Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2019-05-22
Categoría
Comunicado
República mexicana, a 22 de mayo de 2019
AL PUEBLO DE MÉXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POPULARES Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
Nuestros militantes Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, revolucionarios consecuentes en ideología y práctica, hace doce años fueron detenidos desaparecidos por agentes del Estado, desde entonces se encuentran en esa condición por pertenecer a nuestro Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR).
Política y jurídicamente está comprobado que la detención desaparición de nuestros compañeros es por motivaciones eminentemente políticas, crimen de lesa humanidad orquestado por el Estado mexicano a través de sus instituciones, las cuales responden a la naturaleza reaccionaria del régimen que tiene personeros en cada junta administrativa.
El cometido de este crimen fue el 25 de mayo de 2007, en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, cuyo gobernador era Ulises Ruiz Ortiz y Felipe Calderón Hinojosa jefe del Ejecutivo federal y de las fuerzas armadas, ambos responsables directos; tiene corresponsabilidad el gobierno de Enrique Peña Nieto al mantener la misma política que su antecesor y por garantizar protección e impunidad a los autores materiales e intelectuales; también será corresponsable el actual gobierno federal en la medida que no se presente con vida a nuestros compañeros, en tanto es crimen de lesa humanidad que no prescribe.
Hay razón cuando se dice que el presidente de la república está enterado de todo cuanto sucede en el país, en el tiempo transcurrido que lleva la presente administración el jefe del Ejecutivo y comandante supremo de las fuerzas armadas debe estar enterado de cómo, cuándo y quiénes planificaron, ordenaron y ejecutaron la detención desaparición forzada de nuestros militantes, así como de su paradero y actual condición.
La desaparición forzada por motivos políticos o sociales en México persiste, al mismo tiempo la ejecución extrajudicial por los mismos motivos se ha incrementado, ambas son parte de la política de gobierno fincada en el terrorismo de Estado; la diferencia de esta administración a las anteriores es que el cometido de estos crímenes de lesa humanidad y a la vez de Estado, en su mayoría se ejecutan sobre el pueblo organizado.
El fenómeno de la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial en el país no ha cambiado de esencia, su tendencia es la misma, a la alza; las motivaciones por las cuales se perpetra son las mismas, sostenidas por los diferentes gobiernos desde el año 2000; sus planificadores, ejecutores y encubridores son agentes del Estado, los cuales hasta ahora se les mantiene en la impunidad; y, las víctimas directas e indirectas siguen siendo del pueblo.
Las corporaciones policíaco militares encargadas de materializar la violencia contra el pueblo son parte del aparato represivo, éste sigue intacto y es la explicación concreta de por qué la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales continúan en todo el país, en consecuencia, la Guardia Nacional es heredera de la condición criminal de las fuerzas policíaco militares, los que la conforman y hoy adiestran han sido los responsables materiales e intelectuales de la política de terrorismo de Estado.
Ante el arribo de una nueva administración y de los dichos de ésta, la desaparición forzada persiste a pesar del discurso optimista que por decreto toda injusticia se declara resuelta, sin embargo, al confrontarse con la realidad resulta contradictorio, lo que abona a la impunidad y el cometido de más crímenes de Estado, verbigracia, el activista Samir Flores y la larga lista en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.
El reconocimiento del fenómeno de la desaparición forzada, de sus consecuencias nefastas, así como de los logros políticos y jurídicos es producto de la lucha ininterrumpida de las diferentes expresiones del pueblo organizado, nunca ha existido voluntad política de los diferentes gobiernos, porque sus determinaciones están fincadas en los intereses de una minoría depredadora.
Si la violencia emana del Estado, sus instituciones y hombres, el pueblo no se puede amparar en ningún tipo de benevolencia gubernamental, legítima y necesaria es la exigencia popular de la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, así como el juicio y castigo de los responsables.
En el caso específico de nuestros compañeros Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya no se resuelve con la clásica e hipócrita disculpa; tampoco con el perdón institucional que lleva implícito el olvido y la impunidad; mucho menos con una suma económica en concepto de reparación del daño. La existencia y la libertad de un revolucionario no se tasa en dinero, necesariamente pasa por la justicia y conocer la verdad que implica enjuiciar y castigar a los criminales de Estado.
A doce años de la detención desaparición de nuestros camaradas Gabriel y Edmundo, nuestra exigencia es la misma: ¡Presentación con vida y en libertad!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!
COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
Año 55
República mexicana, a 22 de mayo de 2019
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POPULARES Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
Nuestros militantes Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, revolucionarios consecuentes en ideología y práctica, hace doce años fueron detenidos desaparecidos por agentes del Estado, desde entonces se encuentran en esa condición por pertenecer a nuestro Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR).
Política y jurídicamente está comprobado que la detención desaparición de nuestros compañeros es por motivaciones eminentemente políticas, crimen de lesa humanidad orquestado por el Estado mexicano a través de sus instituciones, las cuales responden a la naturaleza reaccionaria del régimen que tiene personeros en cada junta administrativa.
El cometido de este crimen fue el 25 de mayo de 2007, en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, cuyo gobernador era Ulises Ruiz Ortiz y Felipe Calderón Hinojosa jefe del Ejecutivo federal y de las fuerzas armadas, ambos responsables directos; tiene corresponsabilidad el gobierno de Enrique Peña Nieto al mantener la misma política que su antecesor y por garantizar protección e impunidad a los autores materiales e intelectuales; también será corresponsable el actual gobierno federal en la medida que no se presente con vida a nuestros compañeros, en tanto es crimen de lesa humanidad que no prescribe.
Hay razón cuando se dice que el presidente de la república está enterado de todo cuanto sucede en el país, en el tiempo transcurrido que lleva la presente administración el jefe del Ejecutivo y comandante supremo de las fuerzas armadas debe estar enterado de cómo, cuándo y quiénes planificaron, ordenaron y ejecutaron la detención desaparición forzada de nuestros militantes, así como de su paradero y actual condición.
La desaparición forzada por motivos políticos o sociales en México persiste, al mismo tiempo la ejecución extrajudicial por los mismos motivos se ha incrementado, ambas son parte de la política de gobierno fincada en el terrorismo de Estado; la diferencia de esta administración a las anteriores es que el cometido de estos crímenes de lesa humanidad y a la vez de Estado, en su mayoría se ejecutan sobre el pueblo organizado.
El fenómeno de la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial en el país no ha cambiado de esencia, su tendencia es la misma, a la alza; las motivaciones por las cuales se perpetra son las mismas, sostenidas por los diferentes gobiernos desde el año 2000; sus planificadores, ejecutores y encubridores son agentes del Estado, los cuales hasta ahora se les mantiene en la impunidad; y, las víctimas directas e indirectas siguen siendo del pueblo.
Las corporaciones policíaco militares encargadas de materializar la violencia contra el pueblo son parte del aparato represivo, éste sigue intacto y es la explicación concreta de por qué la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales continúan en todo el país, en consecuencia, la Guardia Nacional es heredera de la condición criminal de las fuerzas policíaco militares, los que la conforman y hoy adiestran han sido los responsables materiales e intelectuales de la política de terrorismo de Estado.
Ante el arribo de una nueva administración y de los dichos de ésta, la desaparición forzada persiste a pesar del discurso optimista que por decreto toda injusticia se declara resuelta, sin embargo, al confrontarse con la realidad resulta contradictorio, lo que abona a la impunidad y el cometido de más crímenes de Estado, verbigracia, el activista Samir Flores y la larga lista en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.
El reconocimiento del fenómeno de la desaparición forzada, de sus consecuencias nefastas, así como de los logros políticos y jurídicos es producto de la lucha ininterrumpida de las diferentes expresiones del pueblo organizado, nunca ha existido voluntad política de los diferentes gobiernos, porque sus determinaciones están fincadas en los intereses de una minoría depredadora.
Si la violencia emana del Estado, sus instituciones y hombres, el pueblo no se puede amparar en ningún tipo de benevolencia gubernamental, legítima y necesaria es la exigencia popular de la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, así como el juicio y castigo de los responsables.
En el caso específico de nuestros compañeros Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya no se resuelve con la clásica e hipócrita disculpa; tampoco con el perdón institucional que lleva implícito el olvido y la impunidad; mucho menos con una suma económica en concepto de reparación del daño. La existencia y la libertad de un revolucionario no se tasa en dinero, necesariamente pasa por la justicia y conocer la verdad que implica enjuiciar y castigar a los criminales de Estado.
A doce años de la detención desaparición de nuestros camaradas Gabriel y Edmundo, nuestra exigencia es la misma: ¡Presentación con vida y en libertad!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!
COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
Año 55
República mexicana, a 22 de mayo de 2019