Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2005-06-01
Categoría
Comunicado
Comunicado de los Bloques Oriental y Sur de las FARC-EP
Comunicado de los Bloques Oriental y Sur de las FARC-EP
El Presidente Uribe Vélez continúa arrastrando al país hacia un abismo sin retorno. Su política neoliberal de entrega y puertas abiertas sigue como un huracán arrasando con nuestra maltrecha economía, donde el TLC. (tratado de libre comercio) con los Estados Unidos, será el tiro de gracia que acabará por fin con la poca industrialización del país, donde la peor parte le tocará al sector agrícola; al mismo tiempo y con fidelidad robótica el señor Presidente cumple con las imposiciones del Fondo Monetario Internacional; entrega nuestra soberanía a los Estados Unidos y permite que el vecino del norte cada día intervenga de la forma más desvergonzada en los asuntos internos de nuestro país, donde el presidente Uribe se desempeña como el mayordomo de la finca, que en este caso es Colombia; los colombianos comunes y corrientes son los peones de oficio, y ellos, los gringos, actúan como los verdaderos propietarios de la finca; donde el servil mayordomo pone los intereses de su amo, por encima del interés nacional.
Nunca antes la situación del pueblo había sido tan crítica: el desempleo sigue con su línea ascendente, donde el rebusque es la única tabla salvavidas de algunos. Para colmo de males, analistas económicos reconocen que la economía del país ha entrado en una etapa de franco deterioro, donde la recesión impide la generación de empleos. Estadísticas diferentes al DANE hablan de que en Colombia mas de 28 millones de compatriotas están viviendo por debajo de los índices de pobreza, es decir, están en la miseria; cada día los colombianos son gravados con más y nuevos impuestos indirectos, para la guerra; mientras el Estado, de hecho, ha renunciado a la protección y seguridad social que le debe a sus gobernados, concretamente, al pueblo trabajador: los hospitales cerrados por falta de presupuestos, los centros de educación popular están corriendo igual suerte, los servicios públicos deficientes como siempre e impagables como nunca.
Agregándole a todo esto, el aumento de la gasolina por enésima vez, lo que automáticamente se refleja en el costo de todos los productos, comenzando por los artículos de primera necesidad, lo que significa un nuevo y duro golpe a la pobre capacidad adquisitiva del colombiano común. El campo, como siempre, sigue sumido en su secular abandono, donde el campesino para no morirse de hambre, no le queda otra opción de vida, que ir a engrosar los cordones de miseria en las grandes ciudades, viendo desintegrar su familia; donde algunos de sus miembros para poder subsistir, se ven obligados a entrar en las redes de la delincuencia común o de la prostitución, debido a que sus pequeños cultivos de plátano, yuca, caña, arroz, cacao, etc., y sus animales domésticos, base de su propio sostenimiento, fueron acabados por la fumigación indiscriminada del glifosato y la falta de atención por parte del Estado.
La corrupción no solo sigue intacta, sino, que se ha profundizado durante la administración Uribe, hasta tal punto, que dos grandes corruptos, Name Terán y Alberto Santofimio Botero, se convirtieron en asesores de cabecera del ¡incorruptible! Presidente. La politiquería y el clientelismo han alcanzado en manos del señor Uribe su máxima expresión, como instrumentos para comprar y sobornar conciencias: embajadas y altos cargos en el exterior, por favores al señor de palacio o por votos amarrados para el mismo destinatario.
Las libertades individuales cada día más desdibujadas, la prensa amordazada unas veces y otras, manipulada, en ambos casos el presidente llama folclóricamente a esto: ¡autocensura!. El Terrorismo de Estado sigue cobrando victimas selectivas dentro del sindicalismo (sobretodo en el Atlántico) y demás organizaciones populares, por el único delito de disentir en público de las políticas gobiernistas. El presidente Álvaro Uribe se apropio de la frase pronunciada por el presidente Bush, después de los tristes sucesos del 11 de septiembre en los Estados Unidos, cuando dijo: ¡el que no esté conmigo esta contra mi!. Esta expresión llena de intolerancia es la brújula que rige todos los actos del primer mandatario colombiano, convirtiendo a todas aquellas organizaciones que han visto algunos de sus actos de gobierno con sentido critico, como enemigas y peligrosas para la estabilidad institucional del país, y hasta las ha calificado de subversivas, poniéndoles a sus integrantes la lápida al cuello, para que los paramilitares estatales aprieten el gatillo. Es el caso con las distintas ONGs para la defensa de los derechos humanos.
La entrega de nuestros connacionales a los Estados Unidos, para que sean juzgados en este país, no importa que sean culpables o inocentes del delito que se les acusa, es el pan de cada día, con el agravante, que el señor presidente convirtió la extradición en un arma política para chantajear, quebrar la voluntad de lucha y hacer renunciar de los principios revolucionarios a los opositores del actual régimen político, como son los casos de Simón Trinidad y Sonia. Ambos, al igual que antes, siguen siendo indoblegables revolucionarios. Los únicos con los que el señor presidente ha demostrado mas de una vez, que verdaderamente él tiene el ¡corazón grande!, pero solamente para ellos, es con los protagonistas de San José de Ralito, en cabeza de Mancusso, los Castaño y don Berna, envueltos todos en un gigantes manto de impunidad. Este manto ha sido tejido por la mano maestra y cómplice del presidente Uribe y su hermano Santiago, con asesoría para la impunidad, del fiscal general de la nación Luís Camilo Osorio. Lo anterior explica, el porque el jefe del Estado colombiano Álvaro Uribe Vélez asume una posición contradictoria con relación al delito político. Por un lado niega la existencia del conflicto social y armado que por más de 40 años vive el país, para luego deducir de esta falsa afirmación, que en Colombia no hay conflicto interno, y por lo tanto, a los guerrilleros no se les puede considerar delincuentes políticos, sino simplemente terroristas. Por esta razón su gobierno no reconoce, ni acata los convenios internacionales sobre este tema. Pero presenta un proyecto de ley al Congreso para la reincorporación de sus paramilitares a la vida civil, el que ya para vergüenza nacional fue aprobado por la bancada uribista y unos cuantos conservadores, donde les da el reconocimiento de delincuentes políticos.
Esta ley se llama de ¿justicia y paz?, y paradójicamente por su contenido no expresa ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario: impunidad y guerra. La aprobación de esta ley dejo al descubierto a la mayoría de los congresistas comprometidos con el Paramilitarismo de Estado y ratifico lo que dijo recientemente en el Congreso la uribista Yina Parody, de que la representación paramilitar en el parlamento no era del 35 por ciento, sino del 70. Esta ley de justicia y paz, fue aprobada con el único objetivo de legalizar el paramilitarismo. Sin embargo, sus promotores (representantes del gobierno Uribe) para justificarla, le han dicho al país, que los beneficios de esta ley se extenderán también a la guerrilla. Al respecto, las FARC-EP ratifican, lo que ya dijeron en comunicado público, firmado por el secretariado nacional, de que: ninguna de las leyes aprobadas por el Congreso para veneficiar al paramilitarismo, le servirán a la insurgencia. Para la insurgencia se hará necesaria una nueva legislación. A raíz de la aprobación de esta ley, la confederación internacional para la defensa de los derechos humanos puso una demanda ante la corte penal internacional contra el señor presidente de la república Álvaro Uribe Vélez, el fiscal general de la nación Luís Camilo Osorio y algunos altos mandos de la cúpula militar por propiciar y permitir tanta impunidad a los paramilitares, entre los que se cuentan decenas de crímenes de lesa humanidad.
Invitamos a todos los colombianos que de una u otra manera están luchando por cambiar las costumbres políticas del país, a cerrar filas como un solo hombre, para evitar que el paramilitar Álvaro Uribe Vélez sea reelegido nuevamente en el 2006.
Partes de guerra:
Los combates en el sur del país continúan, como resultado de la resistencia al Plan Patriota. Mensualmente se presentan un promedio de 150 enfrentamientos, el mas reciente fue en el departamento del Putumayo el 25 del presente mes, donde unidades de las FARC-EP incumplimiento del plan Héctor Ramírez, a las 11:00 horas atacaron la Base del Batallón número 11 acantonado en el corregimiento de Teteye, comprensión del municipio de Puerto Asís. La base estaba compuesta por 300 soldados, se dividió un pelotón y se copo; simultáneamente se atacaron las bases del Porvenir, la de Colon y la de antinarcóticos en San Miguel. Se dinamito el ferry de puerto Vega y se realizaron 80 voladuras del tubo tras andino y 17 al tubo entre Colon y la Dorada. Se destruyeron todas las instalaciones de ECOPETROL en Teteye, incluyendo 11 tanques de almacenamiento para el crudo.
Resultados: 50 militares muertos, entre ellos 4 suboficiales y un número indeterminado de heridos.
Material de guerra recuperado: 19 fusiles Galíl 5.56, una ametralladora M-60 tipo comando y un cañón de reserva para la misma, 1 mortero de 60 MM, 1 MGL, 1 radio PRC, 4 cintas para la ametralladora, 27 proveedores, 6 granadas de mano, 600 cartuchos 5.56, 11 equipos de campaña con material de intendencia.
Estado Mayor de los Bloques Oriental y Sur, montañas de Colombia, junio de 2005.
El Presidente Uribe Vélez continúa arrastrando al país hacia un abismo sin retorno. Su política neoliberal de entrega y puertas abiertas sigue como un huracán arrasando con nuestra maltrecha economía, donde el TLC. (tratado de libre comercio) con los Estados Unidos, será el tiro de gracia que acabará por fin con la poca industrialización del país, donde la peor parte le tocará al sector agrícola; al mismo tiempo y con fidelidad robótica el señor Presidente cumple con las imposiciones del Fondo Monetario Internacional; entrega nuestra soberanía a los Estados Unidos y permite que el vecino del norte cada día intervenga de la forma más desvergonzada en los asuntos internos de nuestro país, donde el presidente Uribe se desempeña como el mayordomo de la finca, que en este caso es Colombia; los colombianos comunes y corrientes son los peones de oficio, y ellos, los gringos, actúan como los verdaderos propietarios de la finca; donde el servil mayordomo pone los intereses de su amo, por encima del interés nacional.
Nunca antes la situación del pueblo había sido tan crítica: el desempleo sigue con su línea ascendente, donde el rebusque es la única tabla salvavidas de algunos. Para colmo de males, analistas económicos reconocen que la economía del país ha entrado en una etapa de franco deterioro, donde la recesión impide la generación de empleos. Estadísticas diferentes al DANE hablan de que en Colombia mas de 28 millones de compatriotas están viviendo por debajo de los índices de pobreza, es decir, están en la miseria; cada día los colombianos son gravados con más y nuevos impuestos indirectos, para la guerra; mientras el Estado, de hecho, ha renunciado a la protección y seguridad social que le debe a sus gobernados, concretamente, al pueblo trabajador: los hospitales cerrados por falta de presupuestos, los centros de educación popular están corriendo igual suerte, los servicios públicos deficientes como siempre e impagables como nunca.
Agregándole a todo esto, el aumento de la gasolina por enésima vez, lo que automáticamente se refleja en el costo de todos los productos, comenzando por los artículos de primera necesidad, lo que significa un nuevo y duro golpe a la pobre capacidad adquisitiva del colombiano común. El campo, como siempre, sigue sumido en su secular abandono, donde el campesino para no morirse de hambre, no le queda otra opción de vida, que ir a engrosar los cordones de miseria en las grandes ciudades, viendo desintegrar su familia; donde algunos de sus miembros para poder subsistir, se ven obligados a entrar en las redes de la delincuencia común o de la prostitución, debido a que sus pequeños cultivos de plátano, yuca, caña, arroz, cacao, etc., y sus animales domésticos, base de su propio sostenimiento, fueron acabados por la fumigación indiscriminada del glifosato y la falta de atención por parte del Estado.
La corrupción no solo sigue intacta, sino, que se ha profundizado durante la administración Uribe, hasta tal punto, que dos grandes corruptos, Name Terán y Alberto Santofimio Botero, se convirtieron en asesores de cabecera del ¡incorruptible! Presidente. La politiquería y el clientelismo han alcanzado en manos del señor Uribe su máxima expresión, como instrumentos para comprar y sobornar conciencias: embajadas y altos cargos en el exterior, por favores al señor de palacio o por votos amarrados para el mismo destinatario.
Las libertades individuales cada día más desdibujadas, la prensa amordazada unas veces y otras, manipulada, en ambos casos el presidente llama folclóricamente a esto: ¡autocensura!. El Terrorismo de Estado sigue cobrando victimas selectivas dentro del sindicalismo (sobretodo en el Atlántico) y demás organizaciones populares, por el único delito de disentir en público de las políticas gobiernistas. El presidente Álvaro Uribe se apropio de la frase pronunciada por el presidente Bush, después de los tristes sucesos del 11 de septiembre en los Estados Unidos, cuando dijo: ¡el que no esté conmigo esta contra mi!. Esta expresión llena de intolerancia es la brújula que rige todos los actos del primer mandatario colombiano, convirtiendo a todas aquellas organizaciones que han visto algunos de sus actos de gobierno con sentido critico, como enemigas y peligrosas para la estabilidad institucional del país, y hasta las ha calificado de subversivas, poniéndoles a sus integrantes la lápida al cuello, para que los paramilitares estatales aprieten el gatillo. Es el caso con las distintas ONGs para la defensa de los derechos humanos.
La entrega de nuestros connacionales a los Estados Unidos, para que sean juzgados en este país, no importa que sean culpables o inocentes del delito que se les acusa, es el pan de cada día, con el agravante, que el señor presidente convirtió la extradición en un arma política para chantajear, quebrar la voluntad de lucha y hacer renunciar de los principios revolucionarios a los opositores del actual régimen político, como son los casos de Simón Trinidad y Sonia. Ambos, al igual que antes, siguen siendo indoblegables revolucionarios. Los únicos con los que el señor presidente ha demostrado mas de una vez, que verdaderamente él tiene el ¡corazón grande!, pero solamente para ellos, es con los protagonistas de San José de Ralito, en cabeza de Mancusso, los Castaño y don Berna, envueltos todos en un gigantes manto de impunidad. Este manto ha sido tejido por la mano maestra y cómplice del presidente Uribe y su hermano Santiago, con asesoría para la impunidad, del fiscal general de la nación Luís Camilo Osorio. Lo anterior explica, el porque el jefe del Estado colombiano Álvaro Uribe Vélez asume una posición contradictoria con relación al delito político. Por un lado niega la existencia del conflicto social y armado que por más de 40 años vive el país, para luego deducir de esta falsa afirmación, que en Colombia no hay conflicto interno, y por lo tanto, a los guerrilleros no se les puede considerar delincuentes políticos, sino simplemente terroristas. Por esta razón su gobierno no reconoce, ni acata los convenios internacionales sobre este tema. Pero presenta un proyecto de ley al Congreso para la reincorporación de sus paramilitares a la vida civil, el que ya para vergüenza nacional fue aprobado por la bancada uribista y unos cuantos conservadores, donde les da el reconocimiento de delincuentes políticos.
Esta ley se llama de ¿justicia y paz?, y paradójicamente por su contenido no expresa ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario: impunidad y guerra. La aprobación de esta ley dejo al descubierto a la mayoría de los congresistas comprometidos con el Paramilitarismo de Estado y ratifico lo que dijo recientemente en el Congreso la uribista Yina Parody, de que la representación paramilitar en el parlamento no era del 35 por ciento, sino del 70. Esta ley de justicia y paz, fue aprobada con el único objetivo de legalizar el paramilitarismo. Sin embargo, sus promotores (representantes del gobierno Uribe) para justificarla, le han dicho al país, que los beneficios de esta ley se extenderán también a la guerrilla. Al respecto, las FARC-EP ratifican, lo que ya dijeron en comunicado público, firmado por el secretariado nacional, de que: ninguna de las leyes aprobadas por el Congreso para veneficiar al paramilitarismo, le servirán a la insurgencia. Para la insurgencia se hará necesaria una nueva legislación. A raíz de la aprobación de esta ley, la confederación internacional para la defensa de los derechos humanos puso una demanda ante la corte penal internacional contra el señor presidente de la república Álvaro Uribe Vélez, el fiscal general de la nación Luís Camilo Osorio y algunos altos mandos de la cúpula militar por propiciar y permitir tanta impunidad a los paramilitares, entre los que se cuentan decenas de crímenes de lesa humanidad.
Invitamos a todos los colombianos que de una u otra manera están luchando por cambiar las costumbres políticas del país, a cerrar filas como un solo hombre, para evitar que el paramilitar Álvaro Uribe Vélez sea reelegido nuevamente en el 2006.
Partes de guerra:
Los combates en el sur del país continúan, como resultado de la resistencia al Plan Patriota. Mensualmente se presentan un promedio de 150 enfrentamientos, el mas reciente fue en el departamento del Putumayo el 25 del presente mes, donde unidades de las FARC-EP incumplimiento del plan Héctor Ramírez, a las 11:00 horas atacaron la Base del Batallón número 11 acantonado en el corregimiento de Teteye, comprensión del municipio de Puerto Asís. La base estaba compuesta por 300 soldados, se dividió un pelotón y se copo; simultáneamente se atacaron las bases del Porvenir, la de Colon y la de antinarcóticos en San Miguel. Se dinamito el ferry de puerto Vega y se realizaron 80 voladuras del tubo tras andino y 17 al tubo entre Colon y la Dorada. Se destruyeron todas las instalaciones de ECOPETROL en Teteye, incluyendo 11 tanques de almacenamiento para el crudo.
Resultados: 50 militares muertos, entre ellos 4 suboficiales y un número indeterminado de heridos.
Material de guerra recuperado: 19 fusiles Galíl 5.56, una ametralladora M-60 tipo comando y un cañón de reserva para la misma, 1 mortero de 60 MM, 1 MGL, 1 radio PRC, 4 cintas para la ametralladora, 27 proveedores, 6 granadas de mano, 600 cartuchos 5.56, 11 equipos de campaña con material de intendencia.
Estado Mayor de los Bloques Oriental y Sur, montañas de Colombia, junio de 2005.