República mexicana, a 15 de agosto de 2022

AL PUEBLO DE MÉXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POPULARES Y REVOLUCIONARIAS

¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!

El fenómeno de la desaparición forzada en México adquiere magnitudes de terror en lo que va del presente siglo, son más de cientos de miles de casos que dan cuenta de la violencia que emana de las estructuras del Estado mexicano producto de una política de gobierno que criminaliza la crítica política contra el régimen, las condiciones de pobreza y miseria que viven las grandes masas, y, mantiene en la impunidad y con total respaldo institucional a las fuerzas policíaco militares. 

La desaparición forzada, en nuestro país, hoy en día se presenta como práctica de terrorismo de Estado, en lugar de disminuir la estadística de terror ésta se nutre día a día con nuevas víctimas. 

La actual administración tiene corresponsabilidad en el fenómeno de la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial por:

- No erradicar la política de gobierno que permite el cometido de crímenes de lesa humanidad, sea por comisión u omisión.
- No desmantelar la estructura contrainsurgente, fortalecer el aparato policíaco militar y hacer defensa a ultranza del Ejército mexicano, a pesar de estar comprobado su actuar contrainsurgente y ser históricamente el instrumento material en el cometido de las desapariciones forzadas.
- Promover en términos constitucionales la militarización del país y las diferentes esferas de la vida pública; darle mayor poder político y económico a las Fuerzas Armadas.
- Equiparar en la misma condición a víctimas y victimarios, lo que significa dar razón, respaldo y visto bueno a los criminales de Estado. Se traduce en más impunidad y nuevos crímenes de lesa humanidad al amparo del marco jurídico y la institucionalidad.
- Imponer su política de perdón sí, olvido no; en el hecho es maniobra perversa que revictimiza a las víctimas y brinda respaldo total a los victimarios.
- Dar continuidad a la política de dilación, omisión y trato discriminatorio a los diferentes casos de desaparición forzada, lo cual implica mayor revictimización.
- Negar que los cuerpos policíaco militares sean los principales perpetradores de las desapariciones forzadas en nuestro país, así como la existencia y crecimiento del fenómeno en su sexenio.
- La política hacia las víctimas de estos flagelos, que busca cooptar a los familiares de las víctimas de desaparición forzada, para mediatizar su lucha por la exigencia de su presentación con vida y ahogarla en las grutas de la burocracia, lo que legitima su política de gobierno falsamente conciliatoria.

En el caso específico de la detención desaparición de nuestros compañeros Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, tiene corresponsabilidad por ser omiso y no promover con celeridad los esfuerzos jurídicos, políticos e institucionales necesarios para concretar en lo inmediato su presentación con vida y en libertad.

El jefe del Ejecutivo federal tiene que asumir su responsabilidad en la solución radical del fenómeno, por ser el jefe supremo de las fuerzas armadas, por tener investidura presidencial de una administración que se autoproyecta como progresista y que representa al Estado mexicano.

Las víctimas de desaparición forzada en la vida real representan más de un millón, éstas claman justicia, verdad, juicio y castigo a los responsables; la exigencia popular es poner fin a la política de gobierno que tolera, auspicia y promueve el cometido de crímenes de lesa humanidad, al mismo tiempo que protege a los perpetradores que le dan vida a la contrainsurgencia y están enquistados en las instituciones del Estado. 

¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!

¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!

¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!

COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR

COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR

AÑO 58
República mexicana, a 15 de agosto de 2022