Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2019-03-04
Categoría
Comunicado
El desgobierno crece y tuerce más su rumbo
EL DESGOBIERNO CRECE Y TUERCE MÁS SU RUMBO*
Al Presidente Duque lo nombraron para gobernar a Colombia, pero sigue dedicado a incendiar a la vecina Venezuela; colocando más atención a los dictados de Trump, que a las necesidades de sus compatriotas.
Colombia es hoy una plataforma militar de ataque en la frontera con Venezuela, en cumplimiento de los planes de guerra imperialista contra el hermano pueblo venezolano.
El drama humanitario que sufre el Chocó, a causa del abandono y la pobreza, como siempre, les merece poca atención al Gobierno y a las empresas de comunicación. Las inundaciones que comenzaron el 23 de febrero, siguen causando miles de damnificados, quienes han perdido todo, sus viviendas, cosechas y animales.
Algo similar y que viene de tiempos atrás, es la crisis humanitaria sin fin de la etnia Wayúu en La Guajira, en donde sólo extraen ganancias las empresas multinacionales del carbón, a costa de secar sus ríos y de exterminar a la infancia por hambre y desnutrición; las sobras que dejan, siguen siendo un festín para las mafias de corruptos, camufladas como militantes de los partidos de la coalición de Gobierno.
Ahora es que vienen a reconocer, que la pésima construcción de la represa de Hidroituango, se debe a que asignaron las obras a contratista corruptos sin haber hecho licitación pública; y ahora se les derrumban los túneles, como antes se desplomaron los edificios construidos por ellos mismos. Al país le esconden tal corruptela, porque Villegas Moreno, el contratista mayor, sigue siendo el gran jefe del Partido Conservador en Antioquia y aliado estratégico del ex presidente Álvaro Uribe.
Cuando Hidroituango secó y atentó nuevamente contra el río Cauca, una vez más salieron a flote, las incontables afectaciones causadas al ecosistema y a la población de los 14 municipios ribereños que le siguen a Puerto Valdivia, dejando 150.000 damnificados. Sin contar los daños que esta represa causa al conjunto de los Departamentos de la costa Caribe, que vivían del río; a estos nunca les pidieron opinión sobre el represamiento de éste, el segundo río más imprtante de Colombia.
Maestros y campesinos del suroccidental Departamento del Cauca, junto con pobladores de la ciudad de Popayan, se encuentran desde hace 8 días en paro indefinido, para exigir cumplimiento de Acuerdos firmados por el Gobierno con movilizaciones anteriores. Hasta ahora, la única respuesta ha sido el trato de guerra dado por la policía militarizada del ESMAD.
Igualmente la semana pasada, inició otro paro cívico en los municipios del Sur del Departamento de Córdoba, para reclamar el cumplimiento del Programa de sustitución voluntaria de cultivos de coca, firmado por el Gobierno anterior, pero desconocido ahora por Uribe y Duque; porque este Gobierno solamente aplica la “Guerra contra las drogas” que le manda el Presidente de los Estados Unidos, basado en la represión y la fumigación, sin preocuparse por generar ingresos alternativos para los campesinos cultivadores.
El Proceso de Paz lo postran de mal a peor. Uribe y Duque, están planteando recortar una vez más la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), ya varias veces mutilada; para acomodarla a los intereses de los victimarios y seguirla castrando hasta que borre todo vestigio de la memoria. Las trizas en que están convirtiendo los Acuerdos de Paz, los hacen cada vez más minúsculos.
Dentro de sus planes belicistas, Duque ha entregado el mando de las Fuerzas Militares a los Generales, a quienes desde el Gobierno anterior, se les demostró su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales, perpetradas contra inocentes civiles, a quienes después de asesinados vestían con uniformes de la guerrilla. Más de 3.600 de estos crímenes de guerra, han sido documentados hasta ahora, los que siguen en la más completa impunidad.
Tales operaciones encubiertas de guerra sucia, conocidas como “Falsos Positivos”, son las que ahora Human Rights Watch (HRW), le recuerda a Colombia, que se ejecutaron bajo el comando de los 9 Generales, recién nombrados por Duque, como máximos jefes de todas sus tropas. La lista de estos Generales de la guerra sucia, la encabeza el propio Comandante del Ejército, el General Nicacio Martínez.
La faceta más cruel de la guerra sucia, sigue siendo el exterminio sistemático y planificado de los líderes sociales y los defensores de Derechos Humanos. Este trato de guerra a la protesta social y a la oposición del régimen, continua perpetrando un asesinato de estos líderes cada dos días. Uno de los últimos asesinados fue José Manrique, activista de izquierda y dirigente sindical de Bucaramanga.
Este Genocidio de los líderes comunitarios y opositores, el Gobierno lo sigue atribuyendo a un fantasmagórico escuadrón paramilitar de ultraderecha, denominado como “Águilas Negras”; pero Colombia sabe que estos supuestos paramilitares, apenas son la fachada donde las Fuerzas Armadas encubren sus operaciones de guerra sucia.
El torcido rumbo que sigue este Gobierno, lo sufre la sociedad colombiana; pero lo que le importa a Duque es que Trump lo certifique como “buen Presidente” y para ello, es que retoma la fracasada Guerra contra las drogas y encabeza la agresión contra la hermana República Bolivariana de Venezuela.
No debe olvidar el Presidente Duque, que la Corte Penal Internacional (CPI) desde el Primero de enero del 2017, incluyó entre sus misiones, documentar todo lo referente al Crimen de Agresión de un Estado contra otro, como violación de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, que en su Preámbulo, orienta:
“Preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra. Respeto a las obligaciones emanadas de los Tratados y de otras fuentes del Derecho Internacional. Practicar la tolerancia y convivir en paz como buenos vecinos. No se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común”.
Colombia, en cabeza de su dos Presidentes, Duque y Uribe, no pueden seguir interviniendo en las situaciones internas de una nación hermana. Es a los venezolanos a quienes les corresponde resolver sus propios problemas, sin la injerencia de Gobiernos extranjeros.
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* Editorial de la Revista Insurrección Nº 676.
Al Presidente Duque lo nombraron para gobernar a Colombia, pero sigue dedicado a incendiar a la vecina Venezuela; colocando más atención a los dictados de Trump, que a las necesidades de sus compatriotas.
Colombia es hoy una plataforma militar de ataque en la frontera con Venezuela, en cumplimiento de los planes de guerra imperialista contra el hermano pueblo venezolano.
El drama humanitario que sufre el Chocó, a causa del abandono y la pobreza, como siempre, les merece poca atención al Gobierno y a las empresas de comunicación. Las inundaciones que comenzaron el 23 de febrero, siguen causando miles de damnificados, quienes han perdido todo, sus viviendas, cosechas y animales.
Algo similar y que viene de tiempos atrás, es la crisis humanitaria sin fin de la etnia Wayúu en La Guajira, en donde sólo extraen ganancias las empresas multinacionales del carbón, a costa de secar sus ríos y de exterminar a la infancia por hambre y desnutrición; las sobras que dejan, siguen siendo un festín para las mafias de corruptos, camufladas como militantes de los partidos de la coalición de Gobierno.
Ahora es que vienen a reconocer, que la pésima construcción de la represa de Hidroituango, se debe a que asignaron las obras a contratista corruptos sin haber hecho licitación pública; y ahora se les derrumban los túneles, como antes se desplomaron los edificios construidos por ellos mismos. Al país le esconden tal corruptela, porque Villegas Moreno, el contratista mayor, sigue siendo el gran jefe del Partido Conservador en Antioquia y aliado estratégico del ex presidente Álvaro Uribe.
Cuando Hidroituango secó y atentó nuevamente contra el río Cauca, una vez más salieron a flote, las incontables afectaciones causadas al ecosistema y a la población de los 14 municipios ribereños que le siguen a Puerto Valdivia, dejando 150.000 damnificados. Sin contar los daños que esta represa causa al conjunto de los Departamentos de la costa Caribe, que vivían del río; a estos nunca les pidieron opinión sobre el represamiento de éste, el segundo río más imprtante de Colombia.
Maestros y campesinos del suroccidental Departamento del Cauca, junto con pobladores de la ciudad de Popayan, se encuentran desde hace 8 días en paro indefinido, para exigir cumplimiento de Acuerdos firmados por el Gobierno con movilizaciones anteriores. Hasta ahora, la única respuesta ha sido el trato de guerra dado por la policía militarizada del ESMAD.
Igualmente la semana pasada, inició otro paro cívico en los municipios del Sur del Departamento de Córdoba, para reclamar el cumplimiento del Programa de sustitución voluntaria de cultivos de coca, firmado por el Gobierno anterior, pero desconocido ahora por Uribe y Duque; porque este Gobierno solamente aplica la “Guerra contra las drogas” que le manda el Presidente de los Estados Unidos, basado en la represión y la fumigación, sin preocuparse por generar ingresos alternativos para los campesinos cultivadores.
El Proceso de Paz lo postran de mal a peor. Uribe y Duque, están planteando recortar una vez más la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), ya varias veces mutilada; para acomodarla a los intereses de los victimarios y seguirla castrando hasta que borre todo vestigio de la memoria. Las trizas en que están convirtiendo los Acuerdos de Paz, los hacen cada vez más minúsculos.
Dentro de sus planes belicistas, Duque ha entregado el mando de las Fuerzas Militares a los Generales, a quienes desde el Gobierno anterior, se les demostró su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales, perpetradas contra inocentes civiles, a quienes después de asesinados vestían con uniformes de la guerrilla. Más de 3.600 de estos crímenes de guerra, han sido documentados hasta ahora, los que siguen en la más completa impunidad.
Tales operaciones encubiertas de guerra sucia, conocidas como “Falsos Positivos”, son las que ahora Human Rights Watch (HRW), le recuerda a Colombia, que se ejecutaron bajo el comando de los 9 Generales, recién nombrados por Duque, como máximos jefes de todas sus tropas. La lista de estos Generales de la guerra sucia, la encabeza el propio Comandante del Ejército, el General Nicacio Martínez.
La faceta más cruel de la guerra sucia, sigue siendo el exterminio sistemático y planificado de los líderes sociales y los defensores de Derechos Humanos. Este trato de guerra a la protesta social y a la oposición del régimen, continua perpetrando un asesinato de estos líderes cada dos días. Uno de los últimos asesinados fue José Manrique, activista de izquierda y dirigente sindical de Bucaramanga.
Este Genocidio de los líderes comunitarios y opositores, el Gobierno lo sigue atribuyendo a un fantasmagórico escuadrón paramilitar de ultraderecha, denominado como “Águilas Negras”; pero Colombia sabe que estos supuestos paramilitares, apenas son la fachada donde las Fuerzas Armadas encubren sus operaciones de guerra sucia.
El torcido rumbo que sigue este Gobierno, lo sufre la sociedad colombiana; pero lo que le importa a Duque es que Trump lo certifique como “buen Presidente” y para ello, es que retoma la fracasada Guerra contra las drogas y encabeza la agresión contra la hermana República Bolivariana de Venezuela.
No debe olvidar el Presidente Duque, que la Corte Penal Internacional (CPI) desde el Primero de enero del 2017, incluyó entre sus misiones, documentar todo lo referente al Crimen de Agresión de un Estado contra otro, como violación de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, que en su Preámbulo, orienta:
“Preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra. Respeto a las obligaciones emanadas de los Tratados y de otras fuentes del Derecho Internacional. Practicar la tolerancia y convivir en paz como buenos vecinos. No se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común”.
Colombia, en cabeza de su dos Presidentes, Duque y Uribe, no pueden seguir interviniendo en las situaciones internas de una nación hermana. Es a los venezolanos a quienes les corresponde resolver sus propios problemas, sin la injerencia de Gobiernos extranjeros.
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* Editorial de la Revista Insurrección Nº 676.