Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2018-11-17
Categoría
Comunicado
Carta abierta a Jesús Santrich (Iván Márquez y otros)
Apreciado Jesús Santrich
Va nuestro cálido saludo de hermanos con el afecto de miles de guerrilleros de los Espacios Territoriales y de los dispersos en la geografía nacional que esperan noticias del cumplimiento de los acuerdos, y también de la gente buena de este país que anhela tu libertad abrazada al anhelo de paz.
De corazón estamos contigo. Te reiteramos nuestra solidaridad total. Nos enorgullece tu dignidad que la equiparamos con la de Simón Trinidad. Una eventual extradición tuya por cuenta de un burdo montaje judicial de la DEA y la Fiscalía, o la perpetuación injustificada de tu presidio, significarán el fracaso irremediable de la paz. Poco a poco se están cayendo las mentiras del Fiscal Martínez. Si no hay pruebas, contra ti, deben aplicarte el principio de favorabilidad produciendo tu excarcelación inmediata.
Nos asombra la intromisión descarada del embajador de los Estados Unidos en los asuntos internos del país, sin que ninguna autoridad asuma la dignidad de la patria, ni la voz de nuestra soberanía política y jurídica. Debiera el señor Whitaker actuar con el talante de los diplomáticos acreditados en Colombia, que no se inmiscuyen en nuestros asuntos internos ni socavan la paz para derribarla.
El proceso soporta hoy presiones infernales de gente muy poderosa implicada en la violencia, que emitió órdenes a la Fuerza Pública que terminaron victimizando a millones de seres humanos, gente acostumbrada a la impunidad y a las tinieblas, que le aterra el sol de la verdad, y que por eso prefiere el caos para enterrar la ilusión seráfica de ver a Colombia trazando su futuro a partir del Acuerdo de Paz.
Por esta razón el Acuerdo de La Habana, llamado por sus detractores “el maldito papel”, no ha podido, por ahora, apagar el incendio del conflicto. Hay personas tan vacías de humanidad y tan llenas de insania que habiendo hecho trizas el Acuerdo ahora quieren demoler sus ruinas.
Lo que hoy llaman acuerdo de paz no es el convenido por las partes en La Habana. Es un horroroso frankenstein santanderista. Comparémoslo con el texto del acuerdo del 24 de noviembre de 2016 refrendado por el Congreso de la República y podremos constatar que le cercenaron el alma y cambiaron su esencia por obra y gracia de la interpretación jurisprudencial, la implementación legislativa y la perfidia del Estado. Estas ramas del poder ignoran, encogiendo los hombros, la existencia del principio pacta sunt servanda que establece que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.
Pero cambiaron unilateralmente las reglas en medio del juego sin tener en cuenta que este principio del derecho ha sido y es parte del ordenamiento jurídico colombiano. Parece que no se han percatado que al presentar ante Naciones Unidas el Acuerdo en la manera de una declaración unilateral de cumplimiento, y de haberlo convertido en un acuerdo especial del artículo 3 de los Convenios de Ginebra, el Estado adquiere obligaciones internacionales que no puede soslayar.
“Un Acuerdo -como dice Enrique Santiago- por su naturaleza bilateral, solo puede ser mejorado de común acuerdo entre las distintas partes que lo suscribieron. Cualquier otro supuesto es una vulgar usurpación de la voluntad y la legitimidad de las partes y en este caso sería una falsificación de la historia sin validez jurídica alguna y con dramáticas consecuencias políticas para Colombia”.
Tenemos que sugerirles, Santrich, a todos los guerrilleros asentados en los ETCR y a los que hoy se mueven fuera de ellos, que estudien el artículo de Enrique Santiago sobre estos asuntos publicado por la Revista Izquierda #76. Es fundamental para la comprensión de la encrucijada de la paz y la guerra.
Las alteraciones al contenido del Acuerdo por parte del Estado son al mismo tiempo problemáticas como desconcertantes: Si la JEP se concibió para todas las partes involucradas en el conflicto ¿Por qué excluyen de su competencia a los terceros que son civiles o agentes del Estado no pertenecientes a la Fuerza Pública que de alguna u otra manera victimizaron colombianos con sus determinaciones? Es necesario reiterarlo: la Jurisdicción Especial no fue acordada solamente para la guerrilla, sino para todos los actores del conflicto.
Sin duda constituye un grave error jurídico y político lo que está haciendo la astuta clase dominante con relación a los militares, los cuales, sabiendo que recibieron órdenes de la cúpula política, no debieran dejarse arrastrar ni impresionar con cantos de sirena que lo que buscan es salvar a la rancia casta política del régimen de sus responsabilidades en el conflicto para endosárselas sin más ni más a las Fuerzas Armadas. Los utilizaron en la guerra sucia y en victimizaciones horrorosas y ahora quieren lavarse las manos como Pilatos. Eso no es justo y no obedece a la verdad. Todo el tiempo utilizaron a las FFAA para mantenerse en el poder mientras se enriquecían con la corrupción y se llenaban de privilegios.
Ahora han tratado de impulsar a través de un Acto Legislativo la creación de salas especiales en la JEP, para resolver las imputaciones contra integrantes de las Fuerzas Militares en el marco del conflicto, con jueces de instituciones del Estado que deben ser expertos en un repentino “derecho operativo”, cuando existe para ello la normativa internacional del Ius in Bellum. Con esto solo lograrán activar un pandemonium.
Los guerrilleros siempre actuaron bajo normas y un régimen disciplinario severo con el que fueron sancionados muchos de ellos. La “juridicidad insurgente” en la guerrilla tuvo por tanto el mismo sentido y valor que el llamado “derecho operacional” en las FFMM.
Pero lo más grave y riesgoso de la creación de salas especiales para los militares con jueces ad hoc o jueces a la carta, es que, si se configura favorecimiento de la impunidad, pueden terminar conducidos a los estrados de la Corte Penal Internacional. Es obvio que esto es una jugarreta de los políticos para aplazar el nacimiento de la verdad en torno a lo acaecido en el conflicto y de sus verdaderos responsables.
Santrich: para concluir, estamos muy impactados con la inseguridad jurídica que expande la desconfianza en todo el universo guerrillero rebelde derivada de tu injusta detención. Sólo basta que la DEA invente un cargo, para que surja el fantasma de la extradición fraudulenta a los Estados Unidos, con lo que hundirían la paz en el turbulento mar de la confrontación.
A esta desconfianza se le suma la gran desconfianza histórica surgida del hecho notorio de que los más caracterizados comandantes de la insurgencia en diálogos de paz, como Guadalupe Salcedo, Jacobo Prías Alape (Charro Negro), Carlos Pizarro, Iván Marino Ospina, Alvaro Fayad, y otros, como los candidatos presidenciales Jaime Pardo y Bernardo Jaramillo de la UP -surgida del Acuerdo de La Uribe- fueron indefectiblemente asesinados. Esa traición extrema, esa perfidia impúdica del Establecimiento es lo que no ha dejado construir una paz estable y duradera.
¿Qué nos pueden decir del asesinato de más 80 guerrilleros luego de la firma del Acuerdo de Paz de La Habana? Esto ya se parece al genocidio de la UP que fue exterminada a tiros como política de Estado. ¿Por qué retienen todavía en las cárceles a guerrilleros de las FARC en contravía de lo pactado, que fue su libertad con el compromiso de sometimiento a la JEP? Si Sonia ya cumplió pena en los Estados Unidos ¿Por qué no la liberan o por qué no la pasan a la JEP? Ella está hoy en huelga de hambre.
Si se acordó alejar las armas de la política ¿Por qué siguen matando y exterminando a los líderes sociales de este país que ya suman más de 270 sacrificados?
Que el Estado de la cara y responda ante la Segunda Misión de Naciones Unidas, los países garantes, los países acompañantes, los notables, la Unión Europea, y en general, ante la comunidad internacional que celebró el silenciamiento de las armas luego de medio siglo de conflicto armado.
Colombia debe despertar. Sólo la nación en masa con acciones de calle, de campo y de carreteras podría frenar la felonía y el engaño y obligar al Estado a cumplir los acuerdos firmados de buena fe, teniendo en cuenta que la paz se sustenta también en la garantía de los derechos políticos, económicos y sociales de las mayorías empobrecidas.
Bueno Santrich, recibe nuestro abrazo lleno de sentimientos tiernos reforzado con la certeza de que esta época de tempestad y crispación tendrá que desembocar, más temprano que tarde, en la normalización de la vida pacífica colombiana, si así lo decide el pueblo y el sentido común. Debemos compenetrarnos con la idea de que la fuerza para la salvación del proceso reside en la potencia de la movilización del pueblo.
Hasta pronto.
Iván Márquez, Oscar Montero, Aldinéver Morantes, Edinson Romaña, Albeiro Córdoba, Iván Alí, Enrique Marulanda, Iván Merchán, Rusbel Ramírez y otros.
Noviembre 17 de 2018.
Va nuestro cálido saludo de hermanos con el afecto de miles de guerrilleros de los Espacios Territoriales y de los dispersos en la geografía nacional que esperan noticias del cumplimiento de los acuerdos, y también de la gente buena de este país que anhela tu libertad abrazada al anhelo de paz.
De corazón estamos contigo. Te reiteramos nuestra solidaridad total. Nos enorgullece tu dignidad que la equiparamos con la de Simón Trinidad. Una eventual extradición tuya por cuenta de un burdo montaje judicial de la DEA y la Fiscalía, o la perpetuación injustificada de tu presidio, significarán el fracaso irremediable de la paz. Poco a poco se están cayendo las mentiras del Fiscal Martínez. Si no hay pruebas, contra ti, deben aplicarte el principio de favorabilidad produciendo tu excarcelación inmediata.
Nos asombra la intromisión descarada del embajador de los Estados Unidos en los asuntos internos del país, sin que ninguna autoridad asuma la dignidad de la patria, ni la voz de nuestra soberanía política y jurídica. Debiera el señor Whitaker actuar con el talante de los diplomáticos acreditados en Colombia, que no se inmiscuyen en nuestros asuntos internos ni socavan la paz para derribarla.
El proceso soporta hoy presiones infernales de gente muy poderosa implicada en la violencia, que emitió órdenes a la Fuerza Pública que terminaron victimizando a millones de seres humanos, gente acostumbrada a la impunidad y a las tinieblas, que le aterra el sol de la verdad, y que por eso prefiere el caos para enterrar la ilusión seráfica de ver a Colombia trazando su futuro a partir del Acuerdo de Paz.
Por esta razón el Acuerdo de La Habana, llamado por sus detractores “el maldito papel”, no ha podido, por ahora, apagar el incendio del conflicto. Hay personas tan vacías de humanidad y tan llenas de insania que habiendo hecho trizas el Acuerdo ahora quieren demoler sus ruinas.
Lo que hoy llaman acuerdo de paz no es el convenido por las partes en La Habana. Es un horroroso frankenstein santanderista. Comparémoslo con el texto del acuerdo del 24 de noviembre de 2016 refrendado por el Congreso de la República y podremos constatar que le cercenaron el alma y cambiaron su esencia por obra y gracia de la interpretación jurisprudencial, la implementación legislativa y la perfidia del Estado. Estas ramas del poder ignoran, encogiendo los hombros, la existencia del principio pacta sunt servanda que establece que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.
Pero cambiaron unilateralmente las reglas en medio del juego sin tener en cuenta que este principio del derecho ha sido y es parte del ordenamiento jurídico colombiano. Parece que no se han percatado que al presentar ante Naciones Unidas el Acuerdo en la manera de una declaración unilateral de cumplimiento, y de haberlo convertido en un acuerdo especial del artículo 3 de los Convenios de Ginebra, el Estado adquiere obligaciones internacionales que no puede soslayar.
“Un Acuerdo -como dice Enrique Santiago- por su naturaleza bilateral, solo puede ser mejorado de común acuerdo entre las distintas partes que lo suscribieron. Cualquier otro supuesto es una vulgar usurpación de la voluntad y la legitimidad de las partes y en este caso sería una falsificación de la historia sin validez jurídica alguna y con dramáticas consecuencias políticas para Colombia”.
Tenemos que sugerirles, Santrich, a todos los guerrilleros asentados en los ETCR y a los que hoy se mueven fuera de ellos, que estudien el artículo de Enrique Santiago sobre estos asuntos publicado por la Revista Izquierda #76. Es fundamental para la comprensión de la encrucijada de la paz y la guerra.
Las alteraciones al contenido del Acuerdo por parte del Estado son al mismo tiempo problemáticas como desconcertantes: Si la JEP se concibió para todas las partes involucradas en el conflicto ¿Por qué excluyen de su competencia a los terceros que son civiles o agentes del Estado no pertenecientes a la Fuerza Pública que de alguna u otra manera victimizaron colombianos con sus determinaciones? Es necesario reiterarlo: la Jurisdicción Especial no fue acordada solamente para la guerrilla, sino para todos los actores del conflicto.
Sin duda constituye un grave error jurídico y político lo que está haciendo la astuta clase dominante con relación a los militares, los cuales, sabiendo que recibieron órdenes de la cúpula política, no debieran dejarse arrastrar ni impresionar con cantos de sirena que lo que buscan es salvar a la rancia casta política del régimen de sus responsabilidades en el conflicto para endosárselas sin más ni más a las Fuerzas Armadas. Los utilizaron en la guerra sucia y en victimizaciones horrorosas y ahora quieren lavarse las manos como Pilatos. Eso no es justo y no obedece a la verdad. Todo el tiempo utilizaron a las FFAA para mantenerse en el poder mientras se enriquecían con la corrupción y se llenaban de privilegios.
Ahora han tratado de impulsar a través de un Acto Legislativo la creación de salas especiales en la JEP, para resolver las imputaciones contra integrantes de las Fuerzas Militares en el marco del conflicto, con jueces de instituciones del Estado que deben ser expertos en un repentino “derecho operativo”, cuando existe para ello la normativa internacional del Ius in Bellum. Con esto solo lograrán activar un pandemonium.
Los guerrilleros siempre actuaron bajo normas y un régimen disciplinario severo con el que fueron sancionados muchos de ellos. La “juridicidad insurgente” en la guerrilla tuvo por tanto el mismo sentido y valor que el llamado “derecho operacional” en las FFMM.
Pero lo más grave y riesgoso de la creación de salas especiales para los militares con jueces ad hoc o jueces a la carta, es que, si se configura favorecimiento de la impunidad, pueden terminar conducidos a los estrados de la Corte Penal Internacional. Es obvio que esto es una jugarreta de los políticos para aplazar el nacimiento de la verdad en torno a lo acaecido en el conflicto y de sus verdaderos responsables.
Santrich: para concluir, estamos muy impactados con la inseguridad jurídica que expande la desconfianza en todo el universo guerrillero rebelde derivada de tu injusta detención. Sólo basta que la DEA invente un cargo, para que surja el fantasma de la extradición fraudulenta a los Estados Unidos, con lo que hundirían la paz en el turbulento mar de la confrontación.
A esta desconfianza se le suma la gran desconfianza histórica surgida del hecho notorio de que los más caracterizados comandantes de la insurgencia en diálogos de paz, como Guadalupe Salcedo, Jacobo Prías Alape (Charro Negro), Carlos Pizarro, Iván Marino Ospina, Alvaro Fayad, y otros, como los candidatos presidenciales Jaime Pardo y Bernardo Jaramillo de la UP -surgida del Acuerdo de La Uribe- fueron indefectiblemente asesinados. Esa traición extrema, esa perfidia impúdica del Establecimiento es lo que no ha dejado construir una paz estable y duradera.
¿Qué nos pueden decir del asesinato de más 80 guerrilleros luego de la firma del Acuerdo de Paz de La Habana? Esto ya se parece al genocidio de la UP que fue exterminada a tiros como política de Estado. ¿Por qué retienen todavía en las cárceles a guerrilleros de las FARC en contravía de lo pactado, que fue su libertad con el compromiso de sometimiento a la JEP? Si Sonia ya cumplió pena en los Estados Unidos ¿Por qué no la liberan o por qué no la pasan a la JEP? Ella está hoy en huelga de hambre.
Si se acordó alejar las armas de la política ¿Por qué siguen matando y exterminando a los líderes sociales de este país que ya suman más de 270 sacrificados?
Que el Estado de la cara y responda ante la Segunda Misión de Naciones Unidas, los países garantes, los países acompañantes, los notables, la Unión Europea, y en general, ante la comunidad internacional que celebró el silenciamiento de las armas luego de medio siglo de conflicto armado.
Colombia debe despertar. Sólo la nación en masa con acciones de calle, de campo y de carreteras podría frenar la felonía y el engaño y obligar al Estado a cumplir los acuerdos firmados de buena fe, teniendo en cuenta que la paz se sustenta también en la garantía de los derechos políticos, económicos y sociales de las mayorías empobrecidas.
Bueno Santrich, recibe nuestro abrazo lleno de sentimientos tiernos reforzado con la certeza de que esta época de tempestad y crispación tendrá que desembocar, más temprano que tarde, en la normalización de la vida pacífica colombiana, si así lo decide el pueblo y el sentido común. Debemos compenetrarnos con la idea de que la fuerza para la salvación del proceso reside en la potencia de la movilización del pueblo.
Hasta pronto.
Iván Márquez, Oscar Montero, Aldinéver Morantes, Edinson Romaña, Albeiro Córdoba, Iván Alí, Enrique Marulanda, Iván Merchán, Rusbel Ramírez y otros.
Noviembre 17 de 2018.