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Este 28 de junio se cumplen veintisiete años de la masacre perpetrada en el Vado de Aguas Blancas, Guerrero, contra campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), crimen de Estado cometido bajo el mandato del gobierno estatal encabezado por Rubén Figueroa Alcocer y a nivel federal por Ernesto Zedillo Ponce de León.

Crimen planificado con premeditación y ejecutado directamente desde las altas esferas de la estructura militar con la participación de las fuerzas policíacas de Guerrero y funcionarios del gobierno estatal. En su cometido se puso en marcha toda la maquinaria y estructura de Estado en los tres órdenes de gobierno.

Las motivaciones de la masacre fueron esencialmente políticas, en tanto que las víctimas tenían militancia política en la OCSS y su demanda fundamental por la que se movilizaron ese 28 de junio, fue la exigencia de presentación con vida de uno de sus compañeros desaparecido en el municipio de Atoyac de Álvarez, Gilberto Romero Vázquez, en cuya responsabilidad figura la entonces presidenta municipal de Atoyac, María de la Luz Núñez Ramos.

En Aguas Blancas, lo que sucedió no fue un simple “acto de indisciplina” de la Policía Motorizada, o “un operativo rutinario que se salió de control”, tampoco una “imprudente agresión”, mucho menos un “enfrentamiento”, se trató de una masacre producto de un operativo contrainsurgente a gran escala, para el que se dispuso todo el aparato de Estado, antes, durante y después del crimen.

Parte de éste fue la ofensiva gubernamental contra los campesinos de la Sierra del Sur que comprendió el asesinato, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, la persecución, la tortura, entre otros crímenes, como parte del método de terror que tuvo y tiene como objetivo aniquilar toda expresión de descontento social y organización popular fuera de las estructuras del Estado burgués mexicano.

El 28 de junio de 1995 fue lo más visible de toda la estela de crímenes de Estado que hay en torno a esta fecha, las víctimas se enumeran por cientos y hoy ascienden a miles, en tanto que estos métodos y prácticas no han cesado, por el contrario, se han perfeccionado, muestra de ello es la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.

En Aguas Blancas y Ayotzinapa persiste el mismo patrón criminal de Estado, los mismos métodos de terror y perversidad sin límites ejecutados sobre población y territorio bien definidos, estrategia y táctica contrainsurgente que se ha aplicado y desarrolla hasta la fecha contra el pueblo inerme.

En 1995 se decapitaba y desaparecía la cabeza de las víctimas, militantes de diversas organizaciones campesinas y populares, entre las que destacaba la OCSS, en el 2014 en Iguala se desolló vivo a un estudiante de Ayotzinapa, hechos que no son aislados, ni fortuitos, son parte de la misma estrategia y táctica, como también lo son los grupos paramilitares que hoy esparcen la muerte y el terror en nombre de múltiples siglas delincuenciales y del narcotráfico. Hoy como ayer, en Guerrero, los más aberrantes crímenes contra el pueblo se planifican y ejecutan desde las estructuras castrenses.

La masacre de los 17 campesinos en el Vado de Aguas Blancas es un crimen de lesa humanidad, como tal no prescribe hasta que se enjuicie y castigue a los responsables materiales e intelectuales. La responsabilidad pasa por toda la cadena de mando de las fuerzas policíacas y militares; por los funcionarios de las estructuras gubernamentales de todos los niveles de gobierno en funciones en esa fecha, y por los que hasta ahora les garantizan impunidad.

A la fecha la impunidad persiste, sin importar las siglas partidistas y personeros que sexenio tras sexenio se relevan en el Ejecutivo estatal y federal; los responsables desde las estructuras del Estado continúan bajo la protección transexenal del Estado mexicano.

En el cometido de los crímenes de Estado y de lesa humanidad, la justicia no se reduce a actos protocolarios de perdón y disculpas públicas desde las instituciones perpetradoras, donde se pone en el mismo nivel y naturaleza a víctimas y victimarios con la perversa intención de redimir, purificar y rendir honores al victimario, en este caso el ejército mexicano, y con ello perpetuar la impunidad.

No basta con el reconocimiento del cometido de estos crímenes desde el Estado, ni tampoco con conocer la verdad para “romper con un pasado doloroso”; el pueblo jamás se reconciliará con sus verdugos, exige inexorablemente justicia, ni perdón, ni olvido, juicio y castigo a los responsables. Mientras los criminales de Estado de la masacre de Aguas Blancas y los demás crímenes de lesa humanidad permanezcan en la impunidad, las víctimas seguirán “en el sueño de los justos”.

Hoy, la gobernadora Evelin Salgado Pineda, y la “4T” en Guerrero, tienen la oportunidad histórica de detener la política de terror que desangra al pueblo guerrerense y llevar ante la justicia a los criminales de Estado tanto del pasado como del presente. En el caso de Aguas Blancas, la justicia pasa por reabrir el caso y enjuiciar y castigar a los responsables de este crimen de lesa humanidad.

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PDPR-EPR

Año 58

República mexicana, a 28 de junio de 2022