Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2004-05-01
Categoría
Comunicado
¡Viva la huelga de hambre de los prisioneros políticos y prisioneros de guerra!
¡Proletarios de todos los países, uníos!
¡VIVA LA HUELGA DE HAMBRE DE LOS PRISIONEROS POLÍTICOS Y PRISIONEROS DE GUERRA!
El Partido Comunista del Perú saluda y apoya decididamente la huelga de hambre emprendida por el Presidente Gonzalo, Jefatura del Partido y la revolución, y Camarada Míriam, y desenvuelta por 500 prisioneros políticos y prisioneros de guerra en diferentes penales del país, pues es una medida de lucha justa y sus demandas plenamente razonables y atendibles, ponen nuevamente sobre el tapete la necesidad de una solución política a los problemas derivados de la guerra interna y constituyen una denuncia y desenmascaramiento de la legislación antisubversiva inconstitucional. Exigimos que el gobierno trate y resuelva las demandas de la huelga de hambre de los prisioneros políticos y prisioneros de guerra que son las siguientes:
I. CONTRA LA LEGISLACION ANTITERRORISTA, EL FUERO ANTITERRORISTA Y LAS DRACONIANAS PENAS ESTABLECIDAS, POR UN JUSTO Y DEBIDO PROCESO CON JUECES NATURALES Y SEGÚN LAS NORMAS DEL DERECHO PENAL Y PROCESAL COMUNES.
El Estado peruano para combatir la guerra popular, desenvolvió una política genocida que en el campo legal fue cada vez más endureciendo el sistema legal penal antisubversivo llegando con la dictadura genocida y vendepatria de Fujimori al barrimiento del orden jurídico demoliberal burgués, desconociendo y negando derechos fundamentales de libertad y seguridad personales, de igualdad ante la ley, de defensa, de presunción de inocencia; negó todas las normas del debido proceso, violando el derecho a la jurisdicción predeterminada por la ley recluyeron a civiles en cárceles militares dónde fueron sometidos a un régimen inicuo de aislamiento permanente, absoluto y perpetuo con el objetivo de reducirlos a la condición de subhumanos, violaron el derecho a la vida, a la salud, el derecho a no ser sometido a torturas o tratos inhumanos y humillantes, imponiendo penas draconianas como la monstruosa cadena perpetua; para lo cual dictó normas inconstitucionales como los decretos leyes sobre terrorismo (DL 25475) y traición a la patria (DL 25659) estableciendo un Estado policíaco de violación de los derechos fundamentales que a la caída del gobierno de Fujimori debieron ser restituidos como el gobierno del Dr. Paniagua comenzó a hacerlo. Pero el gobierno del señor Toledo no los ha restituido y prosigue demoliendo el orden jurídico y no solo el sistema penal antisubversivo sino que lo extiende a la negación de todos los derechos fundamentales e incluso su propio orden constitucional, de ahí que dan leyes de acuerdo a la presión política de los grupos de poder y no de acuerdo al interés nacional sino siguiendo servilmente al imperialismo yanqui.
Ante la petición de inconstitucionalidad de los decretos leyes antisubversivos el Tribunal Constitucional si bien declaró inconstitucionales los Decretos Leyes 25659, 25708, 25880, 25744, invocando un supuesto derecho de interpretación para el cual no está facultado decidió mantener el nefasto DL 25475 dado por el gobierno de facto de Fujimori dejando así la columna del sistema represivo; y es en base a esta sentencia que el gobierno de Toledo ha dado los inconstitucionales decretos legislativos 921 a 927 que no son sino continuación de las normas de excepción y emergencia dadas en el Perú a lo largo del siglo XX por Sánchez Cerro, Benavides, Odría, Fujimori. Siguiendo esa tradición antidemocrática se ha establecido en el Perú un verdadero Fuero Antiterrorista, un fuero de excepción al cual se busca someter a los prisioneros políticos yéndose contra estrictas normas constitucionales y leyes orgánicas sobre juzgamiento penal como son el Código Penal y Procesal Comunes. Yendo contra la tradición jurídica y democrática del país, los Decretos Legislativos emitidos por el Ejecutivo violan las normas del debido proceso y son inconstitucionales, el Decreto Legislativo 921 mantiene penas privativas de libertad draconianas, cuyo límite mínimo es de 20 años y van hasta la cadena perpetua cuyo objetivo es la extinción de la libertad y de la vida, y además al establecer la revisión de la cadena perpetua a los 35 años agrega a esta de por sí monstruosa pena un proceso humillante, cruel, degradante e inhumano; el DL 922 está destinado a instrumentalizar el inconstitucional DL 25475 que vulnera el derecho de petición, desvía de la jurisdicción predeterminada por la ley consagrando un Fuero de excepción, el Fuero Antiterrorista, vulnera el principio de defensa irrestricta cuando se conmina con juicios en ausencia, se obliga al silencio de la defensa y del procesado en su autodefensa, elimina la autonomía judicial cuando establece la consulta al superior en materia de excarcelación, además da validez a medios y fuentes de prueba nulos, como son los atestados policiales elaborados por la DINCOTE con declaraciones arrancadas con torturas y elimina el principio de publicidad, problema sustantivo pues éste es una garantía del debido proceso para un juicio justo, con el DL 923 el Estado peruano crea una nueva Procuraduría "Especializada para Delitos de Terrorismo" otorgando facultades a los procuradores por encima de una de las partes que es el procesado, de tal modo que si el fiscal no formula acusación penal el procurador puede interponer recurso de queja, lo que está llevando a que en los nuevos juicios los fiscales para no ser quejados sólo copian la denuncia del fiscal militar del juicio anulado, así al dar a los procuradores un poder amplio, extremado y privilegiado violan el principio de igualdad ante la ley y agreden el debido proceso, pues la parte civil que es el Estado tiene privilegios, pues el Procurador es Estado, el Ministerio Público también y el órgano jurisdiccional es un poder del Estado quedando el procesado solo, desamparado, haciendo frente a disposiciones legales draconianas, violatorias de los más elementales principios jurídicos; el DL 924 reintroduce y sobrecriminaliza la apología del llamado delito de terrorismo violando la proporcionalidad de la pena; el DL 925 es una nueva ley de arrepentimiento pues promete la libertad si el procesado sé autoinculpa o inculpa a otros encausados violando el artículo 132 del Código de Procedimientos Penales y presiona a los arrepentidos chantajeándolos nuevamente; en aplicación del DL 926 se está anulando procesos de 1981, 1982, 1983 y otros que pasaron a ser cosa juzgada o han prescrito con lo cual han vuelto a actualizar las órdenes de captura agudizando el problema de los requisitoriados. El DL 927 viola los artículos 1° y 2° de la Constitución, es discriminatorio, excluye, por razones políticas, al condenado por el supuesto delito de terrorismo del sistema de Ejecución Penal existente en el país, viola la Constitución, el Código Penal y el Código de Ejecución Penal, establece el monstruoso 7x1, da carta blanca para la persecución del liberado con libertad condicional, extiende la prisión más allá de la cárcel y la hace extensiva a sus familiares y viola los derechos de expresión y opinión convirtiendo su "libertad" condicional en tortura para él y sus familiares.
Con toda esta normativa no existe ninguna garantía para que los nuevos procesos sean imparciales sujetos al juez natural y al debido proceso. El Presidente de la República dice: "no saldrá ningún terrorista" en abierta injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial y en efecto, se ha dictado mandato de detención para todos, niegan liberación condicional. De tal modo que otra vez se está procesando ilegal e inconstitucionalmente y otra vez estos procesos son nulos de puro derecho y el Estado los lleva adelante con el único objetivo doloso de encarcelar de por vida a los prisioneros políticos.
II. CONTRA EL RESTABLECIMIENTO DEL LOCUTORIO EN LOS PENALES Y POR EL RESPETO DE LOS DERECHOS DE VISITA, DE SOCIALIZACIÓN Y PENSAMIENTO DE LOS INTERNOS.
El gobierno proimperialista de Toledo que sigue a pie juntillas la política mundial antiterrorista de Bush, en su proceso de derechización y reaccionarización, dio el 19 de agosto del 2001 el DS 024 -2001- JUS, aprobando el Reglamento del denominado CEREC, nombre eufemístico del Penal Militar de la Base Naval del Callao, pretendiendo dar legalidad al confinamiento de civiles en un penal militar, invocando supuestas "razones de seguridad nacional", normando un régimen especial al margen de todos los demás prisioneros políticos, violando el principio constitucional de igualdad ante la ley, invoca el artículo 118 de la misma que dice: "ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas", pero precisamente este Decreto ampara la desnaturalización pues siendo civiles fueron juzgados por un Tribunal Militar y cumplen sentencia en una base militar, pero además este Reglamento no reglamenta ninguna ley pues el invocado DL 25744, que supuestamente está reglamentando, en ninguna parte establece la reclusión de civiles en penales militares. El DS 024 desde su dación es ilegal por tanto el Reglamento inaplicable, pero más aún, desde el 4 de enero del 2003 no tiene ningún sustento legal pues el invocado DL 25744 en que se ampara ha sido declarado inconstitucional mediante sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 010-2002-AI/TC y por tanto expulsado del sistema jurídico del país.
Este nulo e ilegal Decreto Supremo restringe deliberadamente las visitas de familiares y amigos con el objeto de aniquilar el ser social de los prisioneros, el Reglamento faculta a las autoridades militares la censura de todo tipo de materiales de lectura afectando el derecho de opinión, expresión del pensamiento, información y derecho a la defensa, además que no se permite la difusión de ideas tras que "lo ideológico político es peligroso" impidiendo la salida de trabajos de investigación y denegando entrevistas de varios medios de comunicación afectando así no sólo el derecho de los prisioneros sino también el derecho a la libertad de información de la sociedad.
Y toda esta privación de derechos se agrava aún más con la modificación del Reglamento mediante el Decreto Supremo 02-2004-JUS que impone locutorios para la visita familiar y de abogados eliminando toda forma de socialización con el objetivo de aniquilarlos socialmente pues se impide todo tipo de contacto físico y visual del prisionero con sus familiares y se vulnera abiertamente el derecho de defensa, precisamente cuando está a punto de iniciarse el denominado megajuicio en el Fuero Antiterrorista con el objetivo de privar de defensa al Presidente Gonzalo y a la Camarada Míriam. Con la imposición de locutorios se ha producido una regresión en el régimen penitenciario del Penal Militar de la Base Naval del Callao que vuelve a ser igual o peor que en el tiempo de Fujimori y más aún amenazan con extenderla a los demás penales del país. Esta medida es parte de la aplicación del plan del gobierno de encarcelar por siempre a los prisioneros políticos con el objetivo de proscribir la acción política del Partido Comunista del Perú en su protervo afán de destruir y desaparecer a los comunistas y revolucionarios. Esta arbitraria y abusiva medida ha sido dada en medio de una feroz contienda de facciones de la gran burguesía por el poder y constituye una provocación a los prisioneros políticos y prisioneros de guerra.
Por ello exigimos se deje sin efecto la imposición del uso de locutorios y que se respeten los derechos fundamentales a la visita y a la defensa.
III. CONTRA EL HOSTIGAMIENTO Y PERSECUCIÓN DE LOS FAMILIARES Y ABOGADOS Y POR EL RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS DE VISITA, SOCORRER Y APOYAR A SUS FAMILIARES RECLUIDOS EN PENALES Y GARANTIZAR A LOS ABOGADOS EL DERECHO DE EJERCER LA DEFENSA DE SUS REPRESENTADOS.
Durante todos los años de aplicación de leyes anticonstitucionales, la violación de derechos fundamentales se ha extendido a los familiares y abogados de los presos políticos, pues los familiares han sufrido en carne propia los efectos de las peores condiciones carcelarias de América Latina a la que fueron sometidos los presos políticos pues sus penas y castigos se extienden a los familiares que son indirectamente condenados a sufrir este monstruoso sistema, siendo objeto de constante hostigamiento y persecución. La siniestra DINCOTE los persigue y amedrenta como puede verse en las filmaciones emitidas por varios programas televisivos que muestran los seguimientos hechos a los familiares, a quienes se les tilda de "terroristas" por el sólo hecho de reclamar la libertad de sus familiares presos, se les niega su derecho de visitar, socorrer y apoyar a sus familiares pues violando el principio de igualdad ante la ley, se los registra en cuadernos separados, se les hostiga y se llega al punto de detenerlos como fue el caso el año pasado que fue arbitrariamente detenida la presidenta de una de las asociaciones de familiares, quien continua encarcelada y acusada de "terrorismo". A los abogados se les niega el derecho de ejercer la defensa de sus representados, y como lo hacían antes Alan García y Fujimori que encarcelaron y desaparecieron a los abogados por el sólo hecho de ejercer la defensa, hoy en forma aberrante, se difunde en los medios que defender a un acusado del llamado "terrorismo" es un delito. Además siniestros esbirros de la DINCOTE: uno, busca puestos quien luego de ofertarse de Jefe del Consejo Nacional de Inteligencia y de Ministro del Interior, hoy se oferta como asesor; y otro, para seguir medrando de la guerra y obtener más presupuesto, claman mayor represión y vilmente imputan a familiares y abogados, ser "correos de transmisión" del partido, con el objetivo de preparar condiciones para detenerlos y así aislar a los presos políticos y reducirlos a un estado de indefensión en los nuevos juicios que están en marcha.
IV. SOLIDARIDAD CON LAS LUCHAS DEL PUEBLO EN BREGA CONTRA EL HAMBRE Y LA POBREZA, LA DESOCUPACIÓN Y EL ABANDONO EN QUE PRETENDEN AHERROJÁRSELE, Y POR EL RESPETO Y SATISFACCION DE SUS DEMANDAS Y DERECHOS FUNDAMENTALES.
Los obreros, campesinos, trabajadores, las masas pobres de ciudades, los pobladores de las regiones vienen desenvolviendo una nueva oleada de luchas populares por el respeto y satisfacción de sus demandas y derechos fundamentales, y contra el hambre, la pobreza, desocupación y abandono que los asuela, producto de la aplicación del neoliberalismo y la falta de un plan definido para enfrentar una tercera década crítica con dificultades crecientes en la economía derivadas del fracaso del capitalismo burocrático. La política proimperialista de Toledo está generando, pese a sus palabras de reactivación, la destrucción del agro y por ende el empobrecimiento y ruina del campesinado y el aumento de la pobreza extrema, lo que se agrava más con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que acabará por destruir el agro y la poca industria que aún queda, destruyendo toda la base productiva para reducir la economía peruana a la categoría de economía subcontratada; la desocupación va cada vez en aumento pues el gobierno impulsa la minería, agroexportación, banca y turismo, que no dan trabajo pues sólo sirven a que nuevamente los grandes monopolios mineros, exonerados de impuestos, saqueen los recursos naturales, beneficia a los bancos extranjeros y lleva a la quiebra a la pequeña y mediana industria, por otra parte el Estado abandona cada vez más sus funciones sociales, entrega la salud y educación a manos privadas, e incluso en los penales han dado un paso en su privatización al entregar la administración de la alimentación de los presos del país, a empresas particulares para beneficiar a los allegados del gobierno. En lo político, el gobierno de Toledo que sigue a pie juntillas o que dispone y manda Estados Unidos, es un barco que se hunde en medio de la agudización de contradicciones en el seno de las clases dominantes, usan la llamada "lucha contra la corrupción" para el cambio de camarillas gobernantes y como cortina de humo para ocultar que la raíz de los problemas del país es la explotación, el poder ejecutivo va de crisis en crisis, el nuevo gabinete, en el que ningún partido quiso comprometerse, se hunde en medio del masivo rechazo popular y el mediocre gobierno de Toledo muestra su incapacidad de gobernar y de defender la soberanía e integridad nacional, permite que Estados Unidos envíe tropas y haga ejercicios militares en el territorio nacional cada vez que se le antoja, no tiene una política fronteriza y lo mismo sucede con el Mar de Grau, pues han renunciado a la defensa de las 200 millas y persisten en entregar el mar peruano a la voracidad de los monopolios extranjeros, a lo que se agrega la venta de empresas de industria y recursos estratégicos a empresas extranjeras.
Todo esto genera la creciente protesta de las masas que vienen librando cotidiana brega en defensa y por la restitución de derechos, beneficios y libertades democráticas como parte de la lucha por democracia y desarrollo.
V. NECESIDAD DE SOLUCIÓN POLITICA A LOS PROBLEMAS DERIVADOS DE LA GUERRA INTERNA: INOCENTES ENCARCELADOS, REQUISITORIADOS, DESAPARECIDOS, DAMMIFICADOS, EXILIADOS, PRESOS POLÍTICOS Y DE GUERRA Y DE QUIENES AÚN CONTINUAN EN ARMAS. NECESIDAD QUE FUE PLANTEADA EN DICIEMBRE DEL 2000 QUE SE REITERA HOY, POR SER MÁS VIGENTE AÚN.
El Partido Comunista del Perú, desde diciembre del 2000 cerró filas con el planteamiento hecho por el Presidente Gonzalo y Camarada Míriam al gobierno del Dr. Paniagua de la necesidad de solución política a los problemas derivados de la guerra interna, problemas que existen y afectan a miles de peruanos: cientos de inocentes encarcelados; miles de requisitoriados (según la Defensoría del pueblo son 56.000) que no pueden desenvolver su vida y que están siendo apresados; más de 10.000 desaparecidos cuyos restos aún no son entregados a sus familiares; cientos de miles de damnificados reducidos a mayor pobreza y abandono, que demandan urgente aplicación de planes especiales de desarrollo; miles de exiliados impedidos de volver a su patria; 2.000 prisioneros políticos y de guerra, a quienes se pretende encarcelar por siempre, el gobierno y sectores recalcitrantes orquestan gritas contra la liberación de presos políticos que han cumplido sentencias de más de 10 años, habiendo sufrido condenas de años por atestados fraguados por la DINCOTE; y la situación de los que aún continúan en armas que se pretende resolver sólo con represión militar, no obstante que una parte de ellos ha hecho pública su decisión de luchar por una solución política. El gobierno de Toledo en estos 3 años transcurridos ha hecho oídos sordos a nuestros planteamientos, no ha tenido la voluntad política de resolver y en forma obcecada centra en medidas represivas mostrando una vez más estar de espalda a los grandes problemas nacionales, no obstante esto, el Partido Comunista del Perú, ha persistido y persiste en la lucha por la solución política pues es una necesidad del pueblo, la nación y la sociedad peruana en su conjunto, reiteramos que resolver estos problemas sería resolver uno de los grandes y álgidos problemas que aquejan a la sociedad peruana y permitiría trabajar por una verdadera reconciliación nacional y servir a la democratización de la sociedad peruana. Es dentro de esta lucha por la solución política y el combate al sistema legal antisubversivo inconstitucional que se desenvuelve la huelga de hambre de los presos políticos y prisioneros de guerra.
El Partido Comunista del Perú, cierra filas con el Presidente Gonzalo y camarada Míriam, hacemos nuestros los puntos planteados en la huelga de hambre de los prisioneros políticos y prisioneros de guerra, y exigimos al gobierno la solución inmediata a dichas demandas justas y razonables. El Partido Comunista del Perú, reitera su propósito de cumplir su acción política persistiendo en servir al pueblo de todo corazón aportando a la lucha del pueblo peruano por democracia y desarrollo.
Nos solidarizamos con todas las luchas de nuestro pueblo y lo llamamos a apoyar la huelga de hambre de los presos políticos y prisioneros de guerra, a aunar esfuerzos y unirnos para exigir al gobierno el respeto y satisfacción de las demandas y derechos fundamentales del pueblo peruano.
Perú, mayo del 2004
Partido Comunista del Perú
¡VIVA LA HUELGA DE HAMBRE DE LOS PRISIONEROS POLÍTICOS Y PRISIONEROS DE GUERRA!
El Partido Comunista del Perú saluda y apoya decididamente la huelga de hambre emprendida por el Presidente Gonzalo, Jefatura del Partido y la revolución, y Camarada Míriam, y desenvuelta por 500 prisioneros políticos y prisioneros de guerra en diferentes penales del país, pues es una medida de lucha justa y sus demandas plenamente razonables y atendibles, ponen nuevamente sobre el tapete la necesidad de una solución política a los problemas derivados de la guerra interna y constituyen una denuncia y desenmascaramiento de la legislación antisubversiva inconstitucional. Exigimos que el gobierno trate y resuelva las demandas de la huelga de hambre de los prisioneros políticos y prisioneros de guerra que son las siguientes:
I. CONTRA LA LEGISLACION ANTITERRORISTA, EL FUERO ANTITERRORISTA Y LAS DRACONIANAS PENAS ESTABLECIDAS, POR UN JUSTO Y DEBIDO PROCESO CON JUECES NATURALES Y SEGÚN LAS NORMAS DEL DERECHO PENAL Y PROCESAL COMUNES.
El Estado peruano para combatir la guerra popular, desenvolvió una política genocida que en el campo legal fue cada vez más endureciendo el sistema legal penal antisubversivo llegando con la dictadura genocida y vendepatria de Fujimori al barrimiento del orden jurídico demoliberal burgués, desconociendo y negando derechos fundamentales de libertad y seguridad personales, de igualdad ante la ley, de defensa, de presunción de inocencia; negó todas las normas del debido proceso, violando el derecho a la jurisdicción predeterminada por la ley recluyeron a civiles en cárceles militares dónde fueron sometidos a un régimen inicuo de aislamiento permanente, absoluto y perpetuo con el objetivo de reducirlos a la condición de subhumanos, violaron el derecho a la vida, a la salud, el derecho a no ser sometido a torturas o tratos inhumanos y humillantes, imponiendo penas draconianas como la monstruosa cadena perpetua; para lo cual dictó normas inconstitucionales como los decretos leyes sobre terrorismo (DL 25475) y traición a la patria (DL 25659) estableciendo un Estado policíaco de violación de los derechos fundamentales que a la caída del gobierno de Fujimori debieron ser restituidos como el gobierno del Dr. Paniagua comenzó a hacerlo. Pero el gobierno del señor Toledo no los ha restituido y prosigue demoliendo el orden jurídico y no solo el sistema penal antisubversivo sino que lo extiende a la negación de todos los derechos fundamentales e incluso su propio orden constitucional, de ahí que dan leyes de acuerdo a la presión política de los grupos de poder y no de acuerdo al interés nacional sino siguiendo servilmente al imperialismo yanqui.
Ante la petición de inconstitucionalidad de los decretos leyes antisubversivos el Tribunal Constitucional si bien declaró inconstitucionales los Decretos Leyes 25659, 25708, 25880, 25744, invocando un supuesto derecho de interpretación para el cual no está facultado decidió mantener el nefasto DL 25475 dado por el gobierno de facto de Fujimori dejando así la columna del sistema represivo; y es en base a esta sentencia que el gobierno de Toledo ha dado los inconstitucionales decretos legislativos 921 a 927 que no son sino continuación de las normas de excepción y emergencia dadas en el Perú a lo largo del siglo XX por Sánchez Cerro, Benavides, Odría, Fujimori. Siguiendo esa tradición antidemocrática se ha establecido en el Perú un verdadero Fuero Antiterrorista, un fuero de excepción al cual se busca someter a los prisioneros políticos yéndose contra estrictas normas constitucionales y leyes orgánicas sobre juzgamiento penal como son el Código Penal y Procesal Comunes. Yendo contra la tradición jurídica y democrática del país, los Decretos Legislativos emitidos por el Ejecutivo violan las normas del debido proceso y son inconstitucionales, el Decreto Legislativo 921 mantiene penas privativas de libertad draconianas, cuyo límite mínimo es de 20 años y van hasta la cadena perpetua cuyo objetivo es la extinción de la libertad y de la vida, y además al establecer la revisión de la cadena perpetua a los 35 años agrega a esta de por sí monstruosa pena un proceso humillante, cruel, degradante e inhumano; el DL 922 está destinado a instrumentalizar el inconstitucional DL 25475 que vulnera el derecho de petición, desvía de la jurisdicción predeterminada por la ley consagrando un Fuero de excepción, el Fuero Antiterrorista, vulnera el principio de defensa irrestricta cuando se conmina con juicios en ausencia, se obliga al silencio de la defensa y del procesado en su autodefensa, elimina la autonomía judicial cuando establece la consulta al superior en materia de excarcelación, además da validez a medios y fuentes de prueba nulos, como son los atestados policiales elaborados por la DINCOTE con declaraciones arrancadas con torturas y elimina el principio de publicidad, problema sustantivo pues éste es una garantía del debido proceso para un juicio justo, con el DL 923 el Estado peruano crea una nueva Procuraduría "Especializada para Delitos de Terrorismo" otorgando facultades a los procuradores por encima de una de las partes que es el procesado, de tal modo que si el fiscal no formula acusación penal el procurador puede interponer recurso de queja, lo que está llevando a que en los nuevos juicios los fiscales para no ser quejados sólo copian la denuncia del fiscal militar del juicio anulado, así al dar a los procuradores un poder amplio, extremado y privilegiado violan el principio de igualdad ante la ley y agreden el debido proceso, pues la parte civil que es el Estado tiene privilegios, pues el Procurador es Estado, el Ministerio Público también y el órgano jurisdiccional es un poder del Estado quedando el procesado solo, desamparado, haciendo frente a disposiciones legales draconianas, violatorias de los más elementales principios jurídicos; el DL 924 reintroduce y sobrecriminaliza la apología del llamado delito de terrorismo violando la proporcionalidad de la pena; el DL 925 es una nueva ley de arrepentimiento pues promete la libertad si el procesado sé autoinculpa o inculpa a otros encausados violando el artículo 132 del Código de Procedimientos Penales y presiona a los arrepentidos chantajeándolos nuevamente; en aplicación del DL 926 se está anulando procesos de 1981, 1982, 1983 y otros que pasaron a ser cosa juzgada o han prescrito con lo cual han vuelto a actualizar las órdenes de captura agudizando el problema de los requisitoriados. El DL 927 viola los artículos 1° y 2° de la Constitución, es discriminatorio, excluye, por razones políticas, al condenado por el supuesto delito de terrorismo del sistema de Ejecución Penal existente en el país, viola la Constitución, el Código Penal y el Código de Ejecución Penal, establece el monstruoso 7x1, da carta blanca para la persecución del liberado con libertad condicional, extiende la prisión más allá de la cárcel y la hace extensiva a sus familiares y viola los derechos de expresión y opinión convirtiendo su "libertad" condicional en tortura para él y sus familiares.
Con toda esta normativa no existe ninguna garantía para que los nuevos procesos sean imparciales sujetos al juez natural y al debido proceso. El Presidente de la República dice: "no saldrá ningún terrorista" en abierta injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial y en efecto, se ha dictado mandato de detención para todos, niegan liberación condicional. De tal modo que otra vez se está procesando ilegal e inconstitucionalmente y otra vez estos procesos son nulos de puro derecho y el Estado los lleva adelante con el único objetivo doloso de encarcelar de por vida a los prisioneros políticos.
II. CONTRA EL RESTABLECIMIENTO DEL LOCUTORIO EN LOS PENALES Y POR EL RESPETO DE LOS DERECHOS DE VISITA, DE SOCIALIZACIÓN Y PENSAMIENTO DE LOS INTERNOS.
El gobierno proimperialista de Toledo que sigue a pie juntillas la política mundial antiterrorista de Bush, en su proceso de derechización y reaccionarización, dio el 19 de agosto del 2001 el DS 024 -2001- JUS, aprobando el Reglamento del denominado CEREC, nombre eufemístico del Penal Militar de la Base Naval del Callao, pretendiendo dar legalidad al confinamiento de civiles en un penal militar, invocando supuestas "razones de seguridad nacional", normando un régimen especial al margen de todos los demás prisioneros políticos, violando el principio constitucional de igualdad ante la ley, invoca el artículo 118 de la misma que dice: "ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas", pero precisamente este Decreto ampara la desnaturalización pues siendo civiles fueron juzgados por un Tribunal Militar y cumplen sentencia en una base militar, pero además este Reglamento no reglamenta ninguna ley pues el invocado DL 25744, que supuestamente está reglamentando, en ninguna parte establece la reclusión de civiles en penales militares. El DS 024 desde su dación es ilegal por tanto el Reglamento inaplicable, pero más aún, desde el 4 de enero del 2003 no tiene ningún sustento legal pues el invocado DL 25744 en que se ampara ha sido declarado inconstitucional mediante sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 010-2002-AI/TC y por tanto expulsado del sistema jurídico del país.
Este nulo e ilegal Decreto Supremo restringe deliberadamente las visitas de familiares y amigos con el objeto de aniquilar el ser social de los prisioneros, el Reglamento faculta a las autoridades militares la censura de todo tipo de materiales de lectura afectando el derecho de opinión, expresión del pensamiento, información y derecho a la defensa, además que no se permite la difusión de ideas tras que "lo ideológico político es peligroso" impidiendo la salida de trabajos de investigación y denegando entrevistas de varios medios de comunicación afectando así no sólo el derecho de los prisioneros sino también el derecho a la libertad de información de la sociedad.
Y toda esta privación de derechos se agrava aún más con la modificación del Reglamento mediante el Decreto Supremo 02-2004-JUS que impone locutorios para la visita familiar y de abogados eliminando toda forma de socialización con el objetivo de aniquilarlos socialmente pues se impide todo tipo de contacto físico y visual del prisionero con sus familiares y se vulnera abiertamente el derecho de defensa, precisamente cuando está a punto de iniciarse el denominado megajuicio en el Fuero Antiterrorista con el objetivo de privar de defensa al Presidente Gonzalo y a la Camarada Míriam. Con la imposición de locutorios se ha producido una regresión en el régimen penitenciario del Penal Militar de la Base Naval del Callao que vuelve a ser igual o peor que en el tiempo de Fujimori y más aún amenazan con extenderla a los demás penales del país. Esta medida es parte de la aplicación del plan del gobierno de encarcelar por siempre a los prisioneros políticos con el objetivo de proscribir la acción política del Partido Comunista del Perú en su protervo afán de destruir y desaparecer a los comunistas y revolucionarios. Esta arbitraria y abusiva medida ha sido dada en medio de una feroz contienda de facciones de la gran burguesía por el poder y constituye una provocación a los prisioneros políticos y prisioneros de guerra.
Por ello exigimos se deje sin efecto la imposición del uso de locutorios y que se respeten los derechos fundamentales a la visita y a la defensa.
III. CONTRA EL HOSTIGAMIENTO Y PERSECUCIÓN DE LOS FAMILIARES Y ABOGADOS Y POR EL RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS DE VISITA, SOCORRER Y APOYAR A SUS FAMILIARES RECLUIDOS EN PENALES Y GARANTIZAR A LOS ABOGADOS EL DERECHO DE EJERCER LA DEFENSA DE SUS REPRESENTADOS.
Durante todos los años de aplicación de leyes anticonstitucionales, la violación de derechos fundamentales se ha extendido a los familiares y abogados de los presos políticos, pues los familiares han sufrido en carne propia los efectos de las peores condiciones carcelarias de América Latina a la que fueron sometidos los presos políticos pues sus penas y castigos se extienden a los familiares que son indirectamente condenados a sufrir este monstruoso sistema, siendo objeto de constante hostigamiento y persecución. La siniestra DINCOTE los persigue y amedrenta como puede verse en las filmaciones emitidas por varios programas televisivos que muestran los seguimientos hechos a los familiares, a quienes se les tilda de "terroristas" por el sólo hecho de reclamar la libertad de sus familiares presos, se les niega su derecho de visitar, socorrer y apoyar a sus familiares pues violando el principio de igualdad ante la ley, se los registra en cuadernos separados, se les hostiga y se llega al punto de detenerlos como fue el caso el año pasado que fue arbitrariamente detenida la presidenta de una de las asociaciones de familiares, quien continua encarcelada y acusada de "terrorismo". A los abogados se les niega el derecho de ejercer la defensa de sus representados, y como lo hacían antes Alan García y Fujimori que encarcelaron y desaparecieron a los abogados por el sólo hecho de ejercer la defensa, hoy en forma aberrante, se difunde en los medios que defender a un acusado del llamado "terrorismo" es un delito. Además siniestros esbirros de la DINCOTE: uno, busca puestos quien luego de ofertarse de Jefe del Consejo Nacional de Inteligencia y de Ministro del Interior, hoy se oferta como asesor; y otro, para seguir medrando de la guerra y obtener más presupuesto, claman mayor represión y vilmente imputan a familiares y abogados, ser "correos de transmisión" del partido, con el objetivo de preparar condiciones para detenerlos y así aislar a los presos políticos y reducirlos a un estado de indefensión en los nuevos juicios que están en marcha.
IV. SOLIDARIDAD CON LAS LUCHAS DEL PUEBLO EN BREGA CONTRA EL HAMBRE Y LA POBREZA, LA DESOCUPACIÓN Y EL ABANDONO EN QUE PRETENDEN AHERROJÁRSELE, Y POR EL RESPETO Y SATISFACCION DE SUS DEMANDAS Y DERECHOS FUNDAMENTALES.
Los obreros, campesinos, trabajadores, las masas pobres de ciudades, los pobladores de las regiones vienen desenvolviendo una nueva oleada de luchas populares por el respeto y satisfacción de sus demandas y derechos fundamentales, y contra el hambre, la pobreza, desocupación y abandono que los asuela, producto de la aplicación del neoliberalismo y la falta de un plan definido para enfrentar una tercera década crítica con dificultades crecientes en la economía derivadas del fracaso del capitalismo burocrático. La política proimperialista de Toledo está generando, pese a sus palabras de reactivación, la destrucción del agro y por ende el empobrecimiento y ruina del campesinado y el aumento de la pobreza extrema, lo que se agrava más con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que acabará por destruir el agro y la poca industria que aún queda, destruyendo toda la base productiva para reducir la economía peruana a la categoría de economía subcontratada; la desocupación va cada vez en aumento pues el gobierno impulsa la minería, agroexportación, banca y turismo, que no dan trabajo pues sólo sirven a que nuevamente los grandes monopolios mineros, exonerados de impuestos, saqueen los recursos naturales, beneficia a los bancos extranjeros y lleva a la quiebra a la pequeña y mediana industria, por otra parte el Estado abandona cada vez más sus funciones sociales, entrega la salud y educación a manos privadas, e incluso en los penales han dado un paso en su privatización al entregar la administración de la alimentación de los presos del país, a empresas particulares para beneficiar a los allegados del gobierno. En lo político, el gobierno de Toledo que sigue a pie juntillas o que dispone y manda Estados Unidos, es un barco que se hunde en medio de la agudización de contradicciones en el seno de las clases dominantes, usan la llamada "lucha contra la corrupción" para el cambio de camarillas gobernantes y como cortina de humo para ocultar que la raíz de los problemas del país es la explotación, el poder ejecutivo va de crisis en crisis, el nuevo gabinete, en el que ningún partido quiso comprometerse, se hunde en medio del masivo rechazo popular y el mediocre gobierno de Toledo muestra su incapacidad de gobernar y de defender la soberanía e integridad nacional, permite que Estados Unidos envíe tropas y haga ejercicios militares en el territorio nacional cada vez que se le antoja, no tiene una política fronteriza y lo mismo sucede con el Mar de Grau, pues han renunciado a la defensa de las 200 millas y persisten en entregar el mar peruano a la voracidad de los monopolios extranjeros, a lo que se agrega la venta de empresas de industria y recursos estratégicos a empresas extranjeras.
Todo esto genera la creciente protesta de las masas que vienen librando cotidiana brega en defensa y por la restitución de derechos, beneficios y libertades democráticas como parte de la lucha por democracia y desarrollo.
V. NECESIDAD DE SOLUCIÓN POLITICA A LOS PROBLEMAS DERIVADOS DE LA GUERRA INTERNA: INOCENTES ENCARCELADOS, REQUISITORIADOS, DESAPARECIDOS, DAMMIFICADOS, EXILIADOS, PRESOS POLÍTICOS Y DE GUERRA Y DE QUIENES AÚN CONTINUAN EN ARMAS. NECESIDAD QUE FUE PLANTEADA EN DICIEMBRE DEL 2000 QUE SE REITERA HOY, POR SER MÁS VIGENTE AÚN.
El Partido Comunista del Perú, desde diciembre del 2000 cerró filas con el planteamiento hecho por el Presidente Gonzalo y Camarada Míriam al gobierno del Dr. Paniagua de la necesidad de solución política a los problemas derivados de la guerra interna, problemas que existen y afectan a miles de peruanos: cientos de inocentes encarcelados; miles de requisitoriados (según la Defensoría del pueblo son 56.000) que no pueden desenvolver su vida y que están siendo apresados; más de 10.000 desaparecidos cuyos restos aún no son entregados a sus familiares; cientos de miles de damnificados reducidos a mayor pobreza y abandono, que demandan urgente aplicación de planes especiales de desarrollo; miles de exiliados impedidos de volver a su patria; 2.000 prisioneros políticos y de guerra, a quienes se pretende encarcelar por siempre, el gobierno y sectores recalcitrantes orquestan gritas contra la liberación de presos políticos que han cumplido sentencias de más de 10 años, habiendo sufrido condenas de años por atestados fraguados por la DINCOTE; y la situación de los que aún continúan en armas que se pretende resolver sólo con represión militar, no obstante que una parte de ellos ha hecho pública su decisión de luchar por una solución política. El gobierno de Toledo en estos 3 años transcurridos ha hecho oídos sordos a nuestros planteamientos, no ha tenido la voluntad política de resolver y en forma obcecada centra en medidas represivas mostrando una vez más estar de espalda a los grandes problemas nacionales, no obstante esto, el Partido Comunista del Perú, ha persistido y persiste en la lucha por la solución política pues es una necesidad del pueblo, la nación y la sociedad peruana en su conjunto, reiteramos que resolver estos problemas sería resolver uno de los grandes y álgidos problemas que aquejan a la sociedad peruana y permitiría trabajar por una verdadera reconciliación nacional y servir a la democratización de la sociedad peruana. Es dentro de esta lucha por la solución política y el combate al sistema legal antisubversivo inconstitucional que se desenvuelve la huelga de hambre de los presos políticos y prisioneros de guerra.
El Partido Comunista del Perú, cierra filas con el Presidente Gonzalo y camarada Míriam, hacemos nuestros los puntos planteados en la huelga de hambre de los prisioneros políticos y prisioneros de guerra, y exigimos al gobierno la solución inmediata a dichas demandas justas y razonables. El Partido Comunista del Perú, reitera su propósito de cumplir su acción política persistiendo en servir al pueblo de todo corazón aportando a la lucha del pueblo peruano por democracia y desarrollo.
Nos solidarizamos con todas las luchas de nuestro pueblo y lo llamamos a apoyar la huelga de hambre de los presos políticos y prisioneros de guerra, a aunar esfuerzos y unirnos para exigir al gobierno el respeto y satisfacción de las demandas y derechos fundamentales del pueblo peruano.
Perú, mayo del 2004
Partido Comunista del Perú