Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2021-06-10
Categoría
Comunicado
República mexicana, a 10 de junio de 2021
AL PUEBLO DE MÉXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POPULARES Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
Este diez de junio se cumplen cincuenta años de la masacre cometida contra el movimiento estudiantil y pueblo solidario, en el entonces Departamento del Distrito Federal (DDF), hecho conocido como el “halconazo”; crimen de Estado que hasta la actualidad se mantiene impune como sello distintivo de la naturaleza del Estado mexicano que desde su origen, desarrollo y actualidad transita por los intereses de clase burgueses y por la criminalidad contra el pueblo.
A pesar de que la responsabilidad del Estado y de sus entonces personeros quedó probada y reconocida en el cometido de la masacre, desaparición forzada, ejecución de heridos en hospitales, tortura, y presos políticos, la justicia para las víctimas nunca ha llegado; los verdugos que ejecutaron el crimen fueron premiados y reubicados en las estructuras criminales de Estado y lo mismo sucedió con los responsables intelectuales que hasta la fecha se mantienen impunes. Con el paso del tiempo, desde la institucionalidad se le ha apostado al olvido para diluir el hecho histórico y garantizar impunidad a los responsables, un mecanismo que hasta la fecha da vida y cubre con el manto de la impunidad a viejos y nuevos crímenes y criminales de Estado; es el modus operandi de la criminalidad del Estado mexicano que sólo en el discurso reconoce “los hechos lamentables de la historia” pero en la práctica mantiene vigente la maquinaria represiva de Estado, que se nutre y perfecciona con la experiencia que ha significado el cometido de múltiples crímenes de Estado en el pasado para sofocar la voluntad popular de combatir.
Con esta actitud y política de Estado, los crímenes cometidos el diez de junio de 1971 se perpetuán y vuelve cómplice a cada administración que arriba sexenio tras sexenio, porque a pesar del clamor histórico popular en la exigencia por juicio y castigo a los responsables, desde el Ejecutivo, el Legislativo y el poder Judicial se han dedicado a garantizar impunidad en éste y en muchos otros crímenes de Estado, es el actuar que caracteriza la funcionalidad del Estado en sus tres poderes sin importar las siglas partidarias.
La represión y los crímenes de Estado han sido el signo distintivo de la política gubernamental en México, no hay sexenio que esté exento de ello en la historia contemporánea del país, sin importar la filiación política que represente a la administración en turno, un hecho los identifica: la impunidad que otorga la institucionalidad burguesa a los criminales de Estado.
Luis Echeverría Álvarez, presidente de México en 1971, jurídicamente exonerado de toda responsabilidad en 2009 por “falta de evidencia tangible”; Hermenegildo Cuenca Díaz, secretario de la Defensa Nacional; Coronel Manuel Díaz Escobar, subdirector de servicios generales del entonces DDF, general Alfonso Corona del Rosal con larga experiencia en la creación de cuerpos represivos y de grupos paramilitares, Alfonso Martínez Domínguez Regente del DDF y demás jefes militares y policíacos responsables, se les garantizó completa impunidad y en no pocos casos se les aseguró futuro a su estirpe en las estructuras represivas, ejemplo de ello es Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, nieto e hijo de criminales de Estado de esta naturaleza.
Si en los crímenes del pasado contra el pueblo, los responsables han sido jurídicamente exonerados bajo argumentos de todo tipo, en la actualidad tal proceder sigue vigente, el caso de nuestros compañeros Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya y el múltiple crimen cometido contra los normalistas de Ayotzinapa son vivo ejemplo.
Los crímenes cometidos contra el Frente Popular en Defensa de la Tierra de Atenco, en el Estado de México; la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, en Oaxaca; la desaparición forzada de nuestros compañeros Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, en la ciudad de Oaxaca, así como la de los normalistas de Ayotzinapa en Guerrero; la masacre contra pobladores de Nochixtlán, Oaxaca, entre muchos otros, son muestra palpable de la política criminal gubernamental contra el pueblo que se extiende desde el pasado hasta la actualidad.
Desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, presos políticos, desplazados forzados, la tortura como método de investigación policíaca y represión, son crímenes que se exponencian sexenio tras sexenio como datos palpables de una misma política transexenal de carácter represivo y antipopular. ¿A cuántos criminales de Estado se les ha enjuiciado y castigado en administraciones pasadas y en la actual? A ninguno, por el contrario, se les protege y premia con ascensos y reconocimientos; exprocuradores, exgobernadores, generales, expresidentes, elementos policíacos y militares de diferente rango y una larga lista de criminales de Estado, gozan de total impunidad.
No existe diferencia en la esencia de la política de gobierno de pasadas administraciones con la actual, ésta, otorga perdón a los responsables materiales e intelectuales de los innumerables crímenes de Estado contra el pueblo que se han cometido desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad; se esfuerza denodadamente para que el pueblo perdone y olvide estos actos deleznables.
En la política de lavar la imagen del ejército, principal instrumento de represión contra el pueblo, se incurre en la aberración histórica de rendir homenaje a las víctimas a través de sus victimarios, con dicho acto se les revictimiza ya que el ejército ha sido el ejecutor de la violencia de clase.
Un hecho se confirma, la estructura policíaco militar encargada de planificar y ejecutar la represión contra el pueblo organizado-movilizado es la misma; militares, marinos, policías y paramilitares, todos obedecen a la misma política del Estado mexicano, de ésta el jefe supremo de las fuerzas armadas, igual que en el pasado, siempre está enterado y es el que avala cada acto represivo.
La masacre del diez de junio, así como otros crímenes de Estado cometidos contra el pueblo, jamás deben ser olvidados, mucho menos perdonarse, constituyen un llamado a redoblar esfuerzos en la exigencia de justicia para las víctimas y castigo a los criminales de Estado. Si la justicia no emana de las instituciones burguesas, los oprimidos y explotados tienen el legítimo e inalienable derecho de ejercer la justicia popular.
¡PERDÓN, NUNCA! ¡OLVIDO, JAMÁS!
¡JUICIO Y CASTIGO A LOS CRIMINALES DE ESTADO!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!
COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
Año 57
República mexicana, a 10 de junio de 2021
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POPULARES Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
Este diez de junio se cumplen cincuenta años de la masacre cometida contra el movimiento estudiantil y pueblo solidario, en el entonces Departamento del Distrito Federal (DDF), hecho conocido como el “halconazo”; crimen de Estado que hasta la actualidad se mantiene impune como sello distintivo de la naturaleza del Estado mexicano que desde su origen, desarrollo y actualidad transita por los intereses de clase burgueses y por la criminalidad contra el pueblo.
A pesar de que la responsabilidad del Estado y de sus entonces personeros quedó probada y reconocida en el cometido de la masacre, desaparición forzada, ejecución de heridos en hospitales, tortura, y presos políticos, la justicia para las víctimas nunca ha llegado; los verdugos que ejecutaron el crimen fueron premiados y reubicados en las estructuras criminales de Estado y lo mismo sucedió con los responsables intelectuales que hasta la fecha se mantienen impunes. Con el paso del tiempo, desde la institucionalidad se le ha apostado al olvido para diluir el hecho histórico y garantizar impunidad a los responsables, un mecanismo que hasta la fecha da vida y cubre con el manto de la impunidad a viejos y nuevos crímenes y criminales de Estado; es el modus operandi de la criminalidad del Estado mexicano que sólo en el discurso reconoce “los hechos lamentables de la historia” pero en la práctica mantiene vigente la maquinaria represiva de Estado, que se nutre y perfecciona con la experiencia que ha significado el cometido de múltiples crímenes de Estado en el pasado para sofocar la voluntad popular de combatir.
Con esta actitud y política de Estado, los crímenes cometidos el diez de junio de 1971 se perpetuán y vuelve cómplice a cada administración que arriba sexenio tras sexenio, porque a pesar del clamor histórico popular en la exigencia por juicio y castigo a los responsables, desde el Ejecutivo, el Legislativo y el poder Judicial se han dedicado a garantizar impunidad en éste y en muchos otros crímenes de Estado, es el actuar que caracteriza la funcionalidad del Estado en sus tres poderes sin importar las siglas partidarias.
La represión y los crímenes de Estado han sido el signo distintivo de la política gubernamental en México, no hay sexenio que esté exento de ello en la historia contemporánea del país, sin importar la filiación política que represente a la administración en turno, un hecho los identifica: la impunidad que otorga la institucionalidad burguesa a los criminales de Estado.
Luis Echeverría Álvarez, presidente de México en 1971, jurídicamente exonerado de toda responsabilidad en 2009 por “falta de evidencia tangible”; Hermenegildo Cuenca Díaz, secretario de la Defensa Nacional; Coronel Manuel Díaz Escobar, subdirector de servicios generales del entonces DDF, general Alfonso Corona del Rosal con larga experiencia en la creación de cuerpos represivos y de grupos paramilitares, Alfonso Martínez Domínguez Regente del DDF y demás jefes militares y policíacos responsables, se les garantizó completa impunidad y en no pocos casos se les aseguró futuro a su estirpe en las estructuras represivas, ejemplo de ello es Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, nieto e hijo de criminales de Estado de esta naturaleza.
Si en los crímenes del pasado contra el pueblo, los responsables han sido jurídicamente exonerados bajo argumentos de todo tipo, en la actualidad tal proceder sigue vigente, el caso de nuestros compañeros Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya y el múltiple crimen cometido contra los normalistas de Ayotzinapa son vivo ejemplo.
Los crímenes cometidos contra el Frente Popular en Defensa de la Tierra de Atenco, en el Estado de México; la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, en Oaxaca; la desaparición forzada de nuestros compañeros Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, en la ciudad de Oaxaca, así como la de los normalistas de Ayotzinapa en Guerrero; la masacre contra pobladores de Nochixtlán, Oaxaca, entre muchos otros, son muestra palpable de la política criminal gubernamental contra el pueblo que se extiende desde el pasado hasta la actualidad.
Desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, presos políticos, desplazados forzados, la tortura como método de investigación policíaca y represión, son crímenes que se exponencian sexenio tras sexenio como datos palpables de una misma política transexenal de carácter represivo y antipopular. ¿A cuántos criminales de Estado se les ha enjuiciado y castigado en administraciones pasadas y en la actual? A ninguno, por el contrario, se les protege y premia con ascensos y reconocimientos; exprocuradores, exgobernadores, generales, expresidentes, elementos policíacos y militares de diferente rango y una larga lista de criminales de Estado, gozan de total impunidad.
No existe diferencia en la esencia de la política de gobierno de pasadas administraciones con la actual, ésta, otorga perdón a los responsables materiales e intelectuales de los innumerables crímenes de Estado contra el pueblo que se han cometido desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad; se esfuerza denodadamente para que el pueblo perdone y olvide estos actos deleznables.
En la política de lavar la imagen del ejército, principal instrumento de represión contra el pueblo, se incurre en la aberración histórica de rendir homenaje a las víctimas a través de sus victimarios, con dicho acto se les revictimiza ya que el ejército ha sido el ejecutor de la violencia de clase.
Un hecho se confirma, la estructura policíaco militar encargada de planificar y ejecutar la represión contra el pueblo organizado-movilizado es la misma; militares, marinos, policías y paramilitares, todos obedecen a la misma política del Estado mexicano, de ésta el jefe supremo de las fuerzas armadas, igual que en el pasado, siempre está enterado y es el que avala cada acto represivo.
La masacre del diez de junio, así como otros crímenes de Estado cometidos contra el pueblo, jamás deben ser olvidados, mucho menos perdonarse, constituyen un llamado a redoblar esfuerzos en la exigencia de justicia para las víctimas y castigo a los criminales de Estado. Si la justicia no emana de las instituciones burguesas, los oprimidos y explotados tienen el legítimo e inalienable derecho de ejercer la justicia popular.
¡PERDÓN, NUNCA! ¡OLVIDO, JAMÁS!
¡JUICIO Y CASTIGO A LOS CRIMINALES DE ESTADO!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!
COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
Año 57
República mexicana, a 10 de junio de 2021