Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2020-08-16
Categoría
Comunicado
FFAA y paramilitares contra comunidades y líderes populares en el río Micay
FFAA Y PARAMILITARES CONTRA COMUNIDADES Y LÍDERES EN EL RÍO MICAY
A la Zona de Futuro de Cauca y Nariño llegaron el mes pasado los asesores militares de EEUU que hacen parte de la Brigada SFAB, lo que ha traído la intensificación de las masacres y los asesinatos de líderes populares, exterminio que hacen aparecer como perpetrado por bandas criminales.
La parte alta y media de la cuenca del río Micay, que está conformada por los municipios del Tambo, Argelia y López de Micay, ha sufrido durante muchos años el abandono estatal y la inversión social en este territorio ha sido casi nula.
Los habitantes de estos municipios, campesinos, indígenas y afrodescendientes, abandonados por el sistema, son empujados a vivir las más difíciles condiciones de miseria, y para no dejarse morir de necesidades se han visto abocados a sembrar hoja de coca, materia prima para la fabricación de clorhidrato de cocaína, único producto que casi no tiene competencia internacional y que goza de un mercado asegurado, principalmente en Estados Unidos y Europa.
Los sembradores de hoja de coca, convirtiéndose en el primer escalón de este negocio y quienes trabajan a costos o a pérdidas; viven permanentemente sometidos y expuestos a enfermedades adquiridas por el uso de agro-tóxicos, se convierten en el principal blanco de los grupos paramilitares y bandas asociadas al narcotráfico, y para completar la fatalidad, sobre ellos recae la mayor parte de la estigmatización de este negocio y la represión de las diferentes instituciones del Estado, quienes en vez de brindar salidas dignas y protección como colombianos que son, los criminalizan, judicializan y persiguen.
A diferencia de los cultivadores de hoja, los demás escalones de este negocio, y quienes en realidad componen el narcotráfico, viven de las inmensas ganancias que deja la ilegalidad y aliados de los poderes empresariales, financieros, industriales e institucionales, tanto militares, de policía y judiciales, legalizan y ven crecer sus riquezas, mientras el primer escalón se debate en medio de la violencia, el asesinato y la miseria.
El Pacifico colombiano y, puntualmente este territorio de la cuenca del río Micay, vive también la desgracia de ser los pueblos dueños de territorios ricos en vida, recursos estratégicos y futuro, pues la llamada civilización del capital y el progreso les llega en forma de terror, muerte y desplazamiento, sometidos por la clase dominante colombiana, que se adjudica el derecho a disponer y explotar las riquezas que poseen estos territorios, ven como es destruido todo el entorno de vida que significa el territorio y con ello el aniquilamiento de sus sueños e intereses colectivos.
Utilizando como disculpa la presencia de cultivos de hoja de coca en la región, el Estado colombiano lanza una operación criminal contra los pobladores del territorio, para lo cual utiliza bandas de paramilitares apoyadas por el Ejército estatal, quienes mediante el asesinato, amenazas y abusos a los pobladores y sus dirigentes, siembran el terror y desplazan a las comunidades, acabando de esta forma con la resistencia que ofrecen las comunidades dueñas legítimas del territorio colectivo, ancestral y de vida, y que se oponen a que el Estado y los intereses del capital mundial los atropelle y les robe sus territorios y que en ellos asienten sus planes económicos, megaproyectos e infraestructura como la construcción de la vía Popayán-Guapi, la represa Arrieros del Micay y la concesión de territorios para la explotación minera, saqueo de materias primas, destrucción del medio ambiente y la posterior circulación de mercancías basura que nos venden los países industrializados y que ellos solo verán pasar.
Utilizando la crisis sanitaria producida por la pandemia, el Estado aprovechó que la mirada de los colombianos está puesta en cómo salvar su vida, en medio de la profundización de una hambruna generalizada por el abandono estatal y dependiendo de un Sistema de Salud privatizado y en permanente crisis.
El Gobierno del Presidente Duque lanza una ofensiva sobre el territorio de la cuenca del río Micay, desde el día 20 de febrero de 2020, en esta ocasión utiliza la FUDRA-4 del Ejército oficial, para que proteja la punta de lanza de la operación conformada por las bandas de paramilitares autodenominadas Carlos Patiño, Dagoberto Ramos, Jaime Martínez, conformadas principalmente por ex guerrilleros de las desmovilizadas FARC.
Mediante el terror que genera el asesinato de pobladores y sus líderes, desplaza a gran parte de las comunidades organizadas y repliega a la insurgencia que por décadas ha protegido los intereses de las gentes de estos territorios.
Con el campo despejado de resistencia y ante la mirada indiferente de los medios que desinforman y tapan esta matanza indiscriminada, hasta la fecha las bandas han asesinado a más de 15 líderes y treinta pobladores, ahora las bandas residen en los caseríos, mientras alrededor el Ejército gubernamental les brinda protección y les deja asesinar a todo el que se resiste a perder su territorio, profundizando una crisis humanitaria que amenaza con acabar con la vida de las organizaciones sociales y todo el patrimonio construido por el esfuerzo colectivo de las comunidades.
De esta barbarie lo único que sale público es la campaña de desinformación orquestada por el Gobierno, que a cada rato muestra a guerrilleros rendidos en combate como desmovilizados, a los cuales se han visto obligados a dejar en libertad, pues no les cuajó el engaño, pero públicamente de esto último no se dice nada. Por otro lado los golpes que la insurgencia le causa a las bandas, los muestran como positivos del Ejército gubernamental, tapando con esto la ya inocultable alianza que existe entre el Ejército y las bandas de paramilitares que continúan masacrando a los pobladores y líderes de la cuenca del río Micay.
Se ha convertido en mentira recurrente del régimen y vociferada por los medios, la noticia de la desmovilización permanente de integrantes del Frente guerrillero José María Becerra del ELN, para esto recurren a pasar como desmovilizados, a compañeras afectivas, familiares de guerrilleros, niños, niñas y heridos de la población civil, quienes ante el terror desatado por la amenaza de muerte por las bandas, optan por el auxilio del Ejército, quienes a cambio les exigen presentarse como desmovilizados de la guerrilla.
Todo este macabro plan busca mantenernos en los tiempos del Presidente Álvaro Uribe Vélez, quien supuestamente ganó una guerra y derrotó a la insurgencia a punta de falsos positivos. Es claro que el enemigo está desplegando todo su carácter genocida y de odio contra los pobres de estos territorios, quienes acallados y olvidados, sufren la barbarie de la clase dominante.
Por la grave Crisis Humanitaria que hoy viven estos municipios convocamos a todas las organizaciones de Derechos Humanos del país, a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, a la Defensoría del Pueblo, a la Iglesia Católica a las organizaciones sociales y a la comunidad internacional a que vengan a la región, constaten y denuncien de manera directa la nefasta alianza entre disidencias, paramilitares y las fuerzas oficiales del Estado.
Fraternalmente
¡Colombia para los trabajadores!
¡Ni un paso atrás liberación o muerte!
¡Contra el imperialismo!… ¡Por la Patria!
¡Contra la oligarquía!… ¡Por el pueblo!
¡Ni rendición ni entrega, siempre junto al pueblo!
Dirección Frente de Guerra Suroccidental del ELN, Carlos Alberto Troches Zuleta
Frente guerrillero José María Becerra
Montañas y ciudades de Colombia, agosto de 2020
A la Zona de Futuro de Cauca y Nariño llegaron el mes pasado los asesores militares de EEUU que hacen parte de la Brigada SFAB, lo que ha traído la intensificación de las masacres y los asesinatos de líderes populares, exterminio que hacen aparecer como perpetrado por bandas criminales.
La parte alta y media de la cuenca del río Micay, que está conformada por los municipios del Tambo, Argelia y López de Micay, ha sufrido durante muchos años el abandono estatal y la inversión social en este territorio ha sido casi nula.
Los habitantes de estos municipios, campesinos, indígenas y afrodescendientes, abandonados por el sistema, son empujados a vivir las más difíciles condiciones de miseria, y para no dejarse morir de necesidades se han visto abocados a sembrar hoja de coca, materia prima para la fabricación de clorhidrato de cocaína, único producto que casi no tiene competencia internacional y que goza de un mercado asegurado, principalmente en Estados Unidos y Europa.
Los sembradores de hoja de coca, convirtiéndose en el primer escalón de este negocio y quienes trabajan a costos o a pérdidas; viven permanentemente sometidos y expuestos a enfermedades adquiridas por el uso de agro-tóxicos, se convierten en el principal blanco de los grupos paramilitares y bandas asociadas al narcotráfico, y para completar la fatalidad, sobre ellos recae la mayor parte de la estigmatización de este negocio y la represión de las diferentes instituciones del Estado, quienes en vez de brindar salidas dignas y protección como colombianos que son, los criminalizan, judicializan y persiguen.
A diferencia de los cultivadores de hoja, los demás escalones de este negocio, y quienes en realidad componen el narcotráfico, viven de las inmensas ganancias que deja la ilegalidad y aliados de los poderes empresariales, financieros, industriales e institucionales, tanto militares, de policía y judiciales, legalizan y ven crecer sus riquezas, mientras el primer escalón se debate en medio de la violencia, el asesinato y la miseria.
El Pacifico colombiano y, puntualmente este territorio de la cuenca del río Micay, vive también la desgracia de ser los pueblos dueños de territorios ricos en vida, recursos estratégicos y futuro, pues la llamada civilización del capital y el progreso les llega en forma de terror, muerte y desplazamiento, sometidos por la clase dominante colombiana, que se adjudica el derecho a disponer y explotar las riquezas que poseen estos territorios, ven como es destruido todo el entorno de vida que significa el territorio y con ello el aniquilamiento de sus sueños e intereses colectivos.
Utilizando como disculpa la presencia de cultivos de hoja de coca en la región, el Estado colombiano lanza una operación criminal contra los pobladores del territorio, para lo cual utiliza bandas de paramilitares apoyadas por el Ejército estatal, quienes mediante el asesinato, amenazas y abusos a los pobladores y sus dirigentes, siembran el terror y desplazan a las comunidades, acabando de esta forma con la resistencia que ofrecen las comunidades dueñas legítimas del territorio colectivo, ancestral y de vida, y que se oponen a que el Estado y los intereses del capital mundial los atropelle y les robe sus territorios y que en ellos asienten sus planes económicos, megaproyectos e infraestructura como la construcción de la vía Popayán-Guapi, la represa Arrieros del Micay y la concesión de territorios para la explotación minera, saqueo de materias primas, destrucción del medio ambiente y la posterior circulación de mercancías basura que nos venden los países industrializados y que ellos solo verán pasar.
Utilizando la crisis sanitaria producida por la pandemia, el Estado aprovechó que la mirada de los colombianos está puesta en cómo salvar su vida, en medio de la profundización de una hambruna generalizada por el abandono estatal y dependiendo de un Sistema de Salud privatizado y en permanente crisis.
El Gobierno del Presidente Duque lanza una ofensiva sobre el territorio de la cuenca del río Micay, desde el día 20 de febrero de 2020, en esta ocasión utiliza la FUDRA-4 del Ejército oficial, para que proteja la punta de lanza de la operación conformada por las bandas de paramilitares autodenominadas Carlos Patiño, Dagoberto Ramos, Jaime Martínez, conformadas principalmente por ex guerrilleros de las desmovilizadas FARC.
Mediante el terror que genera el asesinato de pobladores y sus líderes, desplaza a gran parte de las comunidades organizadas y repliega a la insurgencia que por décadas ha protegido los intereses de las gentes de estos territorios.
Con el campo despejado de resistencia y ante la mirada indiferente de los medios que desinforman y tapan esta matanza indiscriminada, hasta la fecha las bandas han asesinado a más de 15 líderes y treinta pobladores, ahora las bandas residen en los caseríos, mientras alrededor el Ejército gubernamental les brinda protección y les deja asesinar a todo el que se resiste a perder su territorio, profundizando una crisis humanitaria que amenaza con acabar con la vida de las organizaciones sociales y todo el patrimonio construido por el esfuerzo colectivo de las comunidades.
De esta barbarie lo único que sale público es la campaña de desinformación orquestada por el Gobierno, que a cada rato muestra a guerrilleros rendidos en combate como desmovilizados, a los cuales se han visto obligados a dejar en libertad, pues no les cuajó el engaño, pero públicamente de esto último no se dice nada. Por otro lado los golpes que la insurgencia le causa a las bandas, los muestran como positivos del Ejército gubernamental, tapando con esto la ya inocultable alianza que existe entre el Ejército y las bandas de paramilitares que continúan masacrando a los pobladores y líderes de la cuenca del río Micay.
Se ha convertido en mentira recurrente del régimen y vociferada por los medios, la noticia de la desmovilización permanente de integrantes del Frente guerrillero José María Becerra del ELN, para esto recurren a pasar como desmovilizados, a compañeras afectivas, familiares de guerrilleros, niños, niñas y heridos de la población civil, quienes ante el terror desatado por la amenaza de muerte por las bandas, optan por el auxilio del Ejército, quienes a cambio les exigen presentarse como desmovilizados de la guerrilla.
Todo este macabro plan busca mantenernos en los tiempos del Presidente Álvaro Uribe Vélez, quien supuestamente ganó una guerra y derrotó a la insurgencia a punta de falsos positivos. Es claro que el enemigo está desplegando todo su carácter genocida y de odio contra los pobres de estos territorios, quienes acallados y olvidados, sufren la barbarie de la clase dominante.
Por la grave Crisis Humanitaria que hoy viven estos municipios convocamos a todas las organizaciones de Derechos Humanos del país, a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, a la Defensoría del Pueblo, a la Iglesia Católica a las organizaciones sociales y a la comunidad internacional a que vengan a la región, constaten y denuncien de manera directa la nefasta alianza entre disidencias, paramilitares y las fuerzas oficiales del Estado.
Fraternalmente
¡Colombia para los trabajadores!
¡Ni un paso atrás liberación o muerte!
¡Contra el imperialismo!… ¡Por la Patria!
¡Contra la oligarquía!… ¡Por el pueblo!
¡Ni rendición ni entrega, siempre junto al pueblo!
Dirección Frente de Guerra Suroccidental del ELN, Carlos Alberto Troches Zuleta
Frente guerrillero José María Becerra
Montañas y ciudades de Colombia, agosto de 2020