Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2019-06-10
Categoría
Comunicado
Recompensan con ascensos a militares de los falsos positivos
RECOMPENSAN CON ASCENSOS A MILITARES DE LOS FALSOS POSITIVOS*
El pasado 5 de junio el Senado de República, con 64 votos a favor y 1 en contra, aprobó el ascenso de 13 Generales, entre ellos el comandante del Ejército, General Nicasio Martínez Espinel. Este grupo de Generales y en especial Martínez están duramente cuestionados por su participación en centenares de casos de Ejecuciones Extrajudiciales, que en Colombia se conocen como Falsos Positivos; pese a estas imputaciones, todos han sido ratificados en la cúpula del Ejército y ahora son premiados con ascensos.
43 Senadores -el 40 por ciento-, se retiraron del recinto y no votaron en protesta por esta recompensa que otorga la coalición de Gobierno, a declarados violadores de derechos humanos.
Las primeras recompensas entregadas a los militares fueron en dinero, porque les pagaron por entregar cadáveres de civiles inocentes, a quienes mataban vestían de guerrilleros y mostraban como “bajas logradas en combate”.
Ahora que la ultraderecha recompensa por segunda vez a estos perpetradores de Crímenes de Lesa Humanidad, realiza una burla a las víctimas, que además es un acto de revictimización.
Con este nuevo premio a militares violadores de derechos humanos se puede comprobar que se trata de una política oficial perpetrar este exterminio, y demuestra que el terror de Estado permite a la élite dominante mantenerse en el poder.
El régimen ha convertido en Doctrina Militar obligar a sus tropas a entregar cada vez más cadáveres, para demostrar buenos resultados en la lucha contra insurgente.
Estas Ejecuciones de civiles o Falsos Positivos durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), llegaron a cobrar más de 10.000 víctimas inocentes, por las que hay detenidos casi 2.000 integrantes de los estratos bajos de las tropas del régimen, con lo que mantienen en una absoluta impunidad a la oficialidad superior y a la élite dominante, quienes son los autores intelectuales de estos Crímenes de Lesa Humanidad.
El 27 de febrero, Human Rights Watch (HRW), publicó un Informe en el que denunció a 9 Generales de la cúpula militar de este Gobierno por ser autores de centenares de estos asesinatos de civiles inocentes; donde hizo este llamado:
“Las autoridades colombianas deberían impulsar investigaciones serias contra los Generales creíblemente implicados en Falsos Positivos y no designarlos en los puestos más importantes del Ejército. Al nombrar a estos Generales, el Gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar”.
Martínez Espinel, está implicado en al menos 23 casos de Ejecuciones Extrajudiciales ocurridas entre 2004 y 2006, cuando era el segundo comandante de la Décima Brigada Blindada, que opera en el Caribe, donde se llevaron a cabo por lo menos 283 asesinatos a civiles que luego fueron presentados como guerrilleros.
El 18 de mayo el diario New York Times (NYT) demostró que el Ejército una vez más volvió a la vieja doctrina de medir los resultados en ‘litros de sangre’, lo que representa un incentivo para que el Ejército asesine a civiles y los presente como insurgentes.
Las investigaciones de un semanario capitalino revelan que el asesinato del ex combatiente de las FARC Dimar Torres, perpetrado el pasado 22 de abril por una patrulla de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército estatal, iba a ser presentado por los militares que lo torturaron y eliminaron, como “una baja producida a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional”.
La sistematicidad de estas prácticas criminales de las Fuerzas Armadas degradan el conflicto y sepultan lo que quedaba del Honor Militar de un Ejército creado por el Libertador Simón Bolívar, en la Batalla de Boyacá, de hace 200 años.
Desde la firma de los Acuerdos de Paz en noviembre de 2016, fuerzas estatales y paraestatales han asesinado más de 700 líderes sociales y 135 ex combatientes de las FARC; durante los 10 meses de Gobierno de Duque 246 líderes sociales han sido asesinados y 98 de ellos han sido exterminados en el transcurso de este año.
No hay nada más peligroso que militares y policías buscando “resultados positivos” bajo presión de sus superiores jerárquicos; por lo que en Colombia el publicitado post conflicto no se concreta, y en cambio el régimen agiganta una Guerra contra la sociedad, en la que extermina líderes comunitarios, ex combatientes y opositores políticos, que constituyen las fuerzas alternativas que podrían sacar del poder a las clases dominantes.
Aunque la ultraderecha violenta insista en mantener a Colombia dentro de los planes de Guerra de Trump, aumentan día a día el número de colombianas y colombianos que quieren la paz y luchan por una solución política del conflicto, en la que se haga realidad la consigna de “sacar la violencia de la política” y dar saltos en la democratización del país.
───────────────────
* Editorial de la Revista Insurrección Nº 690.
El pasado 5 de junio el Senado de República, con 64 votos a favor y 1 en contra, aprobó el ascenso de 13 Generales, entre ellos el comandante del Ejército, General Nicasio Martínez Espinel. Este grupo de Generales y en especial Martínez están duramente cuestionados por su participación en centenares de casos de Ejecuciones Extrajudiciales, que en Colombia se conocen como Falsos Positivos; pese a estas imputaciones, todos han sido ratificados en la cúpula del Ejército y ahora son premiados con ascensos.
43 Senadores -el 40 por ciento-, se retiraron del recinto y no votaron en protesta por esta recompensa que otorga la coalición de Gobierno, a declarados violadores de derechos humanos.
Las primeras recompensas entregadas a los militares fueron en dinero, porque les pagaron por entregar cadáveres de civiles inocentes, a quienes mataban vestían de guerrilleros y mostraban como “bajas logradas en combate”.
Ahora que la ultraderecha recompensa por segunda vez a estos perpetradores de Crímenes de Lesa Humanidad, realiza una burla a las víctimas, que además es un acto de revictimización.
Con este nuevo premio a militares violadores de derechos humanos se puede comprobar que se trata de una política oficial perpetrar este exterminio, y demuestra que el terror de Estado permite a la élite dominante mantenerse en el poder.
El régimen ha convertido en Doctrina Militar obligar a sus tropas a entregar cada vez más cadáveres, para demostrar buenos resultados en la lucha contra insurgente.
Estas Ejecuciones de civiles o Falsos Positivos durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), llegaron a cobrar más de 10.000 víctimas inocentes, por las que hay detenidos casi 2.000 integrantes de los estratos bajos de las tropas del régimen, con lo que mantienen en una absoluta impunidad a la oficialidad superior y a la élite dominante, quienes son los autores intelectuales de estos Crímenes de Lesa Humanidad.
El 27 de febrero, Human Rights Watch (HRW), publicó un Informe en el que denunció a 9 Generales de la cúpula militar de este Gobierno por ser autores de centenares de estos asesinatos de civiles inocentes; donde hizo este llamado:
“Las autoridades colombianas deberían impulsar investigaciones serias contra los Generales creíblemente implicados en Falsos Positivos y no designarlos en los puestos más importantes del Ejército. Al nombrar a estos Generales, el Gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar”.
Martínez Espinel, está implicado en al menos 23 casos de Ejecuciones Extrajudiciales ocurridas entre 2004 y 2006, cuando era el segundo comandante de la Décima Brigada Blindada, que opera en el Caribe, donde se llevaron a cabo por lo menos 283 asesinatos a civiles que luego fueron presentados como guerrilleros.
El 18 de mayo el diario New York Times (NYT) demostró que el Ejército una vez más volvió a la vieja doctrina de medir los resultados en ‘litros de sangre’, lo que representa un incentivo para que el Ejército asesine a civiles y los presente como insurgentes.
Las investigaciones de un semanario capitalino revelan que el asesinato del ex combatiente de las FARC Dimar Torres, perpetrado el pasado 22 de abril por una patrulla de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército estatal, iba a ser presentado por los militares que lo torturaron y eliminaron, como “una baja producida a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional”.
La sistematicidad de estas prácticas criminales de las Fuerzas Armadas degradan el conflicto y sepultan lo que quedaba del Honor Militar de un Ejército creado por el Libertador Simón Bolívar, en la Batalla de Boyacá, de hace 200 años.
Desde la firma de los Acuerdos de Paz en noviembre de 2016, fuerzas estatales y paraestatales han asesinado más de 700 líderes sociales y 135 ex combatientes de las FARC; durante los 10 meses de Gobierno de Duque 246 líderes sociales han sido asesinados y 98 de ellos han sido exterminados en el transcurso de este año.
No hay nada más peligroso que militares y policías buscando “resultados positivos” bajo presión de sus superiores jerárquicos; por lo que en Colombia el publicitado post conflicto no se concreta, y en cambio el régimen agiganta una Guerra contra la sociedad, en la que extermina líderes comunitarios, ex combatientes y opositores políticos, que constituyen las fuerzas alternativas que podrían sacar del poder a las clases dominantes.
Aunque la ultraderecha violenta insista en mantener a Colombia dentro de los planes de Guerra de Trump, aumentan día a día el número de colombianas y colombianos que quieren la paz y luchan por una solución política del conflicto, en la que se haga realidad la consigna de “sacar la violencia de la política” y dar saltos en la democratización del país.
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* Editorial de la Revista Insurrección Nº 690.