Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2005-02-25
Categoría
Comunicado
Comunicado de las FARC-EP sobre el canje de prisioneros
Comunicado de las FARC-EP sobre el canje de prisioneros
1. Crecen la zozobra y razonable descontento de los familiares de los prisioneros de guerra con el Gobierno de Uribe, por congelarles la posibilidad que tenían de gestionar el Intercambio Humanitario por medio de las personalidades, la Iglesia Católica y la comunidad internacional, luego del pretendido chantaje a las FARC con la injusta extradición de Simón Trinidad a los Estados Unidos. Los familiares saben que, sin el regreso de Simón a Colombia, las posibilidades del acuerdo de canje están lejos de concretarse por culpa de Álvaro Uribe y su equipo de Gobierno.
2. Nuestra propuesta de canje de prisioneros ampliamente conocida aquí y en el exterior, permanece inmodificable. Estamos dispuestos a acudir con nuestros voceros a los municipios de Pradera y Florida, en el Valle del Cauca, una vez sean desmilitarizados, en el propósito de construir, firmar y dar cumplimiento al acuerdo; precisando que entregaremos el grupo de personas canjeables si recibimos del Gobierno la totalidad de guerrilleros y guerrilleras en su poder, incluidos Simón Trinidad, Ricardo González y Sonia.
3. Con la grotesca ley de Verdad, Justicia y Reparación o ley de Justicia y Paz, el gobierno, se propone satisfacer las exigencias de las bandas de los narco-paramilitares con sus enormes fortunas amasadas a sangre y fuego, al tiempo que cubre de impunidad sus crímenes de lesa humanidad y las responsabilidades del Estado en todos ellos, como quedó demostrado fehacientemente en el caso de Mapiripan.
La cínica propuesta de ley presentada por el gobierno en el marco de su Seguridad Democrática solo beneficia a los criminales y al Estado terrorista, instigador principal de las masacres, asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados, padecidos diariamente por centenares de pobladores, humildes de los campos y poblados de nuestra Patria.
Cualquiera sea la maniobra del actual gobierno paramilitar, por el genocidio político contra más de cinco mil integrantes de la Unión Patriótica, el Partido Comunista y otras organizaciones sociales y populares, pagarán el Estado y la Casta gobernante.
4. Las guerrillas revolucionarias de las FARC-EP tienen origen, desarrollo y actualidad en las luchas legítimas del pueblo por las desigualdades sociales, políticas, económicas y culturales, negadas por el Estado y sus gobiernos en los últimos 40 años. El intento de equiparar la razón de ser de la insurgencia, constituida en la oposición política armada contra el Estado, con las bandas de mercenarios al servicio de los intereses de la oligarquía y su Régimen gobernante es un desafuero más de quienes gobiernan en su empeño por distanciar los anhelos de paz con justicia social, soberanía e independencia de las mayorías nacionales.
5. Los futuros diálogos del nuevo Gobierno con las FARC-EP hacia la búsqueda de la paz definitiva y duradera estarán precedidos del reconocimiento de nuestra condición de organización política revolucionaria armada del pueblo, por fuera de las leyes del Régimen gobernante, donde los acuerdos deberán ser ratificados por medio de una Asamblea Nacional Constituyente.
Secretariado del Estado Mayor Central
Montañas de Colombia, febrero 25 de 2005
1. Crecen la zozobra y razonable descontento de los familiares de los prisioneros de guerra con el Gobierno de Uribe, por congelarles la posibilidad que tenían de gestionar el Intercambio Humanitario por medio de las personalidades, la Iglesia Católica y la comunidad internacional, luego del pretendido chantaje a las FARC con la injusta extradición de Simón Trinidad a los Estados Unidos. Los familiares saben que, sin el regreso de Simón a Colombia, las posibilidades del acuerdo de canje están lejos de concretarse por culpa de Álvaro Uribe y su equipo de Gobierno.
2. Nuestra propuesta de canje de prisioneros ampliamente conocida aquí y en el exterior, permanece inmodificable. Estamos dispuestos a acudir con nuestros voceros a los municipios de Pradera y Florida, en el Valle del Cauca, una vez sean desmilitarizados, en el propósito de construir, firmar y dar cumplimiento al acuerdo; precisando que entregaremos el grupo de personas canjeables si recibimos del Gobierno la totalidad de guerrilleros y guerrilleras en su poder, incluidos Simón Trinidad, Ricardo González y Sonia.
3. Con la grotesca ley de Verdad, Justicia y Reparación o ley de Justicia y Paz, el gobierno, se propone satisfacer las exigencias de las bandas de los narco-paramilitares con sus enormes fortunas amasadas a sangre y fuego, al tiempo que cubre de impunidad sus crímenes de lesa humanidad y las responsabilidades del Estado en todos ellos, como quedó demostrado fehacientemente en el caso de Mapiripan.
La cínica propuesta de ley presentada por el gobierno en el marco de su Seguridad Democrática solo beneficia a los criminales y al Estado terrorista, instigador principal de las masacres, asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados, padecidos diariamente por centenares de pobladores, humildes de los campos y poblados de nuestra Patria.
Cualquiera sea la maniobra del actual gobierno paramilitar, por el genocidio político contra más de cinco mil integrantes de la Unión Patriótica, el Partido Comunista y otras organizaciones sociales y populares, pagarán el Estado y la Casta gobernante.
4. Las guerrillas revolucionarias de las FARC-EP tienen origen, desarrollo y actualidad en las luchas legítimas del pueblo por las desigualdades sociales, políticas, económicas y culturales, negadas por el Estado y sus gobiernos en los últimos 40 años. El intento de equiparar la razón de ser de la insurgencia, constituida en la oposición política armada contra el Estado, con las bandas de mercenarios al servicio de los intereses de la oligarquía y su Régimen gobernante es un desafuero más de quienes gobiernan en su empeño por distanciar los anhelos de paz con justicia social, soberanía e independencia de las mayorías nacionales.
5. Los futuros diálogos del nuevo Gobierno con las FARC-EP hacia la búsqueda de la paz definitiva y duradera estarán precedidos del reconocimiento de nuestra condición de organización política revolucionaria armada del pueblo, por fuera de las leyes del Régimen gobernante, donde los acuerdos deberán ser ratificados por medio de una Asamblea Nacional Constituyente.
Secretariado del Estado Mayor Central
Montañas de Colombia, febrero 25 de 2005