¡POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS DEL PERÚ!
¡POR LA VIDA Y CONTRA EL AISLAMIENTO DE MÍRIAM!
En este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Partido Comunista del Perú saluda con fervor revolucionario y rinde su justo homenaje a las mujeres del pueblo y de la clase: a las mujeres obreras, campesinas, intelectuales, estudiantes, amas de casa, mujeres pobres de barrios y barriadas, que son la mitad del mundo que sostienen el cielo, a quienes en todo el proceso de la historia de la humanidad, participando en la lucha de clases, iniciaron la lucha por la emancipación de la mujer, y en esta brega comprenden que para emanciparse tienen que hacerlo con la emancipación del proletariado.
Nuestro reconocimiento y homenaje a las gloriosas combatientes del pueblo y la revolución mundial: Krupskaia, Rosa Luxemburgo, Chiang Ching, Liu Ju Lan, ejemplos imperecederos de comunistas. A la pléyade inmarcesible de camaradas e hijas del proletariado que el Partido Comunista del Perú, en el fragor de la guerra popular ha generado, ejemplos imborrables de dar la vida por el Partido y la revolución; en especial la camarada Norah, flameante bandera roja, firme comunista y gran dirigente, la más grande heroína del Partido y la revolución.
Destacamos el papel que cumple hoy la camarada Míriam (Elena Iparraguirre), miembro del Comité Permanente Histórico y de la Nueva Fracción Roja, gran dirigente, prisionera de guerra marxista – leninista – maoísta, pensamiento gonzalo, procesada revolucionaria, honra y prez de nuestro pueblo; viva expresión de cómo nuestra historia prueba que la mujer se eleva a su más alta condición cuando asume los verdaderos intereses de los oprimidos, incorporándose al Partido y a la revolución, manteniendo en alto las banderas de la emancipación de la mujer como parte de la emancipación del proletariado.
¡MÁS DE 10 AÑOS DE AISLAMIENTO, ENCIERRO E INCOMUNICACIÓN INHUMANOS: LA LIBERTAD ES UN DERECHO!
Elevamos nuestra voz de protesta y denunciamos ante el mundo, el inicuo y monstruoso régimen carcelario impuesto por el Estado peruano contra los prisioneros políticos y prisioneros de guerra del Perú, quienes en estos 20 años enfrentaron el ensañamiento y venganza política hasta el genocidio de exterminio, como lo prueban el genocidio de 34 prisioneros políticos en Lurigancho en 1985, el genocidio de 300 prisioneros en el Frontón, Lurigancho y Callao en 1986, ordenados por García Pérez, y el genocidio de 50 prisioneros en Canto Grande el año 92, ordenado por Fujimori.
Para combatir y enfrentar la Guerra popular, el Estado peruano, a través de sus gobiernos, hasta el año 2000, desenvolvieron una guerra contrasubversiva guiada por una línea y política genocida contra el pueblo y contra el Partido Comunista del Perú, expresado en persecuciones, miles de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones, asesinatos masivos, ejecuciones extrajudiciales, destrucción y desaparición de pueblos enteros; genocidios perpetrados por las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales y fuerzas complementarias que actuaron al amparo de una legislación antisubversiva de emergencia, que negó los derechos fundamentales de la persona humana, consagrados en la Constitución Política del Perú y en diversos Tratados internacionales sobre Derechos Humanos que el Perú ha suscrito. Normas legales sobre el llamado “terrorismo”, aplicados contra la guerra popular, emitidos a la sombra de los mandatos del imperialismo norteamericano, particularmente de la doctrina de Reagan y de la doctrina militar de los Estados Unidos que usan para combatir y buscar someter a los pueblos y naciones oprimidas, para negar el carácter político de sus luchas contra la opresión y explotación.
Denunciamos ante el pueblo peruano y ante el mundo que el Estado peruano en sus tres gobiernos principalmente de García Pérez y Fujimori, como parte de su línea y política genocida, aplicó una siniestra política carcelaria contra los prisioneros de guerra.
Amparados en la legislación antiterrorista que ilegalmente emitió Fujimori después del golpe de Estado del 5 de abril, los detenidos, después de pasar por ese centro de torturas que es la DINCOTE, eran derivados a las bases militares (Marina, Ejército, FAP), cuyos calabozos son testigos de la prosecución de la tortura, vejaciones y chantaje; sometidos sistemáticamente a guerra psicológica y amenazas de muerte por los esbirros encapuchados, así, legalizaron las bases militares como centros carcelarios, recluyendo allí a miles de prisioneros de guerra, durante semanas, meses, años, como en el caso de la Base Naval del Callao, buscando quebrarlos, llegando hasta el asesinato y desaparición.
Después del genocidio en el penal de Canto Grande el año 92, en el que asesinaron a 51 prisioneros políticos, como medida represiva y de escarmiento, los prisioneros son trasladados a diferentes cárceles del país para aislarlos de sus familiares y de la opinión pública nacional e internacional, concentrándolos principalmente en Canto Grande, Yanamayo y Chorrillos y en otros penales en diferentes departamentos (Cajamarca, Chiclayo, Ica, Huanuco, etc.) penales a cargo de la PNP, para aplicar su plan de aislamiento y aniquilamiento sistemático y sofisticado. Con el Decreto Legislativo 25475 se estableció en forma arbitraria e ilegal, el aislamiento celular continuo durante un año (con encierro de 24 horas y sin visita); siniestro régimen por el cual todos los prisioneros tuvieron que pasar, sometidos a condiciones de: carcelería ignominiosas; recluidos las 23 horas y media del día en celdas bipersonales de 2 por 2.5 m (que llegaron a albergar hasta seis prisioneros), con un silo, una cama de cemento y una poza de agua; celdas donde tenían que satisfacer todas sus necesidades, de aseo, alimentación , fisiológicas, trabajo y estudio, condicionándolos a una situación de inamovilidad y hacinamiento, que repercutió negativamente en su salud; se presentaron problemas de la vista, de las articulaciones, infecciones respiratorias agudas, tumoraciones, tuberculosis, parálisis, hasta casos graves de leucemia y cáncer.
Y no podemos dejar de denunciar con indignación de clase, que por negligencia e irresponsabilidad, dejaron morir al prisionero de guerra Edwin Melitón Cárdenas, en Yanamayo, julio de 1995, así como el asesinato de dos prisioneros en Cachiche – Ica (1993), y últimamente por la muerte del doctor Jorge Cartagena Vargas y de dos prisioneros más, valiosas vidas que fueron cegadas como resultado de la aplicación del plan de reducción y aniquilamiento sistemático y sofisticado. Así, tras el pretexto de “seguridad”, en los hechos han sentenciado a muerte a los prisioneros, negándoles el derecho a la vida, la salud y la integridad física.
La alimentación ha sido deficiente, tanto en calidad como en cantidad y preparación, no cumplen con el mínimo de kilocalorías establecidas por la OMS y el Ministerio de Salud, en la práctica solo recibían una ración de comida al día; sumado a esto estaba prohibido el ingreso de alimentos que llevaban los familiares, o ingresaba solo una ración de comida.
Les impusieron la visita una vez al mes, por locutorio, durante media hora (después fue 1 hora), entre mallas y fierros solo recibían la visita de familiares directos, quienes en muchos casos tenían que hacer largos viajes, hasta de una semana, para ver a sus seres queridos, sin la posibilidad de darles la mano ni abrasarlos; a esto se agregan las revisiones vejatorias y humillantes, el hostigamiento y maltrato permanente a los familiares, seguimiento, allanamiento, detenciones y persecución; para amedrentarlos y aislarlos más de los prisioneros. No se respetaban los derechos de los niños, quienes también tenían que ver a sus madres, padres o hermanos por locutorios, así, la represión se extendía también hasta los niños.
Les negaron el derecho al trabajo, restringiendo el ingreso de materiales y herramientas; pese a ello, por propia iniciativa y capacidad transformadora, elaboraron sus herramientas de trabajo, las que eran requisadas, destruidas y hasta se robaban los trabajos acabados. En cuanto a la educación, cultura e información, les han impedido arbitrariamente el derecho a la libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita, negándoles el acceso a los medios de información: radio, TV, periódicos, revistas, libros, etc., y prohibían el ingreso de lapicero y papel. Actuaron como la Inquisición, censurando el ingreso de libros, calificándolos sin fundamento como “prohibidos”.
Asimismo, los prisioneros políticos y de guerra, durante todos estos años han desenmascarado, denunciado y combatido las negras banderas de capitulación y arrepentimiento que el Estado levantó mediante sus decretos y normas reaccionarias, llamando al reniego de los principios y al abandono de la ideología del proletariado. Por ello, rechazamos la negra campaña reaccionaria que desenvuelven contra el Partido, contra el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento gonzalo, contra la revolución y contra el pueblo, centrando su punta de lanza contra el Presidente Gonzalo y el Comité Central, con el objetivo de dividir bases de dirección y fomentar un rompan filas para destruir al Partido.
Y una vez más denunciamos que el Penal Militar de la Base Naval de Callao, Challapalca, Yanamayo, Canto Grande, Chorrillos, Piedras Gordas, y otras cárceles expresamente construidas para recluir a los presos políticos, son lugares de aniquilamiento del ser humano, en donde se denigra física, psíquica y moralmente a las personas; sin embargo, los prisioneros políticos -a quienes el Estado peruano imputa de “terroristas”- han mantenido y mantienen su dignidad y condición humanas, por su autoconservación y autodisciplina, derivados de su forma de pensar y actuar, de su actividad educativa y su dedicación al trabajo, el arte y la cultura, en síntesis, derivado de su ideología.
A hoy, son más de 10, 15, hasta 20 años de aislamiento, encierro e incomunicación inhumanos que en la práctica equivalen a sentencias de 100 años, pero pese a esto, han reintroducido la cadena perpetua y otras penas draconianas; no puede ser que busquen sepultarlos vivos en las cárceles, prosiguiendo con su política de odio y venganza, oponiéndose a la solución política a los problemas derivados de la guerra, parte de la cual es la situación de los inocentes encarcelados, requisitoriados, exiliados y de quienes aún continúan en armas y la de los prisioneros políticos y de guerra, pues la libertad es un derecho, por ello demandamos la libertad de los presos políticos del Perú.
Y si bien se dieron algunos cambios en las condiciones mínimas de trabajo, este régimen carcelario se mantuvo hasta el año 2000 en que se dio la flexibilización, como producto de las luchas de los prisioneros y los cambios en la política peruana; régimen que fue aplicado con mayor ensañamiento a las mujeres prisioneras políticas. De ahí que más de 300 mujeres prisioneras hayan perdido irreparablemente el derecho a la maternidad, porque les arrebataron y negaron el derecho a establecer relaciones personales y familiares, dentro de ello, la relación conyugal, que es la más personal, directa y necesaria del ser humano, cuya forma de desarrollarla expresa profundamente su condición humana.
¡NUEVOS JUICIOS CON LEYES COMUNES, JUECES NATURALES, DEBIDO PROCESO Y PLENAS GARANTÍAS!
El Partido Comunista del Perú, bajo la Jefatura del Presidente Gonzalo, viene luchando por la solución política a los problemas derivados de la guerra, parte de la cual es la situación de los presos políticos del Perú, quienes ya tienen más de diez, quince, hasta veinte años en prisión. Pero el gobierno de Toledo, opuesto a la solución política, mantiene vigente la legislación antiterrorista, el D.L. 25475, dispositivo inconstitucional dado por el gobierno de facto de Fujimori, que es la pieza clave, la columna del sistema represivo en el país, nefasto dispositivo que se pretende imponer como legal y sobre el cual han emitido los Decretos Legislativos 921 al 927, que no son sino continuación de las leyes de excepción y emergencia dadas en el Perú a lo largo del siglo XX.
Manteniendo así regímenes procesales antidemocráticos, estableciendo en el país un verdadero Fuero Antiterrorista, un fuero de excepción, al que buscan someter a más de 1300 prisioneros políticos, pisoteando normas constitucionales y leyes orgánicas sobre juzgamiento penal como son el Código Penal y Procesal comunes; y cuyo objetivo es encarcelar por siempre a los presos políticos, sentenciándolos a cadena perpetua y penas draconianas.
Expresamos nuestro enérgico rechazo a la legislación antiterrorista, al Fuero Antiterrorista y las monstruosas penas establecidas como la cadena perpetua y exigimos y demandamos para los prisioneros políticos nuevos juicios con leyes comunes, jueces naturales, debido proceso y plenas garantías.
¡POR LA VIDA Y CONTRA EL AISLAMIENTO DE MÍRIAM (ELENA IPARRAGUIRRE REVOREDO)!
En el Día Internacional de la Mujer, denunciamos que en el caso de camarada Míriam, por su condición de dirigente del Partido comunista del Perú, a los 15 días de su detención (12/IX/92), fue trasladada, encapuchada, enmarrocada y encadenada por las muñecas a un soporte de metal, bajo la custodia de la Marina de Guerra del Perú, a la Isla San Lorenzo, donde la depositaron en una celda oscura, que no tenía más que una tarima empotrada de cemento y un silo, con una ventana de ochenta centímetros cuadrados, la que en el curso de los días fue clausurada para reemplazarla por dos huecos que perforaron casi al borde del techo; le pasaban la comida por un hueco, con cartones o tapas de ollas, la oscuridad era absoluta, al extremo que no podía ver ni para comer.
Cuando silbaba o cantaba le hacían callar y castigaban quitándole el agua; durante los siete meses que estuvo ahí fue sometida a aislamiento e incomunicación absolutos, con encierro total de 24 horas al día; sistema inicuo, vejatorio y degradante, se le prohibió la visita de familiares, cartas, visita de la Cruz Roja y Defensoría del Pueblo, solo la sacaron tres veces de la celda para su instructiva con un Juez militar.
Y el 5 de Abril de 1993, encapuchada y enmarrocada, la trasladan por mar al Penal Militar de la Base Naval del Callao, cárcel construida expresamente para recluir ahí al Presidente Gonzalo y camarada Míriam, donde aplicaron un régimen siniestro de aislamiento permanente, absoluto y perpetuo con el objetivo de reducirlos a la condición de subhumanos, violaron su derecho a la vida y la salud, el derecho a no ser sometido a torturas o tratos inhumanos y humillantes.
Le impusieron aislamiento y encierro de casi 24 horas, con solo 15 minutos de patio, custodiada desde el techo por tres hombres armados y encapuchados, y por otros tantos desde la puerta; recluida en una celda totalmente cerrada de 2 por 2 m. que tenía una abertura pequeñísima en el techo, cerrada por una puerta de acero tipo bóveda bancaria que se abría por fuera con tres candados y dos barras verticales a modo de cerrojo, con un hueco de 30 por 15 cm. para el ingreso de los alimentos, el que abrían y cerraban con una barra de metal y un candado; obligada a guardar silencio todo el día, pues ni siquiera podía conversar desde su celda con otros prisioneros, estaba prohibido cantar o silbar y si lo hacían le negaban la salida al patio.
Recibía la visita por locutorio, imponiéndole así un sistema inhumano e ilegal, impidiendo el desarrollo de vínculos sociales, restringiéndola solo a familiares directos, les prohibieron otras relaciones familiares, laborales y académicas, llegando al colmo de impedir todo contacto físico con su madre, hijos y hermanas solo podían comunicarse por 15 minutos (posteriormente fueron 30 minutos) a través de un vidrio, usando un micro. Le negaron el derecho a la libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita, arbitraria e ilegalmente le prohibieron el acceso a los medios de información, periódicos, revistas, radios, TV. y otros.
Este sistema es el que ha regido hasta el año 2000. Derivado de la acción política se imprimieron algunos cambios, aunque mínimos, a las condiciones de prisión, sirviendo a ello principalmente las protestas, peticiones y luchas como agitaciones, chanqueteo de puertas, toma de locutorio, denuncias orales y escritas, hasta llegar a tres huelgas de hambre; luchas que aceleraron la flexibilización del régimen de aislamiento y encierro celular, que sin quebrantamiento alguno de sus convicciones ideológicas y políticas enfrentó la c. Míriam durante ocho años.
A esta flexibilización, derivada de la lucha principalmente y los cambios en la política peruana, el gobierno actual, manipulando, infamando y tergiversando los hechos usándolo en sus contiendas de grupos y facciones por el poder, han montado sistemáticamente una campaña negra calificando de “privilegios”, “gollerías”, “prisión dorada”, buscando el restablecimiento del régimen carcelario impuesto por el fujimorismo, monstruoso sistema carcelario que hemos combatido y denunciado exigiendo el cierre del Penal Militar de la Base Naval del Callao.
Y, en su abyecto servilismo al imperialismo norteamericano siguiendo la política antiterrorista de Bush, dentro del endurecimiento de sus posiciones y mayor reaccionarización, el gobierno de Toledo, ante la reafirmación necesaria del 5 de noviembre, después de 12 años de privación absoluta del Presidente Gonzalo, que no es provocación; ni desafío como arteramente imputa el gobierno, en su impotencia, desesperación, y debilidad políticas, ha respondido con medidas represivas guiado por la política de odio y venganza, ordenando el aislamiento e incomunicación del Presidente Gonzalo en el Penal Militar de la Base Naval del Callao y de la c. Míriam en el Penal de Máxima Seguridad de Chorrillos, previa campaña negra que desataron, buscando golpearla moral y políticamente, antes y durante el ilegal juicio. Así como ordena el aislamiento e incomunicación de todos los procesados de dicho caso, en penales comunes de Chorrillos y Sarita Colonia.
Han pasado casi cuatro meses, exigimos y demandamos el levantamiento y cese de las medidas represivas y del aislamiento. Reiteramos nuestro enérgico rechazo y condena a esas medidas ordenadas por el gobierno en su desesperación por el desmoronamiento de la legislación antisubversiva.
Además el gobierno dispuso el retorno al régimen penitenciario de Fujimori y promulgó la ley N° 28420 para restablecer el uso de locutorios y el DS 016-2004-Jus, que generaliza el régimen inconstitucional del P.M.B.N.C a todos los penales de máxima seguridad del país, régimen que ya vienen aplicando en el Penal de Piedras Gordas para intensificar la aplicación del siniestro plan de reducción, aislamiento y aniquilamiento sistemático y sofisticado contra los prisioneros de guerra y prisioneros políticos, extendiéndolo a los internos comunes.
Así mismo denunciamos las ignominiosas y humillantes condiciones de prisión a las que fueron sometidas más de 300 prisioneras políticas. Después del genocidio del 92 en el Penal Castro Castro, fueron trasladadas al Penal de Máxima Seguridad de Chorrillos, donde posteriormente (mayo 93) concentraron a las prisioneras políticas de todo el país; allí enfrentaron un régimen monstruoso, privadas de todos sus derechos, hacinadas en cubículos de 2.50 x 2.50 m, que compartían de 5 a 6 prisioneras, encerradas por 23 horas y media, hacinamiento que fue caldo de cultivo para la tuberculosis, llegando a superar la veintena de casos.
Al poco tiempo de ser trasladadas de Canto Grande, prohibieron la visita por tres meses, aislándolas de sus familiares y abogados y se ensañaron haciendo requisas constantes, pretexto para masacres, golpizas y vejaciones, cebándose cobardemente con mujeres desarmadas: golpearon brutalmente a ancianas, heridas, madres gestantes, ocasionando el parto prematuro de una prisionera y poniendo en riesgo su vida; las sacaban a rastras de las celdas en medio de varazos y patadas tirándolas boca abajo en el patio, obligándolas as arrodillarse a golpes, buscando quebrar su moral revolucionaria; con salvajismo feroz descargaron todo su odio, las encerraban en las celdas después de destruir sus pocas pertenencias echándole agua y excrementos. Les sometían a constante hostigamiento y provocación, con improperios e insultos, y a golpes pretendieron obligarles a someterse a la ley de arrepentimiento pero ante la inquebrantable posición de rechazo y firme resistencia de las prisioneras, se ensañaron con más furia, incluso llegaron a contaminar sus alimentos con vidrio molido, como parte de su plan de aniquilamiento ...
Hostigaban a sus familiares con revisiones humillantes y vejatorias pese a que las visitas eran por locutorio y solo una vez al mes, pero aun así, entre fierros y mallas, las prisioneras denunciaron a sus familiares y abogados las golpizas y masacres que en esos meses de aislamiento la Policía Nacional y Policía Femenina pretendió ocultar.
Sumado a la prohibición de ver y abrazar a sus familiares, les prohibieron la comunicación a través de cartas, tras razones de seguridad se negó su ingreso y salida, yendo a parar éstas a la DINCOTE. El trabajo y el estudio siendo un derecho fundamental del hombre, les fue totalmente negado, quincenalmente requisaban, destruían y saqueaban sus materiales de trabajo; no ingresaban agujas, lapiceros, papel, libros, periódicos, revistas y todo lo hicieron con la vana pretensión de destruir su esencia social de seres humanos y reducirlas a la condición de subhumanos, a comer, digerir y evacuar simplemente.
Todo lo que aquí denunciamos confirma que el Estado peruano jamás perdonará que las mujeres hayan asumido su papel en la historia, empuñando su derecho a rebelarse, e incorporándose y participando activamente en la guerra popular el más grande movimiento social revolucionario de la historia peruana, hayan enarbolado las banderas de la emancipación de la mujer como parte de la emancipación del proletariado, bajo la dirección del PCP y guiadas con la luz del m – l – m, pg. Por ello con profundo odio de clase, rechazamos y condenamos el ataque artero e infame contra las mujeres revolucionarias, las mujeres comunistas, combatientes e hijas del pueblo que con entrega y desinterés absoluto sirven al pueblo de todo corazón; es el imperialismo y la reacción que lanzan esos protervos infundios de “sanguinarias”, “autoritarias”, que “dan el tiro de gracia”, para justificar y avalar la más desenfrenada represión desatada contra las prisioneras de guerra. En estos más de diez años, principalmente contra la camarada Míriam.
Llamamos a la clase y al pueblo a luchar por la vida y contra el aislamiento de c. Míriam (Elena Iparraguirre), procesada revolucionaria, honra y prez de nuestro pueblo, militante comunista y firme combatiente forjada en la GP, dedicada cabal y completamente a la revolución, junto a otras mujeres del pueblo que se incorporaron a la revolución en los años 80 y 90 sigue luchando decididamente por el comunismo
Así como ella, muchas mujeres revolucionarias, derrochando energía y valor, entregaron desde el pan que se quitaban de la boca o el abrigo de su choza, hasta quienes llegaron a ser dirigentes del Partido, y dieron su sangre y su vida, o participaron como combatientes de las legiones de hierro del EGP. Ellas son la obrera, la campesina, la joven estudiante, siempre fundidas al pueblo, de cuyas valiosas canteras han salido, del ardor e indignación de clase ante la miseria y la opresión y que elevaron su conciencia política hasta incorporarse al Partido y que hoy luchan junto al pueblo por su libertad.
En este 8 de Marzo, llamamos a las mujeres del pueblo, a seguir participando activamente en la lucha por la defensa de los derechos fundamentales contra el hambre y la pobreza, la desocupación y el abandono que genera el neoliberalismo y la globalización; y a luchar por la democratización de la sociedad peruana, producción nacional y trabajo para el pueblo, y luchar por la solución política a los problemas derivados de la guerra.
¡GLORIA AL MARXISMO-LENINISMO-MAOÍSMO!
¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ. HOY Y SIEMPRE!
¡POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS DEL PERÚ!
¡POR LA VIDA Y CONTRA EL AISLAMIENTO DE MÍRIAM!
¡VIVA LA ENTREGA TOTAL Y DESINTERÉS ABSOLUTO DE LAS REVOLUCIONARIAS DEL PERÚ!