Ante las recurrentes extradiciones masivas de colombianos a los Estados Unidos, peligrosamente incrementadas durante este gobierno, acudimos a ustedes en procura de información concreta sobre esta abominable práctica violatoria de nuestra soberanía que afecta la nación y ofende la dignidad de las mayorías.
Conviene conocer del Congreso, su postura política pública de célula legislativa frente a la extradición de nuestros nacionales acusados de traficar con drogas ilícitas. Se carece de ilustración completa y detallada sobre proyectos de leyes que bien pueden estar cursando en el Parlamento en defensa y protección de los derechos de los extraditados y sus familias.
El gobierno actual convirtió la ley de extradición en instrumento de castigo político, escarnio público y vulgar chantaje para los opositores y detractores de sus prácticas dictatoriales de gobernar.
Corresponde al Congreso estudiar, promulgar y aprobar leyes que impidan las extradiciones, porque al paso que vamos próximamente extraditarán con cualquier excusa a los sindicalistas, campesinos, parlamentarios, maestros, militares, policías, guerrilleros, indígenas y líderes políticos, inconformes con las consecuencias del modelo neoliberal expresadas en hambre, pobreza, miseria, desempleo, bajos salarios, altos impuestos, carencias en salud, educación, vivienda, agua potable, vías de comunicación, reforma agraria; profundizadas por la corrupción administrativa, la politiquería, el terrorismo de Estado, la política paramilitar, el narcotráfico y la permanente intromisión de los Estados Unidos en nuestro conflicto interno. No faltará el sapo pago que sindique a cualquier persona de narcotraficante, terrorista o secuestro para justificar la extradición.
Como saben en las FARC-EP, por principio y ética revolucionaria nos oponemos a la extradición de nuestros compatriotas, sin distingos de ninguna clase. La extradición vulnera flagrantemente los derechos elementales de nuestro pueblo y la soberanía de la Patria.
Consideramos que el Parlamento está en la obligación moral con su pueblo de impedir la extradición de nacionales sin exclusión alguna, mediante el pago aquí en Colombia de las penas por los delitos dispuestos en sus leyes. Lo contrario es renunciar a su propia soberanía y aceptar indiscutible incapacidad de proferir castigo ejemplar a los infractores de las normas establecidas por los entes gubernamentales.
Atentamente,
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP