Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2019-05-06
Categoría
Comunicado
La élite no pide perdón
LA ÉLITE NO PIDE PERDÓN*
El asesinato en Convención, Norte de Santander, del ex combatiente de las FARC, Dimar Torres Arévalo, a manos del Ejército estatal el pasado 22 de abril, hecho demostrativo de la lógica de violencia y barbarie incubada en estructuras armadas del Régimen. Otra demostración de ella fue la agresión sexual hecha por una patrulla militar contra una humilde mujer sordomuda en Tame, Arauca, el Primero de mayo. Hechos como estos son múltiples a lo largo y ancho del país, siendo los responsables directos de ellos agentes estatales y paraestatales.
No es sorpresa sino verdad sabida por todos, la degradación que acompaña el proceder y la cadena de mando de esas fuerzas que se supone fueron instituidas para defender a los colombianos y colombianas. En absoluto sorprende que haya evasivas de diferente orden para no afrontar con coraje y honor, cuando personal militar o policial viola derechos de los ciudadanos de este país. La impunidad es la norma y sólo algunas excepciones confirman la posibilidad de que se haga justicia.
El pedido de perdón del General Villegas, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano del Catatumbo, en una tarima con globos de fiesta ante parte de la comunidad víctima en el municipio de Convención, teniendo como improvisados testigos a miembros de la Comisión de Paz del Congreso, no es precisamente esa anhelada excepción, sino una escena más de lo que se ha convertido ya en rutina: retórica y correctivos aparentes, mientras aumentan los asesinatos y la represión.
Esta degradación es un fenómeno que cubre a la casi totalidad de los que sin ser militares, están en Bogotá en cómodas oficinas donde simulan dar órdenes a la cúpula de las Fuerzas Armadas, funcionarios de procedencia civil, como el actual Ministro de Defensa, el señor Botero, exportador de flores, antes cabeza de FENALCO, gremio de los empresarios del gran comercio. Ministro que fue más allá, hasta desautorizar el pedido de perdón del General Villegas.
Así el Régimen burla los principios que el perdón conlleva, al no existir reconocimiento genuino de la responsabilidad por quienes dan las directrices políticas y militares, con las que otros en los campos de batalla exponen su vida.
El país escuchó con asombro la sarta de mentiras dichas por Botero para distorsionar el crimen contra Dimar Torres, para esconder que fue sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, con sus genitales mutilados, vilmente asesinado, además de intentar desaparecerlo.
El atroz crimen de Dimar nos trae a la memoria los 70.000 casos de desaparición forzada y las 10.000 ejecuciones extrajudiciales o Falsos Positivos perpetrados en Colombia, como prueba inequívoca de terrorismo de Estado; del cual responden aisladamente muy de vez en cuando y con calificaciones encubridoras, sólo unos pocos integrantes de las Fuerzas Armadas o de los grupos paraestatales.
No sólo no hay reconocimiento de culpa y serio arrepentimiento, sino que del todo está ausente el propósito de enmienda y de no repetición. El Estado sigue cometiendo Genocidio contra los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos.
El asesinato de Dimar lo perpetran en simultáneo con el ataque a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pactada con las FARC, porque la élite dominante persigue exculparse y trasladar las responsabilidades en la guerra a las cadenas bajas de mando y a sus adversarios.
Ante la impunidad que pretenden volverla total, volvemos a decir “Verdad Toda, Verdad Todos”, por ser el primer peldaño para asumir las responsabilidades que corresponden a cada parte en este conflicto. De esta forma, por fin serán certezas los derechos de las víctimas, tal como lo firmamos en la Agenda de conversaciones de paz pactada con el Estado colombiano:
“En la construcción de una paz estable y duradera, es esencial el reconocimiento a las víctimas y a sus derechos, así como el tratamiento y la resolución a su situación con base en la verdad, la justicia, la reparación, los compromisos de no repetición y el no olvido. El conjunto de estos elementos fundamentan el perdón y proyectan el proceso de reconciliación”.
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* Editorial de la Revista Insurrección Nº 685.
El asesinato en Convención, Norte de Santander, del ex combatiente de las FARC, Dimar Torres Arévalo, a manos del Ejército estatal el pasado 22 de abril, hecho demostrativo de la lógica de violencia y barbarie incubada en estructuras armadas del Régimen. Otra demostración de ella fue la agresión sexual hecha por una patrulla militar contra una humilde mujer sordomuda en Tame, Arauca, el Primero de mayo. Hechos como estos son múltiples a lo largo y ancho del país, siendo los responsables directos de ellos agentes estatales y paraestatales.
No es sorpresa sino verdad sabida por todos, la degradación que acompaña el proceder y la cadena de mando de esas fuerzas que se supone fueron instituidas para defender a los colombianos y colombianas. En absoluto sorprende que haya evasivas de diferente orden para no afrontar con coraje y honor, cuando personal militar o policial viola derechos de los ciudadanos de este país. La impunidad es la norma y sólo algunas excepciones confirman la posibilidad de que se haga justicia.
El pedido de perdón del General Villegas, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano del Catatumbo, en una tarima con globos de fiesta ante parte de la comunidad víctima en el municipio de Convención, teniendo como improvisados testigos a miembros de la Comisión de Paz del Congreso, no es precisamente esa anhelada excepción, sino una escena más de lo que se ha convertido ya en rutina: retórica y correctivos aparentes, mientras aumentan los asesinatos y la represión.
Esta degradación es un fenómeno que cubre a la casi totalidad de los que sin ser militares, están en Bogotá en cómodas oficinas donde simulan dar órdenes a la cúpula de las Fuerzas Armadas, funcionarios de procedencia civil, como el actual Ministro de Defensa, el señor Botero, exportador de flores, antes cabeza de FENALCO, gremio de los empresarios del gran comercio. Ministro que fue más allá, hasta desautorizar el pedido de perdón del General Villegas.
Así el Régimen burla los principios que el perdón conlleva, al no existir reconocimiento genuino de la responsabilidad por quienes dan las directrices políticas y militares, con las que otros en los campos de batalla exponen su vida.
El país escuchó con asombro la sarta de mentiras dichas por Botero para distorsionar el crimen contra Dimar Torres, para esconder que fue sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, con sus genitales mutilados, vilmente asesinado, además de intentar desaparecerlo.
El atroz crimen de Dimar nos trae a la memoria los 70.000 casos de desaparición forzada y las 10.000 ejecuciones extrajudiciales o Falsos Positivos perpetrados en Colombia, como prueba inequívoca de terrorismo de Estado; del cual responden aisladamente muy de vez en cuando y con calificaciones encubridoras, sólo unos pocos integrantes de las Fuerzas Armadas o de los grupos paraestatales.
No sólo no hay reconocimiento de culpa y serio arrepentimiento, sino que del todo está ausente el propósito de enmienda y de no repetición. El Estado sigue cometiendo Genocidio contra los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos.
El asesinato de Dimar lo perpetran en simultáneo con el ataque a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pactada con las FARC, porque la élite dominante persigue exculparse y trasladar las responsabilidades en la guerra a las cadenas bajas de mando y a sus adversarios.
Ante la impunidad que pretenden volverla total, volvemos a decir “Verdad Toda, Verdad Todos”, por ser el primer peldaño para asumir las responsabilidades que corresponden a cada parte en este conflicto. De esta forma, por fin serán certezas los derechos de las víctimas, tal como lo firmamos en la Agenda de conversaciones de paz pactada con el Estado colombiano:
“En la construcción de una paz estable y duradera, es esencial el reconocimiento a las víctimas y a sus derechos, así como el tratamiento y la resolución a su situación con base en la verdad, la justicia, la reparación, los compromisos de no repetición y el no olvido. El conjunto de estos elementos fundamentan el perdón y proyectan el proceso de reconciliación”.
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* Editorial de la Revista Insurrección Nº 685.