Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2019-06-03
Categoría
Comunicado
El rumbo de Colombia es hacia la paz
EL RUMBO DE COLOMBIA ES HACIA LA PAZ*
El pasado miércoles 29 el Consejo de Estado reconoció a Jesús Santrich como integrante del Congreso de la República y al día siguiente las Altas Cortes le concedieron la libertad; con estas decisiones el sistema judicial colombiano priorizó la continuidad del Proceso de Paz y desestimó la pretensión de los Estados Unidos de imponer sus leyes por encima de las de Colombia.
Este revés que sufre el Gobierno de EEUU y su aliado de ultraderecha que hoy manda en Colombia, se suma a la primera derrota que sufrieron en la Cámara de Representantes el 8 de abril, cuando las Objeciones que presentó el Presidente Duque contra la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fueron derrotadas por una mayoría de 110 contra 44.
El 30 de abril, en el Senado de la República Duque y Uribe habían cosechado una segunda derrota a sus Objeciones, en una votación que perdieron por 47 votos contra 34; derrota que la coalición de Gobierno intentó desconocer alegando que había sido una votación inválida.
Ahora que la Corte Constitucional decide que sí fue válida la votación mayoritaria del Senado que rechazó sus Objeciones, obliga a Duque a firmar la Ley Estatutaria de la JEP, decisión que se había negado a ejecutar.
La vigencia de la JEP como instancia encargada de conocer acusaciones contra los ex guerrilleros de las FARC desmovilizados tras la firma del Acuerdo de Paz de noviembre de 2016, impide que prospere el montaje judicial urdido por la DEA y el ex Fiscal General Martínez, con el que pretendían extraditar a los EEUU a Jesús Santrich, el antiguo Negociador de Paz de las FARC. Sin embargo, el Gobierno de Trump sigue alegando que los pactos de extradición con EEUU están por encima de la JEP producida por los Acuerdos de Paz.
Cuando el Consejo de Estado reconoce el fuero parlamentario de Santrich, fundamentó la decisión de la Corte Suprema para decretar su libertad, luego de 14 meses de prisión injustificada, ordenando además que este proceso debe ser conocido por la Corte y no por la Fiscalía General.
Pese a los retrocesos que sufren Trump y Uribe no han desistido en su empeño por aplastar los esfuerzos por la paz y los cambios; persisten en imponer la fracasada Guerra contra las drogas, para fumigar con Glifosato en vez de cumplir los planes de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, generados por los Acuerdos de Paz.
El interés de Trump es mantener a Colombia en sus planes de guerra perpetua, que chocan con la aspiración colombiana de pasar la página de la guerra.
Sigue la lucha por el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, por encaminar el país por la vía de la solución política del conflicto y de la democratización que permita acabar el conflicto armado, sacar la violencia de la política y hacer realidad las transformaciones que urgen a Colombia.
Al finalizar el mes anterior, cerca de 300 académicos de universidades colombianas y de 25 países, en carta al Presidente Duque lo llamaron a gobernar para la mayoría de la sociedad y no para una élite de grandes capitalistas:
“Miramos con gran preocupación las amenazas, persecuciones judiciales, y asesinatos de líderes y lideresas sociales, de excombatientes, así como defensores y defensoras de derechos humanos y del medio ambiente en Colombia. En 2018 perpetraron 648 asesinatos originados por la violencia política.
Observamos que, desde los lugares de poder gubernamental y los medios de comunicación, se incita a una escalada de odio y violencia que rompe la poca paz alcanzada… declaran una guerra contra la sociedad.
La política económica promueve medidas extractivas como eje de desarrollo, lo cual facilita que sectores de poder copen los territorios, instalándose una escalada de asesinatos contra líderes y lideresas, quienes defienden los derechos de los pueblos y las comunidades locales.
Esperamos que reconozca que estamos en un momento histórico en el que es posible cambiar el rumbo de la economía nacional y de la política social”.
El rechazo a la crisis nacional agravada por Duque en escasos 10 meses de Gobierno, lo registran las encuestas de opinión, según Gallup su aceptación no pasa del 32 por ciento y quienes lo rechazan suman el 68 por ciento.
Para cambiar el rumbo de Colombia hacia la paz y los cambios debe seguir creciendo el movimiento social y la oposición, la movilización ciudadana y la protesta en la calle, la unidad y las alianzas, en el marco de un proyecto de nación, de nuevo Gobierno, de paz y cambios.
Colombia debe saber que cuenta con el Ejército de Liberación Nacional para la lucha por paz y transformaciones, y para resistir al despojo y el exterminio. Mantenemos la disposición para seguir desarrollando la Agenda de Conversaciones, a pactar un Cese Bilateral inmediato y a dialogar con todos los que buscan una solución política y nuevas situaciones de país.
───────────────────
* Editorial de la Revista Insurrección Nº 689.
El pasado miércoles 29 el Consejo de Estado reconoció a Jesús Santrich como integrante del Congreso de la República y al día siguiente las Altas Cortes le concedieron la libertad; con estas decisiones el sistema judicial colombiano priorizó la continuidad del Proceso de Paz y desestimó la pretensión de los Estados Unidos de imponer sus leyes por encima de las de Colombia.
Este revés que sufre el Gobierno de EEUU y su aliado de ultraderecha que hoy manda en Colombia, se suma a la primera derrota que sufrieron en la Cámara de Representantes el 8 de abril, cuando las Objeciones que presentó el Presidente Duque contra la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fueron derrotadas por una mayoría de 110 contra 44.
El 30 de abril, en el Senado de la República Duque y Uribe habían cosechado una segunda derrota a sus Objeciones, en una votación que perdieron por 47 votos contra 34; derrota que la coalición de Gobierno intentó desconocer alegando que había sido una votación inválida.
Ahora que la Corte Constitucional decide que sí fue válida la votación mayoritaria del Senado que rechazó sus Objeciones, obliga a Duque a firmar la Ley Estatutaria de la JEP, decisión que se había negado a ejecutar.
La vigencia de la JEP como instancia encargada de conocer acusaciones contra los ex guerrilleros de las FARC desmovilizados tras la firma del Acuerdo de Paz de noviembre de 2016, impide que prospere el montaje judicial urdido por la DEA y el ex Fiscal General Martínez, con el que pretendían extraditar a los EEUU a Jesús Santrich, el antiguo Negociador de Paz de las FARC. Sin embargo, el Gobierno de Trump sigue alegando que los pactos de extradición con EEUU están por encima de la JEP producida por los Acuerdos de Paz.
Cuando el Consejo de Estado reconoce el fuero parlamentario de Santrich, fundamentó la decisión de la Corte Suprema para decretar su libertad, luego de 14 meses de prisión injustificada, ordenando además que este proceso debe ser conocido por la Corte y no por la Fiscalía General.
Pese a los retrocesos que sufren Trump y Uribe no han desistido en su empeño por aplastar los esfuerzos por la paz y los cambios; persisten en imponer la fracasada Guerra contra las drogas, para fumigar con Glifosato en vez de cumplir los planes de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, generados por los Acuerdos de Paz.
El interés de Trump es mantener a Colombia en sus planes de guerra perpetua, que chocan con la aspiración colombiana de pasar la página de la guerra.
Sigue la lucha por el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, por encaminar el país por la vía de la solución política del conflicto y de la democratización que permita acabar el conflicto armado, sacar la violencia de la política y hacer realidad las transformaciones que urgen a Colombia.
Al finalizar el mes anterior, cerca de 300 académicos de universidades colombianas y de 25 países, en carta al Presidente Duque lo llamaron a gobernar para la mayoría de la sociedad y no para una élite de grandes capitalistas:
“Miramos con gran preocupación las amenazas, persecuciones judiciales, y asesinatos de líderes y lideresas sociales, de excombatientes, así como defensores y defensoras de derechos humanos y del medio ambiente en Colombia. En 2018 perpetraron 648 asesinatos originados por la violencia política.
Observamos que, desde los lugares de poder gubernamental y los medios de comunicación, se incita a una escalada de odio y violencia que rompe la poca paz alcanzada… declaran una guerra contra la sociedad.
La política económica promueve medidas extractivas como eje de desarrollo, lo cual facilita que sectores de poder copen los territorios, instalándose una escalada de asesinatos contra líderes y lideresas, quienes defienden los derechos de los pueblos y las comunidades locales.
Esperamos que reconozca que estamos en un momento histórico en el que es posible cambiar el rumbo de la economía nacional y de la política social”.
El rechazo a la crisis nacional agravada por Duque en escasos 10 meses de Gobierno, lo registran las encuestas de opinión, según Gallup su aceptación no pasa del 32 por ciento y quienes lo rechazan suman el 68 por ciento.
Para cambiar el rumbo de Colombia hacia la paz y los cambios debe seguir creciendo el movimiento social y la oposición, la movilización ciudadana y la protesta en la calle, la unidad y las alianzas, en el marco de un proyecto de nación, de nuevo Gobierno, de paz y cambios.
Colombia debe saber que cuenta con el Ejército de Liberación Nacional para la lucha por paz y transformaciones, y para resistir al despojo y el exterminio. Mantenemos la disposición para seguir desarrollando la Agenda de Conversaciones, a pactar un Cese Bilateral inmediato y a dialogar con todos los que buscan una solución política y nuevas situaciones de país.
───────────────────
* Editorial de la Revista Insurrección Nº 689.