Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2019-08-19
Categoría
Comunicado
Desangre de pueblos indígenas configura un genocidio
DESANGRE DE PUEBLOS INDÍGENAS CONFIGURA UN GENOCIDIO*
“Como fue hace 200 años, hoy en día, a los indígenas los están matando sin que exista ninguna condena a estos hechos y se mantiene su estigmatización”. Concluye el Informe Nacional de Memoria Histórica de los Pueblos Indígenas,
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) el 9 de agosto pasado se declaró en Emergencia Humanitaria y exigió “al Estado Colombiano que pare el desangre de los Pueblos Indígenas que se configura en un Genocidio”.
Actualmente en Colombia subsisten 102 Pueblos Indígenas, 8 de ellos están en aislamiento voluntario, mientras que 70 de estos se encuentran en grave riesgo de exterminio físico y cultural, según la Corte Constitucional 39 de estos pueblos étnicos afrontan un riesgo inminente de extinción.
En su Guerra contra la sociedad las élites se han centrado en descabezar el liderazgo social que se opone a sus planes de extracción acelerada de recursos naturales y al despojo del territorio.
Desde la firma de los Acuerdos de Paz en 2016 han asesinado cerca de 750 Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos, de los cuales 167 eran Líderes Indígenas; durante el Gobierno de Duque han exterminado más de 230 Líderes Sociales, 55 excombatientes de las FARC y 98 Líderes Indígenas.
La Asociación Americana de Juristas, organismo Consultor de la ONU declaró que:
«Son graves los indicios de participación de grupos paramilitares y algunos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en los asesinatos de líderes sociales, defensores de Derechos Humanos, defensores de LGBTI, indígenas y afrodescendientes… el Gobierno Colombiano no ataca el origen del problema y sostiene una política que no tiene interés en atacarlo».
¿Cómo se explica que en territorios como el Norte del Cauca donde existen 7 Bases militares del Ejército estatal sea donde han recrudecido los atentados y los asesinatos?
El Alcalde de Toribío denunció que desde hace muchos años la Policía y el Ejército sabe que por Toribio hay rutas del narcotráfico que conectan con el Pacífico y la Amazonía, todos conocen cuáles son los caminos de ingreso y salida de las drogas; las autoridades saben el modus operandi y cuáles estructuras son las que manejan este mercado en el norte del Cauca.
Las Fuerzas Armadas en asocio con las mafias se lucran del narcotráfico, a la vez que usan a las bandas para atacar los líderes sociales y debilitar el control territorial que ejercen los pueblos originarios.
Bajo la máscara de la Guerra contra las drogas el régimen colombiano, sigue buscando a sangre y fuego el control territorial que le permita ejecutar su plan de desarrollo extractivista y sofocar toda protesta e inconformidad social.
La respuesta desde la sociedad colombiana debe seguir siendo la solidaridad con los pueblos étnicos y con las comunidades que son objeto de exterminio, porque es el pueblo quien salva al mismo pueblo.
La lucha por la solución política del conflicto y por desarrollar un política alternativa contra las drogas van unidas y concurren en el propósito de lograr la paz para Colombia.
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* Editorial de la Revista Insurrección Nº 700.
“Como fue hace 200 años, hoy en día, a los indígenas los están matando sin que exista ninguna condena a estos hechos y se mantiene su estigmatización”. Concluye el Informe Nacional de Memoria Histórica de los Pueblos Indígenas,
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) el 9 de agosto pasado se declaró en Emergencia Humanitaria y exigió “al Estado Colombiano que pare el desangre de los Pueblos Indígenas que se configura en un Genocidio”.
Actualmente en Colombia subsisten 102 Pueblos Indígenas, 8 de ellos están en aislamiento voluntario, mientras que 70 de estos se encuentran en grave riesgo de exterminio físico y cultural, según la Corte Constitucional 39 de estos pueblos étnicos afrontan un riesgo inminente de extinción.
En su Guerra contra la sociedad las élites se han centrado en descabezar el liderazgo social que se opone a sus planes de extracción acelerada de recursos naturales y al despojo del territorio.
Desde la firma de los Acuerdos de Paz en 2016 han asesinado cerca de 750 Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos, de los cuales 167 eran Líderes Indígenas; durante el Gobierno de Duque han exterminado más de 230 Líderes Sociales, 55 excombatientes de las FARC y 98 Líderes Indígenas.
La Asociación Americana de Juristas, organismo Consultor de la ONU declaró que:
«Son graves los indicios de participación de grupos paramilitares y algunos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en los asesinatos de líderes sociales, defensores de Derechos Humanos, defensores de LGBTI, indígenas y afrodescendientes… el Gobierno Colombiano no ataca el origen del problema y sostiene una política que no tiene interés en atacarlo».
¿Cómo se explica que en territorios como el Norte del Cauca donde existen 7 Bases militares del Ejército estatal sea donde han recrudecido los atentados y los asesinatos?
El Alcalde de Toribío denunció que desde hace muchos años la Policía y el Ejército sabe que por Toribio hay rutas del narcotráfico que conectan con el Pacífico y la Amazonía, todos conocen cuáles son los caminos de ingreso y salida de las drogas; las autoridades saben el modus operandi y cuáles estructuras son las que manejan este mercado en el norte del Cauca.
Las Fuerzas Armadas en asocio con las mafias se lucran del narcotráfico, a la vez que usan a las bandas para atacar los líderes sociales y debilitar el control territorial que ejercen los pueblos originarios.
Bajo la máscara de la Guerra contra las drogas el régimen colombiano, sigue buscando a sangre y fuego el control territorial que le permita ejecutar su plan de desarrollo extractivista y sofocar toda protesta e inconformidad social.
La respuesta desde la sociedad colombiana debe seguir siendo la solidaridad con los pueblos étnicos y con las comunidades que son objeto de exterminio, porque es el pueblo quien salva al mismo pueblo.
La lucha por la solución política del conflicto y por desarrollar un política alternativa contra las drogas van unidas y concurren en el propósito de lograr la paz para Colombia.
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* Editorial de la Revista Insurrección Nº 700.