República Mexicana, 11 de julio de 1996

ACLARACIÓN


1.- El día 8 de julio a las 20:00 horas, incursionó en la cabecera municipal de Teloloapan, Gro, Méx., un destacamento del EPR para realizar una nueva acción de propaganda armada revolucionaria, repartiendo el Manifiesto de Aguas Blancas y convocando al pueblo a incorporarse a la lucha por la transformación democrática revolucionaria del país. Una vez realizada dicha acción nuestra unidad militar se replegó a sus posiciones sin novedad.

La versión difundida en algunos medios de comunicación con respecto a dicha acción, en el sentido de que nuestros combatientes se apoderaron de dinero y pertenencias del pueblo en este lugar, es absolutamente falsa y constituye un burdo intento gubernamental por desacreditarnos.

Aclaramos que nuestro ejército se debe al pueblo y en ningún momento hemos atentado contra éste; el EPR se rige por un reglamento que sanciona cualquier infracción a sus normas y principios.

2.- Respecto a la detención de 8 supuestos integrantes del EPR, declaramos:

- Ninguno de nuestros combatientes ha sido capturado. Los 4 ciudadanos secuestrados y torturados por el ejército federal y presentados el 9 de julio ante la Procuraduría General de la República, son campesinos cuya desaparición había sido denunciada públicamente por sus familiares desde los días 3 y 4 de julio. Los otros cuatro ciudadanos detenidos por la policía judicial del estado el 10 de los corrientes, forman parte de la población civil y no tienen ninguna vinculación con nuestro ejército.

- La circunstancial localización de un depósito táctico utilizado por el EPR desde hace 2 años, permitió al ejército federal incautar material y equipo nuestro.

- La presentación de este equipo y material junto con los 4 primeros ciudadanos mencionados revela la sucia práctica gubernamental de fabricar culpables. Ayer les sembraron armas a los masacrados de Aguas Blancas, hoy a los detenidos les siembran uniformes, distintivos y armas del EPR inculpándolos, para así ocultar la ineficacia del ejército federal y pretender justificar la gran movilización militar y policiaca desplegada en esta región y en distintos puntos del país.

3.- Ningún combatiente del EPR recibe sueldo alguno, ya que su participación obedece a una decisión voluntaria y consciente, el sustento de nuestro ejército lo constituye el apoyo del pueblo.

4.- Negamos categóricamente cualquier relación con narcotraficantes y bandas de delincuentes, como de manera dolosa pretende hacer creer el gobierno al pueblo, mucho menos con grupos de poder gubernamental como otros lo han insinuado. El gobierno pretende descalificar a nuestro ejército, negando su carácter insurgente, justo y legítimo, señalándolo como grupo delictivo, lo cual contrasta con el enorme despliegue militar que lleva a cabo para aniquilarnos. Este hecho expresa por una parte, el temor gubernamental ante los síntomas de liberación de una sociedad oprimida y mantenida como rehén por el ejército federal y el gobierno antipopular y, por otra, la necesaria unidad y organización que la sociedad requiere para detener la impunidad, la opresión y la represión que ejerce el Estado policiaco militar.

5.- El gobierno federal y la oligarquía mexicana tienen una deuda con el pueblo guerrerense, que se expresa en los cientos de asesinados y más de 600 desaparecidos políticos, que constituyen una herida abierta en el corazón del pueblo mexicano. En el conflicto actual, los organismos no gubernamentales de derechos humanos deben exigir al gobierno federal respete de manera irrestricta las garantías individuales de la población civil y la no comisión de crímenes de guerra.

6.- Hoy se recrudece la guerra no declarada que lleva a cabo el gobierno antipopular en contra del pueblo y lejos de resolver las causas que dan origen a la lucha revolucionaria, la respuesta del Estado es intensificar la represión en un intento por acabar con los efectos de su política, lo cual confirma lo legítimo y acertado de nuestra decisión de apelar al recurso de las armas para coadyuvar a modificar el actual orden social existente.

7.- El EPR asume totalmente la responsabilidad de su aparición pública el 28 de junio en el acto de Aguas Blancas. También se deslinda de personalidades democráticas y de organizaciones sociales y políticas que siempre se han manifestado en los marcos constitucionales.

8.- Exigimos al gobierno federal y estatal no usar como pretexto nuestra existencia y accionar para seguir reprimiendo por medio del ejército federal y cuerpos policiacos al pueblo, como lo ha hecho desde antes de nuestro surgimiento e irrupción.

Ningún ciudadano debe permanecer impasible ante la militarización del país. Debe liberarse del temor a la sombra siniestra que proyecta sobre la nación el ejército federal, al cual pocos se han atrevido a cuestionar, manteniéndose éste impune e intocable, cuando todos sabemos que es el principal responsable de dirigir y ejecutar la guerra sucia contra el pueblo, manteniendo particularmente en el estado de Guerrero la militarización por más de 20 años.

Ante la militarización, represión, secuestro, tortura, encarcelamiento y asesinatos que el gobierno da como respuesta a las demandas populares de justicia, democracia y libertad se requiere en estos momentos la más amplia movilización política de la sociedad para detener esta escalada represiva, así como conservar, ampliar y defender los espacios políticos conquistados por la lucha del pueblo mexicano; intensificar la labor política que permita la incorporación de todo el pueblo a la lucha democrática revolucionaria y recuperar la patria soberana.

Hacemos un llamado a todos los organismos no gubernamentales, nacionales e internacionales a intervenir para constatar y denunciar la violación de los derechos humanos de la población civil y exijan al gobierno el cumplimiento de los acuerdos de Ginebra en lo que se refiere al trato de la población civil en las zonas de conflicto.

¡CON LA LUCHA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!

Comandancia General del EPR

República Mexicana, a 11 de julio de 1996.