Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
1996-10-30
Categoría
Comunicado
Valle de México, 30 de octubre de 1996
MANIFIESTO DEL COMITE REGIONAL DEL PDPR Y DE LA COMANDANCIA MILITAR REGIONAL DEL EPR DEL VALLE DE MEXICO
A LOS HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL
AL PUEBLO MEXIQUENSE
AL PUEBLO DE MEXICO
El Valle de México, es la región del país, donde se manifiestan con mayor agudeza las contradicciones sociales, existiendo la más elevada concentración de la opulencia y el enriquecimiento en unas cuantas manos, al mismo tiempo que la pobreza en la gran mayoría de la población, donde es común ver a los millones de subempleados y desempleados en busca de opciones de trabajo, a decenas de miles de hombres, mujeres y niños, tratando de sobrevivir de la mendicidad y a otros miles más hundidos en la delincuencia, en la prostitución, en la marginación... y en el olvido.
Es el lugar donde se han escenificado grandes luchas obreras, populares y estudiantiles, a lo largo de las últimas cinco décadas bajo las banderas de la democracia, justicia y libertad, mismas que han sido brutalmente reprimidas por los sucesivos gobiernos antidemocráticos, antipopulares y pro-oligárquicos.
Es la zona geográfica, donde nítidamente se palpan las consecuencias sociales de más de 14 años de aplicación del modelo neoliberal impuesto por el gran capital extranjero, en complicidad con la oligarquía financiera nacional y bajo la protección del gobierno mexicano.
Es en este lugar donde se concentra la quinta parte de la población total del país, y donde se concentran el poder económico, político y militar de los grupos oligárquicos nacionales, convirtiéndose el Valle de México, por estas razones, en el principal centro neurálgico de la república.
Como resultado, entre otras causas, de la invasión de la industria extranjera, en los últimos años en esta región se está desarrollando un acelerado proceso de paralización económica, acentuado a partir del Tratado de Libre Comercio. De las 300 mil empresas establecidas en el D.F., que según registros oficiales representan el 17% del total nacional, el 98% de éstas son micro y pequeña industria, y se encuentran endeudadas con la Banca, sin capacidad de pago, al borde de la quiebra o en la quiebra. La contracción del mercado interno y la invasión de las importaciones han colocado a la producción y las empresas en la imposibilidad de competir y sobrevivir, perdiéndose la soberanía económica.
A pesar de que en el D.F. se genera al año una riqueza de 500 mil millones de pesos, en recaudación fiscal (de los cuales 30 mil millones son destinados al presupuesto para el deficiente funcionamiento de la ciudad), con presiones y amenazas se obliga al pueblo a pagar las constantes alzas de impuestos. Aparte de que se pretende concesionar sin límite los servicios públicos (recolección de basura, agua, transporte, alumbrado público, drenaje, etc.), a la iniciativa privada.
Los únicos beneficiados con la política impuesta por el gobierno son la oligarquía nacional y extranjera, quienes incrementan más su riqueza disminuyendo más los niveles de ingreso del pueblo. Así, de una población de más de 20 millones, sólo una minoría acapara la mayor parte de la riqueza generada por los trabajadores de la zona, quienes a pesar de estar sujetos a jornadas laborales, superiores a las 8 horas establecidas por la ley, no ven una mejora en sus condiciones de vida y por el contrario, sí ven mermadas sus oportunidades de acceso a la satisfacción de sus necesidades básicas de alimentación, salud, vivienda y educación.
De 5 millones de trabajadores, más de dos millones reciben menos de un salario mínimo y más de dos y medio millones de trabajadores perciben de uno a dos salarios mínimos. Con un salario mínimo actual de tan solo $20.00 (veinte pesos), es imposible que los trabajadores puedan sobrevivir y darle a su familia una vida digna.
El desempleo ha crecido, tan sólo durante 1995 fueron despedidos más de dos millones de trabajadores y no se abrieron puestos para un millón de mexicanos que se incorporan anualmente al mercado laboral; los pocos que tienen empleo y sostienen a una familia de 6 miembros, se ven obligados a sobrevivir con un promedio de 3.30 pesos diarios por persona; el 49% de los ocupados no tienen prestaciones y trabajan en condiciones ínfimas, ganando un salario de 12 pesos diarios que no llega al mínimo, enfrentándose además a la caída real de 25% del salario, ya que el aumento permanente de los precios, bienes y servicios es de un 80%, originándose así un empobrecimiento del 85% de la población.
Esta situación ha originado que el comercio ambulante crezca más del 200% en los últimos dos años, agudizando la problemática social que vive el área metropolitana.
Las familias indígenas han emigrado de manera temporal o definitiva a la capital en busca de oportunidades, incrementándose este fenómeno en los últimos 15 años; como única acción de sobrevivencia más de 22 mil indígenas deambulan por el D.F. sin empleo y durmiendo a la intemperie, a los cuales se suman los miles de niños de la calle, como dramática visión de lo que ha creado este sistema opresor, basado en la injusticia.
La ciudad también es víctima de la inseguridad pública, de la depredación y la contaminación ambiental, mientras que el gobierno despilfarra e invierte en proyectos ostentosos los recursos de la ciudad, o estos se fugan vía corrupción gubernamental.
La inseguridad pública ha ido en aumento y con el pretexto de combatirla, el gobierno crea nuevas leyes, legalizando de hecho la política de contrainsurgencia, manifestada en la creciente militarización de los cuerpos policíacos y la proliferación de retenes y operativos policíacos contra la población con lo que se va mostrando de manera más palpable la instauración del Estado policiaco militar.
En vivienda, existe un déficit de más de un millón de casas-habitación, afectando a millones de habitantes, que viven hacinados y a merced de los casatenientes, desarrollándose la promiscuidad e insalubridad. Varios miles de viviendas carecen de servicios como agua potable y luz eléctrica, agudizándose el problema de la falta de drenaje, ya que más de 500 mil viviendas carecen de éste.
Respecto a la educación, a pesar de estar ubicados en la región los principales centros educativos del país, aún existe un elevado índice de analfabetismo cercano al millón de habitantes mayores de 15 años; más de millón y medio de habitantes mayores de 6 años no han cubierto la primaria; tan sólo dos millones de la población total de mayores de 16 años tienen grado de bachiller e instrucción superior, alcanzando un promedio general de tan sólo ocho grados de escolaridad.
En este rubro, año con año cientos de miles no terminan la primaria, otros más abandonan la secundaria, y de los que aspiran a ingresar a nivel de bachillerato, decenas de miles han sido rechazados, a los que en el ultimo año, en la nueva modalidad de "examen único", fueron ubicados en centros de estudio que no corresponden a sus aspiraciones, quedando, por lo tanto, sin alternativa para poder continuar los estudios que solicitaban. Este es el resultado de la política gubernamental que no otorga el presupuesto suficiente para la educación, ya que apenas destina el 3% del PIB, cuando la ONU recomienda que sea el 8%.
En cuanto a la salud, cerca de 5 millones de habitantes no tienen derecho a la atención médica y carecen de este servicio, por lo que miles de niños perecen por falta de la misma. Esta es la causa por la que hay un incremento de las enfermedades infecto-contagiosas en la mayoría de los sectores desprotegidos de la población. Esta situación crítica aumenta ante la ausencia de una alimentación necesaria y suficiente, ocasionando que más de la mitad de la población enfrente problemas de desnutrición.
También la degradación del medio ambiente y la elevada contaminación del aire provocan un creciente índice de muertes anuales por enfermedades de los aparatos respiratorio y circulatorio. En este terreno, la política gubernamental, lejos de solucionar el problema, lo agrava al estar sujeta a intereses de los grandes capitalistas, haciendo recaer en la espalda de los dos millones y medio de automovilistas, el peso de las medidas contra la contaminación, sin afectar a las grandes industrias, principales fuentes de la contaminación.
El transporte, problema que no ha sido resuelto y es cada vez más agudo, por deficiente e insuficiente, obliga a la población a movilizarse en medio de la inseguridad e incomodidad, enfrentando la constante alza de los pasajes.
La insuficiencia de zonas verdes, parques, centros culturales y recreativos impiden el desarrollo sano y armónico de la juventud quedando expuesta a los embates de la drogadicción y la delincuencia.
Desempleo, insalubridad, hacinamiento, hambruna, comercio ambulante, prostitución, mendicidad, y delincuencia; los niños de la calle, la proliferación de las enfermedades mentales y de los elevados índices de suicidios, son algunos de los principales lastres en la región, que reflejan los diversos rostros de la crisis agudizada por el modelo neoliberal.
En lo político, la manifiesta antidemocracia existente en el D.F., ha impedido el ejercicio político de los ciudadanos, dando lugar a la imposición de regentes en la ciudad y de delegados políticos en cada una de las delegaciones, sin permitir la participación ciudadana para elegir a sus representantes. Los cargos políticos y públicos, en el D. F. y estado de México, son ostentados por grupos de poder que pertenecen o sirven a la oligarquía. Estos gobiernos han roto el Estado de derecho, anulando las garantías individuales y las libertades políticas, consagradas en la Constitución.
El férreo control corporativo sobre los obreros, caracterizado por la imposición de centrales sindicales al servicio de los intereses patronales y la imposición de líderes sindicales corruptos, ajenos a los intereses de los trabajadores, han bloqueado y reprimido su lucha por sus demandas mas inmediatas (entre ellas, un salario justo y suficiente para la satisfacción de sus necesidades), la democracia sindical y la libertad para ejercer sus derechos políticos. Cuantas veces han tratado de sacudirse los trabajadores este control, se han enfrentado a la brutal represión gubernamental, vía grupos de choque, procesos amañados en las juntas de conciliación y arbitraje (quienes les declaran la inexistencia de sus huelgas), el despido masivo y el asesinato de sus dirigentes.
La injusticia, la represión, el encarcelamiento, desaparición, tortura y asesinato de los luchadores sociales, en el Valle de México, son acciones cotidianas de los cuerpos represivos, que le dan sostén a estos gobiernos.
Todo lo expuesto ha provocado un aumento en el descontento popular y falta de credibilidad hacia las instituciones gubernamentales, lo que ha motivado la proliferación de las luchas del pueblo, como lo reflejan las más de 450 manifestaciones en la ciudad, en lo que va del año, en donde el 92% han sido de reclamo político por incumplimiento económico, laboral, electoral y las más por servicios públicos; 33% fueron reclamos de otras entidades del país, lo que demuestra el grado de centralismo político federal y del propio gobierno, provocando que cientos de miles de ciudadanos, originarios de cualquier rincón de nuestra patria, tengan que venir hasta el zócalo y Los Pinos, esperanzados en encontrar una solución, recibiendo como única respuesta del gobierno federal promesas demagógicas, en unos casos, y la mayoría de las veces la amenaza, represión y hostigamiento.
La violencia social y gubernamental se adueña de la ciudad ante una justicia maniatada y sometida al interés político de los opresores; su víctima inmediata: el pueblo, entre ellos, los más afectados, la mujer, los niños de la calle, los indígenas, los ancianos y la juventud.
Muestra clara de pretender seguir conservando la impunidad, es el permanente hostigamiento y agresión a los luchadores sociales y ciudadanos, en general; de manera particular, resaltan las agresiones que en las últimas semanas ha venido practicando el gobierno contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, tratando de impedir que se difunda la verdad sobre el desarrollo de la lucha democrática revolucionaria y sobre el agravamiento de la situación económica, política y social. De esta manera, el gobierno pretende arraigar en la conciencia de la población la sumisión, el envilecimiento y la inacción por medio del falseamiento de la verdad, mientras que a la información objetiva trata de silenciarla y ponerla fuera de la ley.
Otro hecho que revela los planes gubernamentales de profundizar la represión, son las amenazas de muerte y el clima de intimidación y agresión que se ha venido ejerciendo contra diversas Organizaciones No Gubernamentales y personalidades democráticas que impulsan la defensa de los derechos humanos, en una clara demostración de seguir conservando la impunidad.
La lucha por el derecho a la vivienda, los servicios públicos, contra el alza indiscriminada de los impuestos, por un salario suficiente para una vida digna, son hoy la constante de lucha en el Valle de México, el pueblo ya no se conforma con las migajas ofrecidas por los funcionarios públicos en turno, quienes lejos de dar una verdadera solución a los problemas de los trabajadores y habitantes de la región, se concretan a mediatizar y reprimir sus luchas.
A la creciente lucha del pueblo, el gobierno responde con el engaño, la represión y la militarización de los cuerpos policíacos, preparándose no para resolver sus demandas sino para masacrarlo o ¿Qué sentido tiene la formación de los distintos cuerpos policiacos de elite, la adquisición de tanquetas ligeras y vehículos artillados para la ciudad, de carros llamados antimotines dotados de potentes chorros de agua y lanza gases, el proyecto de adquirir 15 helicópteros para sobrevolar de manera permanente el D. F., y la adquisición de moderno y sofisticado armamento? Claro, dirán que para hacer valer el Estado de derecho, pero cuál Estado de derecho puede existir si el gobierno se ha encargado de violentarlo y anularlo, colocándose totalmente al margen de éste al haber conculcado la voluntad del pueblo.
Todo lo anterior demuestra la incapacidad de gobernar, la ineptitud política, la corrupción, la imposibilidad de dar solución a las demandas de la población, por lo que se hace necesario luchar por un gobierno distinto al existente hasta hoy.
Llamamos al pueblo mexiquense y a los habitantes del D.F., a cerrar filas y detener la guerra del gobierno en contra del pueblo, a impedir el baño de sangre que tiene preparado en contra de sus organizaciones y los luchadores sociales,; a construir una sola fuerza capaz de librarnos del Estado opresor y antipopular; sólo la organización y la unidad de todo el pueblo lo hará posible.
Convocamos al pueblo a luchar por recuperar nuestra dignidad pisoteada por una minoría entreguista, demagógica, corrupta y usurpadora de la soberanía nacional.
Convocamos a todos los habitantes del Valle de México a ser partícipes de la transformación democrática revolucionaria de nuestro país. Como una urgente necesidad, para poner fin a 70 años de dictadura, ubicando a nuestro enemigo común y unificar esfuerzos para derrotarlo con la participación y organización consciente de todos nosotros impulsando todas las formas de lucha que surjan de la iniciativa y creatividad de todo el pueblo.
Llamamos al pueblo mexiquense y a los habitantes del Distrito Federal a luchar por los siguientes objetivos:
- Un nuevo gobierno.
- Una nueva Constitución.
- La construcción de la república democrático popular.
- El reordenamiento de la economía.
Y también a luchar por la solución a las siguientes demandas inmediatas:
1.- La conquista de las libertades políticas consistentes en :
Libertad e manifestación.
Libertad de expresión.
Libertad de imprenta.
Libertad de asociación.
Libertad de reunión.
Libertad de organización.
Libertad de tránsito.
2.- El respeto a la voluntad popular y a la elección de nuestros gobernantes y el derecho a la participación del pueblo en la toma de decisiones de la vida política del Valle de México.
3.- El cese a la militarización y la injerencia del ejército en la vida civil.
4.- En contra del corporativismo obrero y la libertad sindical.
5.- Constitución de un régimen laboral justo y respeto a las conquistas históricas de los trabajadores, no a la contrarreforma al artículo 123 constitucional.
6- Fuentes de trabajo para todos en la región y salarios justos que garanticen el acceso del trabajador y su familia a una vida digna, la satisfacción de sus necesidades, servicios de salud, el derecho al descanso, la recreación y cultura.
7.- Creación de un seguro de desempleo y protección social, un régimen de pensiones y jubilaciones justo y digno, atención a los problemas de los discapacitados.
8.- Solución a los problemas de cartera vencida y endeudamiento a partir de una justa renegociación, acorde a las posibilidades reales del deudor y no del interés usurero de la Banca.
9.- Solución al problema del subempleo y del comercio ambulante, atención a las demandas de este sector a partir de un trato digno y el otorgamiento de fuentes de trabajo alternativas.
10.- Acceso real a una vivienda digna para todos los trabajadores, acorde a las necesidades y posibilidades reales de pago del trabajador, otorgando facilidades para su construcción y adquisición.
11.- Dotación de servicios públicos a toda la población (drenaje, pavimentación, agua potable, electricidad, alcantarillado, vías y medios de comunicación, parques recreativos, bibliotecas, centros culturales y deportivos).
12.- Transporte eficiente y barato para todos.
13.- El acceso a la educación gratuita, crítica y científica a la población en general.
14.- Presupuesto suficiente y apoyo a la investigación científica y tecnológica, poniendo ésta al servicio del pueblo y desarrollo de la ciencia y tecnología nacional.
15.- Justicia fundamentada en un régimen de derecho real e igualitario para todos los mexicanos. Fin a la impunidad y corrupción en los órganos de impartición de justicia.
16.- Por la solución de raíz de la contaminación ambiental.
17.- La libertad de todos los presos políticos, luchadores sociales y ciudadanos encarcelados injustamente.
18.- La desaparición de los cuerpos policíacos anticonstitucionales y paramilitares.
19.- Por el respeto a los derechos de los niños, los pensionados, los jubilados, los ancianos y discapacitados.
20.- El derecho a la salud.
21.- El apoyo financiero a la micro, pequeña y mediana industria.
COMANDANCIA MILITAR REGIONAL DEL EPR DEL VALLE DE MEXICO
COMITE REGIONAL DEL PDPR DEL VALLE DE MÉXICO
Valle de México, 30 de octubre de 1996.
A LOS HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL
AL PUEBLO MEXIQUENSE
AL PUEBLO DE MEXICO
El Valle de México, es la región del país, donde se manifiestan con mayor agudeza las contradicciones sociales, existiendo la más elevada concentración de la opulencia y el enriquecimiento en unas cuantas manos, al mismo tiempo que la pobreza en la gran mayoría de la población, donde es común ver a los millones de subempleados y desempleados en busca de opciones de trabajo, a decenas de miles de hombres, mujeres y niños, tratando de sobrevivir de la mendicidad y a otros miles más hundidos en la delincuencia, en la prostitución, en la marginación... y en el olvido.
Es el lugar donde se han escenificado grandes luchas obreras, populares y estudiantiles, a lo largo de las últimas cinco décadas bajo las banderas de la democracia, justicia y libertad, mismas que han sido brutalmente reprimidas por los sucesivos gobiernos antidemocráticos, antipopulares y pro-oligárquicos.
Es la zona geográfica, donde nítidamente se palpan las consecuencias sociales de más de 14 años de aplicación del modelo neoliberal impuesto por el gran capital extranjero, en complicidad con la oligarquía financiera nacional y bajo la protección del gobierno mexicano.
Es en este lugar donde se concentra la quinta parte de la población total del país, y donde se concentran el poder económico, político y militar de los grupos oligárquicos nacionales, convirtiéndose el Valle de México, por estas razones, en el principal centro neurálgico de la república.
Como resultado, entre otras causas, de la invasión de la industria extranjera, en los últimos años en esta región se está desarrollando un acelerado proceso de paralización económica, acentuado a partir del Tratado de Libre Comercio. De las 300 mil empresas establecidas en el D.F., que según registros oficiales representan el 17% del total nacional, el 98% de éstas son micro y pequeña industria, y se encuentran endeudadas con la Banca, sin capacidad de pago, al borde de la quiebra o en la quiebra. La contracción del mercado interno y la invasión de las importaciones han colocado a la producción y las empresas en la imposibilidad de competir y sobrevivir, perdiéndose la soberanía económica.
A pesar de que en el D.F. se genera al año una riqueza de 500 mil millones de pesos, en recaudación fiscal (de los cuales 30 mil millones son destinados al presupuesto para el deficiente funcionamiento de la ciudad), con presiones y amenazas se obliga al pueblo a pagar las constantes alzas de impuestos. Aparte de que se pretende concesionar sin límite los servicios públicos (recolección de basura, agua, transporte, alumbrado público, drenaje, etc.), a la iniciativa privada.
Los únicos beneficiados con la política impuesta por el gobierno son la oligarquía nacional y extranjera, quienes incrementan más su riqueza disminuyendo más los niveles de ingreso del pueblo. Así, de una población de más de 20 millones, sólo una minoría acapara la mayor parte de la riqueza generada por los trabajadores de la zona, quienes a pesar de estar sujetos a jornadas laborales, superiores a las 8 horas establecidas por la ley, no ven una mejora en sus condiciones de vida y por el contrario, sí ven mermadas sus oportunidades de acceso a la satisfacción de sus necesidades básicas de alimentación, salud, vivienda y educación.
De 5 millones de trabajadores, más de dos millones reciben menos de un salario mínimo y más de dos y medio millones de trabajadores perciben de uno a dos salarios mínimos. Con un salario mínimo actual de tan solo $20.00 (veinte pesos), es imposible que los trabajadores puedan sobrevivir y darle a su familia una vida digna.
El desempleo ha crecido, tan sólo durante 1995 fueron despedidos más de dos millones de trabajadores y no se abrieron puestos para un millón de mexicanos que se incorporan anualmente al mercado laboral; los pocos que tienen empleo y sostienen a una familia de 6 miembros, se ven obligados a sobrevivir con un promedio de 3.30 pesos diarios por persona; el 49% de los ocupados no tienen prestaciones y trabajan en condiciones ínfimas, ganando un salario de 12 pesos diarios que no llega al mínimo, enfrentándose además a la caída real de 25% del salario, ya que el aumento permanente de los precios, bienes y servicios es de un 80%, originándose así un empobrecimiento del 85% de la población.
Esta situación ha originado que el comercio ambulante crezca más del 200% en los últimos dos años, agudizando la problemática social que vive el área metropolitana.
Las familias indígenas han emigrado de manera temporal o definitiva a la capital en busca de oportunidades, incrementándose este fenómeno en los últimos 15 años; como única acción de sobrevivencia más de 22 mil indígenas deambulan por el D.F. sin empleo y durmiendo a la intemperie, a los cuales se suman los miles de niños de la calle, como dramática visión de lo que ha creado este sistema opresor, basado en la injusticia.
La ciudad también es víctima de la inseguridad pública, de la depredación y la contaminación ambiental, mientras que el gobierno despilfarra e invierte en proyectos ostentosos los recursos de la ciudad, o estos se fugan vía corrupción gubernamental.
La inseguridad pública ha ido en aumento y con el pretexto de combatirla, el gobierno crea nuevas leyes, legalizando de hecho la política de contrainsurgencia, manifestada en la creciente militarización de los cuerpos policíacos y la proliferación de retenes y operativos policíacos contra la población con lo que se va mostrando de manera más palpable la instauración del Estado policiaco militar.
En vivienda, existe un déficit de más de un millón de casas-habitación, afectando a millones de habitantes, que viven hacinados y a merced de los casatenientes, desarrollándose la promiscuidad e insalubridad. Varios miles de viviendas carecen de servicios como agua potable y luz eléctrica, agudizándose el problema de la falta de drenaje, ya que más de 500 mil viviendas carecen de éste.
Respecto a la educación, a pesar de estar ubicados en la región los principales centros educativos del país, aún existe un elevado índice de analfabetismo cercano al millón de habitantes mayores de 15 años; más de millón y medio de habitantes mayores de 6 años no han cubierto la primaria; tan sólo dos millones de la población total de mayores de 16 años tienen grado de bachiller e instrucción superior, alcanzando un promedio general de tan sólo ocho grados de escolaridad.
En este rubro, año con año cientos de miles no terminan la primaria, otros más abandonan la secundaria, y de los que aspiran a ingresar a nivel de bachillerato, decenas de miles han sido rechazados, a los que en el ultimo año, en la nueva modalidad de "examen único", fueron ubicados en centros de estudio que no corresponden a sus aspiraciones, quedando, por lo tanto, sin alternativa para poder continuar los estudios que solicitaban. Este es el resultado de la política gubernamental que no otorga el presupuesto suficiente para la educación, ya que apenas destina el 3% del PIB, cuando la ONU recomienda que sea el 8%.
En cuanto a la salud, cerca de 5 millones de habitantes no tienen derecho a la atención médica y carecen de este servicio, por lo que miles de niños perecen por falta de la misma. Esta es la causa por la que hay un incremento de las enfermedades infecto-contagiosas en la mayoría de los sectores desprotegidos de la población. Esta situación crítica aumenta ante la ausencia de una alimentación necesaria y suficiente, ocasionando que más de la mitad de la población enfrente problemas de desnutrición.
También la degradación del medio ambiente y la elevada contaminación del aire provocan un creciente índice de muertes anuales por enfermedades de los aparatos respiratorio y circulatorio. En este terreno, la política gubernamental, lejos de solucionar el problema, lo agrava al estar sujeta a intereses de los grandes capitalistas, haciendo recaer en la espalda de los dos millones y medio de automovilistas, el peso de las medidas contra la contaminación, sin afectar a las grandes industrias, principales fuentes de la contaminación.
El transporte, problema que no ha sido resuelto y es cada vez más agudo, por deficiente e insuficiente, obliga a la población a movilizarse en medio de la inseguridad e incomodidad, enfrentando la constante alza de los pasajes.
La insuficiencia de zonas verdes, parques, centros culturales y recreativos impiden el desarrollo sano y armónico de la juventud quedando expuesta a los embates de la drogadicción y la delincuencia.
Desempleo, insalubridad, hacinamiento, hambruna, comercio ambulante, prostitución, mendicidad, y delincuencia; los niños de la calle, la proliferación de las enfermedades mentales y de los elevados índices de suicidios, son algunos de los principales lastres en la región, que reflejan los diversos rostros de la crisis agudizada por el modelo neoliberal.
En lo político, la manifiesta antidemocracia existente en el D.F., ha impedido el ejercicio político de los ciudadanos, dando lugar a la imposición de regentes en la ciudad y de delegados políticos en cada una de las delegaciones, sin permitir la participación ciudadana para elegir a sus representantes. Los cargos políticos y públicos, en el D. F. y estado de México, son ostentados por grupos de poder que pertenecen o sirven a la oligarquía. Estos gobiernos han roto el Estado de derecho, anulando las garantías individuales y las libertades políticas, consagradas en la Constitución.
El férreo control corporativo sobre los obreros, caracterizado por la imposición de centrales sindicales al servicio de los intereses patronales y la imposición de líderes sindicales corruptos, ajenos a los intereses de los trabajadores, han bloqueado y reprimido su lucha por sus demandas mas inmediatas (entre ellas, un salario justo y suficiente para la satisfacción de sus necesidades), la democracia sindical y la libertad para ejercer sus derechos políticos. Cuantas veces han tratado de sacudirse los trabajadores este control, se han enfrentado a la brutal represión gubernamental, vía grupos de choque, procesos amañados en las juntas de conciliación y arbitraje (quienes les declaran la inexistencia de sus huelgas), el despido masivo y el asesinato de sus dirigentes.
La injusticia, la represión, el encarcelamiento, desaparición, tortura y asesinato de los luchadores sociales, en el Valle de México, son acciones cotidianas de los cuerpos represivos, que le dan sostén a estos gobiernos.
Todo lo expuesto ha provocado un aumento en el descontento popular y falta de credibilidad hacia las instituciones gubernamentales, lo que ha motivado la proliferación de las luchas del pueblo, como lo reflejan las más de 450 manifestaciones en la ciudad, en lo que va del año, en donde el 92% han sido de reclamo político por incumplimiento económico, laboral, electoral y las más por servicios públicos; 33% fueron reclamos de otras entidades del país, lo que demuestra el grado de centralismo político federal y del propio gobierno, provocando que cientos de miles de ciudadanos, originarios de cualquier rincón de nuestra patria, tengan que venir hasta el zócalo y Los Pinos, esperanzados en encontrar una solución, recibiendo como única respuesta del gobierno federal promesas demagógicas, en unos casos, y la mayoría de las veces la amenaza, represión y hostigamiento.
La violencia social y gubernamental se adueña de la ciudad ante una justicia maniatada y sometida al interés político de los opresores; su víctima inmediata: el pueblo, entre ellos, los más afectados, la mujer, los niños de la calle, los indígenas, los ancianos y la juventud.
Muestra clara de pretender seguir conservando la impunidad, es el permanente hostigamiento y agresión a los luchadores sociales y ciudadanos, en general; de manera particular, resaltan las agresiones que en las últimas semanas ha venido practicando el gobierno contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, tratando de impedir que se difunda la verdad sobre el desarrollo de la lucha democrática revolucionaria y sobre el agravamiento de la situación económica, política y social. De esta manera, el gobierno pretende arraigar en la conciencia de la población la sumisión, el envilecimiento y la inacción por medio del falseamiento de la verdad, mientras que a la información objetiva trata de silenciarla y ponerla fuera de la ley.
Otro hecho que revela los planes gubernamentales de profundizar la represión, son las amenazas de muerte y el clima de intimidación y agresión que se ha venido ejerciendo contra diversas Organizaciones No Gubernamentales y personalidades democráticas que impulsan la defensa de los derechos humanos, en una clara demostración de seguir conservando la impunidad.
La lucha por el derecho a la vivienda, los servicios públicos, contra el alza indiscriminada de los impuestos, por un salario suficiente para una vida digna, son hoy la constante de lucha en el Valle de México, el pueblo ya no se conforma con las migajas ofrecidas por los funcionarios públicos en turno, quienes lejos de dar una verdadera solución a los problemas de los trabajadores y habitantes de la región, se concretan a mediatizar y reprimir sus luchas.
A la creciente lucha del pueblo, el gobierno responde con el engaño, la represión y la militarización de los cuerpos policíacos, preparándose no para resolver sus demandas sino para masacrarlo o ¿Qué sentido tiene la formación de los distintos cuerpos policiacos de elite, la adquisición de tanquetas ligeras y vehículos artillados para la ciudad, de carros llamados antimotines dotados de potentes chorros de agua y lanza gases, el proyecto de adquirir 15 helicópteros para sobrevolar de manera permanente el D. F., y la adquisición de moderno y sofisticado armamento? Claro, dirán que para hacer valer el Estado de derecho, pero cuál Estado de derecho puede existir si el gobierno se ha encargado de violentarlo y anularlo, colocándose totalmente al margen de éste al haber conculcado la voluntad del pueblo.
Todo lo anterior demuestra la incapacidad de gobernar, la ineptitud política, la corrupción, la imposibilidad de dar solución a las demandas de la población, por lo que se hace necesario luchar por un gobierno distinto al existente hasta hoy.
Llamamos al pueblo mexiquense y a los habitantes del D.F., a cerrar filas y detener la guerra del gobierno en contra del pueblo, a impedir el baño de sangre que tiene preparado en contra de sus organizaciones y los luchadores sociales,; a construir una sola fuerza capaz de librarnos del Estado opresor y antipopular; sólo la organización y la unidad de todo el pueblo lo hará posible.
Convocamos al pueblo a luchar por recuperar nuestra dignidad pisoteada por una minoría entreguista, demagógica, corrupta y usurpadora de la soberanía nacional.
Convocamos a todos los habitantes del Valle de México a ser partícipes de la transformación democrática revolucionaria de nuestro país. Como una urgente necesidad, para poner fin a 70 años de dictadura, ubicando a nuestro enemigo común y unificar esfuerzos para derrotarlo con la participación y organización consciente de todos nosotros impulsando todas las formas de lucha que surjan de la iniciativa y creatividad de todo el pueblo.
Llamamos al pueblo mexiquense y a los habitantes del Distrito Federal a luchar por los siguientes objetivos:
- Un nuevo gobierno.
- Una nueva Constitución.
- La construcción de la república democrático popular.
- El reordenamiento de la economía.
Y también a luchar por la solución a las siguientes demandas inmediatas:
1.- La conquista de las libertades políticas consistentes en :
Libertad e manifestación.
Libertad de expresión.
Libertad de imprenta.
Libertad de asociación.
Libertad de reunión.
Libertad de organización.
Libertad de tránsito.
2.- El respeto a la voluntad popular y a la elección de nuestros gobernantes y el derecho a la participación del pueblo en la toma de decisiones de la vida política del Valle de México.
3.- El cese a la militarización y la injerencia del ejército en la vida civil.
4.- En contra del corporativismo obrero y la libertad sindical.
5.- Constitución de un régimen laboral justo y respeto a las conquistas históricas de los trabajadores, no a la contrarreforma al artículo 123 constitucional.
6- Fuentes de trabajo para todos en la región y salarios justos que garanticen el acceso del trabajador y su familia a una vida digna, la satisfacción de sus necesidades, servicios de salud, el derecho al descanso, la recreación y cultura.
7.- Creación de un seguro de desempleo y protección social, un régimen de pensiones y jubilaciones justo y digno, atención a los problemas de los discapacitados.
8.- Solución a los problemas de cartera vencida y endeudamiento a partir de una justa renegociación, acorde a las posibilidades reales del deudor y no del interés usurero de la Banca.
9.- Solución al problema del subempleo y del comercio ambulante, atención a las demandas de este sector a partir de un trato digno y el otorgamiento de fuentes de trabajo alternativas.
10.- Acceso real a una vivienda digna para todos los trabajadores, acorde a las necesidades y posibilidades reales de pago del trabajador, otorgando facilidades para su construcción y adquisición.
11.- Dotación de servicios públicos a toda la población (drenaje, pavimentación, agua potable, electricidad, alcantarillado, vías y medios de comunicación, parques recreativos, bibliotecas, centros culturales y deportivos).
12.- Transporte eficiente y barato para todos.
13.- El acceso a la educación gratuita, crítica y científica a la población en general.
14.- Presupuesto suficiente y apoyo a la investigación científica y tecnológica, poniendo ésta al servicio del pueblo y desarrollo de la ciencia y tecnología nacional.
15.- Justicia fundamentada en un régimen de derecho real e igualitario para todos los mexicanos. Fin a la impunidad y corrupción en los órganos de impartición de justicia.
16.- Por la solución de raíz de la contaminación ambiental.
17.- La libertad de todos los presos políticos, luchadores sociales y ciudadanos encarcelados injustamente.
18.- La desaparición de los cuerpos policíacos anticonstitucionales y paramilitares.
19.- Por el respeto a los derechos de los niños, los pensionados, los jubilados, los ancianos y discapacitados.
20.- El derecho a la salud.
21.- El apoyo financiero a la micro, pequeña y mediana industria.
COMANDANCIA MILITAR REGIONAL DEL EPR DEL VALLE DE MEXICO
COMITE REGIONAL DEL PDPR DEL VALLE DE MÉXICO
Valle de México, 30 de octubre de 1996.