoy se cuentan por cientos de miles; este gobierno superó con creces a sus antecesores panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, lo que ratifica la condición transexenal del terrorismo de Estado que ha cobrado alrededor de diez millones de víctimas directas e indirectas.

El sexenio encabezado por Peña Nieto cierra con el fortalecimiento del Estado policíaco militar y el estado de derecho oligárquico que se objetiva en la institucionalización de los crímenes de Estado y de lesa humanidad, el despojo legalizado, la criminalización de la pobreza y protesta popular, la constante revictimazación de las víctimas de la violencia de Estado; la anulación de facto de derechos humanos y constitucionales para sostener la dictadura del capital.

La Ley de Seguridad Interior es expresión concreta del Estado policíaco militar, respaldo jurídico de las medidas profascistas para el cometido del terrorismo de Estado, en esencia es el poder ilimitado de las fuerzas castrenses sobre el pueblo, constituye el reforzamiento de la dictadura burguesa.

La política económica de principio a fin del sexenio peñista garantizó por todos los medios los intereses de una minoría de oligarcas, quienes a la vez exigieron que se ejerciera la violencia de clase contra el pueblo; políticas de carácter neoliberal que profundizaron la brecha entre los dueños de los medios de producción y los asalariados, unas cuántas familias oligarcas se apropian de la riqueza producida por millones de mexicanos.

Los intereses de la oligarquía mexicana son parte intrínseca de las necesidades e intereses imperialistas a los cuales se plegó de manera fiel el gobierno saliente, esta lógica es la que explica la imposición descarada o sutil de los personeros que han de administrar sus intereses de clase desde el Estado mexicano, se confirma una vez más que el gobierno sólo es una junta administrativa de los asuntos burgueses.

La actuación de esta junta administrativa en el plano internacional no deja lugar a dudas de su carácter proimperialista, las exigencias de la política económica del imperialismo se aceptaron y aplicaron de manera diligente; se reveló como un gobierno servil y funcional en tanto desarrolló el papel de punta de lanza imperialista contra pueblos hermanos de América Latina.

La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte desnudó su condición de lacayo, garantiza mayor despojo de nuestros recursos para garantizar el desarrollo del capital monopolista transnacional; asegura mayores tasas de plusvalía para dichos intereses; nos condena como pueblo a permanecer en una economía de servidumbre, por tanto, dependiente y funcional para el imperialismo norteamericano.

El último informe que presenta el actual gobierno priista exhibe a Peña Nieto de cuerpo completo como político de oficio y hombre del régimen que se apoya en la verborrea y demagogia para presentar cínicamente la mentira como verdad.

Pasa a la memoria histórica de nuestro pueblo como un consumado criminal de larga trayectoria, de la talla del genocida Díaz Ordaz. Ayotzinapa, Tlatlaya, Nochixtlán, son sólo un botón de muestra de dicha condición; la ejecución extrajudicial de más de cien trabajadores de la comunicación es la otra cara de la dictadura de opinión que forma parte del terrorismo de Estado; el país es una enorme fosa clandestina donde las víctimas del terrorismo de Estado que ahí yacen, son claro indicativo de que este gobierno criminal supera en el cometido de crímenes de lesa humanidad al fascismo nazi y las dictaduras militares en América Latina.

Enrique Peña Nieto al igual que sus antecesores se retira bajo el manto protector de la impunidad que otorga el sistema a los hombres del régimen, éstos después de bañarse en sangre del pueblo pasan a retirarse a su cómoda "vida personal". En contraste, el pueblo se debate entre la pobreza y la miseria, sobrevive precariamente y bajo el terrorismo de Estado.

Al igual que cientos de víctimas de desaparición forzada nuestros camaradas Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya permanecen en esta condición, de este crimen de lesa humanidad que no prescribe, Enrique Peña Nieto y los principales funcionarios de su gobierno son corresponsables.

¡Hermanas, hermanos, camaradas!, La dictadura burguesa en México no termina con el cierre del actual sexenio; el régimen económico y político neoliberal perdurará mientras las relaciones de producción que le dan vida prevalezcan. Lejos de doblar las banderas de lucha, éstas se deben mantener en alto con firmeza y convicción de clase hasta alcanzar la emancipación real de las masas oprimidas y explotadas.

¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER EL MORIR!

¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!

¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!

COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR

COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR

Año 54.
República mexicana, 20 de septiembre de 2018.