Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2019-09-02
Categoría
Comunicado
Una narrativa para sicariar y borrar huellas
UNA NARRATIVA PARA SICARIAR Y BORRAR LAS HUELLAS*
La construcción de una Narrativa Marco del conflicto armado colombiano por parte del Ejército Nacional, para hacerla prevalecer en la Comisión de la Verdad, es parte de un plan del Gobierno para torcer la Historia y desconocer el Conflicto Interno.
La intención es negar la existencia del Conflicto Interno y con ello anular la necesidad de buscar una solución política, con lo que justificarían la pacificación y sometimiento de la guerrilla, manteniendo así al país dentro del plan de guerra que dictan los gobernantes de los Estados Unidos.
Con el mismo propósito los seguidores de Uribe cambiaron el rumbo del Centro de Memoria Histórica nombrando a un Director leal al plan negacionista de la ultraderecha que está en el Gobierno.
Ahora desde la Fiscalía General niegan que las Fuerzas Militares realizaron Desapariciones Forzadas, durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985.
Dentro de esta Narrativa Marco incluyen un Artículo en la Ley de Veteranos que obliga a dar espacio en el Museo Nacional de Memoria del Conflicto, a las 296 mil víctimas que dicen tener las Fuerzas Armadas.
La urgencia que tiene el Ejército para construir su narrativa sobre la verdad del Conflicto obedece a que los militares están implicados en múltiples casos de violación sistemática de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, por lo cual necesitan acomodar una versión propia, en la que culparían a algunos de sus integrantes como cortina de humo que ocultaría planes y campañas de guerra sucia, que son ejecutorias de políticas, doctrina y planes institucionales.
La clase dominante colombiana asumió la Doctrina de Seguridad Nacional dictada por los EEUU dentro de su batalla contra el comunismo, que impuso al mundo 40 años de la llamada Guerra Fría.
Para el resto del mundo esa batalla contra el comunismo terminó en 1991 con la disolución de la Unión Soviética, pero Colombia sigue siendo un fósil de la Guerra Fría, donde la élite gobernante clasifica como Enemigo Interno a sus opositores y a quienes lideran la protesta social; por esto los líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y del territorio siguen siendo un objetivo militar que el régimen está eliminando.
Desde 1962 los asesores de las Fuerzas Especiales de los EEUU instruyeron crear grupos paramilitares, los cuales fueron reglamentados y establecidos por diversos Gobiernos: de forma tal que los planes de Guerra Sucia que incluyen limpieza social y limpieza política, los adelanta el régimen tanto con tropas estatales como paramilitares.
Organizaciones defensoras de Derechos Humanos nacionales e internacionales han documentado sucesivos ciclos de Terrorismo de Estado, tales como las torturas en las caballerizas de Usaquén en 1980, las desapariciones forzadas durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985, el Genocidio de partidos de izquierda como la Unión Patriótica; las actividades criminales de la Brigada 20 de Institutos Militares y del Batallón Charry Solano que al ser denunciadas los obligó a disolverlas y a crear sus reemplazos.
Con la creación de los ejércitos narco paramilitares causaron millares de masacres, desplazamientos y despojo de tierras entre 1990 y 2010, principalmente en el marco del Plan Colombia; a lo que sumaron el asesinato entre 2002 y 2010 de más de 4.300 jóvenes en los llamados Falsos Positivos. Con la actual expansión de grupos paramilitares han asesinado 734 líderes sociales y 140 excombatientes de FARC, entre enero de 2016 y julio de 2019.
Bajo este tercer Gobierno de Uribe Vélez ha retornado la doble negación del Conflicto y del carácter político de la insurgencia; así como las “cuotas de litros de sangre” impuestas a los militares para demostrar su eficiencia con bajas.
En el nororiente de Colombia, en la frontera con Venezuela, opera la Fuerza de Tarea Vulcano comandada por el Brigadier General Diego Villegas, quien sin rodeos imparte estas ordenes a sus tropas:
«El Ejército de hablar inglés, de los protocolos, de los Derechos Humanos se acabó. Acá lo que toca es dar bajas. Y si nos toca aliarnos con los Pelusos nos vamos a aliar, ya hablamos con ellos, para darle al ELN. Si toca sicariar, sicariamos, y si el problema es de plata, pues plata hay para eso».
Un conflicto de 7 décadas como el colombiano en que la clase dominante aspira a “borrar del mapa” a sus adversarios, ha terminado por hundir en la criminalidad a las Fuerzas Armadas que ha construido para imponer la guerra como único futuro para Colombia.
Los dictados de guerra de Trump y Uribe no puede ser el destino que le impongan a este país y así el Proceso de Paz esté pasando por una mala hora, desde el Ejército de Liberación Nacional persistimos en acompañar a la mayoría nacional que busca pasar la página de la guerra, que desarrolle un camino de solución política del conflicto y una paz con las transformaciones que urge Colombia.
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* Editorial de la Revista Insurrección Nº 702.
La construcción de una Narrativa Marco del conflicto armado colombiano por parte del Ejército Nacional, para hacerla prevalecer en la Comisión de la Verdad, es parte de un plan del Gobierno para torcer la Historia y desconocer el Conflicto Interno.
La intención es negar la existencia del Conflicto Interno y con ello anular la necesidad de buscar una solución política, con lo que justificarían la pacificación y sometimiento de la guerrilla, manteniendo así al país dentro del plan de guerra que dictan los gobernantes de los Estados Unidos.
Con el mismo propósito los seguidores de Uribe cambiaron el rumbo del Centro de Memoria Histórica nombrando a un Director leal al plan negacionista de la ultraderecha que está en el Gobierno.
Ahora desde la Fiscalía General niegan que las Fuerzas Militares realizaron Desapariciones Forzadas, durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985.
Dentro de esta Narrativa Marco incluyen un Artículo en la Ley de Veteranos que obliga a dar espacio en el Museo Nacional de Memoria del Conflicto, a las 296 mil víctimas que dicen tener las Fuerzas Armadas.
La urgencia que tiene el Ejército para construir su narrativa sobre la verdad del Conflicto obedece a que los militares están implicados en múltiples casos de violación sistemática de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, por lo cual necesitan acomodar una versión propia, en la que culparían a algunos de sus integrantes como cortina de humo que ocultaría planes y campañas de guerra sucia, que son ejecutorias de políticas, doctrina y planes institucionales.
La clase dominante colombiana asumió la Doctrina de Seguridad Nacional dictada por los EEUU dentro de su batalla contra el comunismo, que impuso al mundo 40 años de la llamada Guerra Fría.
Para el resto del mundo esa batalla contra el comunismo terminó en 1991 con la disolución de la Unión Soviética, pero Colombia sigue siendo un fósil de la Guerra Fría, donde la élite gobernante clasifica como Enemigo Interno a sus opositores y a quienes lideran la protesta social; por esto los líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y del territorio siguen siendo un objetivo militar que el régimen está eliminando.
Desde 1962 los asesores de las Fuerzas Especiales de los EEUU instruyeron crear grupos paramilitares, los cuales fueron reglamentados y establecidos por diversos Gobiernos: de forma tal que los planes de Guerra Sucia que incluyen limpieza social y limpieza política, los adelanta el régimen tanto con tropas estatales como paramilitares.
Organizaciones defensoras de Derechos Humanos nacionales e internacionales han documentado sucesivos ciclos de Terrorismo de Estado, tales como las torturas en las caballerizas de Usaquén en 1980, las desapariciones forzadas durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985, el Genocidio de partidos de izquierda como la Unión Patriótica; las actividades criminales de la Brigada 20 de Institutos Militares y del Batallón Charry Solano que al ser denunciadas los obligó a disolverlas y a crear sus reemplazos.
Con la creación de los ejércitos narco paramilitares causaron millares de masacres, desplazamientos y despojo de tierras entre 1990 y 2010, principalmente en el marco del Plan Colombia; a lo que sumaron el asesinato entre 2002 y 2010 de más de 4.300 jóvenes en los llamados Falsos Positivos. Con la actual expansión de grupos paramilitares han asesinado 734 líderes sociales y 140 excombatientes de FARC, entre enero de 2016 y julio de 2019.
Bajo este tercer Gobierno de Uribe Vélez ha retornado la doble negación del Conflicto y del carácter político de la insurgencia; así como las “cuotas de litros de sangre” impuestas a los militares para demostrar su eficiencia con bajas.
En el nororiente de Colombia, en la frontera con Venezuela, opera la Fuerza de Tarea Vulcano comandada por el Brigadier General Diego Villegas, quien sin rodeos imparte estas ordenes a sus tropas:
«El Ejército de hablar inglés, de los protocolos, de los Derechos Humanos se acabó. Acá lo que toca es dar bajas. Y si nos toca aliarnos con los Pelusos nos vamos a aliar, ya hablamos con ellos, para darle al ELN. Si toca sicariar, sicariamos, y si el problema es de plata, pues plata hay para eso».
Un conflicto de 7 décadas como el colombiano en que la clase dominante aspira a “borrar del mapa” a sus adversarios, ha terminado por hundir en la criminalidad a las Fuerzas Armadas que ha construido para imponer la guerra como único futuro para Colombia.
Los dictados de guerra de Trump y Uribe no puede ser el destino que le impongan a este país y así el Proceso de Paz esté pasando por una mala hora, desde el Ejército de Liberación Nacional persistimos en acompañar a la mayoría nacional que busca pasar la página de la guerra, que desarrolle un camino de solución política del conflicto y una paz con las transformaciones que urge Colombia.
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* Editorial de la Revista Insurrección Nº 702.