Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
1997-01-16
Categoría
Comunicado
República Mexicana, 16 de enero de 1997
LA VERDAD ES NECESARIA
El Estado mexicano y su gobierno se ostentan como de Derecho. Si así fuera, el ejercicio del poder sería no solamente legal, sino también legítimo. Pero la verdad es diferente.
Lo que se aplica en nuestro país es un poder de facto, que se basa en la existencia de grupos privilegiados en lo económico, que hace décadas se hicieron del poder y lo usan en beneficio propio. Sólo quienes son parte de los sectores dominantes reciben los beneficios del trabajo de todos.
Un Estado de Derecho no oprime a la población, porque atentaría contra una de sus partes. Por el contrario, basaría todos sus actos en la búsqueda de la justicia social, que implica una distribución equitativa del producto del trabajo social. Tal cosa no ocurre en México, donde el gobierno está abiertamente al servicio de los capitalistas transnacionales y de los oligarcas nacionales. Para el resto de los habitantes, que somos la inmensa mayoría, lo que el Estado ofrece es dominación y control por medio de los aparatos de vigilancia, intimidación y represión.
¿Cómo creer que el mexicano es un Estado de Derecho, cuando la división de poderes es un mito? ¿Cómo si el federalismo no es más que un concepto hueco, pues al país lo agobia el centralismo presidencial? ¿Cómo, si los jueces se asumen como empleados del Ejecutivo y no cumplen la augusta función de impartir justicia en beneficio del pueblo? ¿Cómo, si la democracia es tan ilusoria como un sueño?.
El gobierno sostiene que todos somos iguales. Pero eso no pasa de ser una frase, porque en los hechos esa igualdad solamente es real para quienes tienen riqueza acumulada. Los demás somos iguales en las carencias, en la humillación de parte de los poderosos, en la lucha por acceder a los productos de la labor colectiva.
Hablar en México de cuerpos policíacos o militares es referirse las más de las veces a corrupción, prepotencia y represión. El sentir de los ciudadanos es de temor respecto a esos aparatos. No hay constancia de que un sólo violador de derechos humanos haya recibido el castigo merecido.
Desde los años sesenta, en México se desarrolló una guerra sucia. Con el pretexto de combatir a los grupos rebeldes, se aplicó una política de exterminio que no respetó ninguna regla. Sus ordenadores y sus ejecutores gozan de impunidad, e incluso pueden todavía ejercer cargos públicos de los cuales obtienen múltiples ventajas.
La impunidad es corrosiva de los valores sociales. Disuelve los lazos solidarios que la sociedad construye penosamente. Permite no sólo quedar sin sanción, sino seguir formando parte de los estratos sociales dominantes. Por eso es importante ponerle fin.
Saber la verdad de lo que hicieron los cuerpos represivos con los participantes en el movimiento popular a partir de los años sesenta, es una necesidad. Lo exige la salud pública; lo requiere la sociedad. No por afán de venganza, sino por exigencia de justicia.
Mientras la herida esté abierta, el Estado de Derecho será sólo de papel. Los culpables de delitos de lesa humanidad tienen que responder por ellos. Por el bien de la nación. Por el futuro de México.
¡POR LA VIA DEMOCRATICA REVOLUCIONARIA,
TODO EL PUEBLO AL PODER!
¡POR LA REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR,
EL PUEBLO UNIDO TRIUNFARA!
¡CON LA LUCHA POPULAR
EL EPR TRIUNFARA!
PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO PDPR
COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO CG-EPR
República Mexicana, a 16 de enero de 1997.
El Estado mexicano y su gobierno se ostentan como de Derecho. Si así fuera, el ejercicio del poder sería no solamente legal, sino también legítimo. Pero la verdad es diferente.
Lo que se aplica en nuestro país es un poder de facto, que se basa en la existencia de grupos privilegiados en lo económico, que hace décadas se hicieron del poder y lo usan en beneficio propio. Sólo quienes son parte de los sectores dominantes reciben los beneficios del trabajo de todos.
Un Estado de Derecho no oprime a la población, porque atentaría contra una de sus partes. Por el contrario, basaría todos sus actos en la búsqueda de la justicia social, que implica una distribución equitativa del producto del trabajo social. Tal cosa no ocurre en México, donde el gobierno está abiertamente al servicio de los capitalistas transnacionales y de los oligarcas nacionales. Para el resto de los habitantes, que somos la inmensa mayoría, lo que el Estado ofrece es dominación y control por medio de los aparatos de vigilancia, intimidación y represión.
¿Cómo creer que el mexicano es un Estado de Derecho, cuando la división de poderes es un mito? ¿Cómo si el federalismo no es más que un concepto hueco, pues al país lo agobia el centralismo presidencial? ¿Cómo, si los jueces se asumen como empleados del Ejecutivo y no cumplen la augusta función de impartir justicia en beneficio del pueblo? ¿Cómo, si la democracia es tan ilusoria como un sueño?.
El gobierno sostiene que todos somos iguales. Pero eso no pasa de ser una frase, porque en los hechos esa igualdad solamente es real para quienes tienen riqueza acumulada. Los demás somos iguales en las carencias, en la humillación de parte de los poderosos, en la lucha por acceder a los productos de la labor colectiva.
Hablar en México de cuerpos policíacos o militares es referirse las más de las veces a corrupción, prepotencia y represión. El sentir de los ciudadanos es de temor respecto a esos aparatos. No hay constancia de que un sólo violador de derechos humanos haya recibido el castigo merecido.
Desde los años sesenta, en México se desarrolló una guerra sucia. Con el pretexto de combatir a los grupos rebeldes, se aplicó una política de exterminio que no respetó ninguna regla. Sus ordenadores y sus ejecutores gozan de impunidad, e incluso pueden todavía ejercer cargos públicos de los cuales obtienen múltiples ventajas.
La impunidad es corrosiva de los valores sociales. Disuelve los lazos solidarios que la sociedad construye penosamente. Permite no sólo quedar sin sanción, sino seguir formando parte de los estratos sociales dominantes. Por eso es importante ponerle fin.
Saber la verdad de lo que hicieron los cuerpos represivos con los participantes en el movimiento popular a partir de los años sesenta, es una necesidad. Lo exige la salud pública; lo requiere la sociedad. No por afán de venganza, sino por exigencia de justicia.
Mientras la herida esté abierta, el Estado de Derecho será sólo de papel. Los culpables de delitos de lesa humanidad tienen que responder por ellos. Por el bien de la nación. Por el futuro de México.
¡POR LA VIA DEMOCRATICA REVOLUCIONARIA,
TODO EL PUEBLO AL PODER!
¡POR LA REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR,
EL PUEBLO UNIDO TRIUNFARA!
¡CON LA LUCHA POPULAR
EL EPR TRIUNFARA!
PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO PDPR
COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO CG-EPR
República Mexicana, a 16 de enero de 1997.